La protección social en España pasa por el empleo: la mayoría de las prestaciones y ayudas sociales contienen como requisito estar inscrito en los servicios públicos de empleo y -en muchos casos– estar en búsqueda activa de trabajo. Son las oficinas de empleo, saturadas por la actual carga de trabajo, las que tienen que canalizar estas ayudas: actualmente, casi tres millones de personas cobran una prestación o subsidio por desempleo, y 235.158 perciben la renta activa de inserción (RAI).

La RAI era el último recurso para las personas que no percibían otros subsidios, pero en julio el Gobierno endureció los requisitos para percibirla y ahora solo pueden acceder a ellas desempleados mayores de 45 años, que hayan extinguido otras prestaciones y cuyo nivel de renta no supere el 75% del salario mínimo interprofesional. Desde entonces, el número de beneficiarios ha descendido, pero aún se mantiene en niveles no muy lejanos a los del punto más alto de la crisis debido al incesante aumento de parados de larga duración y personas que agotan sus prestaciones.

Entre las 235.158 personas que cobran la renta activa están también mujeres víctimas de violencia machista, emigrantes retornados y presos que han salido de prisión. A estos tres grupos no se les exige haber trabajado anteriormente, pero sí estar dados de alta en las oficinas de empleo, por lo que engrosan las estadísticas oficiales de parados. Todos ellos cuentan también para calcular la tasa de cobertura del sistema, actualmente en el 61,5%. Es decir, sus prestaciones también se tienen en cuenta para explicar el grado de protección que las prestaciones de desempleo dan a los parados.

El 8 de julio era la fecha límite: ese era el día en que cientos de convenios colectivos cuya renovación estaba paralizada o en ciernes caducaban y, con ellos, los derechos adquiridos de los trabajadores afectados. Sindicatos y patronal se sentaron a la mesa de negociación para buscar soluciones y, después de semanas tratando de acercar posturas, han llegado a un acuerdo: los convenios mantendrán su vigencia mientras empresa y representantes de los trabajadores sigan negociando y cualquiera de las partes podrá decidir en cualquier momento "que la negociación está agotada" y, por tanto, instar la mediación obligatoria o el arbitraje voluntario. Se trata, en general, de un acuerdo muy favorable para los sindicatos, que han reclamado durante meses fórmulas para evitar que los convenios dejaran de aplicarse.

En el documento del acuerdo, al que ha tenido acceso eldiario.es, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme se comprometen a "agilizar e intensificar" las negociaciones que estén en curso "a fin de propiciar el acuerdo antes del término legal de vigencia de los convenios", es decir, del 8 de julio. Ese era el plazo que marcó la reforma laboral: la norma puso fin a la llamada 'ultraactividad', o lo que es lo mismo, a la prórroga indefinida de un convenio. De esta forma, si tras un año de la entrada en vigor de la reforma laboral, empresa y trabajadores no pactaban la renovación de los convenios que estaban caducados, estos dejaban de tener vigencia.

Con este pacto, si para el 8 de julio aún hay convenios en los que no se ha llegado a un pacto entre las partes, sus condiciones se seguirán aplicando mientras sindicatos y empresa se hayan comprometido expresamente a seguir un proceso de negociación, "garantizando durante la duración acordada de dicho proceso el mantenimiento del convenio vencido". En caso de que los convenios hubieran decaído, hubieran dejado de aplicarse todas las mejoras que se hubieran alcanzado en, por ejemplo, salarios, descansos, o categorías profesionales.

Al menos 20 mujeres que ejercían la prostitución fueron asesinadas entre 2010 y 2012, 19 a manos de hombres y una por una mujer, según una investigación llevada a cabo por Feminicidio.net, un portal especializado en la documentación del feminicidio en España. En su informe clasifican 17 de estos asesinatos como "feminicidios por prostitución" (14 cometidos por los clientes), y dos de ellos como "feminicidios íntimos", perpetrados por sus parejas. Sin embargo, solo uno de estos casos está contemplado en las estadísticas oficiales de violencia de género.

"Estos casos no están asumidos como un problema de violencia de género, como sí sucede en otros países, sobre todo en América Latina. La prostitución está tan asumida en la sociedad y en la cultura tradicional, que no se cuestiona su consumo ni se ven estos casos desde la visión de la violencia de género", dice Graciela Atencio, coordinadora del informe y directora de Feminicidio.net. La investigación pretende visibilizar este tipo de feminicidios y denunciar el tratamiento "amarillista" que se les da cuando sí llegan a los medios de comunicación.

"En la mayoría de los feminicidios por prostitución cometidos por hombres y registrados, los asesinos tuvieron un ensañamiento brutal con el cuerpo de las víctimas y en todos los casos ellas se enfrentaron a ese momento del final en un estado de vulnerabilidad social y/o legal", dice el informe, que considera que estos casos son tan solo "la punta del iceberg".

