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David Lombao

David Lombao nació en Lugo en 1985. Estudió Periodismo en la Universidad de Santiago y fue en Compostela donde comenzó a ejercer el oficio en los informativos de Radio Galicia-Cadena SER. Su trayectoria continuó vinculada a la información y a la radio en Radio Voz, etapa en la que colaboró también con el suplemento literario de Tempos Novos.

En 2008 formó parte del equipo de Xornal de Galicia, centrado en la crónica parlamentaria, en el seguimiento del Gobierno gallego y la actividad de los partidos. Interesado en la relación del periodismo con Internet, participó también en iniciativas individuales y colectivas en el mundo de los blogs y forma parte de la redacción de Praza Pública desde el nacimiento del periódico.

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Investigan al jefe de personal de la Diputación de Ourense en una operación contra el fraude en cursos de formación

Nueva operación contra un presunto fraude en cursos de formación y nuevo foco judicial sobre la Diputación de Ourense. La Policía ha detenido en los dos últimos días en Ourense a cinco personas y ha citado como "investigadas no detenidas" -antigua imputación policial- a otras dos como presuntas integrantes de un fraude en cursos de formación de diferentes Administraciones públicas que llegó a obtener, según la investigación, más de medio millón en subvenciones de la Xunta, del Ayuntamiento y de la Diputación de Ourense e incluso de la UE entre los años 2005 y 2012. Uno de los investigados es el jefe de personal de la entidad provincial ourensana, José Luis Suárez, también alcalde del Ayuntamiento de Monterrei por el PP.

El origen de esta operación, en la que se investigan delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales, estafa, cohecho, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social y la Administración Pública, se remonta a una denuncia presentada ante la Policía en 2015. Este primer movimiento "destapó una trama ideada por el responsable" del ourensano Centro de Estudios San Pablo -una academia privada actualmente cerrada- para la "obtención fraudulenta" de las subvenciones "mediante falsedades y engaños". El detenido contaría con la colaboración "activa" de su esposa, funcionaria de la Xunta cuyo "cargo de responsabilidad" le permitía "tener acceso a un sello de compulsa personal" con el que hacer pasar por "válidos" diversos "documentos falsificados". Ambos fueron detenidos y han quedado en libertad tras prestar declaración ante el juez.

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El banco malo se niega a informar al Parlamento gallego sobre el 'ladrillo tóxico' que rescató en Novacaixagalicia

Primer torpedeo al reinicio de la investigación sobre la fusión y quiebra de las antiguas grandes cajas de ahorro gallegas. Desde el pasado enero los grupos del Parlamento de Galicia trabajan de nuevo en la comisión de investigación sobre la desaparecida Novacaixagalicia, que tras tres años de parálisis ha reabierto con los límites determinados por el PP, que busca  un cierre rápido. Entre las escasas concesiones de los populares a la ampliación de los trabajos está la incorporación de nueva documentación, pero la aportación de uno de los informes solicitados acaba de ser bloqueada por la entidad estatal que tenía que facilitarlo: la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Esto es, el banco malo participado por el Estado que fue creado para quedarse con el 'ladrillo tóxico' de las entidades rescatadas.

Lo que el Parlamento pidió, concretamente, al banco malo es un "listado" de los "activos traspasados" por NCG Banco durante el proceso de reestructuración. Dicho de otro modo, una lista de las propiedades inmobiliarias sin vender y de los créditos concedidos a ese sector de los que la entidad resultante de la fusión y bancarización de las cajas se tuvo que desprender como parte de las condiciones para acceder a los fondos públicos del rescate. En aquella operación el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectó en Novagalicia algo más de 5.400 millones de euros y, a su vez, el banco transfirió a la Sareb activos considerados tóxicos por importe de 5.096,9 millones de euros.

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El Congreso volverá a debatir la apertura de una investigación sobre el accidente de Angrois

Nuevo intento de que el Congreso de los Diputados abra una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois, en el que fallecieron 80 personas y 144 resultaron heridas al descarrilar en las cercanías de Santiago el tren Alvia en el que viajaban el 23 de julio de 2013. En Marea acaba de registrar en la Cámara Baja una nueva solicitud al respecto que reitera la exigencia de conocer la "verdad" de lo sucedido, como reclaman las víctimas, pero también sobre las "novedades" que, subraya la diputada Alexandra Fernández, han acreditado la "falta de investigación rigurosa" sobre las causas del siniestro.

