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David Lombao

David Lombao nació en Lugo en 1985. Estudió Periodismo en la Universidad de Santiago y fue en Compostela donde comenzó a ejercer el oficio en los informativos de Radio Galicia-Cadena SER. Su trayectoria continuó vinculada a la información y a la radio en Radio Voz, etapa en la que colaboró también con el suplemento literario de Tempos Novos.

En 2008 formó parte del equipo de Xornal de Galicia, centrado en la crónica parlamentaria, en el seguimiento del Gobierno gallego y la actividad de los partidos. Interesado en la relación del periodismo con Internet, participó también en iniciativas individuales y colectivas en el mundo de los blogs y forma parte de la redacción de Praza Pública desde el nacimiento del periódico.

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Volvió con el Prestige: 15 años de la llegada de Feijóo al Gobierno de Fraga

El 18 de enero de 2003 era un sábado de temporal en Galicia. Los fuertes vientos hicieron imposible en aquella jornada el trabajo de recogida de chapapote del Prestige en el mar y había dificultado notablemente las labores en tierra. En los titulares de la prensa de papel de aquel día permanecían los ecos del cese como conselleiro de Política Territorial de Xosé Cuiña, oficializada como dimisión por el propio afectado en una brevísima carta dirigida al presidente, Manuel Fraga. "Considero un deber presentar mi dimisión y espero poder aclarar que las empresas participadas por mi familia no cometieron ninguna ilegalidad ni irregularidad, sino, simplemente, una donación y una colaboración en el caso del Prestige".

Las acusaciones contra Cuiña por los suministros de materiales para la recogida de chapapote permitieron al aparato central del PP de José María Aznar forzar la caída de quien durante años había sido señalado como sucesor de Fraga. Y, en la misma operación, propiciar la entrada en el Gobierno gallego de un hombre de la máxima confianza del líder espiritual del sector del birrete del PPdeG, José Manuel Romay Beccaría, actual presidente del Consejo de Estado. Aquel sábado de hace ahora quince años el titular de la Xunta firmaba el decreto con el que nombraba conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda a Alberto Núñez Feijóo, hasta ese momento presidente de Correos, puesto al que había llegado de la mano de Francisco Álvarez-Cascos procedente de la presidencia del Insalud, cargo que había ejercido por encargo de Romay como ministro de Sanidad.

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Feijóo carga contra el sistema parlamentario vigente porque "es igual ganar que perder"

La 'tregua' electoral está finalizando. El 2017 fue en Galicia el primer año sin llamada a las urnas tras un intensísimo trienio y aunque en este 2018 tampoco se celebrará -excepto sorpresa mayúscula- comicio alguno , las fuerzas políticas -muy especialmente el PPdeG- tienen ya en marcha sus maquinarias con la vista puesta en las municipales de mayo de 2019 entre ecos de las elecciones catalanas de diciembre. En este marco se inserta el  resurgimiento de las voces que apuntan a un eventual paso de Alberto Núñez Feijóo a la política estatal y en el mismo, el cuestionamento del sistema parlamentario vigente que el presidente de la Xunta ha realizado aprovechando su estancia de este martes en Madrid. Ahora es igual "ganar o perder", dijo.

Veinticuatro horas después de no acudir a la Junta Directiva en la que Mariano Rajoy explicó su plan para "rearmar" el partido tras el desplome en Catalunya y frente al ascenso demoscópico de Ciudadanos, Feijóo ha desplegado una intensa agenda madrileña con reuniones con los ministros de Hacienda, Sanidad y Agricultura, la participación en actos vinculados a la feria turística Fitur e intervenciones en varios medios de comunicación. Una de ellas fue una entrevista en Televisión Española, donde el actual jefe del Gobierno gallego insistió en cuestionar las actuales reglas electorales y de conformación de mayorías parlamentarias.