El encuentro entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la ministra de Empleo, Fátima Báñez; y los líderes de los sindicatos y la patronal se ha cerrado con una conclusión esperable: no habrá un gran pacto. El propio Mariano Rajoy les ha trasladado a los agentes sociales que no ve condiciones para un consenso nacional sobre empleo y crecimiento económico. Gobierno y agentes sociales sí abrirán varias mesas de negociación en las que tratarán de alcanzar acuerdos concretos sobre, por ejemplo, el factor de sostenibilidad de las pensiones, empleo juvenil, formación dual para el empleo o trabajo a tiempo parcial.

Todos estos asuntos ya estaban de alguna forma sobre la mesa de negociación, salvo por una excepción: el Gobierno ha aceptado abrir un diálogo sobre protección social, una reivindicación que los sindicatos llevan meses haciendo. Rajoy también se ha comprometido a actuar sobre los precios públicos y regulados. Precisamente, en el último acuerdo estatal de negociación colectiva, sindicatos y patronal pactaron moderación salarial a cambio de una contención de los beneficios empresariales y de los precios. De momento, solo se ha cumplido la primera premisa, algo que UGT y CCOO llevan meses criticando.

Esta ha sido la primera vez durante esta legislatura que el presidente del Gobierno se sentaba en la misma mesa con sindicatos y patronal. Los líderes sindicales han valorado esta vuelta del diálogo social, pero también se han encargado de recordar que, hasta ahora, el diálogo ha brillado por su ausencia, incluso en las ocasiones más importantes, como cuando conocieron la aprobación de la reforma laboral por una llamada de teléfono de Fátima Báñez. "Esta reunión llega 16 meses tarde", ha subrayado Cándido Méndez. 

Sin trabajo, sin cobrar el desempleo: diecisiete trabajadores de la empresa TB Solutions Advanced Technologies -que pertenece al grupo Incita- se encuentran desde enero en un limbo laboral. Su empresa presentó en diciembre un expediente de suspensión de jornada para un año; lo que en la práctica les dejaba en situación legal de paro durante ese tiempo. Sin embargo, cuando los trabajadores acudieron al servicio público de empleo para cobrar sus prestaciones, este se las denegó porque la inspección de trabajo había encontrado indicios de "dolo, abuso de derecho o fraude" en la decisión empresarial. A pesar de ello, la autoridad laboral no actuó de oficio y ahora los trabajadores, que llevan meses sin percibir ingreso alguno, esperan un juicio por una demanda que interpuso el comité de empresa.

"El comité consideraba que el ERE no estaba justificado y que no tenía sentido", explica uno de los trabajadores afectados, Iván Castell, que lleva más de cuatro meses sin ingresar un euro. A pesar de que no hubo acuerdo con los trabajadores, TBS impuso su decisión, tal y como permite la reforma laboral. El comité de empresa, que ha preferido no hacer declaraciones, no firmó el expediente y lo impugnó ante los tribunales.

Desde el 1 de enero, Iván y otros 16 compañeros tienen suspendidos sus contratos durante un año, es decir, a están en desempleo. Este tipo de expedientes permiten a las empresas suspender por un tiempo los contratos de los trabajadores por razones económicas, técnicas u organizativas, y evitar así los despidos. Durante el periodo en el que los trabajadores tienen suspendidos sus contratos pasan a cobrar el desempleo. No fue así en en este caso.

El 15M ha vuelto a la Puerta del Sol, al lugar emblemático donde todo empezó. No ha sido, como sucedió hace dos años, en forma de manifestación, sino de columnas que, desde varios puntos de Madrid, iban tiñendo la ciudad de protesta. Las razones, muy parecidas a las de entonces, pero exacerbadas por tres años de recortes: hartazgo e indignación con la clase política, la corrupción, la dieta estricta de la austeridad, unos servicios públicos menguantes y una necesidad aún no satisfecha de más participación y transparencia.

Las marchas recorrieron Madrid poco a poco. Aunque la afluencia de gente en las primeras horas -algunas empezaron a andar ya por la mañana- no auguraban una gran convocatoria, alrededor de las siete de la tarde la cosa cambió. Entonces, cuando algunas mareas ya habían llegado a la Puerta del Sol y alguna gente empezaba ya incluso a dispersarse, una gran columna inundó la calle Alcalá y dio el empujón final a la manifestación. Sin embargo, la plaza nunca llegó a estar llena por completo.

El 15M es marea, es clima y es un estado de ánimo que quiere cambio; es abstracción, un concepto, algo complicado de concretar, un modelo nuevo para vivir la política. Pero también es una suma de pequeñas acciones concretas, muchas poco mediáticas y pequeñas pero que han cambiado vidas, que nacieron entonces y que ahora suman dos años de vida. No componen el gran cambio de sistema que el movimiento pretendía en sus inicios, pero sí son logros, una montaña de granitos de arena. Son los hijos del 15-M, que ya andan solos y van camino de emanciparse.

Escrache de la PAH en San Sebastián

La llegada de la crisis no tardó en demostrar a colectivos como V de Vivienda, que habían combatido por hacer efectivo el derecho a la vivienda que recoge la Constitución, que la nueva lucha pasaba por evitar que quien ya contaba con un techo pudiera perderlo. Así nació a comienzos de 2009 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La PAH no es tanto 'hija' del 15M, es más bien un matrimonio perfecto. El apoyo del movimiento a la convocatoria que consiguió paralizar eldesahucio de Anwar y Tatiana en junio de 2011 en Madrid fue fundamental para visibilizar el problema y situarlo en la agenda pública. Desde entonces, la PAH ha conseguido paralizar decenas de desahucios y renegociar hipotecas y daciones en pago.