Acompañada de una representación de la Plataforma Víctimas Alvia 04155 Fernández ha llamado a distinguir las "dos dinámicas" que, resalta, han venido existiendo en torno al accidente de Angrois. Una, "la de la búsqueda de la transparencia", más todavía después de que las autoridades europeas y la Audiencia de A Coruña hayan ratificado que, más allá de la ausencia de una pesquisa política, la investigación técnica oficial sobre el accidente no fue independiente. Otra "dinámica" es "la del bloqueo del Gobierno", que no facilita una investigación y además, recuerda, ha situado al frente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) a un nuevo presidente que avaló la actuación oficial sobre Angrois.

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Feijóo exige al BNG que "deje en paz a Fraga" por recordar la "generosa donación" de Villar Mir a su fundación

La Xunta debe decidir en las próximas semanas si autoriza o no la venta la venta de los embalses de Ferroglobe -antigua Ferroatlántica- en los ríos Xallas y Grande (A Costa da Morte). La multinacional condiciona la puesta en marcha de su nuevo plan industrial a esta venta y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo evita aclarar cuál será la decisión de su Gobierno. Este miércoles ha mantenido la incógnita a preguntas de la oposición, que redobla la presión al respecto por las revelaciones de la Operación Lezo que apuntan a la presunta financiación irregular del PP por parte del grupo Juan Miguel Villar Mir, el empresario y exministro que, recuerda el BNG, aportó una "generosa donación" a la Fundación Manuel Fraga.

"No se esconda en medias mentiras, dé la cara y diga la verdad", retó la portavoz del Bloque, Ana Pontón, ya que "Galicia no está para pagar los favores que el PP deba a Villar Mir". Resulta "evidente", cree, que el que fuera alto cargo en el franquismo "está intentando pasarles una factura" en la que "el concepto es venta ilegal de las centrales del Xallas". "¿Va usted a defender el interés general y decirle al imputado Villar Mir que no acepta sus chantajes?", cuestionó. "Estaría bien -retó Pontón- que nos explicara por qué Villar Mir hace generosas donaciones a la Fundación Fraga" o "por qué" la Xunta "le adjudicó a dedo a gestión de los albergues del camino a OHL" que, "no sé si sabe, forma parte del Grupo Villar Mir".

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Los alcaldes de Santiago y Valladolid llaman a movilizarse contra las restricciones de Rajoy a los ayuntamientos

Dos alcaldes de fuerzas políticas diferentes -y, en diversos ámbitos, abiertamente enfrentadas- compartiendo acto público al margen de lo estrictamente institucional para lanzar una reivindicación común. El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, y su homólogo de Valladolid, el socialista Óscar Puente, se han subido juntos al escenario de una sala de conciertos santiaguesa para, en un encuentro organizado por Compostela Aberta, reivindicar el "margen de maniobra" de los gobiernos municipales. El evento había sido convocado para abordar los procesos de recuperación de servicios privatizados y sus dificultades, aunque se convirtió en una llamada a la movilización municipal frente a las restricciones del Gobierno de España.

Puente, miembro de la plataforma de Pedro Sánchez en las primarias a la secretaría general del PSOE, se presentó irónicamente como "un converso" con respecto a las remunicipalizaciones de servicios "por pura esencia democrática". La "actitud hostil" que se encontró su gobierno para municipalizar el servicio de aguas, que avanza entre recursos judiciales - uno de ellos, planteado por el Estado-, admite, le ha llevado a ser más beligerante en la reivindicación de que "la gestión de los servicios públicos no la pueden decidir las empresas privadas". Cuando tomó el bastón de mando tras cinco mayorías absolutas del PP, ejemplifica, el gobierno vallisoletano incluso desconocía el estado de la red de abastecimiento y saneamiento de la ciudad.

