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Prostitución: ¿regular, abolir o defender los derechos de las trabajadoras sexuales?

Las abolicionistas ven en la prostitución una forma más de violencia de género totalmente integrada con la trata de mujeres

Regulacionistas y proderechos consideran que el trabajo sexual es equiparable a otras actividades laborales, siempre que se ejerza de forma voluntaria y con derechos garantizados

Las proderechos piden que se ponga freno a la estigmatización y se deje de victimizar, que se abra el debate dando voz protagonista a las mujeres que se prostituyen

El trabajo es una actividad remunerada que nos permite sobrevivir en la sociedad, por lo que las mujeres, cuando ejercen la prostitución, están trabajando

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Debate sobre la problemática de la prostitución, desde diversos prismas.

Debate sobre la problemática de la prostitución, desde diversos prismas.

El trabajo sexual es el eterno debate pendiente en el seno del feminismo, probablemente porque tiene el desafortunado poder de dividir al movimiento en defensa de la igualdad de género. Tanto es así, que muchas organizaciones canarias ni siquiera han consensuado su posición interna. Hace unas semanas, Francia se sumaba a los países de la Unión Europea con legislación abolicionista y en Gran Canaria se presentaba la Plataforma Abolicionista de las Islas, que ve en la prostitución una forma de esclavitud, aferrándose a la defensa de los derechos humanos. Otros sectores feministas cuestionan la eficacia de estas propuestas, que tachan de paternalistas y que alertan que podrían empeorar las condiciones laborales de las mujeres.

Es muy fácil perderse en nomenclaturas y etiquetas, desorientarse por laberintos de discursos apuntalados con mil argumentarios e hipótesis ad hoc reelaboradas en un debate centenario. Nuestro propósito es bien modesto, nos basta con identificar las posiciones, las diferencias aparentemente insalvables y los puntos de encuentro que, al parecer, aún no se encuentran. Un debate en el seno del feminismo que, en no pocas ocasiones, prefiere dejarlo a un lado para seguir adelante con lo que sí las une. Una actividad, la prostitución, atravesada por múltiples intereses económicos y prejuicios, sin quedar tampoco libre de la doble moralidad.

El estigma del trabajo sexual y su situación actual de alegalidad en el Estado español empujan a sus protagonistas a actuar en la sombra. Es habitual que los datos de las posiciones encontradas también se contradigan, seguramente porque nadie tiene acceso a la población objetiva y todo intento de seleccionar una muestra no incluye a buena parte de los perfiles, dejando de ser representativa.

La legislación española no considera el ejercicio de la prostitución como un delito, tampoco el lucro económico de la prostitución ajena -el proxenetismo-, solo tipifica el ejercicio coercitivo y la trata. Una resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, asegura que la prostitución, forzada o no, supone una violación de la dignidad humana contraria a los principios de los Derechos Humanos. En el mismo documento se asegura que la despenalización de la industria sexual y el proxenetismo desprotege a las mujeres de la violencia y la explotación.

Entre los modelos ya en práctica, podemos distinguir abolicionistas (Suecia), legalistas (Holanda) o prohibicionistas (EEUU). Suecia es el país de más tradición abolicionista en el ámbito de la Unión Europea. Francia ha sido la última en sumarse al club, integrado también por Noruega, Islandia y Finlandia. Estas legislaciones castigan al prostituyente -al cliente o putero-, no a las mujeres, pues consideran que es la demanda la que genera la oferta. Simultáneamente, se ponen en marcha programas de apoyo y reciclaje para propiciar que cambien de actividad. El modelo norteamericano entiende la prostitución como una actividad punible y castiga a todas las partes: putas, puteros y proxenetas.

El bloque legalista es muy amplio, por lo que hay quienes distinguen entre reglamentaristas y regulacionistas, incluyendo entre las primeras a quienes promueven normas que dificultan o acotan la actividad, dejando para el segundo grupo la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales. Éstas últimas se llaman así mismas proderechos. Como suele ocurrir, hay clasificaciones para todos los gustos y miradas. Apuntamos ésta solo en un intento de clarificar el panorama.

Abolicionistas

En los primeros años del movimiento feminista, las llamadas abolicionistas no pedían la desaparición del trabajo sexual. Quienes abanderaban el término reivindicaban la desaparición de las normativas que, interpretaban, empeoraban aún más las condiciones de vida y trabajo de las mujeres prostituidas.

