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David Lombao

David Lombao nació en Lugo en 1985. Estudió Periodismo en la Universidad de Santiago y fue en Compostela donde comenzó a ejercer el oficio en los informativos de Radio Galicia-Cadena SER. Su trayectoria continuó vinculada a la información y a la radio en Radio Voz, etapa en la que colaboró también con el suplemento literario de Tempos Novos.

En 2008 formó parte del equipo de Xornal de Galicia, centrado en la crónica parlamentaria, en el seguimiento del Gobierno gallego y la actividad de los partidos. Interesado en la relación del periodismo con Internet, participó también en iniciativas individuales y colectivas en el mundo de los blogs y forma parte de la redacción de Praza Pública desde el nacimiento del periódico.

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La Xunta blinda la financiación pública a colegios que segregan por sexo hasta 2023

La LOMCE sigue viva y algunos de sus aspectos más polémicos, funcionando a pleno rendimiento en Galicia. La apodada como Ley Wert tiene a la mayoría del Congreso de los Diputados en contra pero el acuerdo para su derogación sigue embarrancado en el bloqueo parlamentario. Mientras esto sucede esta es la ley en la que el Gobierno gallego se apoya para tomar decisiones en el campo educativo; la última, la adjudicación de conciertos con centros privados, que la Consellería de Educación extiende más allá del límite temporal que marca la propia norma y que trae consigo un total de 58 unidades concertadas para los cinco colegios que en Galicia segregan al alumnado en función de su sexo, cuatro de ellos propiedad de una empresa ligada al Opus Dei.

La Xunta acaba de dictar la orden por la que aprueba los conciertos educativos que, como norma general y al margen de las revisiones anuales -por criterios como la variación de la población-, comenzarán en el próximo curso 2017-18 y no finalizarán hasta el fin del período académico 2022-23, lo que extiende el compromiso económico hasta casi el final de la próxima legislatura autonómica, con independencia del color político del Gobierno. La distribución de conciertos en Educación Infantil, Primaria, ESO, Educación Especial y Formación Profesional beneficia a 3.913 unidades en más de dos centenares de centros entre los que se incluyen los cinco segregacionistas, los mismos a los que la Xunta siguió financiando mientras hacerlo fue contrario a la ley vigente.

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El gobierno de Feijóo financió la apertura de Meirás a los Franco con 50.000 euros hasta 2013

La asunción por parte de la Fundación Francisco Franco de la gestión de las visitas al Pazo de Meirás y su declarada intención de aprovechar la "oportunidad" para hacer apología de la dictadura ha devuelto este agosto a la actualidad el modo en que la familia del militar golpista se hizo con la propiedad, una recaudación de fondos forzosa entre la población en 1938, pero también la normativa que estipula la apertura del histórico recinto un mínimo de cuatro días al mes. Ese deber es el resultado de un proceso legal iniciado en el año 2006  por el gobierno de coalición de PSdeG y culminado en 2008 a pesar del boicot de los herederos del dictador, que litigaron contra él hasta 2010, ya con el PP de vuelta en la Xunta. Fue entonces cuando el gobierno de Feijóo financió la apertura del Pazo durante casi tres años.

La que fuera residencia de Emilia Parzo Bazán tiene que ser abierta al público por ser un Bien de Interés Cultural (BIC), categoría que adquirió por un decreto promulgado en diciembre de 2008, resultado de un procedimiento ralentizado judicialmente por los Franco, que lo llevaron a los tribunales en media decena de ocasiones. Una vez agotada la vía judicial en 2010 los Franco se vieron obligados al cumplimiento de la ley de patrimonio cultural y la Xunta, a garantizarlo. Para hacerlo, admitió entonces la Consellería de Cultura, habían optado por la vía de la "prudencia" y la "negociación". Aquellas conversaciones desembocaron finalmente en la apertura del pazo en marzo de 2011, pero previo pago de la Xunta. Como informó Praza.gal, hasta finales de 2012 fue la Xunta la que sufragó a la familia los gastos de las visitas mediante dos convenios y una addenda que llegaron a sumar un total de 53.713 euros.

