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ARAGÓN

Un año de Lambán contra Zaragoza

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En el primer año del Gobierno Lambán, por activa o por pasiva, muchas de las decisiones tomadas han ido en contra de los vecinos y vecinas zaragozanas, incumpliendo sistemáticamente los compromisos que bien el propio  presidente del Ejecutivo aragonés o bien su consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, adquirían.

No sólo es el trato personal del presidente de Aragón hacia el alcalde de Zaragoza, al que se niega a recibir desde hace ocho meses, ni las descalificaciones continuas como las que se han visto en la última campaña y que han llegado hasta el ataque personal. El mayor desprecio viene por querer resolver la situación económica de la DGA a costa  de los zaragozanos, obviando que el agujero que arrastra el Ayuntamiento de la capital es consecuencia directa de la gestión del propio Fernando Gimeno.

En este año el primer compromiso incumplido ha sido el relativo a la Ley de Capitalidad. El ejeano manifestó su intención de aprobarla en el primer semestre de este año sin que a estas alturas haya siquiera un proyecto de ley elaborado por Ejecutivo aragonés.  Y eso que el Ayuntamiento elaboró uno con consenso de todos los grupos y que se firmó el pasado mes de noviembre.

El presupuesto de la Comunidad no recogió cantidad alguna para el desarrollo de la ley (salvo una enmienda que pudo introducir Podemos), lo que manifestaba el ánimo del Ejecutivo autónomo de no dotarla suficientemente, lo que en la práctica viene a suponer que la ley nacería muerta.

Mientras Gimeno, como consejero de Economía en el Ayuntamiento, reclamaba 150 millones al Gobierno de Rudi,  desde su actual responsabilidad niega cualquier cifra en una lógica que sólo se entiende desde quien lleva instalado en las instituciones desde hace más de 30 años y no le importa pasar de defender una cosa a la contraria por intereses meramente partidistas. Solo las competencias impropias que el Ayuntamiento asume por dejación de funciones de la DGA, le vienen a suponer a los zaragozanos cerca de 100 millones de euros, 1 de cada 7 euros de su presupuesto.

Otro de los asuntos incumplidos por el Ejecutivo de Lambán es el pago de la deuda que el Gobierno de Aragón mantiene con Zaragoza por el tranvía.

Rudi dejó sin pagar cerca de 25 millones de los años 2013 y 2014 y, pese a la promesa de Gimeno  de que se abonaría en enero, siete meses después de su compromiso (modificación de créditos incluida) se continúa debiendo lo de 2015 para sumar un total de 40. Encontrar titulares del ahora consejero aragonés sobre la reclamación de esta deuda en la época que llevaba las cuentas del consistorio es muy sencillo y contrasta la beligerancia que mostraba entonces con la pasividad que demuestra para hacerle frente ahora.

El esfuerzo responsable del Ayuntamiento de adelantar ese dinero ha supuesto que la Sociedad del Tranvía no incurriese en suspensión de pagos, pero implica que, o el Gobierno de Aragón cumple ya con su parte o el Ayuntamiento quedará en una situación todavía más delicada de la que se encuentra.

En una deseperada búsqueda de recursos económicos, Lambán aprobó el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) para la ciudad de Zaragoza sin negociación alguna con el municipio. Un impuesto destinado a sablar los bolsillos de los vecinos y vecinas zaragozanas para seguir manteniendo las oscuras obras de depuración de la época de Marcelino y el PAR, algunas cuestionadas judicialmente.

Sin auditarse todas esas obras, tal y como se comprometió el PSOE, se nos amenaza con triplicar el coste del recibo del agua para que las cuentas le cuadren a Gimeno aunque le terminen descuadrando a todas las familias zaragozanas.

Este impuesto tuvo que ser recurrido ante el Tribunal Constitucional por diputados de  Podemos e IU, tras el voto negativo de los partidos que sostienen al Gobierno Lambán y que impidieron que la ciudad lo pudiera presentar. Otra vez más, los intereses partidistas prevalecieron frente al de las familias y empresas zaragozanas.

La actitud de Lambán hacia Pedro Santisteve solo viene a hablar de la educación del primero y de su responsabilidad cuando actúa más como hooligan de su partido que como presidente de todos los aragoneses. Sin embargo, los hechos de su primer año de gobierno hablan por sí mismos acerca de cual es el trato del Gobierno aragonés hacia la ciudad donde reside la mitad de la población: no paga lo que debe a Zaragoza, incumple los compromisos con Zaragoza y utiliza el dinero de las familias zaragozanas para cuadrar sus cuentas.

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