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La Guardia Civil ratifica que Dimas Martín ‘movía los hilos’ de Arrecife desde la cárcel

El instructor de la investigación asegura que las conversaciones grabadas y la documentación intervenida acreditan que el fundador del PIL dirigía una trama para el cobro de comisiones ilegales

El comandante de la Guardia Civil resalta "el ascendente político generalizado" que tenía sobre los concejales de su partido a pesar de estar inhabilitado

El abogado de Dimas Martín, Manuel González Peeters, intenta desacreditar la labor de investigación desarrollada por la UCO

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Dimas Martín durante su regreso a la prisión de Tahiche.

Dimas Martín durante su regreso a la prisión de Tahiche.

El comandante de la Guardia Civil que ejerció como instructor de la investigación de  la denominada operación Unión ha ratificado este jueves que, pese a estar inhabilitado para el ejercicio de un cargo público, Dimas Martín, el fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), movía los hilos del Ayuntamiento de Arrecife entre 2008 y 2009 desde la cárcel de Tahíche, donde se encontraba cumpliendo una condena por otro caso de corrupción, gracias al “ascendente político generalizado” que tenía sobre los concejales de su partido.

En  la séptima sesión del juicio por una de las piezas separadas del caso Unión (la número ocho de diez), celebrada este jueves en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el comandante ha reiterado que las escuchas realizadas y la documentación intervenida en el registro a su celda y a su domicilio acreditaron que, “a pesar de no ostentar cargo de responsabilidad” en ese momento, Dimas Martín dirigía una trama para el cobro de comisiones ilegales a empresarios.

Según explicó el instructor de la Guardia Civil, la operación tiene su origen en la denuncia de un empresario de Lanzarote que afirmaba ser víctima de una extorsión por parte del Ayuntamiento de la capital, que le exigía una comisión del 10% (posteriormente el 8%) para desbloquear el pago de una cantidad de dinero que la administración le adeudaba por los servicios prestados.

Era el concejal de Hacienda –José Miguel Rodríguez- quien había retenido el dinero de la deuda, pero era Dimas quien lo ordenaba”, ha manifestado el agente de la Unidad Central Operativa (UCO) en su declaración de este jueves en calidad de testigo.

La subordinación de este y otros concejales del grupo de gobierno al fundador del partido era “total y absoluta” y el nivel de detalle con el que Dimas Martín manejaba los asuntos del Consistorio era “impropio de un simple presidente de un grupo político”, destacó.

En un oficio firmado en febrero de 2009, el instructor solicitó a la autoridad judicial que pinchara los teléfonos móviles de Dimas Martín y José Manuel Rodríguez. Posteriormente pediría la prórroga de las escuchas porque se mantenían abiertas cuatro líneas de investigación. Las conversaciones interceptadas “corroboraron la veracidad” de lo afirmado por el empresario y revelaron que el hecho investigado “no era puntual”.

“La Guardia Civil llegó a cubrir una cita en el aeropuerto de Lanzarote a la que acudió otro empresario de Las Palmas, en la que se intercambió un sobre con todas las medidas de sigilo”, explicó el agente, quien agregó que en este encuentro participaba un intermediario de Dimas.

Tanto en las conversaciones telefónicas intervenidas como en las reuniones, el lenguaje era muy cuidado: “Sería muy ingenuo pensar que hablaban con claridad”.

Las evidencias halladas llevaron a la UCO a concluir que se encontraba ante una asociación ilícita (“lo que hoy se denominaría organización criminal”) con una clara distribución de roles.

De las llamadas a las cartas

El instructor de la Guardia Civil relató a la Sala que Dimas Martín cambió el método de comunicación cuando le retiraron el tercer grado.  De las llamadas telefónicas pasó a las cartas que posteriormente serían incautadas en el registro a su celda. Esta relación epistolar fue la que puso en el punto de mira de la investigación a Francisco José Rodríguez Batllori, abogado y exconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, que hasta ese momento no aparecía como objetivo directo de las pesquisas. “Como sucede en tantas ocasiones en las investigaciones complejas, tras analizar la documentación intervenida ( minutas de honorarios profesionales de Batllori y misivas) y escuchar de nuevo las conversaciones grabadas, todo se ve con otros ojos”, aseveró el comandante.

Tras poner en relación estas pruebas, la UCO determinó que “el pago de honorarios –a Batllori- nada tenían que ver con el Ayuntamiento, sino, en todo caso, con gestiones a título personal para Dimas Martín, en su defensa jurídica de reingreso en prisión”.

La defensa intenta desacreditar la investigación

El abogado de Dimas Martín, Manuel González Peeters, ha puesto en duda este jueves la investigación de la UCO de la Guardia Civil. En un tenso y, en ocasiones, subido de tono intercambio de palabras con un agente del grupo de delitos urbanísticos que intervino en el registro a la celda de su representado, el letrado ha cuestionado la selección de los documentos incautados en la prisión. “¿También eran relevantes los email entre Dimas Martín y su abogado, Manuel González Peeters?”, le ha preguntado.

La defensa ha manifestado que los guardias civiles registraron un lugar “que no correspondía al domicilio de Dimas Martín”, sino al de su hijo Fabián. “Recuerdo que dijeron que estábamos recogiendo documentos que no pertenecían a Dimas, sino a Fabián, pero no me consta que una parte de la vivienda fuera de Fabián”, respondió el agente, que dirigió la entrada y registro a ambos lugares.

Sobre la selección de las llamadas, el instructor comentó posteriormente que solo escuchaba las conversaciones más relevantes o aquellas que tenían una interpretación más discutible, pero que en ningún caso esta clasificación alcanzaba a la autoridad judicial, que recibía “todas las conversaciones en su soporte original”.

Los dos principales imputados en esta pieza, Dimas Martín y Rodríguez Batllori, se enfrentan, respectivamente, a posibles condenas de seis y ocho años de cárcel por varios delitos, entre ellos malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental.

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