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Feijóo ofrece más dinero de la Xunta a ayuntamientos que renuncien a cobrar parte de sus impuestos

La política gallega está enfocada hacia las elecciones municipales de 2019 desde poco después de los comicios gallegos del pasado septiembre. Así es, al menos, por parte del Gobierno y del partido que lo sustenta. El propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, lanzó simbolicamente tras lograr su tercera mayoría absoluta la ofensiva para intentar recoger todo el poder local posible y enmendar así el muy duro golpe sufrido por el PP gallego en mayo de 2015. En esta ya lanzada precampaña de los conservadores gallegos encajan varias de las iniciativas de la Xunta, que a través del propio presidente y de otros de sus miembros ha venido presentando a los gobiernos locales diferentes del PP, especialmente en las ciudades, como obstáculos para la recuperación económica. El movimiento más reciente pasa por ofrecer más financiación autonómica a los ayuntamientos que previamente renuncien a recaudar parte de sus impuestos.

En su reunión de la pasada semana el Consello da Xunta abordó un informe sobre "medidas para favorecer la implantación y fijación de empresas en Galicia". Horas antes de la celebración de la Comisión Galega de Cooperación Local, que junta a la Xunta con ayuntamientos y diputaciones, el Ejecutivo gallego desvelaba que su plan pasa por proponer que los ayuntamientos se "adhieran" a un convenio promovido por la Consellería de Economía que los convertirá en Concellos Doing Business en Galicia. Integrarse en esta red, dice el Gobierno, permitirá "tener prioridad en diferentes órdenes de ayudas", como las dirigidas a "parques empresariales, viveros industriales" o "eficiencia energética" o disponer de servicios adicionales para captar inversiones personales.

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Archivada la causa contra cargos del PP por llevar a votar a ancianos con las facultades intelectuales afectadas

Hubo "carretaxe" - acarreo, en su traducción literal al castellano- de cargos del PP de Lugo a personas ancianas con problemas de demencia para llevarlas a votar en las elecciones gallegas de 2012, pero no encaja en los delitos tipificados en la ley electoral. Es la conclusión a la que acaba de llegar la Audiencia Provincial lucense para dictaminar el archivo de la causa contra el exlíder del partido en la provincia, José Luis Iravedra, y otros tres miembros de la formación por el traslado a un colegio electoral de residentes del asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados que, según informes del Instituto de Medicina Legal de Galicia, "carecían de capacidad para comprender y decidir el sentido de su voto" a causa de "padecimientos" como demencia senil" o alzhéimer.

En un auto datado en el pasado 11 de abril, a cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es, la sección segunda de la Audiencia Provincial ha decidido, con la oposición de una de las magistradas que la forma, cerrar la causa que comenzó con una denuncia de AGE en aquella jornada electoral y continuó con Esquerda Unida, miembro de aquella coalición, como acusación popular. La Audiencia no pone en entredicho que la carretaxe se haya producido e incluso concuerda en el "reproche ético y social que merecen hechos" como estos, pero considera que no son "constitutivos de ninguna de las infracciones penales a las que se refirieron" la acusación y la jueza que el pasado junio consideró oportuno cerrar la instrucción y enviar el caso a juicio.

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El exdelegado de Feijóo en Ourense será juzgado por malversación, fraude y falsedad

A juicio tras más de una década de instrucción y casi veinte años después de los hechos. El exdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, tendrá finalmente que sentarse en el banquillo de los acusados para responder de presuntos delitos de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad en documento público en su etapa como alcalde de A Arnoia por el PP. Concretamente, cuando a principios de siglo ocupaba, como regidor, la presidencia del grupo de acción local Ceivam. Los hechos que ahora serán finalmente enjuiciados se remontan al otoño de 1999, cuando el empresario Gumersindo Álvarez, procesado junto al político del PP, pidió a Ceivam una subvención para construir una planta de biomasa en A Arnoia en el marco del programa sufragado con fondos de la UE Leader II. Álvarez presentaba un presupuesto de algo menos de 80.000 euros -entonces, 13 millones de pesetas- y solicitaba una subvención por la mitad del importe. Los trabajos y la maquinaria necesaria para la planta fueron certificados por el director de la obra, indica la acusación popular, ejercida por la Asociación para o Progreso do Ribeiro, ligada al PSdeG local. Aquella obra, según defiende la acusación, nunca llegó a realizarse. Por el contrario, lo que sí se ejecutó fue "la reconstrucción de un galpón" -una pequeña construcción rural, utilizada generalmente para guardar maquinaria- en una finca del mismo municipio "que previamente había sido adquirida por el Ayuntamiento" dirigido por Martínez, "que también conocía que no se había adquirido la maquinaria". La planta de biomasa, entonces, no llegó a funcionar en los términos en que había sido solicitada la ayuda, pero el exdelegado del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo certificó la obra y el pago de la subvención e hizo lo mismo, aseguran, en otras solicitudes. Tras un largo proceso de dilaciones, archivos y reaperturas del procedimiento el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Ribadavia acabade decretar la apertura de juicio a Martínez y al resto de presuntos implicados en el caso. El político popular tendrá, además, que abonar una fianza de de 54.200 euros de manera solidaria con otros dos acusados para "asegurar" el cumplimiento de las sanciones que puedan tener que afrontar si son condenados.