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El Gobierno insiste sin pruebas en que puede haber "tramas organizadas" tras los incendios de Galicia

Con o sin el apelativo "terrorista" y con variantes en función del contexto político. Todos los gobiernos de la historia de la autonomía gallega han utilizado  la etérea teoría de una supuesta "trama" para abordar el complejo fenómeno de los incendios forestales y así lo han hecho también numerosos responsables del Gobierno de España. La ola de incendios que en octubre de 2017 arrasó unas 50.000 hectáreas de monte en apenas dos días no fue una excepción; la tesis del entramado terrorista volvió a ser protagonista de declaraciones políticas, titulares y tertulias mientras desde los ámbitos  técnico legal se recordaba que "nunca" ha llegado a probarse nada parecido. Aunque las primeras pesquisas sobre lo sucedido el pasado otoño la han vuelto a descartar, el Gobierno de España acaba de volver a apoyarse en esta teoría como "posible" explicación de los incendios.

Pocos días después de esa ola de incendios Alexandra Fernández, diputada de En Marea en el Congreso, se dirigió al Ejecutivo de Mariano Rajoy para pedir explicaciones al respecto. Ninguna investigación policial, científica o judicial "ha dejado al descubierto tramas organizadas" tras los incendios, sino que "las causas han estado relacionadas con imprudencias, altas temperaturas y sequía o actuaciones individuales de pirómanos o incendiarios". "Personas muy acreditadas como el fiscal delegado de Medio Ambiente" invitan a no "especular" mientras no haya pruebas que indiquen lo contrario, resalta la parlamentaria, por lo que las alusiones a tramas y terrorismo "probablemente", dice, fueron lanzadas "sin el necesario rigor y seriedad que se requiere en las instituciones públicas".

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Fomento rectifica al gobierno de Feijóo por culpar a la oposición de nuevos retrasos en el AVE gallego

Adif, la empresa pública del Ministerio de Fomento encargada de construir el AVE a Galicia, acaba de enmendar la argumentación de la Xunta y del PP gallego según la cual las obras pueden sufrir nuevas demoras si los partidos de la oposición no facilitan la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para este 2018. Todo lo contrario. Según una inusual nota distribuida este lunes por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, sus fondos proceden de otras fuentes “independientemente de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, disponiendo además de una capacidad de endeudamiento que le concede un margen suficiente de independencia al respecto" de las cuentas estatales.

La nota de prensa enviada este lunes por Adif a los medios de comunicaciones se emitió poco más de veinticuatro horas después de que la consejera autonómica de Infraestructuras, Ethel Vázquez, relacionase en una entrevista en la Cadena Ser los plazos del AVE gallego con la aprobación de los presupuestos estatales. Vázquez pidió “responsabilidad” de los grupos de la oposición para que ayuden a aprobar el presupuesto del Gobierno central de Mariano Rajoy, responsabilizándolos así de los posibles retrasos de la obra en caso de no hacerlo. Sin embargo, la respuesta de Adif es una rectificación en toda regla de esa estrategia del PP gallego de culpar a la oposición.

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La Xunta defiende en el Parlamento la ocultación de su pacto sanitario con una multinacional americana

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) tiene en vigor desde 2016  al menos cinco acuerdos con Medtronic, una multinacional estadounidense especializada en "tecnología, servicios y soluciones médicas". La parte pública de estos convenios muestra que con ellos la Xunta permite a la compañía privada actual en hospitales públicos, pero obvia los detalles concretos del pacto, desgranados en anexos que la Xunta decidió no hacer públicos. Como informó Praza.gal, esa segunda parte evidencia que la empresa puede "testar" sus productos en instalaciones del Sergas y además deja claro que la Administración pone personal y dinero en pactos que oficialmente no implicaban aportación económica alguna. Después de negarse a facilitarle esa información a la Asociación de Pacientes del Hospital de Santiago, uno de los afectados, el Gobierno gallego acaba de defender formalmente la ocultación también en el Parlamento de Galicia.

