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Periodismo a pesar de todo

Ana Requena Aguilar

Periodista. Trabajé en el diario Público desde 2008 hasta su cierre en papel. Antes, en Tiempo, Europa Press, UN-Instraw o AmecoPress, entre otros. He escrito crónicas y reportajes desde Bangladesh, Siria, Gaza o México. Formo parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y escribí una tesina sobre periodismo con perspectiva de género. Desde hace dos años, enfrascada en reformas laborales, consecuencias de la crisis y protestas. Coautora del libro ‘Las voces del 15M.’

¿Es machista el sistema fiscal?

El comité de sabios para la reforma tributaria, junto al ministro Montoro / Marta Jara

Números, impuestos, casillas, deducciones. La campaña de la declaración de la renta ha comenzado justo cuando la reforma fiscal que prepara el Gobierno está en boca de todos. El grupo de sabios, al que el Ejecutivo encargó una propuesta, entregó un trabajo que, aseguraban, consolida el principio de equidad. "Nada es neutral", dice la catedrática de Economía Paloma de Villota, "tampoco el sistema fiscal, que tiene impacto de género".

Villota no es la única experta que cuestiona con dureza tanto el sistema actual como las propuestas hechas que, señalan, ignoran el impacto de género y siguen apostando por un modelo tradicional lejano a la igualdad.

Su primera crítica es que se mantenga la posibilidad de hacer la declaración de la renta conjunta: "Esto hace que, cuando una familia tenga que decidir quién entra en el mercado laboral y analice los costes de que lo haga la mujer, muchas veces siga sin convenir". La experta recuerda que al hacer un análisis de los costes de la incorporación a la mujer al mundo laboral pueden no acabar de salir las cuentas por el esfuerzo que supone pagar una guardería o una persona que se haga cargo de los niños.

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Ya hay más beneficiarios de ayuda asistencial que de paro

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Hay más beneficiarios de subsidios asistenciales que de prestaciones contributivas. EFE

Con la crisis, las listas del paro y los beneficiarios de prestaciones se dispararon. Sin embargo, la tendencia comenzó a cambiar hace apenas un año: a pesar de mantener niveles muy elevados de desempleo, los perceptores de prestaciones comenzaron a reducirse. No solo eso, sino que ya son más las personas que cobran algún tipo de subsidio asistencial que las que perciben prestaciones contributivas. Se trata de una clara señal de que la crisis se alarga, el empleo no llega y es la red asistencial, de prestaciones más escasas, la que funciona como sostén social.

En febrero –el último dato disponible–, había 1.187.202 de personas cobrando una prestación contributiva por desempleo y 1.305.335 percibían una prestación de nivel asistencial, especialmente subsidios por desempleo. La diferencia entre prestaciones contributivas y asistenciales se ensancha aún más si sumamos a estas últimas la renta activa de inserción, que cobran 257.537 personas, y la ayuda de 426 euros para parados que hayan agotado sus prestaciones, de la que no hay datos actualizados.

Es decir, al menos 1.562.872 de personas cobran una ayuda asistencial frente a 1.187.202 que perciben prestaciones contributivas, por las que han aportado cotizaciones mientras trabajaban. El problema de que se generalicen las ayudas asistenciales, además de su escaso importe individual, es que el Estado tiene que aportar todos los recursos de Presupuestos para cubrir la aportación que en ningún caso se sufraga con las aportaciones de los trabajadores. Estas prestaciones asistenciales además, no cotizan a la Seguridad Social.

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Dos años de Oficina Precaria: "Aquí llegan desde becarios a empleadas domésticas o falsos autónomos"

Espacio de la Oficina Precaria en el Patio Maravillas.

Es martes, son las siete de la tarde y varias personas se arremolinan sobre una mesa en una pequeña habitación del centro social Patio Maravillas de Madrid. La asesoría jurídica de la Oficina Precaria está a punto de empezar. En la puerta espera Andrés (nombre ficticio), un repartidor de sushi de 30 años que cobra en negro y que busca ayuda para acabar con esa situación. En el despacho, una habitación sencilla de solo unos pocos metros cuadrados, se quedan dos personas para atenderle.

