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Periodismo a pesar de todo

Ana Requena Aguilar

Periodista. Trabajé en el diario Público desde 2008 hasta su cierre en papel. Antes, en Tiempo, Europa Press, UN-Instraw o AmecoPress, entre otros. He escrito crónicas y reportajes desde Bangladesh, Siria, Gaza o México. Formo parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y escribí una tesina sobre periodismo con perspectiva de género. Desde hace dos años, enfrascada en reformas laborales, consecuencias de la crisis y protestas. Coautora del libro ‘Las voces del 15M.’

Así es la "recuperación" en España: las grandes empresas anuncian miles de despidos

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El ERE de Sniace presentado el año pasado se ha avalado este año.

A principios de julio  Iberia anunciaba su intención de prescindir de una buena parte de sus empleados, otra vez. La aerolínea prepara despidos para 1.581 personas: 244 pilotos, 154 tripulantes de cabina y 1.183 empleados de servicios en tierra. Según fuentes sindicales, las medidas de ajuste incluirán bajas incentivadas, reducciones de jornada, despidos temporales y prejubilaciones. El de Iberia es uno de los últimos recortes de plantilla anunciados en la primera mitad del año que se supone que va a ser el de la recuperación y el empleo neto. Pero en el año de la inflexión aún queda mucha crisis y mucho coste que las grandes empresas quieren purgar.

De hecho, el año se inauguró de forma tumultuosa con el anuncio por parte de las embotelladoras de Coca-Cola de casi 1.000 despedidos. Ese ha sido un ERE de ida y vuelta, ya que la Audiencia Nacional lo ha declarado nulo. Su anuncio a comienzos de 2014 dejó claro que aún quedaba mucho camino por delante a la recesión.

Otro de los ERE más voluminosos de 2014 también acaba de ser anunciado: Atento, una de las grandes empresas de telemárketing que opera en 16 países, presentó un despido colectivo que afecta al 9% de su plantilla, es decir, a casi 900 personas de un total de 9.000 trabajadores. Los despidos afectarán a los 15 de los centros de trabajo que la empresa tiene repartidos por toda España.

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El nuevo PIB que quiere medir Europa: sin trabajo doméstico pero con prostitución y drogas

Invernadero de plantas de marihuana. EUROPA PRESS

La inclusión del tráfico de drogas y de la prostitución en el Producto Interio Bruto (PIB) ha desatado críticas que cuestionan qué es lo que debe medir este indicador y por qué no incluye otras actividades, como los trabajos de cuidados que sostienen los hogares. ¿Qué mide entonces el PIB? El valor de la actividad económica de un país, es decir, todo lo que conlleva un intercambio económico. Ese es el requisito que deja fuera los trabajo de cuidados: al no ser remunerados, no pueden entrar en el PIB.

El indicador sí que tiene en cuenta la economía sumergida (porque supone un intercambio monetario), que el PIB ya recoge al menos en parte: para elaborar el indicador se tienen en cuenta varias estadísticas y entre ellas está la Encuesta de Población Activa (EPA), que también incluye el empleo en negro. Además, el dinero que generan las actividades sumergidas sigue fluyendo en el sistema: una persona que recibe 400 euros en negro por hacer chapuzas gasta ese dinero en pagar facturas o en hacer compras que sí se reflejan en el PIB.

Lo mismo sucede con las actividades ilegales. "Están las actividades informales, como por ejemplo quien da clases particulares en su casa, y las actividades ilegales, como el tráfico de drogas. Ninguna se contabiliza como tal, pero dejan rastros a través del consumo, del IVA...", explica el coordinador del Instituto Flores de Lemus, José Domingo Roselló.

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El Constitucional avala el núcleo duro de la reforma laboral

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El presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos. EFE

El Tribunal Constitucional avala otro paquete de la reforma laboral: si en febrero ya se pronunció favorablemente sobre la rebaja de la indemnización por despido, la limitación del cobro de los salarios de tramitación y la procedencia de tramitar la norma como decreto ley, el tribunal avala ahora la creación del contrato de emprendedores (con un año de prueba) y algunos cambios en la negociación colectiva, según ha podido saber eldiario.es. El recuento ha sido de nueve votos a favor y tres en contra. Habrá un voto particular al que se adherirán estos tres magistrados.

