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Esther López Barceló

Exdirectora de Gabinete de Economía y Hacienda de Madrid. Autora del libro sobre confluencias municipalistas “La conquista de las ciudades”. Profesora de Historia. Exdiputada autonómica de Esquerra Unida y miembro de la dirección federal de Izquierda Unida.

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Inés Madrigal, niña robada: "Según la documentación, mi madre adoptiva me parió"

29 cadenas perpetuas y 19 penas de prisión de entre 8 y 25 años para los responsables de los conocidos vuelos de la muerte que lanzaron al mar a más de 4.000 personas durante los terribles años de la dictadura argentina (1976-1983). El 29 de noviembre finalizaba con este resultado el histórico juicio que ha probado por primera vez la existencia de un plan sistemático de exterminio llevado a cabo hace 40 años por la ESMA, acrónimo de la Escuela de Mecánica de la Armada. Argentina en 2003 posibilitó legislativamente la investigación y persecución judicial de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura a través de la anulación por parte del Senado de la conocida como Ley de Obediencia Debida y de Punto Final, que había sido dictada en 1987 y establecía que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles.

La vulneración sistemática de los derechos humanos en Argentina se produjo de múltiples formas, siendo la más tristemente conocida la del robo sistemático de bebés, dado a conocer mundialmente a través de la incansable lucha de las Abuelas de la Plaza de Mayo, que desde 1977 continúan uniendo familias con sus descendientes secuestrados. En el transcurso de la escritura de este artículo, las Abuelas han recuperado a la nieta número 126.

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Lo llaman "conflicto catalán" y no lo es

"Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo": célebre frase que se atribuye erróneamente al ilustrado francés, Voltaire, pero que en realidad es de su biógrafa, Evelyn Beatrice Hall y que define atemporalmente ese principio democrático básico que sigue siendo necesario reivindicar aún hoy en pleno siglo XXI y que a las autoras nos sirve de perfecta introducción al presente artículo. 

Mucho se ha hablado estos días de lo que diagnosticó Naomi Klein a través de su “Doctrina del shock” y que es necesario repetir para llegar a asimilar que, efectivamente, estamos siendo víctimas de ello. Klein demostró cómo circunstancias excepcionales -sea una catástrofe natural o, por ejemplo, el miedo infundido por la posesión de armas de destrucción masiva- que sucedan en un momento determinado ante una población desorientada, son elementos idóneos para que el poder se atreva a aplicar duras medidas económicas o políticas que, en otras circunstancias, no tendrían éxito. Por ejemplo, el huracán Katrina no sólo se llevó por delante a la ciudad de Nueva Orleans, sino que se aprovechó la gran catástrofe para implementar recortes de derechos básicos y políticas neoliberales, que en otros momentos no habrían sido posibles: sobre la destrucción, la creación de un sistema nuevo, el neoliberalismo más vergonzante. 

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A 40 años de la matanza de Atocha

A nuestra camarada Guiomar, en recuerdo de su padre Miguel Sarabia.

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El señor Montoro nos quiere gobernar

Por primera vez en este periodo de nuestra democracia se ha leído en titulares de prensa que un ministro –recién renombrado, por cierto– pretende llegar a deponer a un concejal legítimamente elegido por las urnas y que gobierna el área económica del Ayuntamiento de Madrid. Uno podría llegar a imaginar que, al gobernar el país un partido procesado por corrupción, los titulares se referirían a algún sinvergüenza que se encargó de cobrar sobres en su despacho, romper discos duros con información valiosa o, incluso, alguien que tuviera unas cuentas opacas en Panamá. Sin embargo, a veces la Historia se ríe de nosotros y convierte en farsa lo que debería haber sido una tragedia.

No hablamos de que nuestro nuevo Gobierno se haya encargado de alertar a un chorizo por sus formas no respetables de operar con el dinero público sino que han amenazado a nuestro Ayuntamiento y, en concreto, al concejal de Economía por haber superado el techo de gasto. Es decir, por haber gastado unos 17 millones de euros más (en un presupuesto de casi 5.000 millones) de lo que nos permite gastar el Ministerio. Esa cantidad fue utilizada para devolver la paga extra de los funcionarios, una medida necesaria tras el injusto castigo al que se vieron sometidos estos trabajadores por la falta de previsión y eficacia de sus gobernantes.

