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David Lombao

David Lombao nació en Lugo en 1985. Estudió Periodismo en la Universidad de Santiago y fue en Compostela donde comenzó a ejercer el oficio en los informativos de Radio Galicia-Cadena SER. Su trayectoria continuó vinculada a la información y a la radio en Radio Voz, etapa en la que colaboró también con el suplemento literario de Tempos Novos.

En 2008 formó parte del equipo de Xornal de Galicia, centrado en la crónica parlamentaria, en el seguimiento del Gobierno gallego y la actividad de los partidos. Interesado en la relación del periodismo con Internet, participó también en iniciativas individuales y colectivas en el mundo de los blogs y forma parte de la redacción de Praza Pública desde el nacimiento del periódico.

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La Eurocámara pide a la Comisión Europea una investigación del accidente del Alvia porque España no la hace

La gestión de las autoridades españolas en el accidente del Alvia en Santiago de Compostela vuelve a quedar en evidencia ante Europa. La Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha intervenido este martes ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar los "incumplimientos de la normativa" europea de seguridad ferroviaria que, a su juicio, provocó el siniestro en el que en julio de 2013 fallecieron 80 personas en la compostelana curva de Angrois, pero para también para exigir una investigación "independiente" de lo sucedido. "Confiamos en el Parlamento Europeo para obtener la verdad", proclamaron. Y la Eurocámara ha atendido su demanda hasta donde llegan sus competencias: instará formalmente a la Comisión Europea, el 'gobierno' de la UE, a impulsar la investigación independiente que España no desarrolló.

Tras escuchar a las víctimas, representadas por Jesús Dóminguez y Teresa Gómez-Limón, y las intervenciones de los grupos parlamentarios la presidenta de la Comisión de Peticiones, la liberal sueca Cecilia Wikström, ha dicho ver claro lo que la propia Agencia Ferroviaria Europea, también representada en la sesión, constató en un informe hecho público el pasado verano: "El deber de investigar el accidente no se cumplió de manera adecuada" y por eso el Parlamento debe pedirle a la Comisión Europea que realice una "investigación independiente" y lo haga lo más "rápido" posible. El ejecutivo que dirige Jean-Claude Juncker, añade Wikström, tiene el "deber" de "tomarse este tema en serio" y "volver" a la Eurocámara "con una investigación independiente".

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El PP busca un cierre rápido de la investigación sobre las cajas gallegas y vetará nuevas comparecencias

Este lunes, tres años y casi cuatro meses después de su última reunión, la comisión parlamentaria de investigación sobre el fracaso de la fusión de Caixanova y Caixagalicia, la gestión de Novacaixagalicia y las indemnizaciones millonarias de sus exdirectivos se ha vuelto a reunir. Tras permanecer congelada mientras Galicia transitaba por hasta cinco procesos electorales el órgano parlamentario se reabre, pero para cerrar lo antes posible. Se hace en los términos aprobados el pasado noviembre y justo después de que el encarcelamiento de cinco antiguos responsables de la entidad fusionada haya devuelto al primer plano de la actualidad los años en que el Gobierno gallego impulsó la unión de las entidades. La orden de la Audiencia Nacional provoca que la oposición exija más documentación, pero también nuevas comparecencias que el PP se dispone a vetar.

El objeto de la comisión, aprobada según lo estipulado por los populares, es "finalizar los trabajos realizados" en la anterior legislatura, resalta la formación conservadora, y eso es justamente lo que se hará. En la línea de lo ya indicado por el Gobierno a través del conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, el portavoz Pedro Puy cree que las comparecencias desarrolladas en 2013 son suficientes para que el Parlamento pueda llegar a una "explicación" de lo que "pasó". Como mucho, el PP está dispuesto a que antes de la elaboración de las conclusiones sean incorporados a la comisión documentos como los relativos a las ventas presuntamente opacas de pisos por parte de la familia de José Luis Méndez, antiguo director general de Caixa Galicia, así como las sentencias judiciales de los exdirectivos. Y nada más. No se van a investigar "cosas nuevas", sintetiza.