El Constitucional se pronuncia así sobre un recurso interpuesto por el Gobierno de Navarra. De esta forma, aprueba el contrato de emprendedores, de cuya constitucionalidad dudaron sindicatos y expertos al ofrecer un año de prueba y, por tanto, de despido gratis. Sin embargo, el Tribunal ha descartado que el nuevo contrato vulnere el derecho al trabajo y rechaza que exista una falta de causalidad en el despido que sea inconstitucional.

Avala también dos cambios en la negociación colectiva, que facilitaba la posibilidad de inaplicar los convenios colectivos y la prioridad de los convenios de empresa sobre cualquier otro.

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El Gobierno insiste en bonificar contratos a pesar de su poca eficacia

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La ministra de Empleo, Fátima Báñez. EFE

Contratar a un menor de 25 años es desde el viernes más barato. Y lo es porque el Gobierno aprobó una nueva bonificación a la contratación (una tarifa plana de 300 euros mensuales durante medio año para los contratos indefinidos), una medida cuyos efectos son muy cuestionados por los expertos, pero en la que el Ejecutivo ha insistido desde la aprobación de la reforma laboral.

En los dos últimos años, el Ministerio de Empleo ha aprobado al menos siete medidas diferentes que implican algún tipo de reducción o bonificación de las cotizaciones a la Seguridad Social y que, sumadas a otras, suponen unos veinte supuestos en los que las empresas no tienen que pagar la cuota completa del trabajador.

Para la economista y profesora de la Universidad de Alcalá, Inmaculada Cebrián, experta en bonificaciones, hay un gran consenso sobre su ineficacia. "Pueden funcionar si van dirigidas a un colectivo muy concreto, pero en este caso se pierden en un mar de bonificaciones y se corre el riesgo de que no sirvan para nada. El problema es que no se crea empleo y aún menos empleo estable, porque está ligado a sectores estacionales, así que quien contrata lo hace porque lo necesita y si de paso hay una bonificación pues se beneficia", dice.

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Paralizada la entrada en prisión de cuatro trabajadores hasta que el Gobierno resuelva el indulto

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Serafín y Carlos durante una manifestación de apoyo. EFE

La entrada en prisión de Ana y Tamara y de Carlos y Serafín, condenados a tres años de prisión por participar en una huelga sectorial y un paro del transporte, respectivamente, se aplaza. Su ingreso en la cárcel era inminente, pero los jueces encargados de los casos lo han paralizado a la espera de que el Gobierno resuelva si concede o no el indulto, solicitado en los dos casos. Sin embargo, en otro de los expedientes más llamativos, el de los ocho trabajadores de Airbus, a la espera de juicio, la fiscal ha ratificado en un escrito sus acusaciones y su petición de ocho años de cárcel para cada uno de ellos.

Es el segundo indulto que solicitan Carlos y Serafín, condenados a tres años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores por unos hechos ocurridos en una huelga del transporte en Vigo. El anterior les fue denegado y cursaron una nueva solicitud. La jueza aplazó entonces su entrada en prisión, pero la Fiscalía solicitó su ingreso inmediato, una petición que recurrió la defensa de los dos trabajadores.

La jueza desestima ahora la solicitud de la fiscalía y aplaza la entrada en la cárcel hasta que el indulto tenga respuesta. En el escrito, la magistrada señala que las sentencias deben ser ejecutadas "sin perjuicio del derecho de gracia". "La resolución (...) expresa las razones por las que accede a la petición de suspensión en tanto se tramita y resuelve el indulto solicitado", dice.

