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Crónica de un suspenso anunciado

Las universidades tienen libertad para contratar a los docentes e investigadores que más les interesan.

Con más frecuencia de la deseada, usan esta libertad para contratar candidatos internos, teniendo mejores opciones – saltándose, si es preciso, las pautas establecidas en los procesos de contratación.

Los candidatos perjudicados carecen de protección judicial eficaz.

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Pucherazo

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No sabemos a qué hora se levantó Alfonso Martínez Sánchez-Lafuente el día que lo iban a suspender, pero podemos relatar los hechos que llevaron a este triste suceso con la tenue esperanza de que la historia deje de repetirse algún día.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 95, de 20 de mayo de 2009, aparece una resolución de la Universidad de Sevilla por la que se convoca un concurso público de méritos para la contratación de Profesores Contratados Doctores. Entre las plazas ofertadas, con número de orden 06/6/09, se encuentra una – en adelante “la plaza” – para el área de botánica (Licenciatura de Biología). A partir de ese momento, comienzan más de cinco años kafkianos, durante los que la Administración Publica hace gala del mejor repertorio surrealista para adornar una injusticia. En concreto, se inicia la siguiente sucesión de eventos de final tan esperable como indeseable:

  • El 1 de julio de 2009, el Rectorado de la Universidad de Sevilla publica la listas definitivas de admitidos y excluidos a las plazas ofertadas. Para la plaza aparece un único candidato admitido, el Dr. Martínez Sánchez-Lafuente, con reconocimiento de mérito preferente, y dos candidatas excluidas (entre otras cosas) por falta de pago de los derechos de examen.
  • El 21 de julio, un mes y veinte días después de finalizado el plazo de presentación de solicitudes y 20 días después de la publicación de las listas definitivas, las candidatas excluidas realizan el pago de tasas y entregan la documentación acreditativa, que el Vicerrectorado de Profesorado admite sin que estuviera abierto ningún plazo para subsanación de errores.
  • El 30 de julio, el Rectorado anula las listas definitivas, publica unas provisionales y abre un plazo de 10 días hábiles para la subsanación de errores. El 7 de septiembre publica nuevas listas definitivas, en las que las candidatas antes excluidas aparecen como admitidas.
  • El 30 de septiembre, el Dr. Martínez Sánchez-Lafuente solicita la recusación de un miembro de la comisión evaluadora, el Prof. Dr. Salvador Talavera Lozano, dado que es el director de tesis de una candidata admitida (en adelante, “la candidata de la casa”), firma todas sus publicaciones hasta la fecha y es el director del Grupo de Investigación al que pertenece la candidata. Por resolución de 16 de octubre de 2009, el Rectorado rechaza la recusación argumentando que no existe riesgo de parcialidad por parte del Dr. Talavera Lozano, ya que la dirección de tesis y la coautoría de artículos son hechos comunes en el ámbito universitario. (Muchos Organismos Públicos de Investigación reconocen específicamente la dirección o co-dirección de la tesis doctoral o coautoría de un número significativo de publicaciones con un candidato como motivo de exclusión “de oficio” por conflicto de intereses de un miembro de la comisión evaluadora). La resolución argumenta también que el Dr. Martínez Sánchez-Lafuente debería haber iniciado el procedimiento de recusación al publicarse la convocatoria (¡cuando todavía no se conocía la lista de candidatos admitidos!), porque ya entonces aparecía el nombre del Dr. Talavera Lozano.
  • Finalmente se presentan a la plaza la candidata de la casa y el Dr. Martínez Sánchez-Lafuente, y el 2 de diciembre la comisión evaluadora propone, por tres votos a favor (incluido, casualmente, el del Dr. Talavera Lozano) y dos en contra, adjudicar la plaza a la primera.
  • El 22 de diciembre de 2009 el Dr. Martínez Sánchez-Lafuente interpone un recurso de alzada contra la adjudicación de la plaza, argumentando esencialmente que la comisión no había valorado el mérito preferente que suponía su acreditación para Profesor Titular de Universidad (según criterios explícitos de la Universidad de Sevilla, esto excluía directamente del concurso a la candidata de la casa, que carecía de dicho mérito preferente), que la falta de pago no es un defecto subsanable (sólo es subsanable la falta de acreditación), y que el Dr. Talavera Lozano no debía haber pertenecido a la comisión evaluadora, al estar sometido a un claro conflicto de intereses.
  • Desestimado el recurso, se abre la vía contencioso-administrativa. Cuatro años después, en enero de 2013, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Sevilla da la razón al Dr. Martínez Sánchez-Lafuente (procedimiento abreviado nº 6/2010). La sentencia es recurrida, y el 29 de julio de 2014 la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, determina inválida la admisión al concurso de la candidata de la casa, por lo que dictamina que ésta debe cesar en su puesto y repetirse el concurso con un único candidato admitido: el Dr. Martínez Sánchez-Lafuente.
  • Finalmente, el concurso se repite los días 4 y 5 de febrero de 2015 en ausencia del Dr. Talavera Lozano – el TSJ sentenció su recusación, argumentando que su presencia sería tanto como permitirle que se valorara a sí mismo. El único candidato aprueba el primer ejercicio, pero es suspendido en el segundo, de nuevo con dos votos a favor y tres en contra.
  • El 23 de febrero de 2015 (solo 18 días después de la finalización del concurso) el Vicerrectorado de Profesorado de la Universidad de Sevilla convoca una plaza de sustituto interino, que obtiene la candidata de la casa.

