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Periodismo a pesar de todo

Ana Requena Aguilar

Periodista. Trabajé en el diario Público desde 2008 hasta su cierre en papel. Antes, en Tiempo, Europa Press, UN-Instraw o AmecoPress, entre otros. He escrito crónicas y reportajes desde Bangladesh, Siria, Gaza o México. Formo parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y escribí una tesina sobre periodismo con perspectiva de género. Desde hace dos años, enfrascada en reformas laborales, consecuencias de la crisis y protestas. Coautora del libro ‘Las voces del 15M.’

La lista de encausados por participar en piquetes ya roza las 300 personas

Acción para pedir el indulto de los dos condenados de un piquete en Granada. EFE

La lista de encausados por hechos ocurridos durante piquetes o huelgas sigue creciendo: los procedimientos abiertos ya afectan a unas 300 personas, muchas con vinculación sindical. Son dos los casos que se han sumado recientemente a la lista (uno en Castellón y otro en Galicia) y en ambos la Fiscalía pide a los acusados varios años de cárcel por impedir el derecho al trabajo. Mientras, los sindicatos preparan un gran acto en defensa del  derecho a la huelga y mantienen sus contactos con el Ministerio de Justicia.

Uno de los casos afecta a 23 trabajadores (varios de ellos afiliados a Comisiones Obreras) de una empresa de Castellón que secundaron una huelga por su convenio colectivo en 2007. La Fiscalía pide para ellos entre tres años y tres meses de cárcel y tres años y nueve meses de prisión por considerar que impidieron el derecho al trabajo de aquellos que querían acudir a su puesto ese día. El juicio estaba fechado para mitad de septiembre, pero se ha aplazado por un defecto de forma hasta 2016. El otro caso es el de una trabajadora del textil de Galicia, también afiliada a CCOO, para la que se piden dos años de cárcel.

Los sindicatos preparan para el 8 de octubre un gran acto en Madrid en defensa del derecho de huelga. A él acudirán jueces, fiscales, pero también los grupos parlamentarios, con los que quieren debatir sobre el Código Penal, la Ley de Seguidad Ciudadana y el derecho a huelga.

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Gobierno y sindicatos negocian un aumento de las prestaciones sociales

La dureza de la crisis se deja notar en algunas cifras. Es el caso de las rentas mínimas de inserción, la última red de protección social: sus perceptores se han duplicado desde 2008 y sus beneficiarios indirectos (todas las personas que dependen de ellas) han crecido un 70%. A pesar de este crecimiento, muchas organizaciones, desde la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) hasta Cáritas o Comisiones Obreras, llevan meses advirtiendo de que este último asidero para las personas que ya no disponen de otros recursos está siendo insuficiente para paliar el aumento de la exclusión social que padece España.

CCOO y UGT negocian ahora con el Ministerio de Empleo, que se ha comprometido a ampliar el sistema de subsidios después de haber recortado varias prestaciones en los últimos años, como la ayuda de 400 euros o el subsidio para mayores de 55 años.

¿Qué son las rentas mínimas? Son ayudas que conceden las comunidades autónomas: en cada una de ellas esta ayuda recibe un nombre y tiene unos criterios de concesión, pero se trata, en general, de subsidios para personas sin ingresos, que no han trabajado nunca o que han agotado todas sus prestaciones. Cada comunidad establece, por tanto, las condiciones para acceder a la renta mínima y fija su duración y cuantía, que oscila entre los 300 euros de Murcia o Ceuta a los 641 de Navarra o los 621 del País Vasco.

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La negociación con Coca-Cola crea un cisma en Comisiones Obreras

Protesta de trabajadores de Coca Cola contra el ERE. EFE

Ha sido uno de los conflictos laborales más sonados del último año: el ERE que Coca Cola presentó a los sindicatos a principios de 2014 y que trabajadores y el sindicato Comisiones Obreras pelearon hasta el final, primero con huelgas y, más tarde, con un recurso en la Audiencia Nacional que finalmente ganaron.

