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Ana Requena Aguilar

Periodista. Trabajé en el diario Público desde 2008 hasta su cierre en papel. Antes, en Tiempo, Europa Press, UN-Instraw o AmecoPress, entre otros. He escrito crónicas y reportajes desde Bangladesh, Siria, Gaza o México. Formo parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y escribí una tesina sobre periodismo con perspectiva de género. Desde hace dos años, enfrascada en reformas laborales, consecuencias de la crisis y protestas. Coautora del libro ‘Las voces del 15M.’

Coca-Cola quiere mandar a los trabajadores de Fuenlabrada a plantas de Galicia, País Vasco y Cataluña

A pesar de que la Audiencia Nacional se ha pronunciado ya en dos ocasiones sobre el ERE de Coca-Cola -una para  declararlo nulo y otra para ordenar a la empresa que ejecutara inmediatamente la sentencia-, la compañía de bebidas sigue buscando vericuetos para no reabrir su planta de Fuenlabrada, de donde proceden prácticamente todos los trabajadores que se enfrentaron a la multinacional en los tribunales.  

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Cinco años y tres meses de cárcel para dos sindicalistas de ArcelorMittal por un piquete

Cinco sindicalistas de la multinacional siderúrgica ArcelorMittal podrían ir a la cárcel por su participación en un piquete durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. El juzgado de lo penal número 1 de Gijón ha condenado a dos de ellos a cinco años y tres meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones, mientras que otros tres empleados han sido condenados a tres años y seis meses de cárcel por el primer delito. Los cinco trabajan en la empresa y están vinculados a UGT, y ya han anunciado que recurrirán esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Durante la huelga general del 29 de marzo de 2012, los cinco participaron en los piquetes organizados en la factoría que la empresa tiene en Veriña, Gijón. El juez asegura que al tener conocimiento de que un trabajador se encontraba realizando sus funciones en su despacho, diez personas acudieron para intentar disuadirle. Según la sentencia, estas diez personas, "de común acuerdo y con la intención de obligarle a que dicho empleado abandonara su puesto de trabajo y secundara la huelga irrumpieron en el despacho en actitud violenta, comenzando a increparle por haberse incorporado al trabajo, hostigándole reiteradamente para que se marchara de la oficina".

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La CEOE reelige a Rosell como presidente durante los próximos cuatro años

La CEOE ha reelegido a Juan Rosell como su presidente para los próximos cuatro años. Lo ha hecho, eso sí, por un estrecho margen, tal y como auguraban los apoyos que uno y otro candidato habían obtenido en  las últimas semanas: de los 660 votos emitidos, 345 han ido para Rosell y 312 para Antonio Garamendi, es decir, solo 33 votos han separado a uno de otro. La presidencia se la disputaban el actual presidente, Juan Rosell, y el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Antonio Garamendi, que llegó al cargo tras la dimisión de Jesús Terciado por su implicación en un caso de cobros irregulares a través de sus empresas.

Los apoyos obtenidos por Rosell suponen el 52,2% de todos los votos. En las anteriores elecciones, en las que se enfrentó al jefe de la patronal andaluza, Santiago Herrero, Rosell consiguió el 62,5% de los sufragios. A pesar de lo ajustado del resultado, el presidente de la CEOE no ha aclarado si integrará en su directiva a la candidatura de Garamendi. Hasta el día de las elecciones, Rosell había manifestado incluso que si él ganaba las comicios Garamendi tendría que dimitir como presidente de Cepyme, algo que éste ha rechazado tajantemente.

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¿Pactar con el Gobierno que impuso los recortes?

El pasado lunes, el Gobierno y los sindicatos firmaron su primer gran acuerdo de la legislatura: una nueva ayuda para parados de larga duración con cargas familiares y sin ingresos. Como en otras ocasiones, la foto de los líderes de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, en la firma junto al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha levantado ampollas en algunos sectores de la izquierda, que no comparten la estrategia sindical. Las centrales, por el contrario, defienden un acuerdo que consideran imprescindible y recuerdan que el aumento del sistema de protección ha sido una de sus reivindicaciones constantes.

El diálogo social ha sido prácticamente inexistente durante esta legislatura. Y mientras duraba ese silencio, el Gobierno ha aplicado duros recortes vestidos de reformas laborales y de la negociación colectiva que, además de limar derechos, ha restado poder negociador a los sindicatos. Es esa situación la que hace incomprensible para algunos que las centrales pacten ahora, aunque se trate de una nueva prestación social.

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Dos caras distintas pero con propuestas similares se disputan el liderazgo de CEOE

La foto en la que los agentes sociales y el Gobierno firmaban este lunes el pacto para poner en marcha la nueva ayuda para parados de larga duración contenía otra imagen relevante: la del presidente de la CEOE, Juan Rosell, y el de la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Antonio Garamendi, estampando juntos su firma dos días antes de enfrentarse por el liderazgo de la patronal. La CEOE celebra este miércoles unas elecciones que decidirán quién será el líder de la organización durante los próximos cuatro años.

