Un manifiesto feminista reclama educación contra el sexismo, conciliación y la retirada de la ley del aborto
Más educación contra el sexismo y la violencia machista, avanzar hacia una conciliación laboral y familiar, mantener un posicionamiento inequívol contra la reforma de la ley del aborto, implementar las políticas de apoyo a las víctimas de malos tratos... Estas son algunas de las nueve demandas que el colectivo Feministes de Catalunya traslada al Govern de la Generalitat en ocasión del Dia de la Mujer. “No se trata de reivindicaciones exhaustivas, sino de no retroceder en algunos derechos ya reconocidos”, apuntan en el documento, que lleva por nombre Exigencias básicas a los partidos políticos de Catalunya.
El manifiesto lo firman más de 150 personalidades, y tiene la clara intención de influir en los programas electorales de los partidos que operan en la política catalana. “No podemos apoyar aquellos partits que no se comprometan firmemente en el cumplimiento de nuestras exigencias, que consideramos que compartimos con la mayoría de hombres y mujeres”.
Además de las ya mencionadas, entre las demandas se encuentran “universalizar la educación afectiva y sexual”, que en el caso de Cataluña nunca se ha llegado a llevar a cabo en las escuelas, “crear las condiciones necesarias para que ninguna mujer pueda ser obligada a prostituirse” y llevar a cabo políticas que conduzcan hacia la paridad, especialmente en el ámbito público y de representación política.
Asimismo, el manifiesto también hace referencia a medidas que no están estrictamente relacionadas con el papel de la mujer, pero que la afectan de manera indirecta. Entre estas estaría la de hacer efectiva la ley de dependencia, que según el colectivo “pondría en valor” una tarea que a menudo recae en las mujeres. O aumentar las políticas dedicadas a eradicar la exclusión social, como la renta mínima garantizada, teniendo en cuenta que el 60% de las personas que sufren este riesgo son mujeres.
En cuanto a la ley del aborto, Feministes de Catalunya pide en este caso al Gobierno del Estado -el Parlamento ya votó en contra de la reforma- que se eche atrás y que convierta la interrupción del embarazo en una “prestación sanitaria efectiva”. “Hay que exigir el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo”, sentencian.
