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David Lombao

David Lombao nació en Lugo en 1985. Estudió Periodismo en la Universidad de Santiago y fue en Compostela donde comenzó a ejercer el oficio en los informativos de Radio Galicia-Cadena SER. Su trayectoria continuó vinculada a la información y a la radio en Radio Voz, etapa en la que colaboró también con el suplemento literario de Tempos Novos.

En 2008 formó parte del equipo de Xornal de Galicia, centrado en la crónica parlamentaria, en el seguimiento del Gobierno gallego y la actividad de los partidos. Interesado en la relación del periodismo con Internet, participó también en iniciativas individuales y colectivas en el mundo de los blogs y forma parte de la redacción de Praza Pública desde el nacimiento del periódico.

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El Supremo sostiene que regalar 800 euros en vinos a políticos no es delito ni compromete su independencia

El Tribunal Supremo establece que regalar botellas de 800 euros a políticos en ejercicio por parte de un empresario imputado en un caso de corrupción es una práctica que no comporta "ilícito penal alguno" y que debe enmarcarse en la "mera cortesía". Lo acaba de poner por escrito la Sala de lo Penal del Alto Tribunal en un auto dictado el pasado 17 de marzo y en el que rechaza la petición de una juez de instrucción de Lugo, Pilar de Lara, para investigar por cohecho impropio al exministro socialista José Blanco y al actual portavoz del PP en el Senado Xosé Manuel Barreiro, así como al compañero de partido de este en la Cámara Alta, José Antonio De las Heras.

En sus razonamientos jurídicos, la Sala del Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, no duda de que estos tres políticos recibieron durante sucesivas navidades del empresario del transporte, Raúl López –propietario de la empresa Monbús, e involucrado en diversos casos de corrupción– varios lotes de vino de lujo, tal y como constató en un prolijo informe el Servicio de Vigilancia Aduanera. Pero el tribunal concluye –aunque Monbus recibiese contratos de distintas administraciones durante la década en que realizó estos regalos a distintos cargos institucionales– que no se puede probar una relación causal entre las concesiones de la empresa y las dádivas que su dueño, Rául López, realizó a diversos dirigentes políticos.

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El Supremo archiva la causa contra Blanco y Barreiro por recibir vinos de un empresario investigado por cohecho

El empresario lucense Raúl López, presidente del grupo de transportes Monbus, agasajó durante una década políticos de todo signo con vinos de alta gama. El principal punto en común entre los dirigentes obsequiados era estar relacionados, en diferentes grados, con Administraciones de todo el Estado que contrataban con sus empresas de transporte. En el marco de la Operación Cóndor, en la que el empresario es investigado por supuestos delitos fiscales, de blanqueo, tráfico de influencias y cohecho, la magistrada de los juzgados de Lugo Pilar de Lara consideró que algunos de los políticos receptores de los regalos, como el presidente de la Xunta, el exministro del PSOE José Blanco o el actual portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, podrían haber cometido también delitos de cohecho. Así lo trasladó, en el caso de Barreiro y Blanco, al Tribunal Supremo -ambos son aforados-, que acaba de archivar al asunto al no apreciar delito alguno.

En un auto dictado el pasado 17 de marzo la sala de lo Penal del Tribunal Supremo analiza la exposición razonada remitida por De Lara, apoyada a su vez en informes de Vigilancia Aduanera, según la cual Blanco, Barreiro y el también senador popular castellano-manchego José Antonio de las Heras, habían recibido envíos de vinos Vega Sicilia que superaban los límites de la "mera cortesía" por tener un importe superior a los 400 euros, en el que la jueza fijó el umbral de la "relevancia penal" de este tipo de conductas. Concretamente, indicaba, en las anotaciones de Monbús figuraban envíos de botellas por algo más de 1.700 euros, y para Barreiro, de más de 1.000.

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El coste anual de los conciertos educativos de la Xunta aumentará casi un 10%

La orden que regirá los conciertos educativos en Galicia hasta el curso 2022-2023 trae también consigo una previsión de incremento del coste de estos colegios para las arcas públicas. Después de que la orden de 2013 redujera en un 7,6% el presupuesto de la de 2009, la del bipartito, y dejara la dotación en 235,5 millones de euros al año - el coste efectivo acabó siendo algo mayor en ambos casos-, el nuevo período traerá consigo un montante anual de unos 258 millones de euros

Entre Infantil, Primaria, ESO, Educación Especial y FP la Xunta prevé un incremento próximo al 10% anual. Será, concretamente del 9,8% con relación a 2013 y del 1,4% con respecto a la orden que dejó aprobada el bipartito de PSdeG y BNG.

