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Ana Requena Aguilar

Periodista. Trabajé en el diario Público desde 2008 hasta su cierre en papel. Antes, en Tiempo, Europa Press, UN-Instraw o AmecoPress, entre otros. He escrito crónicas y reportajes desde Bangladesh, Siria, Gaza o México. Formo parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y escribí una tesina sobre periodismo con perspectiva de género. Desde hace dos años, enfrascada en reformas laborales, consecuencias de la crisis y protestas. Coautora del libro ‘Las voces del 15M.’

CCOO propone la expulsión de sus seis consejeros de Caja Madrid que usaron las tarjetas 'black'

Ignacio Fernández Toxo y Fernando Lezcano. / Europa Press

Comisiones Obreras quiere expulsar a sus seis consejeros en Caja Madrid que usaron las tarjetas 'black' y tomar en pocas semanas una decisión sobre la presencia del sindicato en los consejos de administración de las sociedades anónimas. Son las dos principales conclusiones de la comisión de investigación que el sindicato abrió hace veinte días, tras conocer la auditoría de Bankia en la que la entidad constataba la existencia de estas tarjetas y que investiga el juez Andreu.

Las seis personas para las que el sindicato propone la expulsión –y que ya estaban suspendidas cautelarmente de militancia– son Rodolfo Benito, Juan José Azcona, Pedro Bedia, Gabriel Moreno, Francisco Baquero y Antonio Rey. Benito había, además, dimitido de sus responsabilidades.

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha explicado que ya ha propuesto la expulsión de estas personas y que ahora serán los órganos instructores del sindicato a los que pertenecían los afectados –la Unión Regional de Madrid, la Federación de Servicios y la propia dirección confederal– los que recibirán las alegaciones de los interesados, si existen, y tomarán la decisión final, tal y como regulan los estatutos de la central.

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El 63% de los contratados a tiempo parcial prefiere un empleo a jornada completa

El empleo a tiempo parcial involuntario está en niveles récord en España. EFE

El auge del empleo a tiempo parcial es una de las novedades de esta crisis: desde 2008, el porcentaje de población ocupada que trabaja con un contrato de este tipo ha pasado de representar un 11% del total a situarse en cifras que oscilan entre el 15% y el 16%. Sin embargo, los datos de la Encuesta de Población Activa muestran que la jornada a tiempo parcial, que ha sido alentada por diferentes medidas y bonificaciones en los últimos años y que, como es lógico, está peor remunerada, es una modalidad forzada por las circunstancias en España: el 63% de estos contratos son involuntarios, algo que afecta en mayor medida a las trabajadoras.

Actualmente hay 2.624.500 trabajadores a tiempo parcial, una cifra que ha crecido en unas 400.000 personas desde que comenzó la crisis. De ellos, el 63% expresa en la EPA que desean una jornada completa, pero que trabajan a tiempo parcial porque no tienen otra opción.

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El paro bajó en el tercer trimestre por la contratación temporal y el autoempleo

El paro bajó en 195.200 personas. EFE

La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año deja dos datos destacados, que el paro bajó en 195.200 personas y se crearon 151.000 empleos. Se trata de dos datos singulares: en el primer caso, es la mayor bajada del paro en un tercer trimestre de la serie histórica. En el segundo caso, en ningún otro tercer trimestre se había creado tanto empleo desde que comenzó la crisis. Suponen, no obstante, un frenazo respecto al segundo trimestre del año, cuando tanto empleo como paro consiguieron mejores registros.

Hay que señalar que el tercer trimestre incluye el principio del verano, que suele ser un buen momento para el mercado laboral, pero también el final, con las rescisiones de contratos que conlleva. La mejora de los datos tiene, sin embargo, tres razones fundamentales: la caída de la población activa, el tirón de los autónomos y, sobre todo, el empuje de la contratación temporal.