“El encuentro entre la PAH y el 15M fue el encuentro perfecto”, explica Ada Colau. “La PAH había desarrollado ya sus propuestas, discurso y campañas, pero para crecer y consolidarse era necesario un movimiento descentralizado con presencia en todo el territorio”. La proximidad de las asambleas del 15M fue fundamental para el éxito de la campaña 'Stop desahucios' que ha paralizado 650 ejecuciones hipotecarias. “Al 15M también le vino bien el encuentro con la PAH porque necesitaba un discurso y unas propuestas cuando se entró en una fase más propositiva”, indica Colau. De hecho, algunas asambleas han ido transformándose en nodos de la PAH. Prueba del éxito de la unión es el casi millón y medio de firmas que logró la ILP hipotecaria, a pesar de que el PP haya desoído las demandas del colectivo.

Dentro de dos meses, las mejoras laborales de cerca de tres millones y medio de trabajadores -un cuarta parte de la población asalariada- podrían desaparecer. Es entonces cuando vence el plazo que marcó la reforma laboral del Gobierno de Rajoy para que sindicatos y patronal pacten la renovación de los convenios colectivos que estaban bloqueados cuando se aprobó la norma. Hasta 1.800 convenios podrían estar en juego, lo que afectaría a cerca de tres millones y medio de trabajadores. Si, por ejemplo, un convenio que marca cómo se reparte la jornada laboral, las libranzas, las horas de lactancia o fija tablas o mejoras salariales decae, estas condiciones dejarán de aplicarse.

Entre ellos, hay 350 convenios sectoriales que dan cobertura a tres millones de personas, y 500 convenios del sector público que cubren a 200.000 trabajadores. Sin embargo, no son cifras exactas porque no hay una estadística concreta al respecto. De hecho, sindicatos y patronal han pedido al Ministerio de Empleo que aporte datos fiables para evaluar con más concreción la situación.

La fecha límite es el 7 de julio. Si para entonces empresas y representantes de los trabajadores no han pactado, sus convenios decaerán (dejarán de ser válidos) y, con ellos, los derechos adquiridos y que son fruto de años de negociaciones en las empresas, los sectores o los territorios. Entonces, se aplicarán los convenios de ámbito superior, por ejemplo, los sectoriales que hubiera vigentes. Y en caso de que no los hubiera, se aplicarían directamente los mínimos contenidos en el Estatuto de los Trabajadores, que tan solo se refieren a la jornada laboral máxima, al periodo vacacional y a la aplicación de, al menos, el salario mínimo.

Después del récord de los 6,2 millones de parados, abril y el efecto arrastre de la semana santa dieron un leve respiro al mercado laboral. En abril, el paro registrado bajó en 46.050 personas, hasta un total de 4.989.193 de desempleados. La Seguridad Social ganó afiliados: 51.077 personas, lo que hace que la cifra de afiliados se mantenga en 16.232.352, un nivel que sigue siendo, sin embargo, de los más bajos de los últimos años.

1. Todos los años de la crisis, excepto 2008 y 2009, el paro se redujo en el mes de abril. Este ha sido, no obstante, el segundo mejor de la recesión en términos de reducción del desempleo. En términos desestacionalizados, es decir, eliminando de los datos el efecto del calendario (como es, por ejemplo, la semana santa), el paro registrado sube en 17.663 personas.

Recortes, devaluación salarial, 6,2 millones de parados, despidos, hartazgo. La manifestación del Primer de Mayo en Madrid ha convocado a miles de personas que querían dejar claro su rechazo a las políticas económicas y sociales del Gobierno, a la austeridad y el déficit como prioridades, y reivindicar una salida de la crisis que pase por el empleo y las personas.

Rosa, de 38 años, ha ido a la marcha junto a su pareja y sus dos hijos pequeños. Es abogada pero prefiere no revelar su nombre real ni su lugar de trabajo: "Hemos dejado de venir a otas manifestaciones porque las cosas se ponían feas, pero sabíamos que esta iba a ser tranquila y queríamos venir y, además, venir con nuestros hijos". ¿Por qué? "Porque la situación está muy mal y está dejando un futuro incierto para nuestros hijos. Hay que salir a la calle a poner de manifiesto que no estamos de acuerdo con el rumbo que han tomado las cosas", aseguraba.

Con solo 15 años, Lidia, Juan y Carlos, compañeros de instituto, recorrían convencidos el trayecto desde Neptuno a la Puerta del Sol. "Estamos aquí por los recortes que están haciendo en todo, por los 6,2 millones de parados, por los desahucios...es que no hay derecho a que esto esté pasando", explicaba Lidia. El desempleo también se ha hecho notar en su familia: "Mi madre ha estado en paro hasta hace nada, hay mucha gente que lo está pasando fatal".