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Ana Requena Aguilar

Periodista. Trabajé en el diario Público desde 2008 hasta su cierre en papel. Antes, en Tiempo, Europa Press, UN-Instraw o AmecoPress, entre otros. He escrito crónicas y reportajes desde Bangladesh, Siria, Gaza o México. Formo parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y escribí una tesina sobre periodismo con perspectiva de género. Desde hace dos años, enfrascada en reformas laborales, consecuencias de la crisis y protestas. Coautora del libro ‘Las voces del 15M.’

Un juzgado reconoce el derecho a cobrar intereses por el retraso en los pagos del Fogasa

Hace apenas dos semanas, el Tribunal de Cuentas constató el caos que arrastra el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa): mala gestión, decisiones de dudosa legalidad, retrasos en los pagos que llegan a los dos años, errores en los expedientes... Ahora, una sentencia dictada por el juzgado de lo social número 17 de Valencia respalda el derecho de los trabajadores a cobrar intereses por esa demora en la resolución de su expediente. Se trata de una decisión que abre la puerta a que otros jueces de lo social condenen al organismo al pago de estas compensiones por el retraso en su trabajo.

El caso se remonta a 2010, cuando una empresa dedicada al diseño y producción informática de Valencia despidió a varios trabajadores, que recurrieron al Fogasa para cobrar parte de su indemnización. El organismo se la denegó en noviembre de 2011, y los trabajadores demandaron al fondo por entender que sí tenían derecho a ella. Finalmente, tras la demanda y antes del juicio, el Fogasa les reconoció el derecho a percibir su indemnización.

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Uno de los directivos de Caja Madrid, sobre su jubilación con la tarjeta 'black': "Moralmente me parece mejor opción"

Las tarjetas 'black' como cambalache de indemnizaciones con dinero público. Así aparece el plástico opaco de Caja Madrid en un nuevo correo electrónico incorporado a la investigación judicial. En el mensaje, un directivo próximo a jubilarse propone que se le compense con el uso de "la tarjeta visa personal", a pesar de que ya no va a prestar servicios en la cúpula de la entidad.

La Fiscalía Anticorrupción  ha presentado un escrito en el que pide al juez Fernando Andreu que incorpore una veintena de correos electrónicos intercambiados entre miembros de la cúpula de Caja Madrid. Entre ellos figuran varios en los que participa Miguel Blesa y que también aparecían en los incautados por el juez Elpidio Silva en su investigación al banquero. En este apartado se encuentra el mensaje que  publicó eldiario.es en diciembre de 2013 y que desveló la existencia de las tarjetas 'black'.

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La Audiencia tumba las recolocaciones de Coca-Cola a los afectados por su ERE

Nueva victoria para los trabajadores de Coca-Cola: la Audiencia Nacional considera irregular la readmisión de los empleados en centros de trabajo que supongan cambio de residencia, tal y como había propuesto la empresa. La Sala de lo Social exime de trabajar a la plantilla afectada y obliga a Coca-Cola a pagarles los salarios hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso que la compañía interpuso contra la nulidad del ERE dictada por la Audiencia.

Obligada a ejecutar la sentencia que declaraba nulo su ERE, Coca-Cola optó en diciembre por reincorporar a 271 empleados, la mayoría pertenecientes a la planta de Fuenlabrada, en Madrid. Sin embargo, les ofreció readmisiones en centros que se encontraban a cientos de kilómetros: en Martorelles (Cataluña), Sevilla, A Coruña, Galdakao, Málaga y Quart de Poblet (Valencia). En el caso de un trabajador que pertenecía a la planta de Las Palmas, la empresa le ofreció un puesto en un pueblo de la vecina isla de Tenerife.

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El Gobierno se salta la doctrina del Supremo y trata de frenar las demandas de 'parados voluntarios'

Hace un año que el Tribunal Supremo hizo pública una sentencia que representaba un punto de inflexión en el uso de parados voluntarios: las administraciones no podían utilizar esta figura –la de la colaboración social– para cubrir tareas estructurales, sino que debían justificar que se trataba de labores temporales. El Gobierno ha respondido ahora a ese pronunciamiento con una decisión que contradice la doctrina del Tribunal: los parados que empezaron a realizar estas tareas antes del 27 de diciembre de 2013 –fecha en la que se pronunció el Supremo– podrán seguir haciéndolo hasta que agoten sus prestaciones y sea cual sea la tarea que desempeñen.

El Ejecutivo introdujo esta decisión en una disposición adicional a una norma que nada tiene que ver, el Real Decreto Ley de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas publicado la víspera de la pasada Nochevieja en el BOE. La exposición de motivos es llamativa: en ella el Gobierno reconoce que las administraciones usan a estas personas para cubrir trabajos estructurales y que resolver esta situación conforme a la nueva jurisprudencia exigiría "por mandato legal la previa dotación y provisión de los respectivos puestos de trabajo", es decir, una convocatoria de empleo público.

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El Consejo de Europa critica a España por tener un salario mínimo insuficiente

España vulnera seis artículos sobre derechos laborales contenidos en la Carta Social Europea, un tratado que garantiza derechos sociales y económicos y que es vinculante para los Estados adheridos. El Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha publicado un informe en el que señala que España incumplió entre 2009 y 2012 varios preceptos, como el que garantiza el derecho a una jornada laboral razonable o el que asegura un salario digno para lograr "un nivel de vida decente".