Mientras que Rosell ha pedido más tiempo para continuar con los objetivos de reorganización interna que se fijó al principio de su mandato, Garamendi reclama más transparencia y más peso de las pequeñas y medianas empresas. Más allá de sus reivindicaciones internas, sus propuestas en materia laboral parecen calcadas. Ambos candidatos apuestan por reducir los costes del despido, flexibilizar el empleo o rebajar cotizaciones sociales. Dentro del diálogo social con los sindicatos, ambos han abogado por mantener la moderación salarial. Ese es precisamente el principal escollo para que patronal y sindicatos renueven el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva que caduca en pocas semanas, ya que las centrales exigen una subida salarial que devuelva poder adquisitivo a los trabajadores y reactive la economía.

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Así es el nuevo subsidio para parados de larga duración que han firmado el Gobierno y los sindicatos

El Gobierno y los agentes sociales se reúnen este lunes en La Moncloa para estampar la firma a una medida que los sindicatos llevan meses reclamando: un nuevo subsidio para parados de larga duración. Será uno de los pocos acuerdos concretos que las centrales y el Ejecutivo cierran durante esta legislatura. El objetivo: aumentar la tasa de cobertura del sistema de protección social, que ha caído 20 puntos desde 2010 y 13 desde que comenzó a gobernar Rajoy a finales de 2011.

¿En qué consiste la ayuda?

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"Ningún factor objetivo explica la brecha salarial entre hombres y mujeres en España"

El último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalaba a España como el país desarrollado donde más ha crecido la desigualdad en los últimos años a causa del paro y la pérdida de poder adquisitivo de los sectores con menos ingresos. Contiene también una nueva forma de medir la brecha salarial entre mujeres y hombres que arroja una conclusión poco explorada hasta ahora: la brecha salarial debería ser favorable para las mujeres, es decir, son las trabajadoras las que de media tendrían que cobrar por encima de los trabajadores si se atendieran a los factores que determinan la productividad de los individuos, como la educación o la experiencia. Una de las autoras del informe, la experta de la OIT Rosalía Vázquez-Álvarez, explica las conclusiones del informe.

¿Cuál ha sido la tendencia de los salarios en los últimos años?

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Abogacía del Estado se salta la ley y usa parados 'voluntarios' en contra de la doctrina del Supremo

La Abogacía General del Estado, adscrita al Ministerio de Justicia, tiene actualmente en nómina a al menos 102 personas como "parados voluntarios", esto es, bajo la llamada fórmula de la colaboración social, para ejecutar tareas propias de ordenanzas y auxiliares administrativos. Paradójicamente, con esta práctica el órgano encargado de la defensa jurídica del Estado incumple la ley al vulnerar una sentencia que el Tribunal Supremo dictó en marzo y que prohibió a las administraciones emplear a colaboradores sociales para cubrir tareas estructurales.

No es el único organismo del Ministerio de Justicia que incurre en esta práctica: durante 2014, los servicios centrales del Ministerio contaron con 22 'parados voluntarios' y el Centro de Estudios Jurídicos de Justicia, con ocho. En total, al menos 132 personas han realizado labores de colaboración social este año en departamentos del Ministerio que desde septiembre dirige Rafael Catalá y desempeñando tareas administrativas y de ordenanzas. Así se lo comunicó la ex directora general de Función Pública y ahora secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez Cortes, a los sindicatos en abril de este año.

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La Fiscalía insiste en aplicar el delito de coacciones a la huelga a los 'ocho de Airbus'

La defensa de los ocho trabajadores del grupo aeronáutico Airbus -acusados de atentado, lesiones y coacciones a la huelga durante un piquete en el 29S-, la Fiscalía y el juez encargado del caso se reunieron este miércoles para intentar llegar a un acuerdo que evite el juicio. Fue una reunión sin resultados: la Fiscalía ofrece incluir atenuantes que rebajen la pena, pero insiste en aplicar el polémico artículo 315 del Código Penal, que está sirviendo para encausar a decenas de trabajadores y sindicalistas, algo que la defensa rechaza. La petición de ocho años de prisión para cada trabajador sigue, por tanto, adelante.

El juez había fijado esta vista de conciliación para intentar acercar posturas, algo que parece difícil mientras el artículo 315 del Código Penal siga sobre la mesa. Este artículo se encuentra dentro de los delitos contra los derechos de los trabajadores y contempla penas para las personas que "actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga". Los sindicatos llevan meses en plena campaña para intentar que el Gobierno derogue o, al menos, modifique sustancialmente un artículo que data de antes de la Constitución y que consideran excesivo.

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España es el país desarrollado donde más ha crecido la desigualdad

España es el país desarrollado donde más ha crecido la desigualdad en los últimos años. Se trata de un hecho que han respaldado ya varios informes, a los que ahora se suma otro: el último publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que constata que la diferencia entre los que más ingresan y los que menos ha aumentado un 20% desde 2009. El organismo explica que la pérdida de trabajo y los cambios en la distribución de los salarios son responsables del 90% del aumento de la desigualdad en los últimos años.

Los salarios suponen en España -y en los países desarrollados, en general- la mayor parte de los ingresos que entran en un hogar. Su peso, sin embargo, se ha ido reduciendo: si en 2006 representaban un 70% de los ingresos, en 2010 habían pasado a suponer el 60%. España pertenece al grupo de países desarrollados -junto a Grecia, Irlanda, Italia, Japón y Reino Unido- donde los sueldos reales eran menores en 2013 que en 2007.

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