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Oriol Solé Altimira

De Barcelona de toda la vida. Ha pasado por las redacciones de EFE y El País. Interesado en economía, historia y política. Cursa Ciencias Políticas.

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El Joventut busca en la fundación del caso Albiol su salvavidas para no desaparecer

No ha sido la mejor semana de la historia del Club Joventut de Badalona. Este histórico del baloncesto corre peligro de desaparecer si no soluciona sus problemas económicos. La fundación Badalona Capital Europea del Bàsquet, investigada por la Fiscalía en el caso Albiol, se ha convertido en el salvavidas al que pretende agarrarse el club para evitarlo. Sin ningún mecenas privado que, de momento, haya salido al rescate del Joventut, el club busca la ayuda del Ayuntamiento a través de la fundación. El consistorio de Guanyem Badalona en Comú no quiere que una actuación de urgencia y sin todos los controles vuelva a llamar la atención de la Fiscalía.

Tras dos reuniones del patronato de la fundación, integrada por todos los grupos municipales y el Joventut, el club ha disparado con bala contra el consistorio. En un comunicado, 'la Penya' culpó de su deteriorada situación financiera a la "falta de ingresos incluidos en el presupuesto anual del club y que habían sido comprometidos, también públicamente, por el Ayuntamiento de Badalona".

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La Guardia Civil cifra en un millón el gasto público en sobres del 1-O pese a que Montoro prometió que sería nulo

La Guardia Civil ha desmentido a la Generalitat y ha cifrado en casi un millón de euros el gasto del Govern en los sobres, notificaciones para los miembros de las mesas y tarjetas censales del 1-O. En un informe entregado al Tribunal Supremo, el Instituto Armado señala que el Govern pagó "una cantidad aún por determinar" pero que está "sobre" los 979.661,96 euros a la empresa Unipost para gestionar los envíos. La Interventora de la Generalitat indicó que el 1-O no se financió con dinero público.

Los pagos de la Generalitat a Unipost se investigan en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que, al igual que el Supremo, indaga sobre la presunta malversación de fondos públicos el 1-O. La cifra que la Guardia Civil ha facilitado al Alto Tribunal corresponde a las diligencias solicitadas por el juez Ramírez Sunyer de Barcelona en relación a Unipost. En enero,  la interventora de la Generalitat certificó que los encargos del Govern a Unipost no se dirigieron a "la financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales".

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La Fiscalía reclama multas para los militantes de Arran a los que el PP pide cárcel por irrumpir en su sede

La Fiscalía pide penas de 5.400 euros de multa para cada uno de los seis jóvenes de Arran, la organización juvenil de la izquierda independentista catalana, que en marzo del año pasado intentaron ocupar la sede del PP en Barcelona en una protesta a favor del referéndum de independencia. La pena solicitada por la Fiscalía es ostensiblemente menor a los seis años de cárcel que reclamó el PP, que ejerce de acusación particular, para los jóvenes.

En su escrito de acusación, avanzado por la agencia EFE, el ministerio público acusa de un delito de desórdenes públicos a los seis militantes de Arran y pide que se les condene, además, a indemnizar con 1.319 euros al PP por los gastos de limpieza de los grafitis que los activistas hicieron en las paredes y los cristales de la sede del partido.

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La Generalitat seleccionó a 44.563 voluntarios para colaborar con el referéndum del 1-O

Que la colaboración entre la Generalitat y algunos ciudadanos fue indispensable para poder celebrar el referéndum se pudo comprobar en cada uno de los colegios del 1-O. ¿Cómo se fraguó esta vinculación? La Guardia Civil, en un nuevo informe aportado ante el Tribunal Supremo, aporta nuevas claves. Entre ellas destacan un documento de Excel con el que el Govern seleccionó un total de 44.563 direcciones de correo electrónico pertenecientes a las personas elegidas como "voluntarias" o "colaboradoras" del 1-O. "Sin ellas muy posiblemente el referéndum no se hubiese podido celebrar", concluye el Instituto Armado.

El plan para captar voluntarios se desarrolló entre las conselleries y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitar (CTTI), una de las áreas clave para el 1-O y que ha sido registrado varias veces por el Instituto Armado. De hecho, los agentes hallaron el Excel con los contactos de los voluntarios en la operación del 20 de septiembre en el correo electrónico de David Palanques, un trabajador eventual del departamento de Asuntos Sociales. Está imputado en el caso de los preparativos del referéndum del juzgado de instrucción 13 de Barcelona.

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La Guardia Civil ubica a Marta Rovira en la cúspide del 1-O a cinco días de su declaración en el Supremo

El último informe de la Guardia Civil al juez Pablo Llarena sitúa a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en el triángulo que dirigió y organizó el referéndum secesionista del 1 de octubre, acontecimiento alrededor del cual se erige la causa por rebelión, sedición y malversación que investiga el Tribunal Supremo. Marta Rovira integra la nómina de investigados que declararán en las próximas semanas ante el magistrado instructor. 