El paro baja en 195.200 personas y la cifra total de desempleados se sitúa en 5.427.700, la cifra más baja desde el cuarto trimestre de 2011. La tasa de paro baja casi un punto respecto al trimestre anterior: se sitúa en el 23,6%, ocho décimas por debajo del nivel en el que estaba el trimestre anterior. La reducción es muy desigual entre sexos y se concentra principalmente en los hombres: entre julio y septiembre, el desempleo masculino se redujo en 138.700, mientras que el femenino lo hizo en 56.500. En el último año la diferencia es aún mayor: el paro bajó en 367.300 hombres y 148.300 mujeres.

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¿Está maquillando Cospedal los datos de paro de Castilla-La Mancha?

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La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. EFE

"¿Cuánto tiempo dedica a la búsqueda de empleo actualmente? ¿Qué está haciendo usted en la actualidad para encontrar trabajo? ¿Qué tipo de jornada laboral podría aceptar? ¿Dónde estaría dispuesto a trabajar? Si le llamasen hoy mismo para trabajar, ¿cuándo cree que podría incorporarse al nuevo empleo? ¿Por qué motivos está inscrito en la oficina de empleo?".

Son algunas de las 28 preguntas que una empresa privada está haciendo a las personas desempleadas de Castilla-La Mancha por encargo de la Consejería de Empleo y Economía. Se trata de un cuestionario que, según denuncia Comisiones Obreras, está sirviendo para reclasificar a los demandantes de empleo y que puede tener consecuencias para ellos.

Fue en mayo de este año cuando la Consejería adjudicó a la empresa Innovación y Desarrollo Local S.L un contrato por valor de 1,2 millones de euros para hacer una "evaluación del nivel de empleabilidad de los demandantes de empleo de Castilla-La Mancha" que estuvieran inscritos en alguna oficina de empleo. Desde el verano, muchas de estas personas están recibiendo llamadas en las que una persona, que se identifica como parte de la Consejería de Empleo y no como trabajadora de una empresa, les hace una encuesta sin advertirle de las consecuencias que pueden tener sus respuestas.

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El inspector de Hacienda Miguel Blesa: "Nadie me dio ninguna explicación de si había que declararlo"

Miguel Blesa, a su salida de la Audiencia Nacional el pasado jueves. / Efe

"A mí nadie me dio ninguna explicación de si había que declararlo o no". Así respondió Miguel Blesa, inspector de Hacienda en excedencia, a la pregunta de si, en sus años en la presidencia de Caja Madrid, se le dio alguna información sobre la necesidad de declarar a Hacienda los pagos con las tarjetas 'black' de la entidad de la que fue máximo responsable entre 1996 y 2009. Una necesidad, la de rendir cuentas al Fisco, "obvia", como le recordó el fiscal, Alejandro Luzón, durante su declaración el pasado jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu,  a la que ha tenido acceso el diario.es

Blesa aseguró que "a nadie se le daban nunca" explicaciones sobre el tratamiento fiscal de esas tarjetas y que ha sido ahora "cuando hemos visto que parece ser que no se practicaba ninguna retención". "Yo creo que ninguno [de los más de 80 exconsejeros y exdirectivos de la caja que utilizaron esas tarjetas] sabía que no se practicaba esa retención", aseguró.

"Todos estábamos en la creencia de que, cuando viene una certificación de retribuciones dinerarias, ahí está incluida la cantidad que se asigna por la utilización de la tarjeta", dijo Blesa, que explicó que ha realizado, como muchos otros de los implicados en el escándalo, una declaración complementaria ante Hacienda para intentar regularizar ahora esos pagos ante el fisco.

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España, el tercer país con más pobreza laboral de Europa

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En los últimos años han aumentado las personas con sueldos bajos. EFE

España lidera dos de los ranking más preocupantes de Europa, uno bien conocido -el de paro- y otro cuya importancia ha ganado peso en los últimos años, el de pobreza laboral. Los últimos datos disponibles sitúan a nuestro país como el tercero con más trabajadores pobres (un 12,3% de las personas con empleo lo son), solo superado por Rumanía (un 19,5%) y Grecia (un 15,1%), según recoge el último informe de la Fundación Primero de Mayo, vinculada al sindicato CCOO. Por el contrario, Finlandia, República Checa, Países Bajos y Bégica apenas alcanzan un 5% de pobreza laboral.

