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Ana Requena Aguilar

Periodista. Trabajé en el diario Público desde 2008 hasta su cierre en papel. Antes, en Tiempo, Europa Press, UN-Instraw o AmecoPress, entre otros. He escrito crónicas y reportajes desde Bangladesh, Siria, Gaza o México. Formo parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y escribí una tesina sobre periodismo con perspectiva de género. Desde hace dos años, enfrascada en reformas laborales, consecuencias de la crisis y protestas. Coautora del libro ‘Las voces del 15M.’

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El superviviente de la matanza de Atocha: "Vivimos en una democracia de mínimos, demasiado elitista"

Han pasado cuarenta años de la matanza de Atocha. Fue uno de los peores atentados terroristas cometidos por la extrema derecha en España, en el que fueron asesinados cinco abogados laboralistas en su despacho de la calle Atocha, en Madrid. Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, era una de las abogadas que trabajaban en ese despacho y salvó la vida fortuitamente, al haber cedido su oficina ese día a uno de los asesinados para una reunión.

Sobrevivió Alejandro Ruiz-Huerta, militante del Partido Comunista y de CCOO, que cuatro décadas después sigue recordando aquel horror que marcó el capítulo sangriento de la Transición en España. "Los pueblos que no son capaces de construir su historia están condenados a repetirla", lamenta este sindicalista que sigue vinculado al sindicato y a la defensa de los trabajadores.

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Por qué son diferentes la renta mínima (como la que apoya el PSOE) y la renta básica

El economista José Carlos Díez, encargado de elaborar el programa económico socialista, decía el sábado pasado en La Sexta Noche que la aprobación de una renta básica haría  que " los de Marruecos, los del Congo y los de Uganda" quisieran "venir todos aquí, a tener una renta básica". Este lunes, sin embargo,  Eduardo Madina, el responsable del PSOE para elaborar el programa político que complemente la oferta de Díez, mostraba su apoyo a la "renta básica" en otro programa de la misma cadena, aunque se refería en realidad a la propuesta lanzada por los sindicatos para aprobar una renta mínima y que el PSOE llevaba en su programa como un ingreso mínimo vital para las personas sin ingresos. Los dos conceptos, renta básica y renta mínima, no definen la misma medida y es habitual su confusión.

El paro, la caída de las prestaciones, el empleo precario o el aumento de la desigualdad han alimentado en los últimos años el debate sobre fórmulas que permitan aumentar la protección social y acabar con la pobreza. La renta básica se ha situado como una de las propuestas más discutidas. También la renta mínima o el ingreso mínimo vital. Los nombres son parecidos y tienden a confundirse, pero el contenido no es el mismo. 

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Así está el embrollo judicial de Coca-Cola tres años después

Todo empezó hace tres años: en enero de 2014 Coca-Cola Iberian Partners anunció un ERE tras la fusión de sus siete embotelladoras en España y como parte de un proceso de reestructuración. Inmediatamente los sindicatos encendieron sus alarmas y hablaron de un despido colectivo irregular. Ahí comenzó uno de los conflictos laborales con más repercusión de los últimos años y un pulso legal que esta semana ha vivido el que probablemente sea uno de sus últimos capítulos: el Tribunal Supremo ha avalado la forma en la que la compañía readmitió a la plantilla de Fuenlabrada después de la anulación de su ERE. No obstante, el conflicto sigue. 

El ERE, que finalmente afectó a 821 personas y supuso el cierre de las plantas de Fuenlabrada, Alicante, Asturias y Palma de Mallorca, fue recurrido por CCOO, UGT y CSIF. En junio de 2014 llegaba la primera victoria de los trabajadores: la Audiencia Nacional declaraba nulo el ERE y obligaba a Coca-Cola a readmitir a los trabajadores y a pagar los salarios dejados de percibir durante ese tiempo. Constataba, además, que la empresa había vulnerado el derecho de huelga de sus trabajadoras durante una huelga que paralizó la planta de Fuenlabrada, que ha liderado la batalla contra la compañía. Actualmente, son 165 trabajadores de esta planta los que continúan con la pelea.

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Estas empresas españolas quieren que sus trabajadores tengan más permiso de paternidad

Cuando en mayo nació su segundo hijo, Adrián Battaglia no tuvo que volver al trabajo a los quince días. Durante tres meses, Adrián pudo cuidar y vivir el momento al lado de su pareja. La cooperativa para la que trabaja, Coop 57,  es una de las empresas españolas que está apostando por ampliar el permiso de paternidad para sus trabajadores más allá de lo que marca la ley, que desde el 1 de enero fija un mes de baja paternal. "Si esto se extendiera, generaría un cambio. Es algo que te acerca a los cuidados y a ser partícipe de este proceso", dice Adrián.

Coop 57, dedicada a los servicios financieros éticos, aprobó la ampliación del permiso de paternidad hasta las ocho semanas: a las dos semanas que entonces marcaba la ley, la cooperativa añadía otras seis que pagaba de su bolsillo. Permitía, además, sumar este permiso a las vacaciones. Entre uno y otras, Adrián pudo compartir el cuidado de su hijo durante doce semanas seguidas.

