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Carlos Sánchez Mato

Miembro de IU en Madrid y concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, por Ahora Madrid.

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Culpas, lágrimas y humildad

El pasado domingo, tres días después del tristísimo atentado de Barcelona, el párroco Santiago Martín empleó el púlpito de una iglesia madrileña para referirse a lo sucedido. "No puede ser que solamente estemos rezando" y "menos lágrimas y más hacer cosas" esgrimió el párroco durante una homilía en la que arremetió c ontra la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y ya de paso contra la de Madrid, Manuela Carmena.

Ada, se atrevió a asegurar el sacerdote, tiene "una parte de culpa" del atentado terrorista de Las Ramblas por no haber instalado unos bolardos. Manuela tampoco está velando por la seguridad, como concluyó Santiago Martín dándose una vuelta por la Plaza Mayor.

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Presupuestos de 2017: Oportunidad perdida

Mentiríamos si dijéramos que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado aprobado por el Consejo de Ministros nos ha decepcionado. Lo sorprendente hubiera sido que las cuentas públicas presentadas respondieran a las necesidades de la mayoría social. Porque esa es la mayor crítica que le podemos hacer al Partido Popular y a sus aliados: que han vuelto a realizar un ejercicio de trilerismo político y presupuestario para que todo siga igual.

La liquidación de 2016 ha permitido al Gobierno sacar pecho de cerrar con un déficit del 4,33% del Producto Interior Bruto, holgadamente por debajo del 4,6% fijado por la UE como tope máximo. Poco debería presumir ya que este cumplimiento se debe más a que Bruselas ha reducido el límite (originalmente estaba en un 2,8%) que a la reducción misma del déficit, que ha sido muy moderada. De hecho, sin la contribución de las corporaciones locales que han registrado el superávit más alto de la historia (0,64% del PIB), el fracaso en su única meta hubiera sido total. Para completar el análisis, hay que resaltar que no se incluye en el cálculo las ayudas al sector financiero.

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El rescate que no iba a costar ni un euro

El pasado 11 de enero, el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea y el Grupo Mixto presentó en el Registro del Congreso la solicitud de una Comisión de Investigación sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación y gestión de las entidades bancarias durante la crisis financiera.

A nadie se le escapa que han pasado cosas muy graves desde el año 2007 y que en la pasada legislatura, a pesar de múltiples intentos realizados por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, el Partido Popular bloqueó la celebración de Comisiones de Investigación. De hecho, el Gobierno de Rajoy ostenta el dudoso honor de no haber tenido ninguna en un escenario político plagado de escándalos de corrupción que han indignado a la mayoría social de este país.

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Parar al PP, también en la contratación pública

Cuando las administraciones públicas compran bienes y servicios inciden de manera decisiva en la orientación de la economía. El contrato municipal de la luz en Barcelona, que se está resolviendo estos días, es un buen ejemplo de ello. No es lo mismo incluir cláusulas que obliguen a las empresas adjudicatarias a evitar cortes de suministros que no hacerlo. No es lo mismo dividir los contratos en lotes para abrir espacio a las pequeñas y medianas empresas o a las cooperativas, que favorecer a los oligopolios energéticos de siempre.

En diciembre del año pasado, representantes municipales y organizaciones sociales y ecologistas suscribimos la llamada Declaración de Málaga. En ella sosteníamos que la contratación pública debía ser un instrumento de transformación socioeconómica. Y que para eso era necesario superar algunas prácticas dominantes en los últimos años.

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Unámonos contra la Ley Montoro

La “reforma express” del artículo 135 de la Constitución Española abrió el camino a una serie de normas que constriñen cruelmente la capacidad de acción de las administraciones públicas, sobre todo, las más cercanas a la ciudadanía como son los ayuntamientos. A través de este acuerdo político entre PP y PSOE se introdujo una regla fiscal que limitaba el déficit público y priorizaba el pago de la deuda. A partir de esta abrupta modificación del principio constitucional se redactó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Las tres reglas fiscales que han sido convertidas en “sagradas” son: la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda, y el respeto a la Regla de Gasto. Este último, es el más inexplicable de todos en términos de la lógica del interés general, ya que impide -a pesar de que haya superávit- que se dedique ese saldo positivo al gasto social o a realizar nuevas inversiones, sino que ha de utilizarse para amortizar deuda de manera anticipada aunque sea algo absurdo desde el punto de vista económico. Es decir, aunque el ayuntamiento esté cumpliendo puntualmente los plazos de amortización de deuda, deberá seguir adelantando el pago con el superávit generado. En la Ley quedó estipulado que en el momento en el que se quebrante alguna de las tres normas la administración correspondiente quedaría obligada a elaborar un Plan Económico Financiero (PEF), que no pretende ser otra cosa que comprometerse a volver al redil de cumplimiento de los preceptos fiscales convencionales.

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Una gigantesca ayuda pública a las grandes corporaciones europeas

Desde el estallido de la actual crisis sistémica, los principales bancos centrales occidentales vienen implementando una batería de políticas monetarias, convencionales y no convencionales, para hacer frente a los retos y graves desequilibrios de sus economías. Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE), además de rebajar los tipos de interés oficiales hasta llegar al 0%, ha otorgado todo tipo de facilidades a las entidades bancarias a la hora de obtener financiación, logrando eliminar así el riesgo de liquidez de los bancos y el riesgo de refinanciación de las deudas del sistema bancario de la Eurozona hasta el año 2001.

