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David Lombao

David Lombao nació en Lugo en 1985. Estudió Periodismo en la Universidad de Santiago y fue en Compostela donde comenzó a ejercer el oficio en los informativos de Radio Galicia-Cadena SER. Su trayectoria continuó vinculada a la información y a la radio en Radio Voz, etapa en la que colaboró también con el suplemento literario de Tempos Novos.

En 2008 formó parte del equipo de Xornal de Galicia, centrado en la crónica parlamentaria, en el seguimiento del Gobierno gallego y la actividad de los partidos. Interesado en la relación del periodismo con Internet, participó también en iniciativas individuales y colectivas en el mundo de los blogs y forma parte de la redacción de Praza Pública desde el nacimiento del periódico.

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La superficie de eucalipto se ha disparado un 65% en Galicia desde comienzos de siglo

En 1992 el Gobierno gallego aprobó entre un notable consenso político el Plan Forestal de Galicia (PFG), un documento aún vigente que trazaba la las principales líneas de planificación del monte gallego para los siguientes 40 años, hasta 2032. La promoción de la industria maderera y la prevención de los incendios forestales eran dos de los aspectos principales de un proyecto sobre el que ahora se vuelven a posar muchas miradas. Su inminente revisión - proceso en marcha desde 2015-, la prórroga a la permanencia de ENCE en la ría de Pontevedra hasta 2073 y también los incendios devuelven el documento a un debate que tiene la expansión del eucalipto por Galicia como uno de sus elementos principales. No en vano, la superficie prevista para esta especie en el PFG ya se ha superado ampliamente y tan solo en lo que va de siglo su extensión se ha disparado un 65%.

Aquel plan se elaboró sobre fuentes como el Mapa Forestal de Galicia de 1986, que reflejaba un monte en el que el pino del país -o "pino bravo"- era la especie más abundante , con 291.985 hectáreas sobre un total de algo menos de 980.000. Mientras, el eucalipto ocupaba entonces unas 36.400 hectáreas en masas puras y otras 185.000 mezclado con otras especies. A partir de un modelo con diversas variables el mapa fijaba también un objetivo de futuro: en 2032 el pino del país rondaría las 334.000 hectáreas, un 14% más, mientras que el eucalipto avanzaría hasta el entorno de las 245.000.

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El juez del accidente de Angrois pregunta a la UE si el análisis de riesgo que Adif no hizo era obligatorio

Las autoridades europeas siguen ganando peso en el esclarecimiento del accidente de Angrois, también en su vertiente judicial. Un año después de que la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) criticara en un duro informe la investigación oficial del Ministerio de Fomento sobre el accidente del Alvia y certificara, como ya había hecho la Audiencia de A Coruña, que esa investigación no fue independiente, el juez instructor del caso, Andrés Lago Louro, ha acogido la oferta realizada el pasado enero por la institución comunitaria y le pide que le ratifique si era obligatorio realizar una evaluación integral de riesgos en la línea en la que murieron 80 personas y otras 144 resultaron heridas en Santiago de Copmostela en julio de 2013.

En un auto dictado este 26 de junio, a cuyo ha tenido acceso este diario, el juez instructor descarta las peticiones de sobreseimiento que habían formulado tanto la empresa pública Adif como su exjefe de seguridad, Andrés Cortabitarte, imputado por presuntos delitos de homicidio imprudente y lesiones. Mientras la Audiencia coruñesa resuelve sobre los recursos contra esa imputación el magistrado cree que las diligencias pueden seguir avanzando en lo referido a "recabar informe" de la Agencia Europea y ayudar así a resolver las "discrepancias" con relación a la evaluación de riesgos manifestadas por los peritos - el independiente sí la consideró necesaria-.

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La Xunta ve "anticuado" que la oposición le reproche el cierre de camas hospitalarias en verano

Como cada año, el Servizo Galego de Saúde se prepara para cerrar parte de sus camas durante los meses de verano. Según los datos suministrados por el Sergas estos cierres afectarán a "entre el 15% y el 20%" de las camas disponibles, lo que viene a confirmar los augurios de los sindicatos, que esperaban alrededor de 1.000.

Con este telón de fondo el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, ha sido interpelado al respecto por el portavoz socialista en materia sanitaria, Julio Torrado, a quien reprochado que lo cuestione por un asunto "anticuado", además de afearle el número de camas cerradas durante el mandato del gobierno de coalición de PSdeG y BNG (de agosto de 2005 a abril de 2009), cuyos cierres dejaban fuera de servicio en torno a la mitad de camas que los del Gobierno del PP.