Más allá del dato general, el informe señala varias circunstancias que agravan la exclusión social de las personas con empleo. El autoempleo es, por ejemplo, un factor que aumenta la vulnerabilidad: el riesgo de pobreza entre autónomos es mayor que entre asalariados. Si la tasa de pobreza entre las personas ocupadas es del 12,3%, entre los trabajadores por cuenta propia llega al 35,5%. Solo Rumanía, con un 54%, supera a España en número de autónomos pobres.

La temporalidad y los contratos a tiempo parcial son otros dos factores que condicionan la pobreza laboral. El 16,2% de las personas con contrato temporal están bajo el umbral de la exclusión, una cifra que se reduce al 5,4% en el caso de las que están contratadas de forma indefinida. "Es una tendencia similar, aunque más acusada, de lo sucedido en el conjunto de Europa, donde las personas con contrato temporal registran una tasa de pobreza del 14% y aquellas que tienen un contrato indefinido muestran una tasa del 5,5%", dice el informe. 

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Los taxistas piden contudencia a la Comunidad de Madrid contra Uber

Los taxistas se manifiestan contra la entrada de Uber en Madrid. EFE

Uber, la aplicación para pedir un coche con el que realizar un trayecto urbano desde el 'smartphone', ha desembarcado en Madrid. Y el sector del taxi está dividido sobre lo que el gobierno regional está haciendo al respecto: mientras que algunas asociaciones piden al Gobierno regional más medios y contundencia, otras piden tiempo para ver la eficacia de las medidas anunciadas por la Consejería de Transporte. De momento, la Comunidad ha anunciado inspecciones y multas, y ha abierto un expediente sancionador a Uber después de que no presentara en plazo la licencia administrativa para operar. La empresa tiene ahora quince días para hacer alegaciones.

Fue el 23 de septiembre cuando Uber comenzó a operar en Madrid, después de que en abril lo hiciera en Barcelona. Desde antes incluso, las asociaciones del sector han mantenido varias reuniones con la consejería de Transporte. Desde este departamento aseguran que ya se están produciendo inspecciones en la estación de Atocha y en las terminales del aeropuerto: las llevan a cabo los inspectores de transporte en colaboración con la policía municipal. Las multas son tanto para los conductores como para la empresa por cada vehículo que detecten y pueden ir a los 4.000 euros la los 18.000 en caso de reiteración.

Sin embargo, el malestar de algunos taxistas se hizo notar el pasado martes, cuando una manifestación convocada por la Federación Profesional del Taxi de Madrid discurrió por el centro de Madrid para pedir al Gobierno regional que frene con contundecia la actividad de Uber. "La empresa sigue trabajando, no se ha inmovilizado ningún vehículo. Reclamamos a la comunidad que pida a Uber la información sobre sus conductores para saber quién está prestando el servicio", afirma el vicepresidente de la Federación, Jesús Fernández.

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"No quiero un indulto, quiero que se anulen las condenas"

La secretaria general de CCOO en Islas Baleares, Katiana Vicens, durante el juicio. EFE

Katiana Vicens ha repetido muchas veces lo que sucedió la mañana del 29 de marzo de 2012. "Llegué sola a la estación, me acercaba a un grupo, a otro, me subí a los autobuses, hablabla con el conductor, con el pasaje. Cuando me subí a este, vi que había cerca varias personas y un policía en la puerta, como en el resto de vehículos. Entré y en ese momento el chófer me coge de la mano, me zarandea y el policía me saca para afuera. Fue algo muy rápido, cuesta dar detalles de algo que pasa en cuatro o cinco segundos", recuerda. Su incidente causó revuelo, tanto que, en el momento de su identificación, decenas de personas ofrecieron su DNI al policía para ser identificados, algo a lo que el agente se negó.