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El Supremo dice que la readmisión de los trabajadores de Coca-Cola se ajusta a la sentencia

El Tribunal Supremo considera que la readmisión de los trabajadores de la planta de Coca-Cola en Fuenlabrada se ajusta a la sentencia. Los trabajadores de Fuenlabrada mantenían una disputa con la empresa por la forma en la que se produjo la readmisión después de que los tribunales declararan nulo el ERE. Coca-Cola reabrió la planta madrileña, pero lo hizo como centro logístico y no como una planta de producción. El Supremo avala ahora la forma de proceder de la embotelladora.

En junio de 2014 la Audiencia Nacional declaró nulo el ERE de Coca-Cola. En noviembre de ese año la Audiencia ordenó a la empresa que cumpliera inmediatamente la sentencia. Meses más tarde, ya en abril de 2015, fue el Supremo el que confirmó la nulidad del ERE. Sin embargo, todos estas sentencias y autos, favorables a la tesis de los trabajadores, no acabaron con el conflicto.

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Oxfam alerta de que la desigualdad en España sigue creciendo

Recuperación económica, pero desigualdad creciente. El último informe de Oxfam asegura que España es un país "de dos realidades": por un lado, el PIB crece desde 2014, por otro, la desigualdad aumenta y la situación de las personas más vulnerables empeora, hasta el punto de que España es el segundo país de la UE donde más ha crecido la desigualdad desde que estalló la crisis.

"Este contínuo aumento de la desigualdad se debe a una concentración de la riqueza en menos manos, a la vez que se produce un deterioro de la situación de las personas más vulnerables", dice el informe, que desmenuza algunos datos que sostienen esta afirmación. Entre 2008 y 2014, los salarios más bajos cayeron un 28%, mientras que lo más altos apenas se contrajeron. En 2015, la remuneración del ejecutivo con el salario más elevado era 96 veces superior a la del sueldo medio de las empresas del Ibex. 

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Los robots impulsan la renta básica

En unos años puede que una máquina haga su trabajo, que un robot conteste el teléfono de atención al cliente o que se dedique a hacer la contabilidad de una empresa. Esa revolución tecnológica que avanza imparable y que transformará el mundo del trabajo es la que impulsa ahora una idea que algunos sectores han reivindicado con fuerza en los últimos años: la implantación de una renta básica para todos los ciudadanos.

La cuna de esa revolución, Silicon Valley, está llevando a cabo un proyecto piloto para comprobar los efectos de la renta básica. ¿Bajo qué premisa? "La motivación que hay detrás de este proyecto es empezar a explorar alternativas a la red de seguridad social que existe. Si la tecnología destruye empleos o los empleos siguen convirtiéndose en cada vez menos seguros, un número cada vez mayor de personas serán incapaces de vivir con las ganancias de sus empleos", explicó la investigadora Elizabeth Rhodes, directora del proyecto, impulsado por Y Combinator, un famoso acelerador de compañías tecnológicas.

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El Supremo permite que cualquier sindicato denuncie la vigencia de un convenio cuando caduca

El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia con consecuencias para la negociación colectiva y la representación sindical. Cualquier sindicato que tenga representación puede denunciar la vigencia de un convenio (señalar que se acerca su fin para que se pongan en marcha las negociaciones), independientemente de que sea o no mayoritario o de que firmara ese convenio.

La sentencia se refiere al convenio del sector del Contact Center (telemarketing), cuya vigencia denunció CGT, que solo contó con uno de los quince representantes que lo negociaron. A finales de 2014, CGT denunció ante el Ministerio de Empleo que ese estaba próximo a caducar. La central se lo comunicó también a la patronal y a los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, firmantes del convenio.

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"La pensión de viudedad estaba pensada para un modelo de sociedad que ya no existe"

Julia López es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Experta en derechos laborales y normas internacionales y políticas de igualdad, López es profundamente crítica con las últimas reformas del mercado laboral y también con el actual debate sobre las pensiones. Asegura que el uso que el Gobierno ha hecho del Fondo de Reserva es espurio y pide una reflexión sobre la pensión de viudedad de la que, dice, debe desaparecer y convertirse en otra prestación. Sobre otra de sus líneas de trabajo, la brecha salarial, asegura que se ha sofisticado y reclama más inspección de trabajo y la aplicación real de la Ley de Igualdad.

¿Hace falta otra reforma de las pensiones?

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Las pensiones sufrirán en 2017 la mayor pérdida de poder adquisitivo en cinco años

El año próximo, los pensionistas perderán poder adquisitivo. La subida del 0,25% de las pensiones que el Gobierno acaba de aprobar no llegará para cubrir el aumento de la inflación que todas las previsiones pronostican. Es más, los datos señalan que en 2017 sufrirán la mayor caída de su poder adquisitivo de los últimos cinco años. Todo indica que los funcionarios también perderá poder de compra si finalmente se materializa la subida del 1% que el Ejecutivo baraja.

El IPC ha terminado el año con un repunte de ocho décimas que lo sitúa en el 1,5%. Se trata de un dato que augura lo que le espera a la economía española el año próximo. Según todas las previsiones, la inflación superará el 1,5% en 2017. El Banco de España vaticina un 1,5%, mientras que la previsión de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) es que la inflación termine el año que viene cercana al 2%.

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