Sin embargo, la victoria se ha convertido en algo difícil de gestionar para el sindicato: la sección sindical de CCOO en Casbega -la sociedad embotelladora de Coca-Cola en Fuenlabrada hasta la fusión de las siete nuevas empresas- y el abogado del Gabinete Interconfederal del sindicato que lideró el recurso al ERE acusan a la Federación Agroalimentaria (Feagra) de CCOO de excluirles de las negociaciones con la empresa y de ultimar un acuerdo que incumple la sentencia de la Audiencia Nacional.

Después de que la sentencia declarara nulo el ERE a mediados de junio, sindicato y empresa se sentaron a la mesa para negociar un acuerdo. El objetivo de CCOO era que se cumpliera el fallo, que Coca Cola readmitiera a todos los trabajadores y pagara sus salarios de tramitación. De hecho, presentó ante la Audiencia un escrito para pedir la ejecución inmediata de la sentencia.

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El Corte Inglés: el mayor empleador privado de España, cuestionado por sus prácticas antisindicales

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La Audiencia Nacional anuló varios artículos del convenio de Grandes Almacenes. EUROPA PRESS

El Corte Inglés es el primer empleador privado de España. Alrededor de 93.000 personas trabajan en las decenas de centros que el grupo tiene repartidos por España, con sus inevitables problemas de gestión de una plantilla tan importante. El tamaño del personal contrasta con la escasa presencia en el grupo de los sindicatos de clase y las denuncias –y sentencias– que han acusado al grupo de persecución sindical y discriminación laboral de sus trabajadoras. Aunque la dimensión que le dio el fallecido Isidoro Álvarez a los grandes almacenes es incuestionable, lo cierto es que el trato a la plantilla ha sido una sombra permanente en las últimas décadas, con prácticas que ya no están al uso en otras empresas más jóvenes o modernizadas.

"Se practica la persecución sindical", asegura la secretaria de Acción Sindical de la sección de CCOO en El Corte Inglés, Carmen López, que trabaja en el grupo desde hace 30 años. Tanto CCOO como UGT denuncian la dificultad que los sindicatos de clase han tenido para implantarse en la empresa y el apoyo evidente del grupo a las organizaciones que ellos denominan como "amarillas" (favorables a la corporación) FETICO y FASGA, que son mayoritarias en el sector de los grandes almacenes. "Es un mal endémico del sector de la gran distribución: tienen sus propias organizaciones sindicales, aunque en los últimos tiempos parece que El Corte Inglés está abriendo un poco la mano", apunta la secretaria sectorial de Comercio de UGT, Cristina Esteve.

El último caso de persecución sindical ha sucedido hace solo unos días: CCOO ha denunciado que uno de los centros de Valencia despidió a un trabajador un día después de que firmara su candidatura a las elecciones sindicales de noviembre, a pesar de que en las últimas evaluaciones internas había obtenido la máxima puntuación. El sindicato ha presentado una demanda por tutela de la libertad sindical y los derechos fundamentales y pide la nulidad del despido.

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Los accidentes laborales vuelven a crecer tras seis años de bajadas

Los sindicatos denuncian que la falta de prevención de las empresas. EFE

Sucedió hace un mes: un encofrador que trabajaba en las obras de un colegio en Alcobendas (Madrid) caía desde una altura de nueve metros y moría. Más o menos en las mismas fechas, tres obreros se intoxicaron cuando trabajaban en un aparcamiento, también en Madrid, y un trabajador forestal fallecía mientras sofocaba un incendio en Asturias. Son algunos de los accidentes laborales ocurridos en las últimas semanas, algunos con resultado mortal. Si durante la crisis la siniestralidad descendió considerablemente debido, sobre todo, a la caída de la población ocupada, las estadísticas reflejan ahora un repunte que los sindicatos consideran preocupante y que no  corresponde con actividad económica que se registra, aún lenta.

La estadística del Ministerio de Empleo muestra un aumento casi generalizado de los accidentes de trabajo. Entre enero y mayo de 2014 se produjeron 196.807, casi un 4% más que en el mismo periodo de 2013. El aumento se produce en todos los sectores excepto en la construcción, donde desciende ligeramente, y es especialmente llamativo en la agricultura, donde crecen un 18%. Más clamorosa aún es la escalada de los accidentes mortales, que suben un 58% en la agricultura, y un 25,8% en la industria.