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Feijóo admite que impulsó la fusión de las cajas gallegas sabiendo que estaban en quiebra

Caixa Galicia era "insolvente" y Caixanova tenía "serios problemas de viabilidad". Es el resumen que la Audiencia Nacional realizó del estado de las cajas gallegas justo antes de su fusión en la sentencia que ha acabado por llevar a la cárcel a varios antiguos directivos de Novacaixagalicia, la entidad surgida de esta unión. La "situación calamitosa" descrita por los magistrados dista mucho del futuro de "solvencia y galleguidad" que el Gobierno gallego auguró, con Alberto Núñez Feijóo al frente, durante los años en que impulsó la fusión. Un período en el que el propio Feijóo admite ahora que, en realidad, era consciente de tener ante sí a dos cajas en situación de "prequiebra".

El papel del dirigente popular en aquellos años como principal padrino político de la malograda fusión ha regresado al primer plano con el encarcelamiento de los exdirectivos pero ahora Feijóo ofrece una versión distinta de los hechos. Al ser cuestionado al respecto en una entrevista en Antena 3 ha explicado que cuando tomó posesión de su cargo, en abril de 2009, "las dos entidades estaban en una situación de colapso, prácticamente en prequiebra" y "nadie me había informado previamente", algo que también le había sucedido "al anterior presidente", el socialista Emilio Pérez Touriño.

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Feijóo apadrinó la única fusión de cajas que ha acabado con sus directivos en prisión

"Las decisiones sobe posibles fusiones de las cajas de ahorro deben estar condicionadas, ante todo, por criterios técnicos y profesionales, decididos por órganos de gobierno independientes" con criterios como "la mejora de la eficacia en la gestión". El programa electoral con el que Alberto Núñez Feijóo llegó a la Presidencia de la Xunta en la primavera de 2009 prometía abordar el futuro de las grandes cajas de ahorro gallegas con una reforma legal que reforzase su "independencia" y "compromiso social". Sin embargo, apenas medio año después el jefe del Ejecutivo gallego ya se había situado como padrino político de la unión de Caixanova, la gran caja del sur con sede en Vigo, y Caixa Galicia, la coruñesa con influencia en todo el norte, una fusión "solvente y gallega" de la que esta semana se ha escrito el hasta ahora último y más sonado capítulo: la entrada en la cárcel de parte de los directivos que la protagonizaron por unas indemnizaciones que, según la Audiencia Nacional y el Supremo, fueron tan millonarias como irregulares.

" Solvencia e galeguidade [solvencia y galleguidad]" fue uno de los eslóganes más repetidos por el entonces ascendente barón del PP gallego en su primer año en el poder. Lo lanzó cuando en noviembre de 2009 sentó a la misma mesa a los intocables señores de las cajas: Julio Fernández Gayoso, presidente de Caixanova, y José Luis Méndez, director general de Caixa Galicia, para ofrecerse a "mediar" en la fusión de sus entidades, públicas de derecho pero administradas como privadas de hecho durante décadas. "Solvencia e galeguidade" repitió cuando citó a los líderes de PSdeG y BNG para contarles que su Gobierno encargaría una auditoría para dar rigor técnico a la fusión "equilibrada y paritaria".

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La Audiencia envía a prisión a los exdirectivos de Novacaixagalicia condenados por sus indemnizaciones

Los exdirectivos de Novacaixagalicia, a la cárcel por sus indemnizaciones millonarias. Cuando todo parecía indicar que los antiguos responsables de la entidad resultante de fusionar Caixa Galicia y Caixanova se librarían de cumplir la sentencia de dos años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional y criticada por el Tribunal Supremo,  que la consideró "exigua" al ratificarla, la propia Audiencia ha rechazado la suspensión de la condena y ha dictado una orden de detención e ingreso en prisión, según confirman fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es.