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Así se libra la Xunta de informar del impacto en las listas de espera de los cierres de camas en verano

La Xunta hace públicos los datos de las listas de espera quirúrgica y de consultas externas desde junio de 2005, información que comenzó a ser suministrada con regularidad en los meses de transición entre el Gobierno del PP de Manuel Fraga y el de la coalición de PSdeG y BNG. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) acudió con puntualidad cada tres meses a su cita con esta publicación hasta el año 2014, cuando decidió  separar los datos del hospital concertado POVISA, los más elevados, del cómputo general, haciendo imposible compararlos. Al año siguiente, en 2015, comenzó a aplicar un nuevo precepto legal que redujo a la mitad la información sobre las esperas en la sanidad pública y libra a la Xunta de hacer público el impacto de los cierres estivales de camas, un opaco procedimiento que en este 2017 se aplicará por tercer verano consecutivo.

La información trimestral de la lista de espera quirúrgica provocaba que en torno al mes de octubre de cada año el Sergas ofreciera los resultados del tercer trimestre del año, datados en el 30 de septiembre. Esa publicación disparaba en todos los casos el dato medio de espera para operarse en los hospitales públicos, ya que era producto de la reducción de actividad de los meses de verano. Así, por ejemplo, el primer dato correspondiente al tercer trimestre, en 2005, reflejó la espera media más alta de toda la serie, 137 días. En los nueve años en que fue revelado nunca descendió de los 90 días; los datos más bajos se registraron entre 2008 y 2009 (92 días) y en 2010 (90,7) y los últimos conocidos, 2012 y 2013, se acercaban a los 99 días de espera.

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La familia de Franco solo pagará hasta 6.000 euros por impedir visitas al Pazo de Meirás

Continuar la tendencia familiar a pasar por encima del marco legal vigente seguirá saliendo barato a la familia de Francisco Franco. Los herederos del dictador siguen disfrutando del Pazo de Meirás como residencia privada  casi 80 años después de su incautación e ignoran recurrentemente los escasos deberes que impone su condición de bien de interés cultural (BIC), fundamentalmente en lo referido a la obligación de abrirlo al público un mínimo de cuatro días al mes. Pocos después de que una delegación del Parlamento de Galicia haya constatado en el histórico edificio que, cuando se producen, las visitas al público "omiten" el relato histórico ligado a la dictadura, la Xunta acaba de confirmar que la sanción a la que se enfrentan los Franco por obstaculizar la apertura tendrá un impacto irrelevante en su saneada economía: un máximo de 6.000 euros.

Al hilo de las trabas más recientes a las visitas, el pasado febrero, PSdeG y BNG formularon sendas preguntas al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo con respecto a su "valoración" sobre el cumplimiento de la ley en Meirás, así como sobre las medidas que tiene previstas para garantizar, al menos, el acceso del público en los términos que marca la normativa. La respuesta a ambos cuestionamentos llegó la pasada semana a la Cámara y en ella la Dirección General de Patrimonio Cultural explica que, tras recibir "tres denuncias con carácter formal" y "algunas otras por medios de público y notorio conocimiento", ya "realizó gestiones previas para acreditar los hechos denunciados".

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El BNG pide el cese del fiscal jefe de Ourense por "perseguir a la víctima" que denunció a Baltar

El intento del fiscal Florentino Delgado para sentar en el banquillo de la acusación a la mujer que denunció a José Manuel Baltar, presidente de la Diputación y del PP de Ourense por un supuesto ofrecimiento de empleo a cambio de sexo es para el BNG un acto de "gravedad extrema" que hace necesario que sea "apartado de su cargo". El jefe del Ministerio Público en Ourense está participando, a juicio de la diputada ourensana Noa Presas, en una "persecución política" contra la denunciante.

La también responsable de Acción Feminista del BNG ve en el recurso de apelación formulado por el fiscal "un escándalo". "Contribuye -afirma a través de un comunicado- a poner más en entredicho a una justicia que persigue las víctimas de la violencia machista en lugar de protegerlas".

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El fiscal de Ourense pide juzgar a la mujer que acusó a Baltar de ofrecerle empleo a cambio de sexo

El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, ha decidido recurrir el auto por el que la jueza Eva Armesto decretó el sobreseimiento de la investigación contra el presidente de la Diputación y del PP provincial, José Manuel Baltar, por un presunto ofrecimiento de empleo a cambio de sexo. No lo ha hecho para pedir que el político del PP siga siendo investigado, sino para reclamar que la mujer que le denunció se siente en el banquillo de los acusados.

Según el recurso de apelación presentado el pasado día 1 y al que ha tenido acceso eldiario.es, el Ministerio Público argumenta que la denunciante "presionó" tanto al líder de los conservadores ourensanos como a su padre, José Luis Baltar -titular de la Diputación en el momento de los hechos- para "realizar un acto ilegal". "Si bien -resuelve- no realizaron ninguna actuación tendente a la consecución del deseo de la investigada.