Hay otro dato que sirve como referencia: los índices de incidencia, que calculan el número de accidentes por cada mil trabajadores y que tienen en cuenta la afiliación a la Seguridad Social. Desde 2007 hasta 2012, los índices de incidencia de la siniestralidad descendieron cada año. Es en 2013 cuando se rompe esa tendencia y la incidencia de los accidentes vuelve a crecer. Algo que está sucediendo también en 2014: entre enero y mayo el índice de accidentes ha subido un 3,8% respecto al año pasado. La incidencia de los mortales ha subido un 0,7%.

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"Queda bonito hablar de igualdad en el mercado laboral y no plantearse quién limpia el váter en casa"

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La economista Amaia Pérez Orozco.

Amaia Pérez Orozco es una de las referentes de la economía feminista, o de "las miradas feministas sobre la economía", como ella prefiere llamala. Pérez Orozco es economista, participa activamente en movimientos sociales y acaba de publicar "Subversión feminista de la economía", editado por Traficantes de Sueños. En el libro, hace una crítica profunda del sistema e insiste sobre el concepto "sostenibilidad de la vida". "Mucha gente dice que eso de poner la vida en el centro no es feminista, que es de sentido común. Sería maravilloso que todo el mudo lo hiciera, pero no es así. Además, es feminista en sentido genealógico porque se vincula con debates históricos del feminismo, entre ellos el de lo personal es político, porque intenta poner en relación las macroestructuras con la vida", defiende.

¿Qué es la economía feminista?

Es diversa pero podríamos decir que tiene tres elementos definitorios: por un lado, desplazar a los mercados como el eje analítico y de intervención política, es decir, que el centro de atención dejen de ser los flujos monetarios y la creación de valor de cambio y pasen a ser los procesos de sostenibilidad de la vida. Eso implica sacar a la luz todos los trabajos normalmente invisibilizados que están sosteniendo a la vida y que en el sistema capitalista heteropatriarcal permanecen ocultos y están históricamente asociaciados a las mujeres y la feminidad. El segundo elemento es situar el género como una variable clave que atraviesa el sistema socioeconómico, es decir, no es un elemento adicional, sino que las relaciones de género y desigualdad son un un eje estructural del sistema, el capitalismo es un capitalismo heteropatriarcal. El tercer elemento es no creer en la objetividad como neutralidad valorativa: creer que todo conocimiento del mundo está relacionado con una determinada posición política, explicitar tu posicionamiento y crear conocimiento con una clara vocación de transformar el sistema.

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21 sindicatos internacionales envían a Rajoy una carta contra la persecución del derecho a huelga

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Carlos y Carmen, condenados a cárcel por altercados durante un piquete durante la huelga general. EUROPA PRESS

Los cerca de 80 expedientes judiciales abiertos contra 265 personas, muchas con vinculación sindical, que han participado en piquetes o protestas comienza a tener repercusión internacional. Tanto que hasta 21 sindicatos internacionales han enviado ya cartas al presidente del Gobierno, la ministra de Empleo, el ministro de Justicia, el Fiscal General del Estado y el presidente del Consejo General del Poder Judicial para expresar su inquietud por la situación y pedir que se retiren los cargos.

Rajoy tiene sobre su mesa las misivas de sindicatos de Reino Unido, Suecia, Portugal, Bélgica, Austria, Argentina, Brasil, México o Chile. También el Comité Económico y Social y Europeo (un órgano consultivo de la Unión Europea formado por patronales, sindicatos y un grupo de organizaciones dedicadas a diversas actividades) y la Unión Internacional de Trabajadores de la alimentación, agrícolas, hoteles, restaurantes, tabaco y afines han enviado cartas a los dirigentes españoles.

Las organizaciones sindicales instan al presidente del Gobierno a acabar con la "ofensiva contra el derecho de huelga" e invocan para ello tanto el contenido de la Constitución como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Europea de Derechos Humanos o la Carta Social Europea firmados por España. "Las causas penales abiertas contra dirigentes y activistas sindicales por su participación en estas huelgas constituyen una grave violación del derecho de sindicalización, incluyendo el derecho a la huelga, protegidos por las leyes españolas e internacionales", dicen.