Con esta batería de actuaciones el BCE ha salvado al sistema financiero, aspecto éste que, aunque no está entre sus mandatos, pone de manifiesto su verdadero papel al servicio de la banca privada, alejado de la verdadera soberanía en la que tendrían que estar asentadas las instituciones económicas europeas. Actuando de esta forma ha comprometido de manera irreversible las finanzas públicas a las que ha lastrado hasta llevarlas a una situación insostenible. Mientras las entidades bancarias son rescatadas con dinero público, a los Gobiernos les está prohibido recurrir al banco central, con lo que los grandes beneficiados son las entidades financieras privadas que reciben dinero a bajísimo interés y luego se lo prestan a los gobiernos, haciendo negocio por el camino con las respectivas deudas públicas. 

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¿Quién teme a las cláusulas sociales en la contratación?

Cuando llegamos al área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y nos sentamos a diseñar las políticas estratégicas que pretendíamos implantar, detectamos dos graves problemas en la contratación pública madrileña: el de la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras de servicios públicos prestados a través de grandes contratas; y el de la sombra de la corrupción acechando tras cada nuevo escándalo de nombre alemán o cartaginés (véase, Gürtel o Púnica). Para hacer frente a la fiscalización de la acción de gobierno anterior y evitar con normas y nuevas formas de gobierno que se pudieran volver a producir esas deplorables prácticas, pusimos en marcha una subdirección de Auditoría de la Deuda y las Políticas Públicas y una Comisión de Investigación. Sin embargo, en el ámbito de la acción positiva de transformación, uno de los retos más importantes es el de afrontar el futuro con audacia y responsabilidad, por lo que elaboramos una Estrategia de Contratación Responsable.

No se trata, ni mucho menos, de un tema baladí ya que las Administraciones Públicas adquieren bienes y servicios en cantidades muy significativas. Más del 18% del Producto Interior Bruto en el caso español, por lo que es evidente la enorme influencia positiva que puede suponer en la sociedad en su conjunto, la contratación pública responsable. Mejorar los criterios de baremación a través de los cuales se eligen a las empresas para que presten servicios a la ciudadanía, está comenzando a ser un objetivo prioritario para muchos ayuntamientos: Zaragoza, Barcelona, Avilés, Valencia… son ejemplos claros de que algo está cambiando en la forma de gestionar lo que es de todas y todos.

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¿Insostenibilidad? La de Montoro

El pasado 31 de marzo el gobierno en funciones reconoció que en el año 2015 el conjunto de las administraciones públicas había vuelto a quebrantar –por enésima vez– el objetivo de déficit público impuesto por Bruselas, y en esta ocasión por una cuantía bastante superior a lo previsto. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, culpó a las comunidades autónomas de ser las administraciones que más han incumplido los objetivos de déficit público. Sin embargo, esta declaración integra un argumento enormemente tramposo, ya que fue precisamente el gobierno estatal quien le puso muy difícil a las comunidades respetar el tope de déficit. Es la historia de un fracaso político.

Bruselas impone cada año un objetivo de déficit al conjunto del sector público español, pero luego es el gobierno estatal el que decide cómo se va a distribuir por administraciones públicas (Administración central, Seguridad Social, Comunidades Autónomas y Entidades Locales). Pues bien, el recorte impuesto por Bruselas fue de 1,6% sobre el PIB en 2015 (desde el 5,8% registrado en 2014 a un objetivo de 4,2%). El gobierno distribuyó este objetivo de recorte de la siguiente forma: la Administración Central debía recortar sólo 0,04%; las Comunidades 0,94%, y el resto (0,62%) debía conformarlo el superávit de las Corporaciones Locales y la reducción de déficit de la Seguridad Social.

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Si sale cara, ganas tú. Si sale cruz pierdo yo

Prueben a lanzar una moneda al aire con la regla que apunto en el título de este artículo. Resultará más fácil entender cómo nos la han jugado los que, desde la ortodoxia económica liberal, han defendido la gestión económica del Ayuntamiento de Madrid. Las operaciones de cobertura de riesgo de tipo de interés han sido un enorme desastre económico para las arcas municipales. Un swap de tipos de interés (IRS) o swap de intereses es un contrato en el que dos partes acuerdan, durante un periodo de tiempo establecido, un intercambio mutuo de pagos periódicos de intereses denominados en la misma moneda y calculados sobre un mismo principal, pero con tipos de referencia distintos. Detrás de estos términos aparentemente complejos, se esconde una explicación muy sencilla: Madrid se ha comprometido a pagar un tipo de interés fijo por un porcentaje muy elevado de su deuda bancaria contraída a tipos de interés variable pero la apuesta ha salido mal y nos toca pagarla a los ciudadanos y ciudadanas madrileños.

A 31 de diciembre de 2014 las operaciones a tipo variable que tenía el Ayuntamiento de Madrid ascendían a 2.501 millones de euros. En definitiva, hay swaps por casi 3 de cada 4 euros de deuda contraída de este modo. Hasta 31 de agosto de 2015, el coste de todas estas operaciones ha supuesto 247.605.736 euros al Ayuntamiento de Madrid.

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Podemos, Roma y los crustáceos

"Respice post te hominem te esse memento"

Cuando los generales victoriosos eran homenajeados en Roma, atravesaban el foro en una cuadriga con un esclavo que sostenía una corona de laurel sobre su cabeza y repetía con insistencia una sola frase durante todo el recorrido: "Mira tras de ti, y recuerda que sólo eres un hombre".

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