El pasado lunes rememoró su relato ante una jueza en los juzgados de Palma de Mallorca, en presencia de su abogado, la fiscal, y una sala abarrotada de dirigentes de Comisiones Obreras llegados de varios puntos de España, entre los que estaba Ignacio Fernández Toxo, secretario general de la central. Vicens es secretaria general del sindicato en Islas Baleares y se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel por un delito contra el derecho de los trabajadores.

¿Cuál es su sensación después del juicio?

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Una sentencia pionera en Madrid obliga a Leganés a reconocer como empleado a un 'parado voluntario'

Imagen del Ayuntamiento de Leganés.

Una sentencia pionera en la Comunidad de Madrid reconoce como trabajador a un desempleado que hizo labores de 'colaboración social' en el Ayuntamiento de Leganés durante seis meses. El Juzgado de lo Social número 31 de Madrid señala que las labores que el afectado realizó como 'parado voluntario' eran en realidad estructurales para el Consistorio, al que condena a readmitir al trabajador o bien a pagarle la indemnización por despido improcedente. Se trata de una de las 25 demandas que CCOO de Madrid interpuso para denunciar que, tras la figura de la colaboración social, se escondían puestos de trabajo encubiertos.

El afectado empezó a prestar servicios como técnico informático en el Ayuntamiento de Leganés bajo la figura de la colaboración social entre noviembre de 2013 y abril de 2014, cuando el Consistorio le notificó el final de su contrato. Sus funciones, según consta en la sentencia, fueron las de resolver incidencias informáticas, configurar equipos, actualizar el inventario informático, o reparar ordenadores, impresoras o escáneres, entre otras. Se trataba de un servicio al que estaban destinados cuatro informáticos contratados.

El juzgado recuerda la normativa que marca los criterios bajo los que debe producirse la colaboración social, así como la jurisprudencia al respecto. Y señala dos puntos clave: que las tareas deben ser de utilidad social y redundar en beneficio de la comunidad, y que la colaboración ha de ser temporal. "La exigencia de temporalidad –indica– va referida al trabajo que se va a desempeñar y actúa con independencia de que se haya establecido una duración máxima del contrato en función de la propia limitación de la prestación por desempleo".

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"La huelga no es un delito, menos para el Ministerio Fiscal"

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Vicens y Toxo en el acto posterior al juicio a la sindicalista

La cita era el martes a las diez de la mañana en el Juzgado de lo Penal número 6 de Palma de Mallorca. Katiana Vicens, la secretaria general de CCOO de Islas Baleares, llegaba a los juzgados junto a Ignacio Fernández Toxo, el líder del sindicato a nivel nacional. Tras ellos, decenas de cargos de varias federaciones y territorios y afiliados del sindicato con un lema: la huelga no es delito. El de Vicens ha sido el primer juicio desde que se supo que al menos  300 personas están inmersas en procesos penales y administrativos por su participación en huelgas y piquetes, una cita clave para la que el sindicato ha movilizado a sus bases.

Los hechos se remontan a la huelga general de marzo de 2012: un conductor de autobús denuncia a Katiana Vicens por la rotura de una luna del vehículo cuando ella subió para intentar convencerle de que se sumara a la huelga, algo que Vicens niega rotundamente. La Fiscalía va incluso más allá y pide para la líder sindical cuatro años y medio de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Vicens sostuvo ayer la versión que ha mantenido desde el principio. Aquella mañana de marzo llegó temprano a la estación intermodal de Palma para participar en los piquetes. "Había un despliegue policial importante. Al subir en el autobús el conductor me cogió de una mano y me zarandeó violentamente, entonces el policía que estaba en la puerta me agarró, me sacó de allí y me identificó", contó ante la jueza.

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