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La Xunta pregunta a empresas privadas cuánto cuesta el salvamento que prestaba con los helicópteros que vendió

En el año 2014 el Consello de Contas, que fiscaliza las finanzas de la Xunta, emitió un crítico informe sobre la operación en la que la Xunta había vendido en 2012 los dos helicópteros de salvamento marítimo de los que disponía por 13,5 millones de euros -la mitad del que habían costado en 2005- a cambio de que la empresa adjudicataria de su gestión, Inaer, operara con ellos durante cinco años más. Según el ente fiscalizador el Gobierno de Feijóo no hizo "ningún estudio" sobre la "repercusión" de esta venta de patrimonio público, amparada entonces en una apuesta por rebajar costes de mantenimiento. Una de esas repercusiones no valoradas está ya ante la Xunta: aquel contrato de cinco años está a punto de finalizar y, a pesar de haber puesto sobre la mesa 40 millones de euros para un período de hasta seis años, no encuentra empresa para volver a adjudicarlo. Tras fracasar en el primero intento la Consellería del Mar lanza ahora una consulta dirigida a las empresas del sector para conocer el "coste real" del servicio e intentar acertar a la segunda.

A la primera convocatoria del concurso se presentó una única empresa. No fue Inaer -actualmente propiedad de la multinacional británica Babcock-, sino la pequeña compañía ferrolana Seprogal. Según la documentación de la licitación, esta empresa no cumplió los requisitos de "capacidad, solvencia y habilitación" y por eso el departamento de Rosa Quintana tuvo que dejarla desierta. Al día siguiente, el pasado 9 de junio, la Consellería se acogió a la disposición de una directiva de la UE de 2014 sobre contratación pública que da a las Administraciones la posibilidad de realizar "consultas de mercado" para "preparar" una contratación "antes de iniciar" el procedimiento y también "informar" a las empresas del sector "sobre sus planes".

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La Xunta no encuentra empresa para el servicio de salvamento tras vender sus propios helicópteros

A finales de 2012, en plena crisis económica, la Xunta culminaba una controvertida operación. Acababa de vender los dos helicópteros de salvamento marítimo de los que disponía a la empresa Inaer, el gigante del sector que ya los había gestionado anteriormente, a cambio de que operara con ellos durante cinco años. Esa media década ya ha transcurrido y el pasado abril la Consellería do Mar lanzó un nuevo concurso para renovar el servicio, esto es, para contratar una empresa que realice estas labores, ya sea con los helicópteros que antes eran públicos o con otros. El Gobierno gallego puso sobre la mesa para esta operación 40 millones de euros pero, sin embargo, acaba de certificar que no ha sido capaz de encontrar una compañía que se haga cargo del contrato.

Este jueves, 8 de junio, la mesa de contratación encargada de tramitar este procedimiento se reunió para abordar la única oferta que se había presentado. No se trataba en este caso de Inaer, propiedad actualmente de la multinacional británica Babcock, sino de una compañía de mucha menor dimensión, Seprogal, con sede en Ferrol. Según la resolución firmada por la secretaria general de la Consellería, Isabel Concheiro, "una vez comprobada la documentación de capacidad, solvencia y habilitación", esta empresa no se ajusta a los requisitos exigidos. Así, corresponde declarar desierto el concurso, una resolución formal que la empresa excluida podría optar por recurrir ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

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Feijóo acusa a ayuntamientos de las mareas de no aprobar presupuestos que ya están en vigor

La larga precampaña municipal lanzada por la dirección del PP gallego para intentar recuperar la mayor cuota posible del poder perdido en 2015 y, muy especialmente, optar a los bastones de mando en las ciudades, tiene su maquinaria a pleno rendimiento desde hace meses. En el caso del poder urbano y, concretamente, de las ciudades gobernadas por las mareas, la ofensiva preelectoral de los conservadores tiene una vertiente local y otra, en la estrategia de la dirección gallega del partido, con Alberto Núñez Feijóo al frente. En este contexto, el presidente de la Xunta suele impregnar sus intervenciones en la sesión de control parlamentaria de críticas a estos ayuntamientos. Este miércoles Feijóo ha repetido y lo ha hecho para reprochar a estos gobiernos ser "incapaces" de sacar adelante sus presupuestos, aunque A Coruña y Santiago ya los tienen en vigor.

La acusación del presidente llegó como réplica a la pregunta del portavoz de En Marea, Luís Villares, que lo instó aclarar si, a la luz de las cifras de los Presupuestos Generales del Estado, mantiene como en campaña que "Galicia es una prioridad para Rajoy". Tras acusar a Villares de "confundir y manipular" porque "el rigor ya lo ha abandonado" el jefe de filas del PPdeG consideró que el parlamentario de En Marea carece de legitimidad para lanzar críticas sobre presupuestos, precisamente por las cuentas de las ciudades. "Llevan gobernando en las ciudades gallegas y son incapaces de aprobar los presupuestos", proclamó. "Lo que están haciendo en Ferrol es de aurora boreal" y "en A Coruña -agregó- es para aprender".

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