El abolicionismo actual se apellida normativo. Esther Torrado, profesora de Sociología de la Universidad de La Laguna (ULL), integrante de la Plataforma Abolicionista Canaria (PAC) y del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres (IUEM), defiende que la prostitución es en sí misma violencia de género, que lleva en su esencia una relación de dominación y viola los derechos humanos, por lo que debe ser erradicada y nunca elevada al rango de institución, reconociéndola en el derecho con rango de trabajo.

“Parece que el único camino que le queda a las mujeres pobres y vulnerables es la prostitución, pero eso no es igual para los hombres que se encuentran en la misma situación socioeconómica”, afirma Torrado, quien deduce que “la prostitución es una cuestión de género.” ¿Por qué la mayoría de las personas prostituidas en el mundo son mujeres y niñas, mientras que la mayoría de prostituidores son hombres?, se pregunta.

Derecho a decidir

Marta Jiménez, profesora de Sociología de Género en la ULL, hace hincapié en quienes ejercen la prostitución voluntariamente, “con la capacidad de decidir que tenemos todas las mujeres, aunque seamos pobres, y a las que el Estado y las instituciones tienen que reconocer sus derechos como a cualquier otra trabajadora.” Jiménez separa ejercicio de la prostitución y trata: “Es obligación del Estado perseguir y atacar todas las redes de tráfico y trata de personas.”

Abundan los colectivos de trabajadoras del sexo. En Canarias no se han constituido aún, pero sí en el Estado, en Europa y en distintos puntos de América. Algunas mujeres que han ejercido la prostitución adoptan posiciones abolicionistas. Otras, en el Estado español defienden sus derechos a ejercer su actividad: Hetaira, Genera, Aprosex, la plataforma Putas Indignadas, entre otras muchas. Éstas se han hecho más visibles tras la puesta en marcha de ordenanzas municipales que tienden a sacarlas de la vía pública en zonas turísticas. Desde algunos sectores del feminismo interpretan que esto las condena a trabajar en clubes, bajo la presión de un proxeneta. Otros recuerdan que los proxenetas también actúan en las calles y hasta se tienen repartidas las esquinas.

Irene Rodríguez, trabajadora social integrante del grupo feminismos de Acción en Red, se ubica en una tercera vía, la llamada proderechos. Para esta posición, toda intervención pasa por escuchar e integrar a las mujeres que ejercen la prostitución en el debate sobre cualquier medida que se tome al respecto, dejando de victimizar, culpabilizar y estigmatizar. Sus líneas básicas son el reconocimiento de los derechos sociales y laborales, la deconstrucción del imaginario colectivo y abrir el debate escuchando las prostitutas. Pone el énfasis en que muchas de las regulaciones no reconocen sus derechos sino que, al contrario, establecen sanciones y limitan el libre ejercicio de su actividad.

Prostituciones

Rodríguez invita a ampliar el debate, a sacudir prejuicios y estigmas, también a hablar en plural, de prostituciones. Dentro de la prostitución femenina podemos diferenciar distintos tipos y vivencias, atendiendo a las condiciones en las que se ejerce, el carácter voluntario o la obligatoriedad, bien por razones socioeconómicas o coercitivas. Existe también la prostitución masculina y tantas formas de prostitución como orientaciones sexuales.

Con todo, un colectivo de características específicas entre las personas que ejercen la prostitución son las mujeres transexuales. Aunque la sociedad canaria ha dado pasos hacia la no discriminación en las últimas décadas, su integración en el mercado sigue siendo compleja. María José, de la asociación canaria de personas transexuales Aperttura, recuerda que en muchas ocasiones las mujeres trans se ven obligadas a ejercer la prostitución por haber sido rechazadas en otras actividades laborales. Con todo, defiende que se pueda ejercer libremente, con derechos garantizados, e interpreta que la relación de poder existente en el trabajo sexual no se diferencia significativamente de la que ejerce cualquier patrón sobre la mano de obra que contrata.

De cualquier forma, Aperttura no tiene una posición colectiva sobre la prostitución. Tampoco los colectivos canarios LGBTI Algarabía y Gamá, si bien ambos desarrollan proyectos específicos para trabajadores y trabajadoras sexuales, tanto de pruebas sanitarias, como de apoyo social y psicológico, especialmente con mujeres transexuales.