Tras trascender la negativa a la Asociación de Pacientes - que ha trasladado su reclamación a la Comisión de Transparencia de Galicia- y los detalles del acuerdo oculto, al que ha tenido acceso este diario, la oposición parlamentaria anunció que pediría explicaciones a la Xunta al respecto. Una de las diputadas que lo hizo fue la portavoz de En Marea en materia sanitaria, Eva Solla, a través de una pregunta registrada a mediados de diciembre a la que Sanidade acaba de ofrecer una respuesta parcial para defender la ocultación apelando a las limitaciones establecidas en la vigente ley de transparencia y buen gobierno aunque no en la norma gallega, aprobada en 2016 como renovación de la vigente desde diez años antes, sino en la estatal.

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La Xunta vuelve a incumplir la puesta en marcha de un centro de discapacidad de 13 millones terminado en 2013

La historia del Centro Gallego de Desarrollo Integral (CEGADI) es un relato de obstáculos, sobrecostes y retrasos. El concebido como un innovador espacio de atención a personas con discapacidad, con 8.000 metros cuadrados en el barrio compostelano de Salgueiriños que incluirían centro de día con 71 plazas y viviendas tuteladas con 38 más, tiene su origen en una cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento de Santiago a la Xunta de Manuel Fraga en mayo de 2005, un mes antes de las elecciones que lo desbancarían del poder. El posterior Gobierno autonómico de coalición de PSdeG y BNG adjudicó en noviembre de 2007 por 8,7 millones de euros la ejecución de un centro que la constructora no fue capaz de finalizar hasta comienzos de 2013, año desde el que ha estado cerrado mientras la Xunta incumple cada uno de los plazos anunciados para su apertura. El último plazo ofrecido hasta el momento fue el de una apertura parcial antes del fin de 2017, pero el centro ha comenzado 2018 sin ofrecer los servicios para personas con discapacidad para que fue construido y acogiendo únicamente unas pocas dependencias administrativas de la Consellería de Política Social.

Con una factura total reconocida por la Xunta de 13,2 millones de euros, el Gobierno gallego defendió durante 2017 que el CEGADI iba "a comenzar a prestar servicios para personas con discapacidad de manera paulatina a lo largo de este año". No obstante, esto no sucedió en el ejercicio que acaba de finalizar, en el que la Consellería sí realizó operaciones financieras para comenzar a equipar el centro. Concretamente, el 29 de noviembre del pasado año Política Social retiró 25.000 euros de la partida que financia el funcionamiento de "centros públicos para personas mayores" y los reubicó para "atender los gastos de mantenimiento derivados de la puesta en marcha" del CEGADI, "correspondientes a los contratos de servicios". Además, en los Presupuestos Generales de 2018 figuran 500.000 euros para este mismo centro.

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La Xunta obvia en su informe del Brexit que anunció una candidatura inexistente para captar una sede que pierde Reino Unido

Un mal sueño del que no quede constancia escrita. Es el tratamiento que parece que va a tener finalmente en los archivos de la Xunta la virtual candidatura gallega para acoger el laboratorio de referencia de la Unión Europea para el seguimiento de los contaminantes virales y bacteriológicos de los moluscos bivalvos, cuyas competencias dejarán de ser ejercidas en el británico Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas) cuando el Reino Unido consume su salida de la Unión Europea. Como ha venido informando este diario, los sucesivos anuncios formulados por las autoridades gallegas al respecto nunca se correspondieron con una candidatura real y fueron lanzadao, como adelantó Faro de Vigo, cuando el Gobierno de España ya sabía que este laboratorio iba a ser cerrado y sus funciones, distribuidas entre otros que ya existen, entre ellos uno de Vigo.

