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Ana Requena Aguilar

Periodista. Trabajé en el diario Público desde 2008 hasta su cierre en papel. Antes, en Tiempo, Europa Press, UN-Instraw o AmecoPress, entre otros. He escrito crónicas y reportajes desde Bangladesh, Siria, Gaza o México. Formo parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y escribí una tesina sobre periodismo con perspectiva de género. Desde hace dos años, enfrascada en reformas laborales, consecuencias de la crisis y protestas. Coautora del libro ‘Las voces del 15M.’

Tres trabajadores, condenados a seis meses de cárcel por desórdenes durante el 29M

Tres trabajadores de Murcia, vinculados a Comisiones Obreras, han sido condenados a seis meses de cárcel por un delito de desórdenes públicos durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. El juzgado de lo penal número 4 de Murcia considera que incurrieron en una conducta "perturbadora de la paz pública". "Ese día era el previsto de huelga general, y el legítimo derecho constitucional no puede en modo alguno tener su expresión con conductas como la que es objeto de autos", dice la sentencia.

Según los hechos probados por el juez, los tres trabajadores descargaron "provistos de pasamontañas" varios neumáticos sobre una calzada para obstaculizar la vía y a los que prendieron fuego. La sentencia señala que hubo una rápida intervención policial que evitó que todos los neumáticos ardieran. En cualquier caso, el juez les condena a pagar 129,50 euros  al Ayuntamiento de Murcia, el importe de la extinción del fuego.

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España, a la cola de Europa en consumo de comercio justo

Las ventas de comercio justo -desde una tableta de chocolate, un paquete de café, un par de pendientes o un bolso- no han parado de crecer desde hace trece años. Han resistido, incluso, a una crisis económica que ha golpeado fuertemente al consumo. Sin embargo, España sigue a la cola de Europa en gasto en comercio justo por habitante: cada europeo gasta, de media, 11,4 euros al año en este tipo de productos, mientras que en España el gasto medio es de 0,71 céntimos anuales, según el último informe de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

Los datos muestran que el comercio justo es una alternativa más asentada en países como Suiza -con un gasto por habitante de 44 euros-, Reino Unido -32 euros por persona- o Finlandia -29 euros anuales per cápita-. Se trata de lugares, dice la Coordinadora, donde el comercio justo "forma parte de la cesta habitual de la compra de los hogares". España es, en cambio, uno de los países donde el consumo medio por persona y año apenas llega a un euro. Por debajo se encuentran República Checa, Letonia y Lituania.

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El final del verano hace que el paro vuelva a subir en 26.087 personas

El final de la temporada de verano marca siempre septiembre como un mes no especialmente bueno para el mercado de trabajo. Este año, la historia es parecida: el paro registrado subió el mes pasado en 26.087 desempleados, hasta un total de 4.094.042 personas. La Seguridad Social consiguió ganar afiliados, pero lo hizo débilmente: en septiembre se incorporaron 8.916 personas ocupadas más.

Como también sucede cada septiembre, son los servicios el sector en el que más sube el paro. Los datos de la Seguridad Social permiten observar que son las ramas vinculadas a las vacaciones y el turismo las que decaen y destruyen empleo: la hostelería, el comercio y las actividades de recreo sufren una pérdida significativa de afiliados. Llama también la atención el descenso de hogares dados de alta como empleadores de trabajadoras domésticas.

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"Financiaremos las pensiones con una tasa a la riqueza y la recaudación de la lucha contra el fraude"

Mari Luz Rodríguez (Valladolid, 1964) es la actual secretaria de Empleo en el PSOE. Su experiencia y formación laboral la llevó a ser secretaria de Estado de Empleo en los dos últimos años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el que selló el pacto para la reforma de las pensiones y un cambio de la negociación colectiva que ahora está dispuesta a enmendar. El programa que está diseñando para las generales está trufado de iniciativas dirigidas a incentivar la natalidad y la presencia igualitaria de la mujer en los centros de trabajo. La entrevista se realiza apenas un día antes de las elecciones catalanas.

Si el PSOE gobierna, ¿mantendrá la última reforma de las pensiones aprobada?

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La Fiscalía pide penas de cárcel para otras ocho personas por piquetes durante la huelga del 14N

Los juicios contra trabajadores y sindicalistas que han participado en piquetes durante las últimas huelgas generales continúan. Ocho personas imputadas en dos casos diferentes se enfrentan a penas de cárcel por incidentes durante el último paro general que tuvo lugar en España, el 14 de noviembre de 2012. Por un lado, la Fiscalía pide para dos cargos sindicales de CCOO en Málaga tres años y seis meses de prisión. Por otro, seis personas -cuatro de ellas ligadas a Corriente Sindical D'Izquierda- se enfrentan a hasta dos años y dos meses de cárcel por altercados durante un piquete en Gijón.

En el caso de Málaga, los imputados son la secretaria general provincial de CCOO de Servicios, Lola Villalba, y el secretario de Política Institucional de la Federación Estatal de Servicios, Gonzalo Fuentes. La Fiscalía les aplica el polémico artículo 315 del Código Penal y les acusa de impedir el derecho al trabajo.

