Junta y Gobierno dicen que demolerán El Algarrobico “tan pronto como sea posible”
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, y el consejero de Medio Ambiente andaluz, José Fiscal, han acordado este lunes crear, esta misma semana, una Comisión Mixta que aborde la demolición de la construcción de Azata del Sol en la playa de El Algarrobico, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería), algo que ha de producirse “con todas las garantías” y “tan pronto como sea posible”. Ambas administraciones han confirmado que cofinanciarán el coste del derribo y el desescombro.
Así lo han explicado ambos al término del encuentro que han mantenido en Madrid. La comisión estará formada por seis miembros, tres de cada administración, y tendrá su primera reunión la semana que viene. Comenzarán estudiando “a fondo” la reciente sentencia del Tribunal Supremo que determina que el edificio se asienta en terreno no urbanizable porque, según ha incidido la ministra, se trata de que el proceso de demolición “no tenga ningún incidente”.
“Después de tanto tiempo esperando, no nos podemos equivocar en nada, tiene que haber todas las garantías”, ha subrayado García Tejerina. Ni ella ni Fiscal han querido dar una fecha para el inicio de la demolición pero ambos han coincidido en apuntar la “voluntad inequívoca” de ambas administraciones para que, “una vez despejado el horizonte jurídico” y “cuando se tengan todas las garantías” el derribo se produzca “tan pronto como sea posible”.
“No estamos en disposición de dar fechas ni mucho menos”, ha dicho el consejero andaluz que, no obstante, ha llamado la atención sobre el hecho de que “hace solo doce días había posibilidades de que el hotel fuera legalizado, hace once días se desestimó y hoy sólo tenemos en el horizonte la demolición”.
“Si de mí dependiera mañana mismo comenzaría la demolición”
Fiscal ha destacado que la predisposición de ambas administraciones es “evidente y óptima” y, esa actitud se traducirá “de forma inexorable en acabar con este monumento al disparate”. El consejero ha sido más explícito que la ministra en sus declaraciones y ha dicho que estamos “en la recta final” del proceso y que “no hay otra salida que la demolición”. “Si de mí dependiera mañana mismo comenzaría la demolición”, ha añadido.
Así las cosas, tomando todas las “máximas precauciones jurídicas para no dar pasos en falso”, la Junta ejercerá su derecho de retracto y será entonces cuando se haya “allanado el último obstáculo para el derribo”.
El responsable de Medio Ambiente ha incidido en que cuando se pueda ejecutar el retracto y los terrenos pasen a la administración andaluza “ya se podrá demoler” pero ha dicho que será la Comisión Mixta la que determine “con exactitud” el momento. “Estaríamos entonces en el final de a recta final”, ha añadido.
Cofinanciación
En la rueda de prensa, los responsables de ambas administraciones han recordado que el informe encargado a Tragsa por los entonces responsables Miguel Arias Cañete y Luis Planas estimó en algo más de siete millones el coste del derribo y desescombro y han explicado que esa valoración también será analizada por la Comisión Mixta.
La ministra ha confirmado que, cumpliendo con lo acordado por su antecesor Arias Cañete con la Junta de Andalucía, el Ministerio se compromete a financiar el 50 por ciento del coste de la demolición y desescombro de la zona pese a que, tal y como ha recordado, no le correspondería al estar la construcción en una zona competencia de la Junta y no en el dominio público marítimo terrestre.
“Yo mantengo el compromiso”, ha dicho García Tejerina, subrayando que el Estado quiere ser “solidario” con Andalucía pese a que en teoría no sería suya la capacidad de actuar en la zona. La Comisión Mixta también se encargará de analizar cuál es “la manera más sencilla” para que el Ministerio cofinancie el coste “sin tener competencias” en el asunto.
Fiscal ha aludido al protocolo de colaboración firmado a finales de 2011 por el entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, para demoler el hotel y recuperar la playa.
En aquel acuerdo el Estado se comprometió a asumir el coste de la demolición de la edificación y la Junta, el desescombro y la gestión de los residuos del derribo. Ahora el órgano bilateral establecerá “qué parte hace cada una”, ha explicado el consejero.
Para concluir, Fiscal ha subrayado que el objetivo final es “restaurar el espacio y dejarlo lo más parecido a antes de la construcción del hotel” para que esta “playa paradisíaca pueda ser usada por las personas sin la mole que aún está al lado de la orilla”.
Además, se ha referido a la indemnización de 70 millones de euros solicitada por la constructora, asunto que está a la espera de una resolución judicial que “no interfiere con la demolición del hotel” y que la Junta “acatará”.
Narbona revela que El Algarrobico podría haber desaparecido hace ocho años
El hotel El Algarrobico, en el Parque Natural Cabo de Gata (Almería), podría haber desaparecido hace ocho años, en base a un acuerdo de permuta al que la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona llegó con la promotora y que, según su versión, no salió adelante por producirse en vísperas electorales.
Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente entre 2004 y 2008 y actual consejera del máximo órgano de Seguridad Nuclear en España (CSN), se topó con El Algarrobico cuando al hacerse cargo de la cartera pidió información sobre la situación del deslinde de costas para la delimitación del dominio público terrestre.
“Almería era una de las provincias donde los trabajos estaban más retrasados, con menos del 50% ejecutado, y me llega la información de que se estaba construyendo este proyecto ubicado parcialmente en los 100 metros que deberían quedar protegidos por el deslinde”, explica en declaraciones a Efe.
Narbona convocó en Madrid a la empresa Azata del Sol, que construía el hotel, con sendas licencias tanto del Ayuntamiento de Carboneras, administración local competente, como de la Junta de Andalucía y le pidió que modificara el proyecto para no ocupar lo que iba a ser dominio público-terrestre.
“La empresa se negó con el argumento de que poseían las licencias y contaban con respaldo social”, añade. A pesar de ello, Narbona aplicó la Ley de Costas vigente y en cuanto se aprobó el deslinde que confirmó que el hotel se construía en zona protegida inició el trámite de expropiación.
En tanto que al Ministerio de Medio Ambiente le correspondía indemnizar a la empresa, su entonces titular pidió una tasación por el valor de la inversión de El Algarrobico y empezó a buscar alternativas para la compensación.
En 2008 Medio Ambiente identificó una parcela urbanizable en El Toyo, un nuevo desarrollo situado a las afueras de la ciudad de Almería y en las proximidades del Parque Natural de Cabo de Gata, que los promotores del hotel El Algarrobico aceptaron como permuta, confirma la exministra.
El acuerdo se produjo a comienzos de 2008, pero cuando Narbona lo presenta para su aprobación al entonces ministro de Economía Pedro Solbes, éste considera que la operación es correcta pero argumenta que no “ve oportuno” ejecutarla hasta después de las elecciones del 9 marzo, según relata la actual consejera del CSN.
El acuerdo al que Narbona había llegado con la empresa quedó olvidado en un cajón cuando está no renovó al frente de Medio Ambiente en el segundo Ejecutivo socialista que presidió José Luis Rodríguez Zapatero, en el que las competencias de Medio Ambiente pasaron a Elena Espinosa.
Ocho años después, el esqueleto de hormigón del hotel permanece abandonado a la espera de que el Ministerio y la Junta de Andalucía acuerden su derribo y la restauración de la zona tras una sentencia del Tribunal Supremo que les da autorización para hacerlo.
