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Ana Requena Aguilar

Periodista. Trabajé en el diario Público desde 2008 hasta su cierre en papel. Antes, en Tiempo, Europa Press, UN-Instraw o AmecoPress, entre otros. He escrito crónicas y reportajes desde Bangladesh, Siria, Gaza o México. Formo parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y escribí una tesina sobre periodismo con perspectiva de género. Desde hace dos años, enfrascada en reformas laborales, consecuencias de la crisis y protestas. Coautora del libro ‘Las voces del 15M.’

España, el tercer país con más pobreza laboral de Europa

En los últimos años han aumentado las personas con sueldos bajos. EFE

España lidera dos de los ranking más preocupantes de Europa, uno bien conocido -el de paro- y otro cuya importancia ha ganado peso en los últimos años, el de pobreza laboral. Los últimos datos disponibles sitúan a nuestro país como el tercero con más trabajadores pobres (un 12,3% de las personas con empleo lo son), solo superado por Rumanía (un 19,5%) y Grecia (un 15,1%), según recoge el último informe de la Fundación Primero de Mayo, vinculada al sindicato CCOO. Por el contrario, Finlandia, República Checa, Países Bajos y Bégica apenas alcanzan un 5% de pobreza laboral.

Más allá del dato general, el informe señala varias circunstancias que agravan la exclusión social de las personas con empleo. El autoempleo es, por ejemplo, un factor que aumenta la vulnerabilidad: el riesgo de pobreza entre autónomos es mayor que entre asalariados. Si la tasa de pobreza entre las personas ocupadas es del 12,3%, entre los trabajadores por cuenta propia llega al 35,5%. Solo Rumanía, con un 54%, supera a España en número de autónomos pobres.

La temporalidad y los contratos a tiempo parcial son otros dos factores que condicionan la pobreza laboral. El 16,2% de las personas con contrato temporal están bajo el umbral de la exclusión, una cifra que se reduce al 5,4% en el caso de las que están contratadas de forma indefinida. "Es una tendencia similar, aunque más acusada, de lo sucedido en el conjunto de Europa, donde las personas con contrato temporal registran una tasa de pobreza del 14% y aquellas que tienen un contrato indefinido muestran una tasa del 5,5%", dice el informe. 

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Los taxistas piden contudencia a la Comunidad de Madrid contra Uber

Los taxistas se manifiestan contra la entrada de Uber en Madrid. EFE

Uber, la aplicación para pedir un coche con el que realizar un trayecto urbano desde el 'smartphone', ha desembarcado en Madrid. Y el sector del taxi está dividido sobre lo que el gobierno regional está haciendo al respecto: mientras que algunas asociaciones piden al Gobierno regional más medios y contundencia, otras piden tiempo para ver la eficacia de las medidas anunciadas por la Consejería de Transporte. De momento, la Comunidad ha anunciado inspecciones y multas, y ha abierto un expediente sancionador a Uber después de que no presentara en plazo la licencia administrativa para operar. La empresa tiene ahora quince días para hacer alegaciones.

Fue el 23 de septiembre cuando Uber comenzó a operar en Madrid, después de que en abril lo hiciera en Barcelona. Desde antes incluso, las asociaciones del sector han mantenido varias reuniones con la consejería de Transporte. Desde este departamento aseguran que ya se están produciendo inspecciones en la estación de Atocha y en las terminales del aeropuerto: las llevan a cabo los inspectores de transporte en colaboración con la policía municipal. Las multas son tanto para los conductores como para la empresa por cada vehículo que detecten y pueden ir a los 4.000 euros la los 18.000 en caso de reiteración.

Sin embargo, el malestar de algunos taxistas se hizo notar el pasado martes, cuando una manifestación convocada por la Federación Profesional del Taxi de Madrid discurrió por el centro de Madrid para pedir al Gobierno regional que frene con contundecia la actividad de Uber. "La empresa sigue trabajando, no se ha inmovilizado ningún vehículo. Reclamamos a la comunidad que pida a Uber la información sobre sus conductores para saber quién está prestando el servicio", afirma el vicepresidente de la Federación, Jesús Fernández.

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"No quiero un indulto, quiero que se anulen las condenas"

La secretaria general de CCOO en Islas Baleares, Katiana Vicens, durante el juicio. EFE

Katiana Vicens ha repetido muchas veces lo que sucedió la mañana del 29 de marzo de 2012. "Llegué sola a la estación, me acercaba a un grupo, a otro, me subí a los autobuses, hablabla con el conductor, con el pasaje. Cuando me subí a este, vi que había cerca varias personas y un policía en la puerta, como en el resto de vehículos. Entré y en ese momento el chófer me coge de la mano, me zarandea y el policía me saca para afuera. Fue algo muy rápido, cuesta dar detalles de algo que pasa en cuatro o cinco segundos", recuerda. Su incidente causó revuelo, tanto que, en el momento de su identificación, decenas de personas ofrecieron su DNI al policía para ser identificados, algo a lo que el agente se negó.