Separado de las tareas docentes e investigadoras desde 2009, la carrera del Dr. Martínez Sánchez-Lafuente entre el 2009 y el 2015 ha sido tortuosa, y en la actualidad está preparando oposiciones de gestión procesal. Por tanto parece seguro que no preparó la oposición con el esfuerzo y entusiasmo con que lo hizo en 2009. Así que, para evitar un argumento irresoluble, supongamos que si la función del tribunal que evaluó al candidato en 2015 consistiese en determinar si un candidato sin historia merecía una plaza sin historia, su decisión de suspender al candidato y declarar la plaza desierta hubiese estado justificada.

Hagamos notar, sin embargo, que aunque aceptemos el supuesto sería fácil discutirlo: las aptitudes del candidato fueron evaluadas y aprobadas por dos Agencias de Acreditación nacionales (como Profesor Titular de Universidad por la ANECA y como investigador I3 por la ANEP), y en la Universidad de Sevilla, al obtener la acreditación correspondiente, los Ayudantes Doctores pasan automáticamente a Profesores Contratados Doctores ( interinos) sin que medie oposición ni concurso de méritos.

Consultado un miembro del tribunal, argumenta que el tribunal actuó sobre la premisa de que la sentencia emitida en 2014 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reparaba cualquier entuerto que hubiese cometido la Universidad de Sevilla en 2009 – por lo que sólo le correspondía determinar si el candidato tenía nivel suficiente para merecer una plaza, sin entrar en detalles sobre la historia de la plaza. Y, añade, como el candidato no hizo un ejercicio a la altura de la Universidad de Sevilla, no tuvieron más remedio que suspenderlo, independientemente de la evaluación de méritos realizada por las ya citadas Agencias.

Esta historia evidencia las carencias de los dos elementos de control que establece la ley para la contratación de funcionarios públicos en la Universidad y OPIs: las comisiones de selección muchas veces no son objetivas ni independientes, y el sistema judicial tiene un control meramente formal (además de extremadamente lento) sobre ellas. En 2009 se cometió una injusticia clara, como han reconocido los tribunales, y la única reparación ha consistido en poner al denunciante a los pies de los caballos -- ofreciéndole, en el mejor de los casos, un par de meses para ponerse al día.

Casos como el aquí expuesto son, desgraciadamente, muy comunes, y muchos investigadores sufren reveses como el que experimentó el Dr. Martínez Sánchez-Lafuente en 2009. Un informe basado en una encuesta a 2.588 investigadores (incluyendo 2.350 profesores titulares de universidad pública) concluyó que el 70% de las oposiciones las había ganado un candidato que concurrió en solitario, y el 96% de ellas un profesor que ya trabaja en el departamento que sacó a concurso la plaza. Hay tribunales que son parciales y defienden su derecho a serlo, no se penaliza el plagio de proyectos docentes e investigadores por parte de los candidatos “de la casa” cuando concurren a “sus” oposiciones, hay departamentos que cambian los perfiles de las plazas si se presenta un candidato externo con posibilidades de sacarlas, se hace la vida imposible a los que llegan de fuera,…

El nepotismo y la endogamia rampantes – que no ubicuos, hay muy loables excepciones - impiden que se aprovechen al máximo los recursos públicos dedicados a la enseñanza. Los académicos endogámicos, en conjunto, obtienen resultados  con menos proyección internacional que los de los que han trabajado en varias instituciones. Apostar por la excelencia pasa por buscar los mejores docentes, anunciar las plazas con suficiente tiempo en foros académicos (y no sólo en el BOE) y eliminar las trabas para la contratación de personal extranjero o formado en el extranjero. Pero también por sancionar a grupos y departamentos que se saltan los criterios de las convocatorias para poder seleccionar a “su” candidato, tanto en la implementación del proceso de selección como en la evaluación de sus resultados posteriores ( como defendíamos recientemente para el CSIC). Hasta que esta cultura no se instaure y generalice, la universidad española no podrá dar el ejemplo de búsqueda de la excelencia que necesita una sociedad hastiada de casos de corrupción.

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