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Ana Requena Aguilar

Periodista. Trabajé en el diario Público desde 2008 hasta su cierre en papel. Antes, en Tiempo, Europa Press, UN-Instraw o AmecoPress, entre otros. He escrito crónicas y reportajes desde Bangladesh, Siria, Gaza o México. Formo parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y escribí una tesina sobre periodismo con perspectiva de género. Desde hace dos años, enfrascada en reformas laborales, consecuencias de la crisis y protestas. Coautora del libro ‘Las voces del 15M.’

Un Tribunal Supremo más conservador apuntala la reforma laboral

Desde que en febrero de 2012 el Gobierno de Rajoy aprobó su reforma laboral, la norma se había topado con un escollo: los tribunales, que, sentencia a sentencia, fueron dando forma a sus aspectos más duros. No es un secreto que la intervención de los jueces no gustó a empresarios ni tampoco al Ejecutivo. Sin embargo, en los últimos meses, el Tribunal Supremo, hasta ahora crítico con la norma, ha dictado sentencias que refuerzan las tesis de la reforma laboral, especialmente en cuanto a los criterios formales y el control judicial de los despidos. Los cambios en la composición de los miembros de la Sala de lo Social han alterado el equilibrio de fuerzas e inclinado la balanza hacia las posiciones proempresariales.

"Hay un claro cambio de tendencia. Se ha dado un giro hacia una visión más proempresarial, sobre todo en materia de despido. Hay un lectura más literal de lo que dice la reforma laboral", asegura un catedrático de Derecho del Trabajo. No es el único, varias fuentes jurídicas confirman este giro del Alto Tribunal: "Ha habido cambios en la composición de la Sala y las posiciones ahora son más favorables a los intereses empresariales de flexibilidad", dice otra fuente jurídica. "Están dificultando la defensa jurídica de los trabajadores y disminuyendo el control judicial de todo lo que tiene que ver con los despidos", llega a decir.

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El año empieza con 11.900 parados más y 64.600 empleos menos

El mercado laboral sigue sin ganar vigor. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre 2016 publicados este jueves muestran que, más allá de las declaraciones y de la mejora en algunos indicadores, la recuperación del empleo y el paro no es aún consistente. El año ha empezado con 11.900 parados más, hasta las 4.791.400 personas en desempleo, y con la destrucción de 64.600 empleos. La población activa ha descendido: 52.700 personas han abandonado el mercado de trabajo en estos tres meses. Estas variables hacen que la tasa de paro crezca una décima respecto al trimestre anterior y se sitúe en el 21%.

Es este último dato el que muestra hasta qué punto la crisis laboral española es profunda: la tasa de paro lleva más de cinco años por encima del 20%. Las previsiones señalan que será 2016 cuando finalmente baje de ese fatídico nivel. En términos absolutos, la subida del paro del comienzo de año es netamente femenina. El paro entre los hombres ha bajado en 9.600, mientras que entre las mujeres creció en 21.500. El balance son esas 11.900 personas desempleadas más.

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El calvario judicial de los mil trabajadores de Buytrago: sin empresa y sin apoyo del Estado

El de la plantilla de transportes Buytrago es un conflicto complejo, a veces difícil de entender, pero con una conclusión un tanto desalentadora: de no haber acudido a los tribunales, su situación sería ahora mejor. La empresa, en concurso de acreedores, aprobó unilateralmente un ERE para toda su plantilla en 2014 y Comisiones Obreras lo impugnó ante los tribunales. Con dos sentencias a su favor, los trabajadores no han cobrado indemnización alguna de la empresa y tampoco del Fogasa. Si lo hacen, el Servicio Público de Empleo les exigirá a ellos y no a la empresa (a pesar de que así lo dice la ley y el auto judicial) que devuelvan diez meses de prestación por desempleo.

En 2014, Transportes Buytrago, con casi mil trabajadores, se cierra de un día para otro. La empresa presenta el preconcurso de acreedores y un expediente de regulación de empleo (ERE) para toda su plantilla que es aprobado unilateralmente. Comisiones Obreras recurre los despidos ante los tribunales. La Audiencia Nacional les da la razón y declara nulo el ERE: la empresa debe readmitirlos.

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El Ayuntamiento de Madrid retira 30.000 folletos institucionales de publicidad por contenidos sexistas

El Ayuntamiento de Madrid va a retirar de la circulación 30.000 folletos de publicidad institucional que considera sexistas. Así lo anunciará hoy el Delegado del área, Javier Barbero, en la Comisión de Salud, Seguridad y Emergencias. Se trata de dos campañas de Consumo con "contenidos gráficos discriminatorios" que procedían de 2011 y 2012. El grupo socialista había alertado sobre la existencia de estas imágenes.

Uno de los folletos hablaba de los códigos de buenas prácticas para empresarios y data de 2011. El Ayuntamiento retirará los 27.000 ejemplares que guarda y paralizará su distribución desde las juntas de distrito. También eliminará la información que hay en el expositor de la Oficina Municipal de Información al Consumidor y en la página web.

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Imaginarium, condenada por ofrecer prácticas fraudulentas a becarios

Imaginarium ofreció prácticas fraudulentas: una sentencia de un juzgado de lo social de Madrid ha condenado a la empresa de juguetes a contratar como trabajadoras a once becarias. Estas once personas cobraban 426 euros al mes por una jornada completa como dependientas en sus tiendas. A pesar de que la empresa aseguró que se trataba de becarias que seguían formándose, la sentencia señala que el curso en el que estaban inscritas no justificaba su condición y estaba pensado "en función de las necesidades de la empresa" y no de su formación.