Pese a haber sido condenados a dos años -pena que suele suspenderse en ausencia de antecedentes penales- en este caso la Audiencia Nacional considera que la gravedad de la actuación de los exdirectivos en medio de un proceso que acabó con la desaparición de las cajas y el rescate de lo que quedaba de ellas por más de 9.000 millones de dinero público empuja a que la condena se cumpla de manera efectiva.

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La Xunta reduce un 62% las ayudas para la luz tras no llegar a las familias ocho de cada diez euros en 2016

Un 62% menos un año después de incrementar el presupuesto un 40% y no conseguir destinar a ayudas a las familias ocho de cada diez euros previstos. La Consellería de Economía de la Xunta acaba de poner en marcha la convocatoria para 2017 de su tícket eléctrico, la aportación económica a los hogares con pocos recursos económicos que equivale a, aproximadamente, una factura y media al año. En el año 2016 estas ayudas estuvieron dotadas con 2,1 millones de euros, 600.000 más que en 2015. No obstante, como ha informado eldiario.es, apenas el 20% del presupuesto de estos subsidios, 433.200 euros, acabaron pagando recibos de la luz de las familias.

Mientras, casi el doble, 830.000 euros, fueron trasvasados a otros gastos de la Administración y otro tanto se quedó sin asignar, según los datos presupuestarios del propio Gobierno datados a finales del pasado noviembre. En esta ocasión la dotación total es de 793.115 euros, en la línea de lo avanzado por el proyecto de Presupuestos Generales de 2017.

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Encierro en una iglesia de Vigo en solidaridad con el vecino al que un policía pide enviar a la cárcel

El domingo es fecha señalada para cualquier parroquia y también lo era este en la de Cristo da Vitoria, en el barrio vigués de Coia, pero no por la celebración eucarística. El espacio del altar se ha vuelto a llenar de miembros del vecindario para apoyar a Diego Lores, el vecino y activista que el próximo martes tendrá que responder en un juicio por la acusación de "atentado a la autoridad" que mantiene contra él un agente de la Policía Local de la ciudad que en diciembre de 2014 custodiaba las obras de instalación de un barco decorativo en una rotonda del barrio.

La Asamblea Abierta de Coia y el conjunto de la comunidad parroquial sostienen que la acusación que impulsa el policía contra el criterio de la Fiscalía simplemente no existió y por eso apela, por boca del párroco, el padre Juan Torrón, a la "conciencia" del agente para que, como "ser humano", ponga fin al proceso. Para que deje de solicitar 3 años y medio de cárcel y una compensación de responsabilidad civil de 30.355 euros antes del propio juicio.

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Feijóo desempolva su argumentario contra las mayorías sin el PP, partido "garantía de democracia"

En marzo del pasado año, en vísperas del primer aniversario de las últimas elecciones municipales, Alberto Núñez Feijóo explicó en una entrevista televisiva que tras aquellos comicios locales su partido había ofrecido al PSOE hacerse con la alcaldía de Santiago "con los votos del PP". Los 9 ediles conservadores y los 4 socialistas habrían sumado mayoría absoluta y habrían impedido el gobierno de Compostela Aberta, primera fuerza del pleno municipal con 10 asientos.

En los meses siguientes la política gallega estuvo marcada por dos elecciones, las generales repetidas y las gallegas, campañas en las que Feijóo reiteró los riesgos y a, a su juicio, escasa legitimidad de los gobiernos apoyados en mayorías parlamentarias que no incluyan a la fuerza más votada, dando por supuesto que esta es en todo caso el PP, como actualmente sucede en Galicia y España. Tras el triunfo del 25S el presidente de la Xunta dejó aparcado un argumentario que ahora, en vísperas del congreso estatal de su partido, desempolva para presentar a la formación como la verdadera "garantía de democracia".