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La Xunta elimina la educación en igualdad como criterio preferente para financiar colegios concertados

La controvertida ley educativa del Gobierno de Mariano Rajoy, la LOMCE apodada como Ley Wert, parece estar en proceso de desmontaje. La oposición tramita en el Congreso iniciativas para derogarla y el Ejecutivo intenta frenarlas a través de sus polémicos vetos mientras suaviza algunos de los elementos más rechazados de la norma, como las reválidas. Sin embargo, el grueso de la LOMCE sigue vigente y el sistema educativo gallego está a punto de comprobar otro de sus efectos, que incluso se prolongarán más allá de una eventual derogación de la norma.

Será en la nueva orden de conciertos educativos, con la que los colegios privados podrán acceder a la financiación pública por un período más prolongado y sin que la educación en igualdad de niñas y niños sea un criterio prioritario, al contrario de lo que venía sucediendo hasta ahora.

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La Xunta dejó sin gastar 1,4 millones de las ayudas para pagar la luz de las familias en 2016

El Consello da Xunta del pasado 29 de diciembre, el último del año, aprobó la prórroga de los Presupuestos Generales de 2016, que duró hasta que las cuentas de 2017 terminaron su tramitación en el Parlamento. En aquella misma reunión el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo dio su visto bueno a traspasar los "créditos que se encuentren sin comprometer", esto es, fondos no gastados en los objetivos proyectados, al apartado del presupuesto dedicado a "imprevistos y funciones no clasificadas" para, posteriormente, "reasignarlos" a otros fines. El montante total de aquel trasvase fue de 227,6 millones de euros procedentes de múltiples departamentos gubernamentales, según acaba de comunicar la Xunta al Parlamento, como marca la ley. Entre estos fondos figuraron 1,4 millones de euros no gastados en dos de los planes estrella del Gobierno: los de ayudas a familias sin recursos para pagar recibos de la luz.

Los Presupuestos del pasado año habían reservado un total de 2,7 millones de euros para financiar estas ayudas. La partida más cuantiosa, de 2,1 millones -un 40% más que en 2015-, fue la del "tícket eléctrico", la ayuda para sufragar parte de la factura eléctrica que equivale a, aproximadamente, un recibo y medio al año. Este plan fue "complementado" con las "ayudas urgentes para evitar los cortes", de hasta 200 euros anuales por solicitante y dotadas de un presupuesto de 600.000 euros.

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"Es imposible que se produzca un cambio electoral sin tensión social y política"

El BNG afronta los próximos 25 y 26 de marzo su decimosexta Asamblea Nacional, la que según lo aprobado en la anterior está llamada a culminar la "reformulación" del proyecto de la formación soberanista. En este plenario de la asamblea Ana Pontón (Sarria, 1977), revalidará el liderazgo en una organización que, reitera, tiene ante sí el reto de "fortalecer" su debate de "ideas" para "ser útiles" a Galicia y "mejorar la vida de los gallegos y gallegas". Tras el período más complejo de su historia el Bloque es consciente de que "hay que cambiar algo para que el resultado sea diferente". [ Entrevista realizada originalmente en gallego]

Afrontan una Asamblea Nacional en la que anuncian un "tiempo nuevo" y un BNG "renovado". ¿En qué se va a diferenciar este Bloque del que conocemos ahora?

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La Xunta evita dar a la oposición datos de jubilaciones en las universidades pese a admitir que los tiene

Transparencia parcial. A finales de enero y principios de febrero, ya en pleno debate sobre las políticas de personal de las Administraciones públicas y la convocatoria o no de oposiciones, la diputada del PSdeG Concepción Burgo se dirigió a la Xunta para solicitarle una información muy concreta. A través de una batería de 14 preguntas, dos por campus, la parlamentaria lucense reclamaba conocer "el número de miembros del personal" de las tres universidades gallegas -A Coruña, Santiago y Vigo- "que se jubilaron" cada año entre 2011 y 2016. Burgo pedía relaciones completas de las variaciones de personal docente e investigador (PDI) por "categoría profesional y área de conocimiento" y del personal de administración y servicios (PAS) "con indicación de su categoría profesional".

Esta semana, con un ritmo de contestación más rápido de lo habitual, han llegado al Parlamento las respuestas de la Xunta. En los 14 casos la Consellería de Educación ofrece una explicación de página y media sobre el régimen jurídico de las universidades y los procedimientos generales que regulan su personal. Junto a ella, el Gobierno gallego admite que antes de autorizar cada oferta de empleo universitario maneja datos como los que solicita la socialista. No obstante, en vez de facilitárselos, la invita a buscarlos en los sitios web de las universidades.

