Si quiere ser médico ¿a qué escuela debe ir? Entre la escuela plural y la desigual
La Consellera Rigau levantó, hace dos semanas, una fuerte controversia al despreciar y considerar ideológicamente sesgado un informe de la Fundació Bofill, hecho por los profesores Xavier Bonal y Toni Verger, que denuncia el bajo gasto en educación y la falta de sensibilidad social en la priorización de este gasto por parte del actual Gobierno de la Generalitat. De los argumentos que esgrimió para criticar el informe, hay uno que es especialmente interesante destacar: la vehemente denuncia por parte de la Consejera de la obsesión que tienen una parte de los académicos del país por uniformizar la escuela catalana. Según Rigau, la crítica al Gobierno por el trato deferente hacia la escuela concertada es injusta, y ante esto, ella se erige en la principal defensora de una escuela catalana plural.
¿En qué consiste exactamente esta defensa de un modelo de escuela plural? La actual campaña del Consorcio de Educación de Barcelona (participado por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona), destinada a recordar a los padres que se inicia el proceso de preinscripción escolar, nos da algunas pistas. En el cartel de la campaña aparece en primer plano una niña sonriente, y se lee: “Ella quiere ser médico. Tú quieres encontrar la mejor escuela. Comienzan las jornadas de puertas abiertas”. El mensaje de la campaña apela directamente a los padres a comprometerse seriamente en la elección de la escuela de sus hijos. Tomarse las cosas alegremente es cosa de los hijos; por el contrario, es responsabilidad de los padres garantizar que la inocente felicidad de los niños se desarrolle en un entorno que no les perjudique al crecer.
Asimismo, el consorcio reconoce que no todas las escuelas son iguales. Sorprendentemente, sin embargo, la diferencia entre las escuelas no radica en su filosofía o sensibilidad pedagógica, que es lo que se podría suponer de la defensa de un modelo catalán de escuela plural. Se reconoce que hay escuelas mejores y peores, y la misión de los padres es volcar todos los esfuerzos necesarios en matricular a sus hijos a las mejores, especialmente si se tienen unas elevadas expectativas sobre su futuro profesional. Se dice a los padres: si tu hija quiere ser médico, asegúrate de ir a una escuela que no socave sus posibilidades.
De esta forma, se afirma que el sistema educativo debe garantizar que las niñas puedan llegar a ser médicas, pero se deja entrever que no es posible que todas las escuelas tengan la capacidad potencial de hacer de las niñas futuras médicas. Todas las escuelas, las mejores y las peores, están a disposición de todos los padres, y es la pericia en la elección la que favorecerá o frustrará los sueños de los hijos. También hay escuelas para aquellos padres de niñas que no sueñan con ser médicas, o que no se preocupan por elegir una escuela adecuada. La advertencia implícita en el anuncio debe servir para no culpar a la Administración, a posteriori, si las niñas han acabado optando por trayectorias profesionales más modestas.
Así pues, la responsabilidad política de garantizar escuelas de primer nivel para todos es sustituida por la apelación a la responsabilidad ética individual de los padres. Se trata de una responsabilidad ética basada en competir con el resto de padres para conseguir el mejor servicio público por los propios hijos, a pesar de que ello suponga un perjuicio para otros menores. En una versión actualizada de la famosa sentencia de Hobbes, el padre es un lobo para los otros padres, y convertirse en un buen padre conlleva, ineludiblemente, renunciar a ser un buen ciudadano, preocupado por el bienestar colectivo. Ya se sabe que son malos tiempos para la lírica.
De lo contrario se puede interpretar esto como una muestra de respeto a la diversidad cultural de los padres, ya que no todos tienen que compartir necesariamente unas elevadas expectativas académicas y profesionales para sus hijos. Ciertamente, esta justificación “culturalista” del modelo puede seguir en determinadas políticas educativas actuales: por ejemplo, en la autonomía de centro (escolar), a la que el actual Gobierno otorga tanta relevancia. Una de las virtudes de esta autonomía debe ser poder ajustar la misión de los centros escolares a las características de los barrios donde están. Este ajuste puede servir para hacer de las escuelas más atractivas y estimulantes, pero según cómo se concrete acerca peligrosamente sus proyectos educativos a las bajas expectativas “de clase” que tienen las familias de algunos barrios -o, mejor dicho, que alguien supone que deben tener.
Cabe decir, sin embargo, que esta justificación del respeto a la diversidad es difícil de mantener en un contexto de empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora, que hace de los nichos laborales no cualificados espacios de precariedad existencial garantizada. Por otra parte, es un argumento que tampoco tiene en cuenta que la escuela debería garantizar la igualdad de oportunidades. En el caso de la educación primaria, esto implica lograr que la gran mayoría de los niños, si no todos, adquieran suficientes competencias cognitivas y tengan suficiente apertura de expectativas como para poder decidir cuál es la trayectoria educativa y laboral que quieren tomar una vez dejen de ser niños.
