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Las desiguales consecuencias judiciales y políticas del supuesto fraude de la formación en Andalucía

El juicio político dictamina que los expresidentes Chaves y Griñán tuvieron responsabilidad en las irregularidades mientras que los tribunales de justicia no los llamará ni como investigados

La comisión de investigación de los ERE señaló al exdirector general Javier Guerrero, en un dictamen que el Parlamento rechazó, mientras el número de exaltos cargos imputados es numeroso

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EFE

¿Responsabilidades políticas o responsabilidades penales? La  propuesta de dictamen de la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía conocida este lunes apunta la responsabilidad última hasta la entonces máxima autoridad de la comunidad autónoma (Manuel Chaves y José Antonio Griñán). Casi al mismo tiempo trascendía, aunque el escrito es de hace mes y medio, que la  Fiscalía Anticorrupción rechazaba siquiera investigar el papel de los expresidentes en el supuesto fraude, al menos en la pieza que investiga el uso de 33,3 millones para la formación de los extrabajadores de Delphi.

El caso es que las responsabilidades para el periodo 2002-2012 han llegado a distinto nivel si hablamos de juicio político o de calificación jurídica de los hechos. El dictamen no es una sentencia, ni aspira a ello, pero es de prever que los juzgados no vean pasar a los expresidentes por el asunto de la formación para el empleo. Lo que está claro es que las consecuencias políticas y judiciales han tomado un camino bastante diferente en este caso, probablemente fruto de los intereses políticos de los diferentes grupos frente a la defensa del interés público tutelado por la ley de la Fiscalía. Cabe recordar que, cuando en septiembre se conocieron las conclusiones de los grupos, PP, Podemos e IU elevaron a Susana Díaz la responsabilidad, Ciudadanos apuntaba hasta Chaves y Griñán, mientras que el PSOE no señaló a nadie, ni político ni funcionario.

Las investigaciones política y judicial han coincidido en esta fecha, y de manera tan dispar, precisamente muy poco después de que la jueza María Núñez Bolaños cargara contra su antecesora, Mercedes Alaya, y contra la Guardia Civil por "elaborar teorías sobre conspiración y tramas delictivas", denunciando también el "aval" del PP en ese sentido aunque sólo fuera para "mantener vivo el procedimiento". El auto de la jueza no dejaba lugar a dudas a que, desde de punto de vista penal, no había caso, aludiendo a "simple y llanamente irregularidades administrativas". Se podría decir, por tanto, que hay sentencia judicial (absolutoria, y sin llegar siquiera a juicio) pese a que el PP insista en que  "sí ha pasado" como decía este lunes su líder en Andalucía, Juanma Moreno.

Pero en esto ha llegado la propuesta de dictamen del Parlamento, que indica que Chaves y Griñan han sido responsables de los nombramientos de los diferentes titulares de la Consejería competente durante el periodo investigado y han ejercido la superior dirección y coordinación de todas las Consejerías, "y como tales son responsables", para la derivada judicial de los cursos de formación, al menos para el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, son "simples conjeturas" de los extrabajadores de Delphi, que reclamaban la declaración como investigados de los expresidentes.

El precedente de los ERE

Al margen de la presencia de Chaves o Griñán, la propia Fiscalía marcó su criterio respecto a la inexistencia de delito en las exoneraciones a los beneficiarios de fondos de formación, entre otras cuestiones, o la ausencia de menoscabo de fondos públicos según concluyo el Tribunal de Cuentas. La reciente decisión judicial de la jueza Núñez, a expensas del ya anunciado recurso del PP andaluz, ha puesto fin a la causa. En la parte política, quedan las enmiendas de los grupos, el dictamen final y lo que con él quiera hacer el Pleno del Parlamento.

Sobre comisiones de investigación, existe en reciente precedente, el caso de los ERE, con dictamen parlamentario e investigación paralela en el orden jurisdiccional. El Pleno del 28 de noviembre de 2012 acordó rechazar el  dictamen de la comisión de investigación sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y a empresas en crisis otorgadas por la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010.

Aquel dictamen situaba " indudablemente, una responsabilidad política directa por actuación en el ámbito de la Consejería de Empleo que comienza por la Dirección General, desempeñada fundamentalmente en este tiempo por Francisco Guerrero". "Él realizaba las actuaciones y tomaba las decisiones que directamente se traducían en irregularidades: intrusos, pagos excesivos de comisiones, distribución arbitraria de las ayudas, etc", dijo aquel dictamen, luego rechazado. Ni que decir tiene que no es el único investigado por los ERE, que ya ha sentado en el banquillo de los acusados a los expresidentes Chaves y Griñán en la pieza 'política' de la causa.

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