"Aquí llegan desde becarios hasta empleadas domésticas, falsos autónomos, gente que cobra en negro o que tiene un contrato que no se cumple... Es decir, llega todo lo que se ve en el mercado laboral: mucha precariedad, que ya no es algo solo de gente joven, sino que está extendida. Mucha gente viene sin tener ni idea, a lo mejor con un finiquito que no saben si está bien hecho o no". Es Edu González el que habla, uno de los miembros de la Oficina Precaria, una iniciativa que cumple ahora dos años y que nació muy ligada a Juventud Sin Futuro y al movimiento 15M, pero que ahora tiene autonomía propia.

La idea era, precisamente, combatir la precariedad: por un lado, han organizado asesorías legales gratuitas para que la gente pudiera consultar sus dudas e informarse de las posibilidades que tienen, por otro, han lanzado campañas contra las becas fraudulentas y la precariedad aún más alarmante de las mujeres en el mercado de trabajo. "También hemos tenido contacto con la inspección de trabajo a través de un inspector, que nos dijo que le pasáramos las denuncias que tuviéramos de becas que encubrían puestos de trabajo. Pero además de luchar contra la precariedad queríamos proponer alternativas y la economía social nos parece una de ellas, por eso pusimos en marcha una asesoría personal y online sobre cooperativas", cuenta Sandra, otra de las integrantes.

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Empleo limita la posibilidad de reclamar ante el Fogasa

Protesta de trabajadores del Fogasa para reivindicar más medios. EUROPA PRESS

Reclamar ante el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) es ahora más difícil que hace solo unos meses, aunque solo aparentemente. Las resoluciones que reciben ahora los trabajadores les comunican que, en caso de querer reclamar la cuantía de sus indemnizaciones, deben dirigirse directamente a los juzgados de lo social. Es un cambio respecto a lo que sucedía antes, cuando se les informaba de que tenían un año para reclamar primero ante el Fogasa y, después, otros ocho años para acudir a los tribunales de lo social. 

Hasta ahora, el Fogasa comunicaba a los trabajadores la resolución de su expediente. Al final de la hoja, el organismo les informaba de que tenían la posibilidad de reclamar (en caso de que no estuviesen conformes o consideraran que se había cometido algún error): para ello, tenían el plazo de un año para acudir a una oficina del Fogasa y, una vez presentada esa reclamación, otros ocho para acudir a la vía judicial.

Sin embargo, las resoluciones han eliminado ahora la parte que informa a los trabajadores de que tienen la posibilidad de reclamar ante las oficinas del Fogasa. Les informa, directamente, de que contra la resolución puede interponerse "demanda ante el Juzgado de lo Social competente en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación", según una resolución fechada en enero procedente de una unidad administrativa a la que ha accedido eldiario.es. Los juzgados de lo social están, además, colapsados ante la avalancha de casos y la falta de medios.

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La empresa del teléfono de la campaña de la renta, multada por hacer un ERE encubierto

La inspección de trabajo sancionó a Konecta por ERE encubierto. EUROPA PRESS

La Inspección de Trabajo impuso en enero una sanción grave a Konecta BTO, la empresa a la que la Agencia Tributaria ha adjudicado el servicio telefónico de la campaña de la renta, por tramitar como despidos individuales lo que debería haber sido un expediente de regulación de empleo (ERE). La empresa trabaja sobre todo para la banca y el sector seguros, pero también se ha adjudicado algunos números de administraciones públicas, como en el caso de la Agencia Tributaria o la atención telefónica de Correos.

La compañía, que acumula 189 sentencias en los juzgados de lo social (muchas condenatorias, incluso por vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores), llevó a cabo entre el 19 de abril y el 17 de julio 38 despidos por causas organizativas y de la producción con 20 días de indemnización por año trabajado. Tanto CGT como UGT denunciaron ante la inspección que se trataba de un ERE encubierto, algo que ratificó la inspección de trabajo a comienzos de este año.

En un informe de actuaciones fechado el 28 de enero de 2014 al que ha tenido acceso eldiario.es, la inspección constata que la empresa "debería haber tramitado un despido colectivo", por lo que considera que Konecta BTO ha incurrido en una "infracción grave". Varios representantes sindicales han tenido conocimiento de que la empresa ha recurrido la sanción, mientras que las centrales han ampliado la denuncia porque, aseguran, Konecta siguió ejecutando despidos objetivos hasta septiembre de 2013.