El pasado lunes rememoró su relato ante una jueza en los juzgados de Palma de Mallorca, en presencia de su abogado, la fiscal, y una sala abarrotada de dirigentes de Comisiones Obreras llegados de varios puntos de España, entre los que estaba Ignacio Fernández Toxo, secretario general de la central. Vicens es secretaria general del sindicato en Islas Baleares y se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel por un delito contra el derecho de los trabajadores.

¿Cuál es su sensación después del juicio?

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Una sentencia pionera en Madrid obliga a Leganés a reconocer como empleado a un 'parado voluntario'

Imagen del Ayuntamiento de Leganés.

Una sentencia pionera en la Comunidad de Madrid reconoce como trabajador a un desempleado que hizo labores de 'colaboración social' en el Ayuntamiento de Leganés durante seis meses. El Juzgado de lo Social número 31 de Madrid señala que las labores que el afectado realizó como 'parado voluntario' eran en realidad estructurales para el Consistorio, al que condena a readmitir al trabajador o bien a pagarle la indemnización por despido improcedente. Se trata de una de las 25 demandas que CCOO de Madrid interpuso para denunciar que, tras la figura de la colaboración social, se escondían puestos de trabajo encubiertos.

El afectado empezó a prestar servicios como técnico informático en el Ayuntamiento de Leganés bajo la figura de la colaboración social entre noviembre de 2013 y abril de 2014, cuando el Consistorio le notificó el final de su contrato. Sus funciones, según consta en la sentencia, fueron las de resolver incidencias informáticas, configurar equipos, actualizar el inventario informático, o reparar ordenadores, impresoras o escáneres, entre otras. Se trataba de un servicio al que estaban destinados cuatro informáticos contratados.

El juzgado recuerda la normativa que marca los criterios bajo los que debe producirse la colaboración social, así como la jurisprudencia al respecto. Y señala dos puntos clave: que las tareas deben ser de utilidad social y redundar en beneficio de la comunidad, y que la colaboración ha de ser temporal. "La exigencia de temporalidad –indica– va referida al trabajo que se va a desempeñar y actúa con independencia de que se haya establecido una duración máxima del contrato en función de la propia limitación de la prestación por desempleo".

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"La huelga no es un delito, menos para el Ministerio Fiscal"

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Vicens y Toxo en el acto posterior al juicio a la sindicalista

La cita era el martes a las diez de la mañana en el Juzgado de lo Penal número 6 de Palma de Mallorca. Katiana Vicens, la secretaria general de CCOO de Islas Baleares, llegaba a los juzgados junto a Ignacio Fernández Toxo, el líder del sindicato a nivel nacional. Tras ellos, decenas de cargos de varias federaciones y territorios y afiliados del sindicato con un lema: la huelga no es delito. El de Vicens ha sido el primer juicio desde que se supo que al menos  300 personas están inmersas en procesos penales y administrativos por su participación en huelgas y piquetes, una cita clave para la que el sindicato ha movilizado a sus bases.

Los hechos se remontan a la huelga general de marzo de 2012: un conductor de autobús denuncia a Katiana Vicens por la rotura de una luna del vehículo cuando ella subió para intentar convencerle de que se sumara a la huelga, algo que Vicens niega rotundamente. La Fiscalía va incluso más allá y pide para la líder sindical cuatro años y medio de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Vicens sostuvo ayer la versión que ha mantenido desde el principio. Aquella mañana de marzo llegó temprano a la estación intermodal de Palma para participar en los piquetes. "Había un despliegue policial importante. Al subir en el autobús el conductor me cogió de una mano y me zarandeó violentamente, entonces el policía que estaba en la puerta me agarró, me sacó de allí y me identificó", contó ante la jueza.

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El cambio de criterios del Gobierno redujo en un 64% los beneficiarios de los 400 euros

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Báñez se ocupó de reducir el número de perceptores del subsidio de los 400 euros.

Los beneficiarios que cobran la ayuda de 400 euros para parados que han agotado todas sus prestaciones han descendido drásticamente. Y lo han hecho desde agosto de 2012, momento en que  el Gobierno endureció los requisitos para acceder a este subsidio, el llamado plan Prepara. Si se comparan los datos de beneficiarios antes y después de esa fecha, la conclusión es que los perceptores han caído más de la mitad, un 64%.

Así se desprende de una respuesta parlamentaria que el Ministerio de Empleo ha contestado al grupo socialista en el Congreso y a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Desde febrero de 2011 –cuando se aprobó esta ayuda– hasta agosto de 2012 –momento en que se modificaron los criterios de acceso–, hubo 535.919 personas que percibieron los 400 euros. La cifra desciende radicalmente desde agosto de 2012 hasta febrero de este año, mes hasta el que llegan los datos ofrecidos por Empleo: en este último periodo han sido 193.920 personas las que han cobrado este subsidio. La comparación entre un dato y otro arroja la reducción del 64% en el número de beneficiarios. Es la primera vez que el Ministerio de Empleo ofrece datos desglosados desde que introdujo los cambios en la ayuda. 

