Cada vez más ayuntamientos se comprometen a dejar de operar con entidades financieras que desahucien
Tras cientos de miles de desahucios efectuados en los últimos años, y con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regular la dación en pago que acaba de llegar al Congreso de los Diputados, algunos Ayuntamientos estan tomando la delantera, de la mano de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y estan aprobando mociones contra estas prácticas. La última y más llamativa, la que ha llevado a unos cuantos consistorios catalanes, la mayoría del área metropolitana de Barcelona, a comprometerse a dejar de operar con entidades financieras que efectúen desahucios de viviendas habituales en sus términos municipales.
“Nuestro objetivo es que las entidades financieras reconozcan el desastre social y rectifiquen”, expone Isabel Garcia Ripoll, alcaldesa de la localidad barcelonesa de Santa Perpètua de Mogoda, el último de los municipios catalanes en sacar adelante la moción. Garcia Ripoll (ICV) explica que se trata sobre todo de una medida “de presión” hacia los bancos, porque la intención es que cedan en las negociaciones y acepten daciones en pago, y un mensaje hacia la Administración central, para que modifique la ley hipotecaria.
Pero, a pesar de tener voluntad, según cuenta la alcaldesa, los ayuntamientos tienen poco margen de actuación. En primer lugar, porque de entrada operan con pocos bancos -“solo tenemos algún crédito y la cuenta corriente”-, y en segundo lugar, porque en la misma moción se especifica que el consistorio, pase lo que pase, no puede perder dinero con la medida así que de entrada se descarta la posibilidad de romper con los bancos con los que se ha contraído un crédito.
Desde diciembre, la propuesta se ha sacado adelante en los plenos de ayuntamientos tan relevantes como Tarragona, Vilanova i la Geltrú o l'Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más habitada de Cataluña. Mención especial para la comarca del Baix Llobregat, dónde una decena de pueblos se han comprometido contra los desahucios. La moción, presentada por ICV-EUiA en la mayoría de ellos, se ha aprobado, con algunos matices, en Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, El Prat de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Molins de Rei, Sant Just Desvern y Sant Andreu de la Barca.
Desde algunos ayuntamientos, sin embargo, ya le están echando agua al vino. “Dejaremos de operar con las entidades siempre que los desahucios sean abusivos”, detalla Joaquim Balsera, alcalde socialista de Gavà. Balsera considera “abusivos” solo los desahucios protagonizados por “familias en paro y con menores al cargo”. Además, este alcalde precisa que cuando se cumpla “con el devenir normal de una relación contractual”, el ayuntamiento no se verá obligado a romper relaciones con el banco, aunque asegura que se activarán de todos modos los mecanismos de “mediación”.
Puntos menos llamativos pero más relevantes: plusvalías y mensajes al Gobierno
La amenaza de ruptura con los bancos es solo el punto más destacado de las mociones en cuestión. Pero los textos, promovidos por la PAH, suelen incluir, entre otros, “instar al Gobierno a impulsar medidas para suspender los desahucios de residencia habitual”, y a que “la suspensión se mantenga hasta que se promulgue una nueva normativa hipotecaria” acorde con la ILP impulsada por la plataforma. Esta es quizás la medida más importante para la PAH. “Las notificaciones al Gobierno pueden parecer simbólicas, pero ayudan a presionar: son medidas sobre todo políticas”, apunta Mercè Pidemont, una de las integrantes de la plataforma que centra su trabajo en las mociones.
Los documentos aprobados también dan instrucciones a la policia local para que “no dé ningún apoyo a la policia judicial en el lanzamiento de personas empadronadas de su residencia habitual” y solicitan al juez que facilite “mensualmente” a los servicios sociales “una relación de los procesos judiciales” que podrían terminar en desahucio para que el Ayuntamiento pueda abrir una negociación con las entidades financieras.
Pero desde la PAH se afanan en reclamar otra medida que no consta en estas mociones, pero que algunos consistorios sí han aprobado. “La anulación de las plusvalías”, sentencia Pidemont. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, anunció en diciembre del año pasado que dejaría de cobrarlas. Se trata de un impuesto como consecuencia de la transmisión de la propiedad de un inmueble, y deben pagarlo tanto los que ganan dinero con dicha transmisión como los que lo pierden, como los desahuciados o los que acordan una dación en pago. En 2012, con este “impuesto injusto” -en palabras de Pidemont- aplicado a 234 ejecuciones hipotecarias, la administración que dirige Xavier Trias recaudó hasta 353.000 euros.