El documento asegura que el salario mínimo interprofesional español (ahora en 648,6 euros mensuales), que en los últimos años ha sido congelado en varias ocasiones y cuyo crecimiento ha sido escaso, no asegura un nivel de vida decente. Menciona, además, que el 21,8% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y que el porcentaje de personas que está en riesgo de caer en la exclusión "se ha incrementado considerablemente debido a la crisis económica y financiera".

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El INE confirma que España creó 433.000 empleos en 2014

Lo adelantaban los registros mensuales de paro y afiliación a la Seguridad Social, y lo adelantó también ayer el presidente del Gobierno en el Congreso: el balance del mercado laboral en 2014 muestra que por primera vez se ha creado empleo neto en un año desde que comenzó la crisis.

El año pasado, el paro bajó en 477.900 personas y el empleo creció en 433.900, según la Encuesta de Población Activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística. No obstante, tanto el número absoluto de desempleados como la tasa de paro siguen en niveles muy altos: 5.457.700 personas continúan en paro y la tasa se sitúa en el 23,7%.

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El Fogasa quedó descabezado durante semanas en plena crisis de gestión

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) no vive su mejor momento: el organismo encargado de abonar prestaciones e indemnizaciones a trabajadores cuyas empresas han quebrado o se han declarado insolventes atraviesa una crisis de gestión que dura años.

Con sus cuentas de 2013  rechazadas por la Intervención General del Estado y un  informe del Tribunal de Cuentas que pone en duda incluso la legalidad y la idoneidad de alguna de sus decisiones, el organismo ha permanecido descabezado durante semanas. El anterior secretario general, Juan Carlos Arce (su máximo responsable), abandonó su puesto en noviembre, y hasta finales de diciembre la nueva encargada del organismo, Gloria Redondo Rincón, no tomó posesión de su cargo.

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El Tribunal de Cuentas cuestiona la legalidad de la externalización del Fogasa

Mala gestión y servicio, descontrol sobre fondos públicos y decisiones de dudosa legalidad. El Tribunal de Cuentas acaba de publicar su informe fiscalizador sobre el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de 2013, un documento demoledor que critica con mucha dureza la gestión del organismo. El informe cuestiona incluso la legalidad de la externalización que el Fogasa hizo de la bolsa de expedientes por resolver a finales de 2013, una tarea que recayó en la empresa pública Tragsatec mediante una encomienda de gestión y que costó 3,5 millones de euros al Ministerio de Empleo. El Tribunal concluye que esta encomienda ha resultado "antieconómica" para los fondos públicos que gestiona el Fogasa, dependiente del departamento de Fátima Báñez.

El informe destaca que las actividades realizadas por Tragsatec se encuentran "muy alejadas" de la actividad administrativa propia del Fogasa, "lo que induce a considerar que no debió aceptarse, desde el punto de vista de la legalidad vigente, como encomendable la contratación y realización de la citada encomienda de gestión". No solo eso, el Tribunal asegura que hay indicios de que esta empresa se "extralimita" en sus funciones y de que sus trabajadores llevan a cabo tareas que vulneran "la legalidad vigente", como instruir expedientes.

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Los millonarios con intereses en farmacéuticas, los que más aumentaron su riqueza en el último año

El sector de las farmacéuticas ha dado suculentos réditos en el último año: los millonarios con intereses o actividades ligadas a este sector son los que más han visto aumentar su fortuna entre marzo de 2013 y el mismo mes de 2014, según el último informe de Oxfam Intermón. En ese periodo, el número de milmillonarios relacionados con las farmacéuticas pasó de 66 a 90 (representan el 5% de todos los milmillonarios) y su fortuna creció de los 170.000 millones de dólares (147.000 millones de euros) a 250.000 millones de dólares (217.000 millones de euros), lo que supone el mayor crecimiento porcentual –un 47%– de todos los sectores incluidos en la lista de la revista Forbes.

Al mismo tiempo, el sector farmacéutico y de actividades sanitarias es el que más dinero invirtió en actividades de lobby: 423 millones de euros solo en EE UU a lo largo de 2013. Durante las elecciones del país norteamericano en 2012, invirtieron 225 millones en contribuciones a campañas. En el caso de la Unión Europea, el sector destina al menos cincuenta millones de dólares anuales para hacer lobby.

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Piropos: el machismo callejero envuelto en palabras bonitas

Caminas por la calle camino al trabajo. En la acera de enfrente tres tipos te miran y comienzan a silbarte. Más adelante, un hombre te hace un comentario sobre tus piernas. El sábado por la noche, de vuelta de tomar unas copas, alguien se te acerca para piropearte cuando vuelves sola a casa. Hace unos días, la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, hacía un llamamiento para "erradicar" los piropos: "Es una auténtica invasión en la intimidad de la mujer. Nadie tiene que tener derecho a hacer un comentario sobre el aspecto físico de una mujer porque supone una invasión", aseguró.

Lo que para algunos es un mero asunto de palabras, va mucho más allá. El debate sobre los piropos apela a la cosificación de las mujeres, al uso del espacio público, a la normalización de algunos comportamientos y a su impacto en la vida cotidiana de las mujeres. "Algo que parece trivial, no lo es en absoluto. El cuerpo de la mujer es patrimonio del patriarcado y, como tal, parece que hay derecho a invadirlo: se puede mirar, comentar, piropear. Es una intromisión en la libertad del sujeto, un sujeto, las mujeres, que aparece permanentemente cosificado y convertido en objeto", explica Sonia Núñez Puente, profesora de Género y Comunicación en la Universidad Rey Juan Carlos.

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