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"Que la gente que vive en residencias vuelva a casa por no recibir las ayudas prometidas es un descalabro"

Entrevista a Núria Carrera, decana del Colegio de Trabajo Social de Cataluña: "Castigar al sector que atiende a las personas más vulnerables es un escándalo"

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Núria Carrera, decana del Col·legi del Treball Social de Catalunya.

Núria Carrera, decana del Col·legi del Treball Social de Catalunya.

El Colegio de Trabajo Social de Cataluña ha denunciado recientemente la suspensión de las prestaciones económicas vinculadas a las plazas de residencia y de las ayudas previas a los ingresos residenciales, decididas por el Govern de la Generalitat. También ha lamentado la orden del departamento de Bienestar Social de la Generalitat de reducir las ratios de personal en estos centros. En un comunicado, el colegio considera que estas decisiones "vulneran derechos y amenazan la calidad residencial". Núria Carrera es su decana, y con ella hablamos de la situación en las residencias.

¿Cuál es la consecuencia más directa de la suspensión de las prestaciones económicas vinculadas a una plaza de residencia?

Desde finales del franquismo y el principio de la democracia se logró que cuando una persona tenía que ingresar en una residencia, el Gobierno le complementaba la pensión -o lo que podía aportar- con una pequeña parte para poder afrontar los gastos que conllevaba el ingreso. Ahora esto ha desaparecido. Todas las que tengamos la necesidad de acceder a una residencia, tendremos que pagar el cien por cien del gasto, de forma indefinida.

Hay residencias públicas, con una lista de espera de dos o tres años. Y hay pocas. En su momento, hace años, se acordó, con buen criterio, que si no había plazas en las residencias públicas se podía ir a la privada y la Generalitat te pagaba el complemento económico que ahora ha desaparecido. Esto quiere decir que las personas que ahora necesitan un ingreso deberán pagar, como mínimo, 2.000 euros. Esto es casi casi pedir lo imposible.

¿Y qué valoración hace de esta decisión del Gobierno de la Generalitat?

Entendemos que se trata de un incumplimiento de la Ley de la Dependencia, que obligaría a cambiar su articulado. Por eso pedimos al Consejo Asesor de Políticas Sociales y Familiares de la Generalitat que emita un dictamen para determinar si es legal o no.

La consejera de Bienestar Social y Familia primero dijo que era una suspensión temporal, para los dos meses de verano.

Los trabajadores sociales son los profesionales que gestionan este recurso. Hacen los informes correspondientes (los PIA) y tienen un conocimiento muy cercano de lo que está pasando. Ya avisamos que aquí podíamos hacernos daño. Es cierto que el Gobierno del Estado ha reducido el apoyo al desarrollo de la ley, y sus aportaciones, al rebajarse, han castigado a los gobiernos autonómicos, y muy especialmente al de Cataluña. Pero hay una línea roja que no debemos poder traspasar, en el momento en que nuestro Gobierno autonómico decide dónde aplica los recortes. Y los trabajadores sociales estamos convencidos de que este tramo era intocable. Puede afectar a muchísimas familias, creando mucho dolor y mucha preocupación.

¿Se ha cuantificado el número de personas afectadas por esta suspensión de las ayudas?

A mí me llamaron desde el departamento de Bienestar Social y Familia para darme explicaciones y me dijeron que las personas que ya habían ingresado y que recibían una pequeña ayuda económica y esperaban la ayuda definitiva, dejarían de recibirla. ¿Qué efecto tiene esto? Pues que al perder esta pequeña ayuda y no recibir lo que esperaban, buena parte de esta gente tendrá que volver a casa. ¿De cuánta gente estamos hablando? No lo sé. ACRA, la federación de las residencias privadas, hablan de 500 personas. Lo que sí sé es que hay personas que viven ahora en una residencia, que han luchado para poder estar allí y que ahora tienen que volver a casa... ¡es un descalabro enorme! El departamento nos ha prometido que harán un estudio caso por caso para evitar problemas añadidos y buscar soluciones para situaciones de emergencia. Ojalá nuestra nota de protesta haya ayudado a que podamos tratar a los ancianos como lo mejor que tenemos. No nos podemos permitir que por desinformación o disfunciones del sistema tratemos a las personas mayores como si fueran pelotas que llevamos arriba y abajo: las ingresamos en una residencia, las devolvemos a casa porque no tenemos dinero... Es un gran desbarajuste para las familias pero muy especialmente para las personas afectadas.

Denunciáis también que el departamento recomiende que haya menos trabajadores en las residencias para ahorrar gastos.

Lo están negociando entre las empresas privadas y la Generalitat y queremos alertar del riesgo que conlleva. Si ahora reducimos el personal, además de muchas horas de trabajo profesional en las residencias no sólo atenderemos a pocas personas sino que no lo haremos bien. Estamos ante una amenaza muy evidente de afectar a la calidad de la asistencia y de precarizar los puestos de trabajo. Hay sectores muy castigados por los recortes, pero castigar al sector de atención directa a las personas vulnerables clama al cielo. Nos estamos equivocando.

¿Estamos hablando de logros que no volveremos a recuperar?

El estado del bienestar tiene un efecto redistributivo, para que los derechos puedan ser universales. La reducción de los servicios públicos puede dañar algunos de estos derechos, pero si se hace caer este estado del bienestar y volvemos a beneficiar sólo a los que pueden pagarse los servicios mientras el resto quedamos desprotegidos, esto nos lleva a un sistema de vida de desigualdades extraordinarias. Tendremos unos cuantos, pocos, que serán muy ricos, y la mayoría que seremos pobres y saldremos adelante con muchas dificultades. Esto nos llevará a problemas graves de convivencia, felicidad y bienestar colectivo.

¿Cuál es el estado de ánimo de los trabajadores sociales ante estas noticias tan negativas?

Por eso nos movilizamos tanto estos días. La Junta de Gobierno del Colegio ha recibido muchos correos de los trabajadores que nos piden consejo. Preguntan qué deben hacer con la gente que no puede ingresar o con los que quizá tengan que volver a casa. La desolación de los profesionales de primera línea es muy grande. Hacemos una reflexión colectiva que puede sonar extraña: debemos buscar otra vez la militancia de la lucha por nuestros derechos y tener confianza, que no significa ser ingenuo. Si nos organizamos, juntamos y luchamos, podemos volver a buscar un mundo mejor para todos nosotros. Está en nuestras manos luchar por una mejor forma de vida. El capitalismo nos ha llevado a situaciones feroces. Y en Cataluña añadimos la problemática de la relación con el estado. Pero más allá de todo esto, tenemos que seguir luchando por los mínimos innegociables para hacer otro país y más digno.

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