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Así se hizo la familia Franco con el Pazo de Meirás: "donaciones" casa por casa supervisadas por la Falange

El anuncio de que la Fundación Francisco Franco gestiona desde hace meses el frecuentemente incumplido régimen de visitas al Pazo de Meirás y la constatación por parte de la entidad de que empleará esta "oportunidad" para hacer apología de la dictadura y de la "grandeza" de su líder ha devuelto al primer plano el modo en que el histórico inmueble pasó a manos del militar golpista y, a través de él, a su familia. La organización dedicada a exaltar el franquismo insiste en agitar el relato de una "generosa donación" del "pueblo gallego" mediante "suscripción pública" que contrasta con la abundante documentación e investigaciones que acreditan el expolio del edificio, concretado en los años de mayor represión en territorio gallego y mientras en otros puntos del Estado continuaba la Guerra Civil.

Uno de los documentos que mejor muestran la manera en que procedieron los golpistas para convertir la antigua residencia de Emilia Pardo Bazán en "regalo" a Franco fue revelado hace apenas media década por la Asociación Cultura Aberta de Carral, uno de los municipios en que fueron recaudados los fondos. Son apenas cinco páginas encabezadas por una carta de la 'Junta Pro-Pazo del Caudillo', un organismo creado en 1937 por las autoridades coruñesas del naciente régimen dictatorial, como el gobernador civil, Julio Muñoz, junto a empresarios de la zona encabezados por el banquero Pedro Barrié de la Maza, responsable del Banco Pastor -entidad que en esos años intentaba ejecutar el aval de un crédito de la campaña del Estatuto de 1936, firmados por dirigentes galleguistas que habían sido asesinados-.

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La Xunta privatizó la limpieza de sus hospitales sin "estudiar" si era más barato hacerla con personal público

La privatización o externalización de servicios públicos, esto es, la contratación con empresas privadas de prestaciones antes ofrecidas directamente por la Administración, tiene justificaciones diversas. Entre ellas suelen destacar la eficiencia, el ahorro o la mayor flexibilidad. Muchas de ellas se han sucedido en las últimas décadas para pasar a manos privadas servicios no estrictamente médicos pero esenciales para el buen funcionamiento de la sanidad pública. Uno de ellos es la limpieza, que en el caso gallego fue privatizado prácticamente al 100% -solo quedan 20 personas con puestos públicos- sin que existiera estudio alguno para justificar tal decisión por cuestiones económicas, técnicas o sanitarias. Así lo acaba de concluir el Consello de Contas en un informe en el que duda además de que se haya logrado una de las metas más frecuentemente aludidas, el ahorro económico.

El organismo que fiscaliza las finanzas públicas gallegas acaba de aportar al Parlamento un informe sobre los servicios de limpieza en la sanidad pública gallega correspondiente al año 2015, cuando estaban vigentes en el conjunto del Servizo Galego de Saúde (Sergas) un total de 42 contratos con un peso para las arcas públicas de unos 130 millones de euros. Casi el 70% de los fondos públicos dedicados a estas adjudicaciones estaban en manos de tres empresas: Clece, ligada al grupo ACS (56,7 millones), Limpisa (16,1 millones) e Ingesan, del grupo OHL (13 millones). Cada año, destaca cuentas, Clece "absorbe el 30,6%" de los fondos que el Sergas dedica a sufragar la limpieza de sus hospitales y centros de salud.

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Feijóo ruega al Apóstol Santiago por la unidad de España en nombre del rey

La agenda pública del presidente de la Xunta en este 25 de julio, Día Nacional de Galicia, tiene este 2017 dos citas y ambas implican misas. La que ocupa mayor número de horas es el ejercicio como delegado del rey en la ofrenda al Apóstol Santiago en la catedral compostelana, a la que ha llegado tras representar al jefe del Estado en un acto militar en la Praza do Obradoiro. Ya en el templo, donde fue recibido por el arzobispo, Julián Barrio, Alberto Núñez Feijóo ha pronunciado una "invocación" en la que ha rogado ante el altar mayor de la basílica por la "unidad" de España.