Se aproxima así a su final un caso que comenzó en 2006, con una denuncia del BNG en un momento en el que la Agencia para el Desarrollo Rural de Galicia (Agader) comenzó a investigar las denuncias, en tiempos del bipartito de PSdeG y Bloque en la Xunta. Los ediles socialistas que han mantenido la acusación hasta ahora consideran este caso todo un "símbolo" de "numerosos atropellos y abusos en la gestión de los fondos públicos", con Martínez cómo "máximo responsable". Rogelio Martínez fue nombrado delegado de la Xunta en 2009, tras elretorno del PP al poder y cuando ya estaba imputado en este caso. Tras seis años en los que fue considerado el hombre de la dirección del PPdeG en la provincia de Ourense, a modo de contrapeso a la familia Baltar, fue destituido en octubre de 2015, en el marco de la  ola de cambios en el seno del Gobierno gallego que el PP decidió tras el golpe electoral de las elecciones municipales de ese año. No obstante, poco después de ser destituido Martínez aseguró que el motivo del relevo no era otro que la "renovación", ya que el proceso judicial en el que está inmerso no era más que un "esperpento".

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La principal autopista gallega exige subir los peajes tras declarar 45 millones de beneficios

La crisis ya ha terminado para Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española S.A. (Audasa), si es que la ha padecido como tal en algún momento. Tras resentirse levemente durante los peores años de las dificultades económicas el negocio de la concesionaria de la Autopista del Atlántico (AP-9), que articula toda la fachada atlántica gallega desde Ferrol a Tui, ya vuelve a avanzar con plenitud en sus sus principales indicadores: ingresa más, gana más y gasta menos en personal.

Sus cuentas de 2016, que acaba de registrar en la CNMV, reflejan unos beneficios después de impuestos de 45,05 millones de euros -casi 490.000 euros más que en 2015- distribuidos "íntegramente" entre los accionistas de la compañía y recogen también un anuncio: el de una demanda contra el Ministerio de Fomento para exigir un incremento de los peajes.

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La Audiencia de A Coruña reitera que la investigación oficial del accidente de Angrois no fue independiente

No ha existido una investigación técnica independiente sobre lo sucedido en el accidente de Angrois, en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas al desacarrilar el tren Alvia en las cercanías de Santiago el 24 de julio de 2013. Así lo expresó la Audiencia Provincial de A Coruña cuando, en mayo de 2016, rectificó al juez instructor y ordenó reabrir la investigación sobre el siniestro, en el mismo sentido lo ratificó la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) en julio del mismo año y en un tono idéntico lo acaba de reiterar la propia Audiencia coruñesa. Las pesquisas oficiales sobre el accidente, realizadas por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento no fueron independientes.

La Audiencia coruñesa acaba de notificar un auto que, datado en el pasado 31 de marzo, resuelve varios recursos interpuestos en la instrucción por, entre otras, la Plataforma Víctimas Alvia 04155, la asociación de personas afectadas por el accidente APAFAS y el abogado del maquinista del tren. Según consta en el auto a cuyo contenido ha cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es, los recursos se referían a aspectos como la petición de relevo de varios peritos de la investigación -con mención explícita a un peritaje plagiado, aspecto sobre el que la Audiencia no se pronuncia- y su relevo por técnicos de la ERA y también, en el caso de la plataforma de víctimas, a la retirada de la investigación de la CIAF, precisamente por no ser independiente.

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