Con todo, el eje de la defensa de la pluralidad del anuncio del consorcio no parece ser este respecto mal entendido e interesado en la diversidad, sino que lo es la noción de que la diversidad de escuelas garantiza un contexto competitivo que mejora el sistema educativo. En el anuncio, la Administración pide a los ciudadanos que compitan por un recurso público escaso (las mejores escuelas). De esta forma, se importa la idea darwiniana, tan presente en la doctrina económica liberal, que la competencia es clave para la mejora del sistema. Dentro de este marco interpretativo, la elección de escuela se configura como una decisión trascendental en un campo de juego en el que todas las escuelas compiten por ser consideradas las mejores, ante la mirada exigente y neurotitzada los padres, temerosos de cometer un error en la elección de consecuencias devastadoras para el futuro de los hijos.
Esto es, a grandes rasgos, lo que se conoce como una organización escolar de casi-mercado. En teoría, hacer que las escuelas se comporten como oferta, compitiendo unas con otras para resultar atractivas a la demanda (los padres que deben decidir si llevar a los hijos), debe introducir los estímulos necesarios para hacer mejorar la educación. En la práctica es un sistema que, más allá de la grandilocuencia de la retórica economicista que lo legitima, chirría por todos lados. Su principal defecto es que no mejora la calidad del sistema educativo. Hay muchas experiencias de países que han implantado modelos de casi-mercado y han producido un empeoramiento notable de los resultados educativos.
Además, en todos los casos la organización competitiva del sistema escolar se ha provocado descuidar el principio de la equidad: esto es, que el rendimiento de los alumnos esté lo menos condicionado posible por la condición social de sus padres. En los sistemas de casi-mercado los alumnos que parten de posiciones favorecidas, cultural y económica, salen reforzados del paso por la escuela, y los que parten de situaciones desfavorecidas salen perjudicados. No mejora el sistema educativo, pero sí tiene un efecto deseable para unos cuantos: inutilice los mecanismos meritocráticos que harían más difícil perpeturarse, generación tras generación, en las posiciones de privilegio.
Por si esto fuera poco, estos sistemas tienen otro defecto. En este modelo organizativo del sistema escolar pasa como en el capitalismo: no se trata de un verdadero juego competitivo, porque muchos de los actores juegan con las cartas marcadas. En buena parte de los modelos de casi-mercado -y, ciertamente, en la manera en que se está configurando en Cataluña- el grueso del sistema educativo está subvencionado con fondos públicos, pero en cambio no todas las escuelas son accesibles para todos. Hay muchas barreras a la plena libertad de elección de centro, pero la más evidente es que, a pesar de que todas las escuelas están pagadas fundamentalmente con fondos públicos, algunas tienen barreras económicas que impiden el acceso de todos: las escuelas de titularidad privada en régimen concertado.
Sería un error imperdonable no reconocer como se merecen las escuelas concertadas que tienen una vocación de servicio público de primer orden. También lo sería no evidenciar que bastantes escuelas públicas están jugando, por activa o por pasiva, a blindar a las familias de mayor estatus sociocultural. La envoltura de unos discursos y prácticas pedagógicas de lo más innovadoras o unas cuotas a las AMPA que no están al alcance de todos los bolsillos son algunos de los mecanismos que favorecen conseguir este posicionamiento. Pero, a nivel estructural, la escuela concertada sale favorecida de la conversión del campo escolar a la lógica de casi-mercado.
Son escuelas, además, que cada vez adquieren mayores ventajas competitivas frente a las de titularidad pública: tienen una sexta hora lectiva diaria (que sólo mantienen los centros públicos más desfavorecidos); en secundaria conservan el horario de mañana y tarde que los centros públicos, con la connivencia entre el gobierno y el profesorado, están perdiendo, y se adaptan a los nuevos requerimientos de los padres (en la actualidad, la incorporación del inglés como lengua vehicular). A medio plazo, buena parte de las escuelas públicas, las que salen perdedoras en el campo de juego que se va configurando, acabarán teniendo que asumir un rol asistencial; convertirán las escuelas de segunda para aquellos que no pueden acceder a la concertada o a las públicas de alto estatus.
En este sentido, es importante clarificar cuál es la oposición a un determinado modelo de escuela catalana plural que se manifiesta desde determinados sectores académicos. No se trata de una obsesión por uniformizar, sino de oponerse a que, tras la idea del respeto a la diferencia, se estructure un modelo educativo profundamente desigual, que favorezca la reproducción intergeneracional de las posiciones de privilegio y que, además, lo haga con financiación pública. La discusión sobre la pluralidad educativa debe permanecer abierta, y puede contemplar la pluralidad de modelos pedagógicos oa la existencia de una doble red educativa, de titularidad pública y privada, siempre que la red privada esté financiada totalmente con fondos públicos y sea accesible por todos. Pero más allá de esto, hay un objetivo político que debería ser irrenunciable, y que desgraciadamente cada vez lo parece menos: que todas las niñas, vayan a la escuela que vayan, tengan las mismas posibilidades de llegar a ser médicas .