La oferta data de 2013: "Prácticas en tiendas Imaginarium. Formación en tareas relacionadas con gestión de tienda: Atención al cliente, gestión del visual merchandising, gestión de stocks. Programa de formación adaptado a las prácticas". La Oficina Precaria denunció entonces ante la Inspección de Trabajo que la oferta de Imaginarium buscaba cubrir puestos de trabajo con becas.

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El comercio justo y las condiciones laborales dignas llegan a los contratos públicos

El Ayuntamiento de Zaragoza no adjudica grandes contratos públicos a empresas que rebajen las condiciones laborales de sus plantillas. Es una de las medidas que el consistorio ha tomado en los últimos años para incluir criterios éticos y responsables en su contratación y servicios. Su caso no es único. Cada vez más administraciones aprueban medidas para que en sus contratos y suministros rijan la estabilidad laboral o el comercio justo.  La reforma laboral, los conflictos con muchas contratas y el nuevo municipalismo han impulsado los criterios de contratación y compra pública responsable.

Leire Álvarez, de la Red de Redes de Economía Alternativa Social y Solidaria (REASS) en Euskadi, explica que el objetivo final es que las empresas que contraten con la Administración tengan unas prácticas más responsables "en muchos sentidos, laboral, ambiental, o de compromiso con el comercio justo". "Se trata de impulsar otro tipo de políticas públicas a través de la contratación pública", remata.

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Empleo gasta solo el 15% del presupuesto de la ayuda para parados de larga duración

Diciembre de 2014. Gobierno y agentes sociales firman un acuerdo para poner en marcha una nueva ayuda para parados de larga duración que no cobren prestaciones. Un año y cuatro meses después, los datos revelan que el programa apenas ha tenido impacto: el Ministerio de Empleo solo ha ejecutado el 15% del presupuesto destinado a la ayuda y solo 100.000 personas han cobrado los 426 euros que se concedían.

El Gobierno ha aprobado este viernes una prórroga de esta ayuda, pero no ha anunciado cambios en los criterios para concederla. El Consejo de Ministros ha prorrogado también el llamado Plan Prepara, otra ayuda de 426 euros para parados que agotan la prestación contributiva y el subsidio. Este último programa se mantenía en vigor automáticamente hasta que la tasa de paro no bajara del 20%. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado ahora que seguirá vigente hasta que el desempleo no descienda del 18%.

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"Financiamos la educación y la sanidad noruega pero no hemos recibido nada a cambio"

Alberto Paz pasó quince años como marinero en Noruega. Comenzó como aprendiz y recorrió todos los escalafones posibles. De allí dio el salto a Dinamarca, donde siguió ejerciendo su profesión. Hoy, con 62 años y asentado en Galicia, Alberto cobra una pensión danesa, pero no noruega. Es uno de los 12.000 marineros que trabajaron en Noruega y a los que el país nórdico niega la pensión: alega que al encontrarse en alta mar no vivían realmente en Noruega. Los afectados, agrupados en la asociación Long Hope, tienen una causa judicial abierta en Noruega y han acudido al Consejo de Europa y la OIT. Y denuncian que España podría poner más de su parte para solucionar el conflicto.

"Hemos financiado carreteras, educación, sanidad, pensiones en Noruega pero no hemos recibido nada a cambio", dice indignado Alberto Paz, portavoz de la asociación. Su pensión danesa le permite vivir desahogado, pero no es el caso de muchos afectados. "Hay gente que vino a España y trabajó unos años en algún barco, en bajura o en agricultura, lo justo para generar una pensión mínima. Hay gente que solo cobra 600 euros o incluso una pensión no contributiva", explica Alberto.

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El cambio de huso horario es necesario pero no suficiente para reformar la jornada laboral

Siete horas flexibles con treinta minutos de descanso que usa para comer. Es el horario de Isabel en el organismo público donde trabaja: "Suelo hacer de nueve y cuarto a cuatro y cuarto. El tiempo que paso aquí trabajo más y me cojo muchos menos 'descansitos'. A cambio, me voy antes y estoy encantada". Isabel se siente afortunada: su jefe "se ha enrollado". "Si quisieran podrían obligarnos a hacer la pausa de la comida". Una pausa que alargaría su jornada laboral en una hora que ella prefiere emplear en su vida personal.

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, lanzó hace pocos días al aire dos propuestas: el  cambio de huso horario y que las jornadas laborales acaben a las seis de la tarde. El  acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos también recoge estas medidas. No es la primera vez, sin embargo, que se habla de ello, pero el cambio sigue sin llegar.

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El ERE en una empresa de mobiliario urbano subleva a varios ayuntamientos

Es probable que el nombre de Cemusa apenas le suene. Si hablamos de los espacios publicitarios que salpican las calles de muchas ciudades españolas, la cosa cambia. La empresa, dedicada a mobiliario urbano y publicidad exterior y que fue comprada por el grupo francés JC Decaux a FCC el pasado noviembre, quiere ejecutar un ERE para el 85% de su plantilla, a pesar de que mantendrá todos sus contratos. Varios ayuntamientos que tienen contratas con la empresa han aprobado en sus plenos declaraciones de apoyo a los trabajadores y estudian alternativas al servicio de Cemusa.

La empresa cuenta con una plantilla de 309 trabajadores repartidos en 19 delegaciones por toda España. Sus dueños desde noviembre, JC Decaux, han planteado despidos para 245 empleados por causas económicas, organizativas, y de producción. Cemusa se dedica a explotar espacios para la publicidad: paga a los ayuntamientos un canon y ponen mobiliario urbano que limpian y mantienen y donde exhiben publicidad. Las agencias pagan a Cemusa por colocar en esos espacios sus anuncios. La caída de la inversión publicitaria y los canones a veces elevados han hecho a la empresa entrar en pérdidas.

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