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Qué hay detrás del plan de ayudas para 'ninis' que impulsa Empleo

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La vicepresidenta del Gobierno junto a la ministra de Empleo. EFE

El Gobierno acaba de aprobar la llamada 'Garantía Juvenil', un programa que se financiará con fondos europeos y que se inspira en una iniciativa europea que busca ofrecer oportunidades laborales o de formación a los jóvenes en paro en un plazo que no supere los cuatro meses. Sin embargo, el plan aprobado por Empleo dista en algunos puntos de lo puesto en marcha en otros países: los 1.887 millones de presupuesto se invertirán fundamentalmente en bonificaciones a la Seguridad Social. La iniciativa se pone en marcha desde la semana que viene, aunque el Ministerio de Empleo aún no ha hecho pública la página web de la iniciativa.

¿Qué es la Garantía Juvenil?

Es un programa que inicialmente desarrollaron algunos países europeos para facilitar la formación y el acceso al empleo de los jóvenes: desde que un joven queda en situación de desempleo no pueden pasar más de cuatro meses sin que reciba una oferta laboral, de prácticas o de formación. Suiza, por ejemplo, fue uno de los países pioneros y entre las ofertas que hace a los jóvenes está un sistema parecido a la formación dual, donde los jóvenes trabajan durante varios meses en una empresa o junto a un profesional liberal del que aprenden la práctica profesional. Los estados europeos se comprometieron a poner en marcha esta garantía para la que Bruselas invertirá 6.000 millones de euros en dos años.

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La empresa del 016 despide a siete personas con reducción de jornada por cuidado de hijo

La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato.

Qualytel, la empresa de telemárketing que gestiona el número 016 de atención a víctimas de violencia de género, vuelve a la carga: el grupo ha enviado las cartas de despido a 13 personas que trabajan con contrato indefinido en su centro de Sevilla, de las que siete tienen jornada reducida por cuidado de hijo. Una de ellas, además, estaba embarazada en el momento del despido, aunque la empresa llegó posteriormente a un acuerdo con ella para elevar su indemnización a cambio de que no denunciara.

Qualytel forma parte del grupo Arvato Bertelsman, que cuenta con una distinción del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad por unirse a la red de empresas por una sociedad libre de violencia de género.

La empresa anunció hace unas semanas que acababa una de las campañas de ONO que gestionaba. Poco después envió las cartas de despido a 35 personas: varias de ellas contaban con un contrato por obra y servicio o bien trabajaban a través de una ETT, pero trece eran trabajadores indefinidos y siete de ellos tenían una reducción de jornada por cuidado de hijos. "Aprovecharon para despedir a indefinidos con la excusa del fin de la campaña", dice Sergio Mulero, representante de CCOO en Qualytel Sevilla.

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Tres caras de la criminalización de la protesta laboral

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Katiana Vicens, secretaria general de CCOO en Islas Baleares, a la que piden cuatro años y medio de cárcel. FOTO: OLMO CALVO

Ricard, Katiana y María Jesús son tres de las 266 personas imputadas por su participación en piquetes o protestas durante los últimos años. Los tres se enfrentan a procesos penales en los que se les imputa un delito de coacciones a la huelga o contra los derechos a los trabajadores. Los tres estaban presentes en el acto que CCOO y UGT organizaron este martes en Madrid para denunciar la criminalización de la protesta y defender el derecho de huelga, junto a otros encausados, como los ocho trabajadores de Airbus en Madrid para los que piden ocho años de cárcel o los dos sindicalistas de UGT que se enfrentan a una pena de siete años y dos meses de prisión.

Ricard Verché es el último caso que se ha añadido a la lista de 82 expedientes abiertos contra trabajadores y sindicalistas. Trabajador del metro de Barcelona, Ricard, que ocupa un cargo en la Sección Sindical de CCOO en el metro, salió junto a más compañeros a ejercer como piquete en la huelga general del 14 de noviembre de 2012. "Nos dimos una vuelta por Barcelona. Sobre la una de la tarde, cuando ya habían acabado los servicios mínimos de autobuses que se habían pactado, vimos un vehículo en marcha y con pasaje. Estuvimos hablando con el conductor, y su mando vino a decir que iban ya de retirada", recuerda.

