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El Ayuntamiento de Barcelona estudia 2.000 casos para sancionar compañías de luz y gas

El consistorio considera que las suministradoras deben informar a las familias en situación de pobreza energética de qué recursos disponen antes de efectuar un corte

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Laia Ortiz, diputada de ICV-EUiA en el Congreso y número 3 de la lista de Barcelona en Comú para la alcaldía de Barcelona. / Marta Jara

Laia Ortiz, teniente de alcaldía de Derechos Sociales Marta Jara

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado 32 expedientes sancionadores por infracciones de la ley 24/2015 en materia de pobreza energética a Endesa y Gas Natural. El consistorio ya ha aplicado una sanción de 7.000 euros, recurrida por Endesa, por no haber informado correctamente a una familia de sus derechos y estudia 2.000 expedientes por si consideran que se puede aplicar la vía sancionadora.

"El principio de precaución que establece la ley 24/2015 no pasa sólo por notificar los cortes, sino que también implica poner en conocimiento a las familias los recursos que tienen a su disposición", asegura la tercera teniente de alcaldía, Laia Ortiz. El Ayuntamiento ha elaborado una instrucción jurídica para concretar cómo se debe interpretar la ley, que dice a las compañías suministradoras como deben informar al consistorio de los cortes y qué informaciones deben hacer llegar a las familias, y ahora sancionan el incumplimiento. La concejala añade que este proceso ha servido para que algunas compañías les notifiquen las órdenes de corte de suministro de forma más regular, "pero Gas Natural es la que peor ha respondido y sólo nos lo comunicó un mes", remarca.

Ortiz también ha reclamado a la Generalitat que aplique la ley de manera más contundente para hacer frente a la pobreza energética. Asegura que Barcelona está negociando con las compañías para que se hagan corresponsables de la factura de la pobreza energética, que según cálculos del Ayuntamiento asciende a los 3 millones de euros. "Pero no todas los ayuntamientos son como Barcelona ni tienen la misma capacidad de negociación, por lo tanto hay una negociación a nivel de país", ha asegurado Ortiz.

La Generalitat ha aplicado las sanciones vinculadas a la ley en 19 ocasiones ante 195 denuncias. Las entidades promotoras de la ILP que dio lugar a la ley 24/2015 –la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC– han exigido en varias ocasiones tanto a la Generalitat como al Ayuntamiento la firma de convenios con las suministradoras que siguen pendientes. Ortiz asegura que se encuentran en un proceso de negociación que "es tenso", pero que la ley les obliga a firmar el convenio.

Retos en vivienda

Con respecto a la nueva ley de vivienda, que la Generalitat impulsa de urgencia para sustituir l os artículos suspendidos de la ley 24/2015 sin el apoyo de sus promotores, el Ayuntamiento de Barcelona pide ir más allá. El concejal de vivienda, Josep Maria Montaner, valora positivamente que la nueva ley se haya elaborado "con mucha rapidez", pero considera que habrá que buscar respuestas a dos carencias, quizás en una Ley catalana de Arrendamientos Urbanos.

Por un lado, Montaner ve necesario "reconocer las sanciones a los alquileres abusivos, que son la principal causa del aumento de los desahucios". El concejal apunta que en Barcelona las órdenes de desahucio se han incrementado ligeramente hasta alcanzar cifras de 60 desahucios a la semana, el 94% de los cuales por impago de alquiler. Añade, sin embargo, que se ha reducido el número de desahucios que finalmente son ejecutados. "La Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER) ha intervenido en 2.000 casos y sólo 310 de estos han acabado en la mesa de emergencia", asegura.

Por otra parte, el concejal asegura que "todo el esfuerzo para atender la emergencia recae sobre los ayuntamientos" y reclama más implicación de la Generalitat. "Hemos tenido que ampliar el Plan de Vivienda de la ciudad, compartido con la Generalitat, pero toda la ampliación de recursos ha estado a cargo del Ayuntamiento", critica.

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