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La empresa de limpieza del Carlos III empieza ahora a dar la formación específica para el ébola

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La ambulancia que trasladó a la enfermera infectada de ébola. / Efe

El trabajador que fue sancionado por la empresa Consenur por negarse a recoger los residuos de la habitación de Miguel Pajares critica las condiciones laborales en las que han desempeñado su labor las últimas semanas. El operario, que prefiere no dar su nombre y que ha hablado con eldiario.es, asegura que nadie les explicó el protocolo de recogida para los residuos procedentes de enfermos de ébola ni les proporcionó la equipación adecuada.

"Se están haciendo las cosas muy mal. Los trajes que daban era de salpicaduras, que se rompen con mirarlos. Hasta hoy [miércoles] no han dado vestimenta que aguanta la proyección de un chorro de líquido –explica–. Las calzas eran bolsas de plástico y los guantes eran de goma, no de látex, porosos. Algunos compañeros no tenían ni eso".

Fue a mitad de agosto cuando este trabajador vio en su hoja de servicios que varios días después tendría que recoger los restos de la habitación del paciente con ébola, una tarea de la que se encargaba otro compañero que en ese momento estaba de vacaciones. "Recogemos los residuos del hospital en general, pero ese día venía la palabra ébola subrayada con fosforescente verde", recuerda.

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Un trabajador fue sancionado por negarse a retirar residuos de un paciente con ébola por falta de formación

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Entrada al Hospital Carlos III. / Efe

La empresa Consenur, dedicada a la retirada de residuos de centros hospitalarios, sancionó con una suspensión de 15 días de trabajo y sueldo a un empleado que se negó a retirar desechos del Hospital Carlos III que procedían de la habitación en la que estaba ingresado el religioso Miguel Pajares. Sucedió a mediados de agosto, durante un servicio, cuando el trabajador se negó a realizar este trabajo por carecer de un protocolo específico, según denuncia Comisiones Obreras.

El trabajador pidió entonces a la empresa "formación e información adecuada", explica la secretaria de Salud Laboral de CCOO Industria de Madrid, Raquel Márquez. Consenur arguyó que se trataba de un trabajo que estaba dentro de sus funciones y que tenía que hacerlo, pero el operario se negó.

Días después, el 29 de agosto, la empresa le sancionó con una falta grave por no atender las órdenes de sus superiores. El 16 de octubre está prevista una citación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Comunidad de Madrid por el recurso administrativo interpuesto por parte del trabajador.

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Los sindicatos denuncian la falta de entrenamiento del personal sanitario en casos de ébola

Los sindicatos denuncian la falta de formación especializada. / Efe

El caso de la auxiliar de enfermería contagiada por ébola en España ha reavivado las críticas de los sindicatos por la falta de formación específica del personal sanitario para atender estos casos. Todas las centrales coinciden en que esa carencia de entrenamiento especializado ha hecho que se produzcan situaciones inaceptables y ha generado ansiedad entre la plantilla de los centros por los que pasó la profesional infectada.

Para el secretario de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid, Julián Ordóñez, el problema está en la falta de formación específica. "No vale una charla de veinte minutos o una hora, hace falta una formación basada en simulacros y entrenamientos en situaciones concretas".

Los simulacros sí se llevaron a cabo en el Hospital Carlos III y finalizaron cuando comenzó su desmantelamiento. "Por eso reivindicamos que vuelva a haber un hospital de referencia para enfermedades infecciosas. El plan de sostenibilidad de la Comunidad de Madrid está detrás de esta situación", apunta.

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El Supremo condena a un funcionario de la Seguridad Social por filtrar información a El Corte Inglés

Oficina de la Seguridad Social.

Tres años y medio de cárcel por consultar datos personales de trabajadores y pasarlos a terceras personas: el Tribunal Supremo ha condenado a un funcionario de la administración de la Seguridad Social después de que hiciera cientos de consultas sobre trabajadores para terceros. El funcionario pasaba esta información al jefe de seguridad de El Corte Inglés, a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional (con los que tenía relación personal) y también a mutuas laborales. No ha quedado acreditado, sin embargo, que recibiera a cambio algún tipo de remuneración.

Entre agosto de 2008 y julio de 2009, el funcionario hizo 8.936 transacciones con el número de usuario que tenía adjudicado para su trabajo. Se trataba, sobre todo, de consultas referidas a datos de trabajadores y empresas, pero también a la vida laboral, prestaciones y a certificados de situación de cotización. Muchas de las consultas no estaban relacionadas siquiera con personas adscritas a Valladolid, su centro de destino.

La condena es por un delito contra la intimidad por revelación de datos de carácter personal. El Supremo entiende que el funcionario no estaba autorizado a acceder a consultas que no derivaban de su trabajo. "La autorización que tenía por razón del servicio solo abarcaba la actuación que le correspondía en el desempeño de las funciones que tenía encomendadas, y no los accesos que hiciera al margen de éstas", dice el Tribunal.

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