El piquete siguió su marcha por la ciudad hasta que un rato después volvió a encontrarse al mismo autobús. "Entonces la gente ya se exaltó un poco y algunos empezaron a gritar", recuerda. Una cámara grabó al grupo de gente dirigiéndose al conductor. En aquel momento no se produjeron identificaciones, pero poco después le llegó a Verché una citación de los Mossos para declarar por aquel incidente: "Les dije que yo no iba a decir nada, que no sabía de qué me acusaban ni qué pruebas había contra mí".

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La FAES pide quitar el salario mínimo y reducir las prestaciones de paro

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Inauguración del campus FAES de 2014. EFE

La Fundación FAES, vinculada al Partido Popular, pide con contundencia ir más allá de la reforma laboral. Por un lado, critica un salario mínimo que considera elevado y perjudicial para la contratación y que pide eliminar o cambiar; por otro, pone en el punto de mira el sistema de prestaciones por desempleo y pide más presencia de las empresas de trabajo temporal. Lo hace en el documento "Reflexiones sobre el mercado de trabajo: continuar la reforma", coordinado por el director general de Estrategia y Fomento del Empleo de la Comunidad de Madrid, Valentín Boté, y con Miguel Marín, responsable de políticas económicas y de empleo de FAES, como director.

FAES asegura que el salario mínimo en España (que ha sido congelado varias veces en los últimos años y que se sitúa actualmente en 645 euros mensuales) resulta "elevado" cuando se compara con el salario mínimo medio de los países de la OCDE. En este club de países industrializados hay países como México, Turquía, Corea del Sur o Australia, fuera de la UE y que no son competidores naturales de España. En cualquier caso, recomienda que, o bien se reduzca o bien se elimine tal y como se concibe ahora. La Fundación propone que puedan establecerse diferentes salarios mínimos para los distintos grupos de población, algo que ya ha sugerido la patronal en varias ocasiones al hablar de un salario especial para jóvenes.

Según el informe, una de las "debilidades" de la intervención pública en el mercado laboral es que "el seguro de desempleo, al igual que el salario mínimo, resulta ser muy generoso". Tanto que, asegura, un salario mínimo elevado "parece ser perjudicial para la contratación de trabajadores". Eso sí, mencionan la posibilidad de que se compensen con "ayudas del estado" las posibles reducciones del salario mínimo, y señalan el ejemplo de Alemania.

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Las otras Coca-Cola: ¿qué pasa después de un ERE nulo?

Protesta de trabajadores de Coca-Cola. EUROPA PRESS

La sentencia que declaraba nulo el ERE de Coca-Cola no ha sido la primera en la que los tribunales ordenan la readmisión de la plantilla. Tras el espaldarazo que supone para sindicatos y trabajadores un fallo favorable, toca decidir cómo llevar a cabo ese proceso de readmisión, una negociación que no siempre es fácil.

La confusión impera porque en la mayoría de los casos la empresa recurre al Supremo y aún no se ha solucionado la readmisión. ¿Qué sucede con las indemnizaciones ya pagadas?, ¿cómo hacer cuando una planta ya está cerrada?, ¿qué pasa si la empresa recurre? Aquí, tres casos.

Tenneco. El 5 de septiembre de 2013, la empresa Tenneco presentó un ERE para el total de su planta en Gijón (con 216 trabajadores) por causas organizativas, económicas y de producción. Desde ese día, los trabajadores se organizaron para buscar apoyos y dar a conocer a su caso de una forma muy parecida a lo que pocos meses después hizo la plantilla de Coca-Cola. "Conseguimos crear una gran conciencia social, ahí donde había un evento estábamos nosotros y en poco tiempo mucha gente nos conocía", cuenta el delegado de CCOO en el comité de empresa, César González. Las negociaciones con Tenneco no fructificaron y la empresa aplicó del despido colectivo de forma unilateral, un expediente que los sindicatos recurrieron. Pidieron, además, medidas cautelares para evitar que la mercancía se moviera de la planta de Gijón y complicara una posible reincorporación de la plantilla.

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