Desencuentros

Nadie discute que la prostitución tiene sus raíces en la relación desigual entre hombres y mujeres, que es una institución patriarcal, pero el acuerdo no va mucho más allá, a partir de ahí comienzan las diferencias de análisis y reivindicaciones. Unas consideran que esto es motivo suficiente para exigir su abolición. Otras miradas feministas recuerdan que mantenemos muchas instituciones patriarcales, que toda la convivencia social está atravesada por el machismo. “El matrimonio, sin ir más lejos. Y el feminismo no solo no ha pedido su abolición sino que se ha sumado a la reivindicación de su reconocimiento para parejas no heterosexuales”, resaltan.

Tal es el desencuentro, que desde la Plataforma Abolicionista de Canarias se llega a afirmar que quienes no están por la abolición no defienden los derechos humanos ni son feministas. Hasta llegan a negar la posibilidad de abrir debates con otros sectores: “Ya hemos discutido mucho, ahora toca ya posicionarse”, dice Esther Torrado.

Por su parte, Marta Jiménez valora que en el debate actual sobre la prostitución hay “algunas confusiones”. La primera, equipararla con la violencia: “En la prostitución pueden darse formas de violencia contra las mujeres pero no siempre hay prácticas violentas”, asegura, y subraya que “convertir la prostitución en el eje de todos los males del sexismo en nuestra sociedad es dejar de lado a muchas mujeres que la viven como una actividad laboral voluntaria y que tienen que tener reconocidos sus derechos.”

Otra de las confusiones, añade, es la consideración del trabajo sexual como mercantilización del cuerpo. “La mercantilización en el mundo laboral es desregulación, la situación actual, en la que el mercado pone las reglas del juego, no las pone el Estado ni se reconocen los derechos. Los mercantilistas son quienes dicen fuera el Estado. Las posiciones regulacionistas, en cambio, defienden que intervenga para poner límites al mercado y garantice los derechos”, explica.

El abolicionismo normativo no desvincula la trata de la prostitución. Asegura que la mayor parte del tráfico de personas tiene por objeto la comercialización de mujeres con destino al mercado sexual del primer mundo. Tanto en el tráfico de personas como en la prostitución, asegura Torrado, el Estado español es líder, el “prostíbulo de Europa, una actividad de ocio y mercado del sexo íntimamente relacionada en Canarias con el turismo de masas.”

Para el resto de posiciones, son fenómenos diferenciados. Afirman que prostitución y trata no son lo mismo y abogan por perseguir la trata pero sin vincularla directamente al trabajo sexual.

Para Marta Jiménez, “el trabajo es una actividad remunerada que nos permite sobrevivir en la sociedad, por lo que las mujeres, cuando ejercen la prostitución, están trabajando.” Negar la consideración de trabajo, alerta, supone negar también los derechos laborales que lleva asociada esta actividad.

Torrado, en cambio, interpreta que por muy precarizado que esté el mercado laboral no podemos comparar ningún trabajo con “estar en un sitio donde una persona te está penetrando, te está ejerciendo unas prácticas indignas y muchas veces bajo violencia, con unos riesgos increíbles.”

Irene Rodríguez insiste en la necesidad de superar el estigma, para dejar de “vivir con esa mirada desde fuera, y muchas veces desde dentro, de todo ese aprendizaje que hemos tenido las mujeres a lo largo de nuestras vidas, donde nos enseñan que puta es todo lo que no debemos ser y entramos en la idea de las buenas y las malas mujeres.” Aboga porque el feminismo escuche e incorpore alternativas, “abrir la mirada a que las mujeres, en plural, puedan tener unas buenas condiciones.”

Otro aspecto de discordia es el concepto de oferta y demanda. Desde el abolicionismo se asegura que sin demanda masculina la oferta de prostitución no existiría. Las otras posiciones cuestionan esta afirmación. Concretamente, Marta Jiménez asegura que en nuestro sistema económico es el Capital quien mueve el mundo, no los consumidores.

Tampoco hay acuerdo sobre los beneficios de las legislaciones abolicionistas. Para regulacionistas y proderechos, todo lo que sea penalización de la actividad conduce a las mujeres a ejercer desde la clandestinidad, con la consecuente pérdida de derechos. Las abolicionistas defienden los buenos resultados obtenidos en Suecia, también por las campañas educativas y de apoyo social con las que se acompañan las medidas punitivas.