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El CSIC ofrece 475 contratos en prácticas para cubrir puestos estructurales

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor organismo público de investigación de España, arrastra desde hace tiempo carencias de personal. La última forma de llenar ese vacío ha sido la de convocar una oferta de 475 contratos en prácticas para jóvenes menores de 30 años. Las tareas a desarrollar, sin embargo, son propias de personal fijo, según denuncia Comisiones Obreras, que ve en esta estrategia una forma de sustituir empleo estable por empleo temporal y precario. La iniciativa del CSIC está dentro del programa de Garantía Juvenil que puso en marcha el Ministerio de Empleo hace algo más de un año.

Los cálculos del sindicato apuntan a que el CSIC ha perdido unos 4.000 empleos desde 2011, una "pérdida de importantes recursos humanos" que, dicen, ahora están aprovechando otros organismos de investigación europeos y americanos.

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España, entre las economías desarrolladas con peores indicadores sobre desigualdad social

Crisis, crecimiento, desigualdad, tres palabras ineludibles en los debates políticos y económicos de los últimos años. Un informe del Foro Económico Mundial sobre crecimiento inclusivo y desarrollo acaba de analizar 112 economías mundiales para concluir que la mayoría de países están desperdiciando la posibilidad de reducir las desigualdades. España no queda bien parada en el análisis que hace la institución: es una de las economías desarrolladas con peores indicadores sobre desigualdad social. El Foro Económico llama la atención sobre dos de los factores que más influyen en la situación española, que son el desempleo y la falta de acceso en igualdad a la educación.

El estudio, que ha tenido en cuenta hasta 140 indicadores para llegar a una explicación sobre qué factores influyen más en la desigualdad, llega a varias conclusiones generales. Por ejemplo, que impulsar el crecimiento económico no implica necesariamente fomentar la inclusión social. Pero que sí es posible desarrollar políticas a favor del crecimiento y, al mismo tiempo, a favor de la igualdad. De hecho, algunos de los países que salen mejor posicionados en el informe consiguen combinar las dos variables.

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Apagar incendios y jugarse la vida por mil euros

Este año más de 65.000 hectáreas han sido calcinadas por el fuego, una superficie que supera a lo quemado a lo largo de 2014 y 2013. Al problema medioambiental hay que sumar un conflicto laboral: el que mantienen los cerca de 550 trabajadores de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), que cumplen ya cinco semanas de huelga indefinida para exigir a la empresa pública Tragsa, de la que dependen, mejoras en unas condiciones laborales que califican de precarias.

A pesar de su trabajo en primera línea de fuego, los trabajadores de las BRIF no tienen reconocida la categoría de bomberos forestales. Son peones, especialistas y capataces. "Ahora mismo, estamos al nivel de mozos de almacén o de un limpiador. Darnos esta nueva categoría supondría el reconocimiento de ciertas enfermedades laborales, de coeficientes reductores para la jubilación, tendríamos más formación...Es algo que sería bueno para nosotros y para el servicio", explica Ernesto de Francisco, capataz en una base de Cuenca desde hace 16 años y miembro de la Asociación de Trabajadores de las BRIF.

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Los Presupuestos de 2016 ignoran el impacto de género de los recortes

Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 contienen, por ejemplo, una reducción del 22% del presupuesto para prestaciones por desempleo o el aplazamiento por quinto año consecutivo de la ampliación del permiso de paternidad. Sin embargo, para el Gobierno estas medidas no tienen efectos sobre la igualdad entre mujeres y hombres ni afectan de forma distinta a unas y otros. Así se desprende del Informe de Impacto de Género que acompaña las cuentas del año próximo: cuarenta organizaciones feministas denuncian que, un año más, el documento queda en papel mojado e ignora el impacto de muchas de sus medidas sobre la desigualdad.

La Ley de Igualdad estableció que todas las disposiciones de carácter general y los planes "de especial relevancia" que pasen por el Consejo de Ministros deben ir acompañados de un informe sobre su impacto por razón de género. En el caso de los Presupuestos Generales del Estado, es el octavo año que incluyen un anexo al respecto. Este año, el documento consta de 422 páginas que no convencen a la sociedad civil.

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La Seguridad Social se queda con el 89% de las cotizaciones de paro de los autónomos

El cese de actividad de los autónomos -que vendría a ser una especie de paro para los profesionales por cuenta propia- resulta una de las prestaciones más ventajosas para las arcas sociales. Según los Presupuestos Generales de 2016, solo el 11% del dinero recaudado en cotizaciones sociales para este fin se convertirá en prestaciones de cese de actividad que cobrarán los autónomos. O, lo que es lo mismo, la Seguridad Social se queda con el 89% de las cotizaciones por el llamado paro de los trabajadores por cuenta propia.

Las cifras contenidas en los Presupuestos hablan por sí solas. La Seguridad Social prevé ingresar 154,93 millones de euros en 2016 por las cotizaciones sociales que los autónomos pagan por el cese de actividad. Es un 2,6% menos que este año, cuando se estimaba una recaudación de 159,08 millones. Por otro lado, el sistema ha presupuestado un gasto de solo 17,42 millones para el pago de estas prestaciones.

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