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Unámonos contra la Ley Montoro

La “reforma express” del artículo 135 de la Constitución Española abrió el camino a una serie de normas que constriñen cruelmente la capacidad de acción de las administraciones públicas, sobre todo, las más cercanas a la ciudadanía como son los ayuntamientos. A través de este acuerdo político entre PP y PSOE se introdujo una regla fiscal que limitaba el déficit público y priorizaba el pago de la deuda. A partir de esta abrupta modificación del principio constitucional se redactó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Las tres reglas fiscales que han sido convertidas en “sagradas” son: la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda, y el respeto a la Regla de Gasto. Este último, es el más inexplicable de todos en términos de la lógica del interés general, ya que impide -a pesar de que haya superávit- que se dedique ese saldo positivo al gasto social o a realizar nuevas inversiones, sino que ha de utilizarse para amortizar deuda de manera anticipada aunque sea algo absurdo desde el punto de vista económico. Es decir, aunque el ayuntamiento esté cumpliendo puntualmente los plazos de amortización de deuda, deberá seguir adelantando el pago con el superávit generado. En la Ley quedó estipulado que en el momento en el que se quebrante alguna de las tres normas la administración correspondiente quedaría obligada a elaborar un Plan Económico Financiero (PEF), que no pretende ser otra cosa que comprometerse a volver al redil de cumplimiento de los preceptos fiscales convencionales.

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¿Quién teme a las cláusulas sociales en la contratación?

Cuando llegamos al área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y nos sentamos a diseñar las políticas estratégicas que pretendíamos implantar, detectamos dos graves problemas en la contratación pública madrileña: el de la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras de servicios públicos prestados a través de grandes contratas; y el de la sombra de la corrupción acechando tras cada nuevo escándalo de nombre alemán o cartaginés (véase, Gürtel o Púnica). Para hacer frente a la fiscalización de la acción de gobierno anterior y evitar con normas y nuevas formas de gobierno que se pudieran volver a producir esas deplorables prácticas, pusimos en marcha una subdirección de Auditoría de la Deuda y las Políticas Públicas y una Comisión de Investigación. Sin embargo, en el ámbito de la acción positiva de transformación, uno de los retos más importantes es el de afrontar el futuro con audacia y responsabilidad, por lo que elaboramos una Estrategia de Contratación Responsable.

No se trata, ni mucho menos, de un tema baladí ya que las Administraciones Públicas adquieren bienes y servicios en cantidades muy significativas. Más del 18% del Producto Interior Bruto en el caso español, por lo que es evidente la enorme influencia positiva que puede suponer en la sociedad en su conjunto, la contratación pública responsable. Mejorar los criterios de baremación a través de los cuales se eligen a las empresas para que presten servicios a la ciudadanía, está comenzando a ser un objetivo prioritario para muchos ayuntamientos: Zaragoza, Barcelona, Avilés, Valencia… son ejemplos claros de que algo está cambiando en la forma de gestionar lo que es de todas y todos.

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Contra la impunidad franquista

" La venganza es inadmisible, la justicia necesaria"

Marcos Ana

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Unidad Popular hacia un proceso constituyente

"Para recomenzar una nueva etapa de progreso habrá que volver (...) con métodos nuevos, porque las clases dominantes han aprendido a neutralizar los que usábamos hasta hoy".

Josep Fontana, historiador marxista

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¡Extradición de los torturadores!

La mayoría de los regímenes constitucionales de Europa se levantaron tras la II Guerra Mundial siguiendo el paradigma antifascista. El imaginario colectivo no podía olvidar a los nazis, los campos de concentración y las torturas. El recuerdo de la pesadilla genocida iluminó toda la normativa jurídica y permitió el proceso de concesión de determinados derechos sociales, económicos y políticos. La Constitución Italiana, por ejemplo, declaró ya en 1948 la prohibición de la recomposición del partido fascista y vetó además la capacidad de ejercer los derechos democráticos a aquellas personas procedentes del régimen de Mussolini.

En ese contexto el régimen constitucional español es una gravísima anomalía. Aquí no hubo revolución antifascista alguna, ni ruptura con el entramado político de la dictadura franquista. Muy por el contrario, la democracia española se constituyó formalmente sin renunciar al ADN franquista, heredando sus mecanismos viciados y manteniendo a sus altos cargos en las instituciones, comenzando por la judicatura hasta las propias Cortes Generales –cabe recordar que en la primera legislatura del Senado fueron designados a dedo por el rey 41 senadores. Así, a través de un proceso progresivo se fue consolidando un nuevo imaginario colectivo, el de la llamada cultura de la transición, según la cual poco a poco nos convertimos en una democracia liberal equiparable a las del resto de Europa.  

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