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El presidente de la patronal podrá ser asalariado

El presidente de la patronal, Juan Rosell. EFE

La CEOE acaba de celebrar su Asamblea General, un encuentro que su presidente, Juan Rosell, ha aprovechado para poner sobre la mesa algunas de sus reivindicaciones más repetidas en los últimos años: salarios más flexibles, menos presión fiscal sobre el trabajo y "modernizar" la negociación colectiva. Para Rosell, la economía española encara este año "con moderado optimismo" y cree, de hecho, que la recuperación se ha adelantado "en términos de crecimiento económico" y que el empleo ha reaccionado "antes que en otras salidas de la crisis".

La asamblea ha aprobado también cambios en los estatutos de la patronal. A partir del próximo mandato (que comenzará probablemente en 2015), el presidente de la CEOE podrá tener un sueldo, y será la junta directiva la que decidirá si tiene remuneración y a cuánto asciende. Hasta ahora, solo José María Cuevas ha percibido sueldo por ejercer como presidente de la patronal ya que no tenía empresas. El resto no lo ha hecho porque tenían una actividad empresarial propia.

Además, el presidente solo podrá encadenar dos mandatos de cuatro años cada uno. La patronal reduce también sus órganos de dirección. Si hasta ahora contaba con 21 vicepresidentes, pasará a tener cinco (cuatro más el presidente de Cepyme)

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"La calidad de la industria no encaja con rebajas salariales"

El secretario general de Industriaall, Ulrich Eckelmann. FOTO: Miguel Madariaga

Quedan unas semanas para que se celebren las elecciones europeas, y la organización sindical IndustriALL (que representa a 50 millones de trabajadores del sector industrial en 140 países y agrupa a varias federaciones industriales) está impulsando un manifiesto para revitalizar la industria en el continente y utilizarla como palanca para la recuperación. Esta semana, su comité ejecutivo ha celebrado una reunión en Madrid a la que también han asistido los secretarios de Industria de CCOO y UGT. Ulrich Eckelmann es el secretario general de IndustriALL: asegura que el diálogo social es imprescindible y que los gobiernos deben escuchar a los trabajadores y no solo a sus asesores financieros.

Pregunta: Están presentando su manifiesto para fomentar la reindustrialización europea, ¿es la industria el sector que puede impulsar la recuperación en Europa?

Respuesta: La industria tiene justo ese papel. También sabemos que la mayor parte de las actividades en el sector servicios dependen fundamentalmente de la aportación previa de la industria. Estamos hablando de cadenas de generación de valor añadido: si hablamos de la producción de automóviles, su producción depende de la química, del acero, del cristal, de la producción de plásticos, de la energía... Todo esto luego llega a formar la industria del automóvil. Luego, los coches se venden, es decir, que también se integra el comercio, pero también hay otro tipo de servicios a su alrededor: las reparaciones, las infraestructuras de transporte y carreteras que se necesitan y que demandarán trabajadores en el sector de la construcción. También hace falta una legislación correspondiente, por tanto, también debe contribuir el Estado, hay controles y sanciones de tráfico... Es decir, que la producción industrial genera muchos puestos de trabajo también fuera de ella.

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La Agencia Tributaria adjudica la atención telefónica de la renta a una empresa con múltiples condenas

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Delegación de Hacienda en Madrid. EFE

La campaña de la declaración de la renta 2013 acaba de comenzar. Y el Ministerio de Hacienda ha adjudicado el servicio telefónico a Konecta BTO.S.L, un grupo empresarial cuyo trato a los trabajadores deja mucho que desear: la compañía acumula 189 sentencias en la jurisdicción social, muchas de ellas en contra. Konecta saltó a la palestra el pasado octubre, cuando despidió a una trabajadora, Amaya Muñoz, por absentismo laboral después de que faltara al trabajo el día de su desahucio. Se trata de una práctica que, dadas las resoluciones judiciales, la empresa ha aplicado con frecuencia. Hacienda le adjudica ahora un contrato por valor de 2.109.914 euros.

Solo en el último año, la empresa, cuyo socio mayoritario es el banco Santander, acumula 28 sentencias en los juzgados de lo social. En una de las más recientes (del 14 de noviembre de 2013), el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirma la decisión de un juzgado de lo social de Barcelona que condenó a Konecta por vulnerar los derechos fundamentales a la no discriminación por razón de origen y a la integridad moral de cuatro trabajadoras. Konecta había sometido a las empleadas a cambios sustanciales de sus condiciones de trabajo. La sentencia instaba a la empresa a restablecer a las empleadas en sus funciones y "al cese de toda conducta de acoso, menosprecio o discriminación" y a abonarles la suma de 6.590 euros.