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La Xunta trasvasó el 40% de fondos para ayudar a familias a pagar la luz a otros gastos de la Administración

En los Presupuestos para 2016 la Xunta incrementó un 40% la partida destinada a sufragar el "tícket eléctrico", la ayuda para sufragar parte del gasto energético en hogares con pocos recursos equivalente a, aproximadamente, una factura y media al año, que posteriormente fue "complementada" con las "ayudas urgentes" para "evitar los cortes". Con una dotación que ascendió desde los 1,5 millones de euros de 2015 a 2,1 millones, en ese ejercicio la Consellería de Economía publicó la convocatoria de las ayudas, que las familias interesadas tenían que solicitar a través de internet desde mediados de enero hasta finales de julio del pasado año. Una vez finalizado ese plazo las ayudas distribuidas eran muchas menos de las 7.000 que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo había estimado en sus cuentas y el abultado presupuesto comenzó a ser destinado laaotros gastos de la Administración, ajenos a las ayudas para pagar la luz. A finales del pasado noviembre los fondos transferidos superaban ya los 800.000 euros, casi el 40% de lo presupuestado para el tícket.

El primer montante transferido de dinero inicialmente destinado a financiar el tícket eléctrico social fue de poca entidad: 8.950 euros que Economía movió a mediados de septiembre para sufragar el "trabajo técnico" de "elaboración del anteproyecto de uso lúdico de aguas termales", que la Consellería contrata con la Fundación Universidade da Coruña. En ese mismo mes el Consello da Xunta autorizó otro traspaso de mayor cuantía: 125.000 euros de las ayudas para pagar la luz fueron traspasados a la contratación "con carácter urgente" de "estudios e investigaciones relativos a planes y programas de inversión en campañas publicitarias" vinculadas a la "promoción laboral y fomento del empleo". Como avanzó eldiario.es, esa operación fue autorizada por el Consello da Xunta tres días antes de las elecciones autonómica sdel 25 de septiembre, pero el Gobierno no incluyó la decisión en la referencia pública de los acuerdos de esa reunión.

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La Xunta traspasó fondos de ayudas para pagar la luz a familias a un estudio sobre publicidad

A mediados de febrero de 2015, apenas tres meses antes de las elecciones municipales, la Xunta anunció una ampliación de su " tícket eléctrico". Dos días después de que el PP vetara en el Parlamento una iniciativa que pedía impedir los cortes de luz a quienes no pudiesen pagarla el propio Alberto Núñez Feijóo anunció que esta ayuda, equivalente a un recibo y medio de la luz al año, iba a poder tener "hasta 40.000 familias beneficiarias" en vez de las 15.000 inicialmente previstas gracias a una partida de hasta 1,5 millones de euros. En su convocatoria para 2016, dotada con 2,1 millones, el plazo para solicitar el tícket eléctrico se extendió desde mediados de enero hasta finales de julio. Cuando pasó esa fecha las familias destinatarias de la ayuda eran muchas menos de las previstas y el Gobierno de Feijóo destinó parte del dinero a otras finalidades. Una de ellas, un estudio sobre la efectividad de algunas de sus campañas publicitarias. La decisión fue formalizada tres días antes de las elecciones gallegas del 25 de septiembre, pero la Xunta no la divulgó.

Según la información facilitada el pasado diciembre en el Parlamento por el conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, la Xunta "apoyó a cerca de 5.000 hogares a través del tícket eléctrico social", esto es, 35.000 menos de los anunciados. La resolución de concesión de las ayudas al amparo de la convocatoria para 2016, difundida desde la Consellería el pasado 5 de octubre, recoge como admitidas a trámite un total de 761 solicitudes "por un importe total de 148.694 euros". En esta línea, en el penúltimo día de la campaña electoral en la que Feijóo hizo bandera de sus medidas sociales, el 22 de septiembre, el propio presidente le dio el visto bueno a alterar el destino de 125.000 euros inicialmente reservados a estas ayudas, atendiendo así la petición de la Consellería de Economía, que indicó que el cambio "no altera los objetivos de los programas afectados".

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