El debate no acaba aquí ni mucho menos. Desde las posiciones abolicionistas se denuncia que regularizar es legitimar la violencia, convertir al proxeneta en un empresario honorable. Las defensoras de la regulación tachan a las abolicionistas de paternalistas, por considerar “víctimas” a todas las prostitutas, sean o no conscientes de su condición. Entienden que con esa visión niegan la capacidad de decidir de las mujeres, encasillándolas como objetos pasivos de sus propias vidas. Las abolicionistas interpretan que el presunto paternalismo no es más que solidaridad, comparando su labor militante con la de sindicalistas en defensa de los derechos de la clase obrera.

¿Y los hombres qué?

La Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) en Canarias se alinea en posiciones abolicionistas. Son especialmente combativos contra la trata de mujeres y consideran la prostitución “execrable” en sí misma, si bien la organización mantiene abierto el debate sobre una posible regulación de la actividad.

Más allá de la posición de cada cuál, a favor o en contra de penalizar a los puteros, hay una pregunta inevitable: ¿Qué lleva a una persona, mayoritariamente a los hombres, a pagar a cambio de sexo?

Pedro Unamunzaga, psicólogo y miembro de AHIGE, asegura que “en algunos casos el hombre ejerce una práctica sexual distorsionada, desvinculada de la relación afectiva, más vinculada a la carencia de valores personales, a la sensación de poca valía y con necesidad de imposición para ganar poder para sí mismo o dentro de un entorno determinado.” Aunque no se puede hablar de un único perfil de putero, ya que existen numerosas variables como la adicción al sexo o la dependencia, Unamunzaga detecta una constante: “la desvinculación empática de la persona prostituida. Hay un ejercicio de violencia en el que solo se mira el propio desfogue, placer o evitación del dolor.”

Laura Pedernera, investigadora feminista, también se define como abolicionista y centra sus trabajos en el perfil del cliente. Asegura que un 75% de los prostituyentes quedan descontentos de su relación sexual de pago y así todo repiten, entre otras, por los siguientes motivos: la abstinencia sexual, la timidez y la soledad afectiva; la desconfianza, el temor y el odio que les inspiran las mujeres; una vida sexual insatisfactoria; eludir cualquier tipo de responsabilidad, especialmente afectiva; la adicción al sexo. Otros aspectos que incluye, citando a Sánchez Vallejo, son el factor grupal, la inmediatez y el atractivo estético.

Mucha hipocresía

José Francisco Mesa, secretario de la asociación LTGBI Algarabía y sexólogo educativo, denuncia la hipocresía social en torno al sexo. De un lado, afirma, mitificamos el placer y al mismo tiempo educamos en la castración. Por otra parte, señala que no se puede hacer la vista gorda a las mujeres empobrecidas abocadas a la prostitución y llama la atención sobre la permeabilidad de las fronteras, el consumo globalizado de prostitución a través del turismo sexual.

Las formaciones políticas tampoco tienen el debate totalmente cerrado. Ciudadanos borra de su vocabulario la expresión violencia de género y se centra en aspectos economicistas cuando habla de legalizar la prostitución, tratándola más como un fenómeno de economía sumergida que como un problema de privación de derechos de las mujeres. El PP está más próximo al prohibicionismo norteamericano, mientras que PSOE e IU sí se manifiestan a favor de la abolición. Podemos no ha cerrado el debate pero sí afirma que es un problema de derechos de las mujeres, condena la trata, al tiempo que aboga por combatir las causas socioeconómicas que obligan a la prostitución. Simultáneamente, defiende “la autonomía de las prostitutas frente a empresarios, proxenetas y clientes.”

Espacios comunes

Es de manual de resolución de conflictos. Entre tantos desencuentros, todas las partes tendrán que flexibilizar sus máximos y apostar por espacios comunes que todas las versiones del feminismo reconozcan y puedan defender conjuntamente.

Laura Pedernera señala dos aspectos por los que, considera, todos los feminismos podrían apostar. De una parte, la consideración de violencia de género a toda violencia específica generada en el entorno de la prostitución, ya que la legislación española la excluye, quedando también fuera de las estadísticas oficiales. Entre 2010 y 2015, se calcula que fueron 31 las mujeres asesinadas durante el ejercicio de la prostitución. Así todo, las cifras oficiales no descienden de 50 asesinatos anuales de mujeres por violencias machistas.

La segunda propuesta es que cualquier intervención policial relacionada con la prostitución sea ejecutada por agentes femeninos con formación específica de género.

Dicho queda. El debate continúa.

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