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Las víctimas de Angrois ven otra investigación "más necesaria que nunca" tras la imputación del jefe de Adif

"El juez ratifica lo que las víctimas venimos denunciando desde hace tres años y medio". La citación como investigado -antigua imputación del exjefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, como presunto "autor de los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave" en el accidente del Alvia en Santiago de Compostela, en el que fallecieron 80 personas y resultaron heridas otras 144, acaba de acercar a las víctimas del accidente los alientos que han venido perdiendo en el ámbito político. "Hemos denunciado reiteradamente que el fallo humano del maquinista no era la única causa del accidente" y este movimiento judicial "nos viene a dar la razón" y hace "más necesaria que nunca" la apertura de sendas investigaciones política y técnica sobre el accidente, afirman.

Tras conocer el auto del juez Andrés Lago Louro los miembros de la Plataforma Víctimas Alvia 04155 creen que el instructor de la causa, reabierta en mayo de 2016 por orden de la Audiencia de A Coruña, deja "meridianamente clara" la existencia de un "comportamiento negligente e irresponsable" por detrás del siniestro, y que este incluye "a los altos directivos de Adif, perteneciente al Ministerio de Fomento y cuyos altos cargos son nombrados por los propios ministros". Al contrario de lo sostenido en el revocado cierre de la instrucción, subrayan, el maquinista no es el único responsable porque "no se realizó el análisis de riesgos que era preceptivo" antes de poner en servicio la línea o "cuando se produjeron modificaciones significativas" en ella, "como la desconexión del sistema de seguridad que evitaría el accidente", ordenada por el exjefe ahora imputado.

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La Xunta evita prohibir las cuatro corridas de toros que quedan en Galicia

"Es una batalla ganada", una victoria de la que solo se desconoce el momento concreto en que sucederá. Hace casi media década A Coruña acogía una conferencia internacional por la abolición de la tauromaquia en la que los abolicionistas mostraban así su esperanza sobre el fin de las corridas de toros en una de las ciudades que era símbolo de la resistencia de estos espectáculos a desaparecer gracias, fundamentalmente, al apoyo directo o indirecto del dinero público. Cinco años después la retirada de los fondos del Ayuntamiento ha provocado que las corridas de toros coruñesas sean, como en casi toda Galicia, un evento del pasado, un espectáculo residual del que en el último año solo hubo cuatro muestras pero que la Xunta se resiste a prohibir. Tampoco lo hará con la ley de protección de los animales que, tras ser aprobada por el Gobierno gallego como anteproyecto hace más de un año, la Consellería de Medio Ambiente prevé remitir próximamente al Parlamento.

Según la conselleira Beatriz Mato, la previsión del gabinete de Alberto Núñez Feijóo pasa por enviar a la Cámara en el actual período de sesiones -como muy tarde, a principios de verano- el proyecto de Ley de Protección y Bienestar de los Animales de Compañía en Galicia. Como ya había advertido el propio presidente, la norma excluye desde su propio título los espectáculos taurinos, pero también lo hace en el articulado. Así, el artículo 2 del anteproyecto advierte de que ninguno de los preceptos de la nueva norma "será de aplicación a los animales que sean objeto de regulación específica" y cita, "entre otros", a los "animales empleados en cualquier espectáculo taurino, incluidos los encierros".

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La Audiencia tumba el intento de Baltar para apartar a la jueza que le investiga por acoso sexual

No hay caso. La Audiencia Provincial de Ourense acaba de tumbar el intento de José Manuel Baltar y de su padre y antecesor en las presidencias de la Diputación y del PP provincial, José Luis Baltar, para alejar a la jueza Eva Armesto de la causa en la que ambos son investigados -antigua imputación- por presuntos delitos de soborno y tráfico de influencias y, en el caso de Baltar hijo, también acoso sexual por la presunta oferta de un empleo a cambio de sexo revelada en exclusiva por eldiario.es. En un contundente auto dictado este jueves los jueces de la sección segunda de la Audiencia ourensana desestiman la recusación de los Baltar contra la jueza y además los condena a pagar las costas del proceso.

El barón del PP y su padre y antecesor intentan desde hace tiempo paralizar o, al menos, dilatar la investigación contra ellos. Tras no lograr la nulidad del proceso ni la consideración de los presuntos delitos como prescritos ambos han procurado forzar la retirada de la jueza Armesto alegando que la también titular del juzgado de violencia de género manifiesta "enemistad o interés en contra" del presidente de la Diputación o del PP. Las acusaciones, según el abogado de José Manuel Baltar, son "inconsistentes" y tienen una base "ideológica" que provocan que la jueza no sea "imparcial".

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