Desde un llamamiento a resaltar la importancia de que un presidente de comunidad autónoma sea el elegido por Felipe VI para esta labor, Feijóo ha señalado que en este evento religioso no expresa solo el sentimiento del rey, sino que también "se trata de traer ante el patrón de España innumerables ofrendas anónimas" que parten del "respeto" a la "tradición" del Apóstol, en torno al que "crece la conciencia europea" y el Camino de Santiago como "primer parlamento que tuvo Europa", dijo.

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Feijóo entrega las Medallas de Galicia con un discurso contra el "nacionalismo desaforado"

Por quinto año consecutivo la Xunta no organiza acto alguno por el Día Nacional de Galicia, que se celebra este martes. Tras la suspensión de la entrega de las Medallas de Galicia el 25 de julio de 2013 a causa del accidente de Angrois, que había sucedido en la jornada previa, al año siguiente el Gobierno gallego decidió desplazar la ceremonia de sus máximos galardones al 24 para hacerla coincidir con el aniversario del descarrilamiento que le costó la vida a 80 personas - movimiento que buena parte de las víctimas rechazaron- y en esa fecha ha permanecido hasta ahora. En este 2017 el Gobierno gallego ha otorgado sus Medallas en un evento en la Cidade da Cultura que Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado para lanzar un discurso contra lo que ha definido como "nacionalismo desaforado".

Como había aprobado el Consello da Xunta, las condecoraciones de este año han estado encabezadas por el homenaje póstumo a Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP en Ermua (Bizkaia) asesinado por ETA hace 20 años. En su nombre recogió la Medalla su hermana, María del Mar Blanco, la también diputada popular que definió a su hermano como un "joven valiente" que "fue capaz de enfrentarse a los terroristas" y consideró también que "ETA sigue siendo el presente". Tras la intervención de Blanco y un brevísimo discurso de la aristócrata y empresaria Isabel Castelo, también galardonada, intervino el expresidente conservador portugués Aníbal Cavaco Silva, que elogió la relación de Portugal y Galicia como "espacio europeo privilegiado de interacción y cooperación".

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Nueve años de inhabilitación a un alcalde del PP en Lugo por acoso laboral a la secretaria del Ayuntamiento

A finales de 2007 el Ayuntamiento de Palas de Rei (Lugo) estaba gobernado por mayoría absoluta por el PP con Fernando Pensado al frente de la alcaldía. Fue dentonces cuando se incorporó al consistorio una nueva secretaria municipal y, "desde poco tiempo después", comenzaron las "fricciones" entre esta trabajadora y un grupo de funcionarios municipales que derivó en "desobediencia", primero, y en una persecución práctica en sus tareas diarias, después, hasta abocarla a una baja por depresión. Según la Audiencia Provincial de Lugo, lejos de no ser conocidas por el grupo de gobierno, estas prácticas "probadas" fueron consentidas y avaladas por Pensado y por su sucesor, el también popular Pablo Taboada, y por ellas acaban de ser condenados ambos a penas de inhabilitación y cárcel.

Veto al acceso a documentación, omisión de instrucciones o escritos formales advirtiendo de que la iban a ignorar fueron "estrategia" habitual de un clima de "acoso, menosprecio, hostigamiento" y "humillación" que, atendiendo a la sentencia, se recrudeció desde las elecciones municipales de 2011, en las que Pensado fue relevado por Taboada, también con mayoría absoluta para el PP. "Uno de los primeros decretos" del nuevo regidor, que mantuvo el anterior como teniente de la Alcaldía, fue para "acordar que la secretaria pasara a un despacho que no estaba directamente comunicado con las oficinas". Justo antes había dictado otro decreto para retirarle la funcionaria de apoyo y trasladarla a las instalaciones de la biblioteca, "que aún no estaba en funcionamiento".

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El PSOE rectifica y formaliza la petición de investigar el accidente del Alvia en vísperas de su cuarto aniversario

El PSOE consuma su rectificación sobre la investigación del accidente del Alvia en el barrio compostelano de Angrois. Lo ha hecho este miércoles en el Registro del Congreso y a apenas cinco días del cuarto aniversario del siniestro que el 24 de julio de 2013 provocó la muerte de 80 personas y heridas a otras 144 . La coordinadora de los diputados del PSdeG en el Congreso, Pilar Cancela, y el portavoz socialista en materia de Fomento, César Ramos, han sido los encargados de formalizar las peticiones que ya habían confirmado a las víctimas y que la Ejecutiva Federal del partido ratificó en el inicio de esta semana: una solicitud de creación de comisión de investigación en el Congreso para depurar "responsabilidades políticas" y una proposición no de ley para instar al Ministerio de Fomento a reabrir las pesquisas técnicas a través de la CIAF, tal y como reclamó recientemente la Comisión Europea, organismo que como la Audiencia de A Coruña ha ratificado que el primer informe oficial sobre lo sucedido careció de toda independencia.