Las conclusiones de dicho informe, solicitado por Llarena, califican al exnúmero dos de la Conselleria de Economia Josep Maria Jové como "cerebro de la logística del referéndum", pero siempre "recibiendo órdenes y despachando asuntos directamente con Marta Rovira y Oriol Junqueras". Como colaboradores de Jove, la Guardia Civil marca a Francesc Sutrias y Natalia Garriga, miembros del Departamento de Vicepresidencia. 

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La Guardia Civil sitúa a Jaume Roures en el "comité ejecutivo" del procés

La Guardia Civil sitúa al empresario de la comunicación Jaume Roures en el "comité ejecutivo" del proceso soberanista en Catalunya,  definido en el documento 'Enfocats'. En un informe remitido al Tribunal Supremo, el instituto armado afirma: "Jaume Roures Llop podría integrarse en el Comité Ejecutivo que se plasmó en aquel documento en calidad de profesional experto en el ámbito de la comunicación".

La Guardia Civil define el presunto papel de Roures en el proceso soberanista como un apoyo al Govern en el ámbito comunicativo que, con sus documentales audiovisuales, habría impulsado la movilización ciudadana del 20 de septiembre frente a la conselleria de Economía y del 1 de octubre en los colegios electorales. Recuerda además que la sede del grupo Mediapro, por entonces propiedad de Roures, fue el centro de prensa internacional de la Generalitat la jornada de la votación.

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Mireia Boya, en su declaración ante Llarena: "Usted, señoría, defendió una solución política para Catalunya"

La exdiputada de la CUP Mireia Boya ha interpelado al juez instructor del caso 1-O, Pablo Llarena, en plena declaración para recordarle sus declaraciones acerca de que el conflicto territorial en Catalunya debe tener "una solución política". El magistrado, según fuentes presentes en la declaración, ha matizado a Boya el contenido de aquella afirmacón, en el sentido de que dijo que la solución debería ser "esencialmente" política.

Este episodio describe el cambio en el tono y la forma de la declaración de Boya respecto de los otros investigados que han pasado por el Tribunal Supremo, según fuentes presentes este martes y entonces en la sala de declaración de aforados del Alto Tribunal. El interrogatorio del juez –Boya se ha negado a contestar a la Fiscalía y a Vox– se ha producido en un tono cordial, coinciden varias fuentes, y en ese clima se ha producido la referencia a las declaraciones de Llarena.

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Barcelona reclama el acercamiento a prisiones catalanas de los líderes independentistas encarcelados

Una vez constatado que el Tribunal Supremo difícilmente dejará en libertad antes del juicio a los cuatro dirigentes independentistas que permanecen en prisión provisional, el Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado de forma oficial el acercamiento a cárceles catalanas de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

En una declaración institucional formulada este miércoles en la comisión de Presidencia del consistorio, el Ayuntamiento ha reiterado su rechazo a la prisión provisional de los dos exconsellers, del expresidente de la ANC y actual diputado de JxCat y del líder de Òmnium Cultural. El texto además pone énfasis en que el alejamiento penitenciario de los cuatro presos supone "un castigo social que vulnera los derechos reconocidos en el derecho internacional y atenta contra los derechos humanos".

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Junqueras pide al Constitucional que le deje en libertad porque su encarcelamiento "castiga" su ideología

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha pedido amparo al Tribunal Constitucional para que revoque su encarcelamiento. En un escrito, Junqueras alega que su situación de prisión provisional vulnera varios derechos fundamentales, por lo que su encarcelamiento "pone en crisis el modelo constitucional". Además, considera que la prisión "castiga" su ideología independentista, pese a haber desarrollado toda su carrera política por cauces "pacíficos".

En el recurso, el letrado de Junqueras, Andreu Van Den Eynde, solicita al TC que deje en suspenso la medida cautelar de prisión incondicional que ordenó la Audiencia Nacional el pasado 2 de noviembre y que confirmó en dos ocasiones el Tribunal Supremo. Pide al Constitucional que adopte medidas cautelares menos graves para su derecho a la libertad y que resuelva sobre el recurso de forma "urgente".

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El exsenador Santiago Vidal alega que lo que dijo en sus conferencias sobre la independencia no era verdad

El hombre con el que empezó todo el caso del 1-O, el exsenador de ERC Santiago Vidal, ha declarado este martes como imputado ante el juez de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. Y lo ha negado todo. Fuentes judiciales han informado que Vidal ha alegado que en sus conferencias sobre una Catalunya independiente él hablaba de "futuribles", lo que implica que los contenidos eran "políticos" y no tenían por qué ser "reales". En otras palabras, que los políticos tienen derecho a mentir cuando se dirigen a sus seguidores.

Las confidencias de Santiago Vidal en distintas conferencias públicas de la ANC, en las que aseguró que el Govern había obtenido ilegalmente los datos fiscales de los catalanes, que había una partida oculta de 400 millones para el referéndum o que la Generalitat había confeccionado una lista de jueces afines al secesionismo, dieron pie a las querellas del abogado Miguel Durán y de VOX que abrieron al caso hace ya un año.

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