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La Xunta acumuló 500.000 euros de deuda con residencias privadas donde envía adultos a los que tutela

La Fundación Gallega para la Tutela de Personas Adultas (Funga), dependiente de la Consellería de Política Social, es la entidad a través de la que la Xunta canaliza la tutela de hombres y mujeres que, por decisión judicial y tras evaluaciones forenses, carecen de capacidad para obrar de manera autónoma o gestionar aspectos de su vida cotidiana. Como informó Praza.gal, numerosas sentencias judiciales evidencian el desbordamiento de la Funga para ejercer sus funciones: con una plantilla de apenas 23 efectivos tiene que supervisar las finanzas y la atención sanitaria y social de más de 3.000 personas, muchas de las cuales padecen graves carencias de atención, llegando a cometer o ser víctimas de delitos, ejercer la mendicidad o tener que acudir a entidades sociales para satisfacer necesidades básicas.

A pesar de este desequilibro entre el número de profesionales y el de personas atendidas, la Xunta plasmó en sus Presupuestos Generales de 2018 su intención de no incrementar el personal de la Funga y mantener su asignación presupuestaria prácticamente intacta. No obstante, en las cuentas que acaban de entrar en vigor el Gobierno gallego obvió que esta entidad pública llegó a acumular recientemente una deuda de por lo menos medio millón de euros con residencias privadas a las que envió a personas adultas a las que tutela, en una nueva evidencia de las carencias de la Fundación y de los servicios de la Consellería de Política Social para ejercer sus competencias en la materia, en esta ocasión teniendo que recurrir a los servicios de empresas privadas.

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El Colegio de Periodistas de Galicia pide "no sumar dolor" a la familia de Diana Quer en las noticias sobre su asesinato

El Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia maneja desde hace años varios documentos con recomendaciones para informar sobre los casos de violencia de género. El Código Deontológico Gallego, la  Guía práctica para el tratamiento informativo de la violencia contra la mujer o la fundacional  Declaración de Compostela son guías que la entidad profesional se ha visto obligada a recordar en múltiples ocasiones durante los últimos años y que acaba de poner sobre la mesa ante el tratamiento general del asesinato de Diana Quer, el cual no debe en ningún caso "sumar dolor" a su familia.

La Junta de Gobierno del CPXG "recuerda" que "la violencia de género no sólo se manifiesta en los maltratos dentro del ámbito doméstico", sino que lo hace "en todos los tipos de violencia dirigidos hacia las mujeres por el simple hecho" de serlo. Así, subrayan, y "sin perjuicio" de las conclusiones a las que lleguen las pesquisas policiales y judiciales, "es necesario que los medios traten el caso como un nuevo episodio de violencia machista". O, lo que es lo mismo, como "una violación de los derechos humanos y un atentado contra la libertad y dignidad de las personas", enmarcándolo en un "contexto ideológico y social" concreto y en el "combate" del " supremacismo patriarcal, por lo que el rol femenino ha estado y está supeditado al masculino".

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Así justifica la Xunta el gasto de 77.000 euros en publicar como publicidad la declaración de Feijóo sobre los incendios

El pasado 16 de octubre, lunes, el Gobierno gallego se reunió en un Consello extraordinario para tratar la  ola de incendios que se estaba llevando por delante  casi 50.000 hectáreas de monte y que había vivido sus horas más duras en la noche anterior. Tras aquella reunión el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo,  leyó ante la prensa una declaración institucional centrada en condenar el "ataque" del "terrorismo incendiario", además de lamentar las víctimas mortales del fuego y avanzar que el Ejecutivo ofrecería "apoyo" a las personas afectadas, lo cual se tradujo en una orden de ayudas que sería aprobada tres días después, en el Consello ordinario del día 19.

Al día siguiente de aquella reunión extraordinaria, el 17 de octubre, el Gobierno gallego  publicó como publicidad en una docena de periódicos impresos -ocho editados en Galicia y cuatro, en Madrid- una reproducción de la declaración de Feijóo. Esta inserción para difundir la postura política del Ejecutivo sobre la ola de incendios se realizó a través de trece contratos menores -uno para el diseño del anuncio y el resto, para su difusión- que, como informó Praza. gal, sumaron unos 77.000 euros de coste para las arcas públicas, y cuya publicación el Gobierno gallego acaba de defender y justificar oficialmente.

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