El fallo del tribunal coruñés que ordenó la reapertura de la instrucción judicial y el duro informe comunitario son los que obligaron hace ahora un año a PP y PSOE a cambiar su discurso sobre Angrois para admitir la necesidad de una nueva investigación técnica y en ambos documentos apoyan ahora los socialsitas lo que admiten como un cambio de posición. "El PSOE -dice Ramos- no va a tener problema en cambiar de opinión si hay elementos que así lo piden". "Lo que estamos haciendo -agrega Cancela- es cumplir aquello a lo que nos hemos comprometido con la plataforma de víctimas", que ha venido reclamando la investigación política sobre el accidente desde escasos meses después del descarrilamiento.

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Los franquistas intentaron robar fondos de la campaña del Estatuto gallego del 36 mientras mataban a sus promotores

El 28 de junio de 1936 Galicia avaló en las urnas su primer Estatuto de Autonomía. Con las garantías procesales propias de la época el texto estatutario salió adelante con un 99% de los votos escrutados, una jornada de votación "espléndida" a la que se llegó tras una intensa campaña impulsada por fuerzas políticas y figuras del mundo de la cultura, pero también por ayuntamientos como los de A Coruña, Santiago o Vigo, que junto a otros de menor dimensión dieron soporte político y también económico al Comité Central da Autonomía, que tenía como secretario general a Enrique Rajoy Leloup, abuelo del actual presidente del Gobierno de España y líder del PP. Mítines en todo tipo de locales, pero también eventos festivos y la edición de abundantes materiales gráficos llenaron de color una campaña que llegó a manejar un presupuesto de unas 180.000 pesetas cuyos restos los franquistas intentaron, sin éxito, robar tras el golpe de estado mientras perseguían y, en algunos casos, asesinaban a los impulsores del Estatuto.

Los detalles de este robo frustrado fueron hallados recientemente por el investigador Luis Lamela en el Archivo General de la Administración del Estado, en Alcalá de Henares, donde se encuentra el libro general de entrada de correspondencia del Gobierno Civil de A Coruña. En ese registro quedaron reflejadas las comunicaciones que el ascendido a gobernador y delegado de Orden Pública, Florentino González-Vallés, mantuvo durante meses para intentar "incautar" el dinero.

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La Xunta financia un proyecto para "potenciar" la caza entre menores de 30 años

La edad mínima para participar en una batida de caza con armas es de 16 años, según la ley vigente. En los últimos años la concesión de licencias a personas menores de edad que ya han superado ese umbral ha experimentado en Galicia un gran ascenso: de apenas 7 nuevas licencias al año en 2014 a casi 100 en el pasado 2016, según datos oficiales de la Consellería de Medio Ambiente. Mientras organizaciones que promueven esta práctica reclaman rebajar la edad mínima para cazar y colectivos ambientalistas y parte de la oposición parlamentaria piden elevarla el departamento que dirige Beatriz Mato acaba de renovar su colaboración económica con la Federación Galega de Caza para promoverla entre la población menor de 30 años.

En una reunión celebrada el pasado día 13 la titular de Medio Ambiente, también líder del PP local de A Coruña, y la directora general de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, se sentaron a la misma mesa que el presidente de esta Federación, Javier Nogueira, para formalizar la "reedición del acuerdo de cooperación" que, con la forma jurídica de convenio, supone la financiación pública de una "jornada divulgativa orientada a menores de 30 años para que conozcan esta actividad como un deporte saludable y sostenible". Se trata, dice la Consellería, de "fomentar entre los más jóvenes los valores medioambientales asociados" a la caza, como "el respeto y el cuidado del patrimonio natural".

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