"Se desprende que, sin que se encuentre justificada la adscripción a distinta función o centro de trabajo, las actoras, tras dilatado y grosero periodo en el que no se les ofrece trabajo efectivo y son confinadas en minúsculo habitáculo, les es impuesto traslado de centro de trabajo, desde Barcelona a El Puerto de Santa María-Cádiz. Y, también, que son todas de origen no español y nacidas en países sudamericanos, frente a terceros trabajadores a los que no adorna tal cualidad (...) y que, a pesar de estar adscritos a la misma obra o servicio que las actores siguen prestando servicios en el mismo centro de trabajo", afirmaba la sentencia del TSJ catalán.

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La economía crea casi tanto empleo asalariado como autónomo en el último año

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El paro baja en marzo. EUROPA PRESS

Las grandes cifras del mercado laboral arrojan en marzo datos que suenan positivos: el paro registrado ha bajado en 16.620 personas, hasta un total de 4.795.866 desempleados inscritos en las oficinas de empleo; y la Seguridad Social ha ganado 83.984 afiliados. La letra pequeña, sin embargo, muestra claroscuros. Por ejemplo, el tipo de empleos que está creando el mercado laboral: en el último año, la economía española solo ha sido capaz de crear 60.756 puestos de trabajo asalariados, prácticamente la misma cantidad de empleos autónomos que se han generado en el mismo periodo: 55.748 (sin tener en cuenta el sistema especial de autónomos agrarios, que ha destruido empleo).

Las cifras revelan que el ritmo de creación de empleo autónomo es mucho mayor que el de creación de empleo asalariado, es decir, las buenas cifras tienen detrás el impulso del autoempleo: el trabajo asalariado crece a un ritmo del 0,46%, mientras que el autónomo lo hace al 2%, casi cinco veces más rápido. Además, la ganancia mensual de afiliados a la Seguridad Social queda en 25.475 personas en términos desestacionalizados.

La comparación no es baladí, sobre todo si se tiene en cuenta que la Seguridad Social tenía registradas en febrero 1.382.527 empresas. Es este tejido empresarial el que ha creado 60.756 empleos en el último año, prácticamente el mismo número de personas que han engrosado las listas de la Seguridad Social dándose de alta como trabajadores por cuenta propia. Solo en el último mes, se dieron de alta 16.620 autónomos, casi 540 al día. Según el presidente de la Federación de Autónomos ATA, Lorenzo Amor, ha sido el mejor mes de creación de empleo por cuenta propia desde el inicio de la crisis.

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El Gobierno prepara un cambio en la Ley de Subvenciones que perjudicará a las ONG

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Imagen de un comedor social.

Las ONG no pasan por su mejor momento: crisis, recortes, y el tajo de la cooperación al desarrollo las han dejado en una situación delicada. Un trance que podría empeorar con el cambio de la Ley de Subvenciones que prepara el Gobierno. El borrador, al que ha tenido acceso eldiario.es, introduce varios cambios decisivos para las organizaciones sociales: les obliga a cofinanciar con entidades privadas parte de sus proyectos y establece como norma general que las entidades adelanten el dinero de las subvenciones.

El borrador del anteproyecto de ley, que el Ministerio de Hacienda aún negocia con las organizaciones, impone la cofinanciación: "Cuando el importe de las subvenciones se determine en función del coste de la actividad o proyecto a subvencionar, la suma de las subvenciones no podrá superar el 75% de su coste", dice la nueva redacción del artículo 19. ¿Cuál será la salida? O bien cofinanciar con fondos propios (algo al alcance de muy pocas ONG) o buscar en la empresa privada la financiación de ese 25% restante. La norma actual no excluye la posibilidad de cofinanciar los proyectos, pero permite la financiación del 100%.

"Esto en la práctica significa que casi ninguna organización sin ánimo de lucro podrá sacar adelante un proyecto en solitario. Además, es paradójico que haya que buscar financiación para el 25% de algo que es responsabilidad del Estado, que delega en las organizaciones sin ánimo de lucro estos servicios", dicen fuentes de la Plataforma del Tercer Sector y de la Coordinadora de ONG, que ha presentado una batería de propuestas para subsanar lo que consideran un severo golpe para las entidades dedicadas a la acción social y la cooperación. "La cofinanciación puede tener sentido en el caso de una subvención a una empresa para que haga una nave, pero en nuestro caso el 100% va para el usuario. Esto nos estrangula", dice el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN), Carlos Susías.

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