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Los parados con prestación caen a niveles de 2009, cuando había un millón menos de desempleados

El paro ha descendido ligeramente en julio, pero el desempleo sigue disparado: según los datos del Servicio Público de Empleo en España hay 4.419.860 de personas apuntadas a las listas del paro. Lo que sí cae con más contundecia es el número de personas que perciben una prestación por desempleo: en junio había 2.469.428 beneficiarios, un 12% menos que hace un año. Es un ritmo cuatro veces superior al de caída del desempleo, que baja a un 3% interanual.

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El paro baja en julio en 29.841 personas impulsado por las contrataciones de verano

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El paro baja en julio. EFE

Julio suele ser el último mes en el que el efecto de las contrataciones de verano se deja notar con fuerza, algo que también ha sucedido este año: el mes pasado, el paro registrado bajó en 29.841 personas, hasta un total de 4.419.860 desempleados. Se trata, por tanto, de una bajada esperable (en prácticamente todos los años de la crisis el paro ha descendido en julio), pero menos contundendente que en otras ocasiones. Sin ir más lejos, en julio de 2013 el paro bajó el doble de lo que lo ha hecho este año. Más consistente es el dato de afiliación a la Seguridad Social: el mes pasado la ocupación creció en 62.108 personas.

Sin embargo, los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo tienen para el Gobierno un valor añadido. El paro registrado está ya en el mismo nivel que cuando Mariano Rajoy ganó las elecciones: si entonces había 4.420.462 personas en desempleo, ahora esa cifra es de 4.419.860 personas. Por un lado, hay que tener en cuenta que el paro registrado solo mide las personas que están apuntadas a las oficinas de empleo (y que, por tanto, tienen algún incentivo para hacerlo, como cobrar una prestación) y que es la Encuesta de Población de Activa la que mide con más exactitud la situación del mercado de trabajo. Precisamente, la EPA ha mostrado una fuerte caída de la población activa en los últimos dos años, es decir, que España pierde población en disposición de trabajar.

Por otro lado, es la afiliación a la Seguridad Social la que muestra cuál es la evolución del empleo. Y esa evolución muestra que desde que Rajoy llegó a la presidencia del Gobierno se han perdido medio millón de ocupados: en noviembre de 2011 había 17.248.530 personas con empleo, mientras que ahora hay 16.747.103. Han sido varias las ocasiones en las que el paro descendía con fuerza un mes, pero la afiliación crecía débilmente. Esta contradicción mostraba que había pesonas que estaban abandonando el desempleo, pero no para incorporarse a un puesto de trabajo.

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El Gobierno contrata a agencias privadas para atender a los parados que cobran los 400 euros

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El Gobierno aprueba el primer concurso para agencias de colocación. EFE

El Gobierno acaba de dar un paso más en la privatización de los servicios públicos de empleo: serán agencias de colocación privadas las que se encarguen de gestionar la inserción laboral y los programas de recualificación de las personas que cobran el llamado Plan Prepara o, lo que es lo mismo, la ayuda de 400 euros para parados que hayan agotado todas sus prestaciones. El Consejo de Ministros ha aprobado la medida este viernes, que se concretará en un contrato de servicios por un presupuesto inicial de 41,7 millones de euros para 2014 y 2015.

Será el Servicio Público de Empleo Estatal el que tramitará este contrato, al que podrán presentarse las ochenta agencias de colocación que hace unas semanas fueron seleccionadas como colaboradoras de los servicios públicos de empleo. Las que ganen el concurso tendrán que poner en marcha "actuaciones de inserción laboral durante al menos seis meses" para los beneficiarios de las ayudas del Plan Prepara, así como para los demandantes de empleo de Ceuta y Melilla.

Fue en 2013 cuando el Ministerio de Empleo anunció que trabajaba en un acuerdo marco con agencias de colocación para externalizar a éstas parte de la labor de los servicios públicos de empleo: recolocar parados, hacer itinerarios de formación, orientación, reciclaje... A cambio, el ministerio les pagaría en función de determinados baremos que ya están aprobados. Las compensaciones oscilan entre los 300 y los 3000 euros según el perfil de la persona en paro.

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