Mayor austeridad y desregulación, menor salud y seguridad laboral

Esta semana el debate en el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) giró en torno a las condiciones laborales de la industria textil en Asia, la cual produce para el mercado alemán. Por un momento pensé en escribir otra vez sobre el grave problema de los ataques racistas de extrema derecha en Alemania, en relación con la situación de los refugiados. De hecho, ambos temas están estrechamente ligados, aunque muchos no quieran reconocerlo. No obstante, tenemos que hablar de globalización abarcando todos sus aspectos. Sobre todo, tenemos que aprender a actuar más allá de las fronteras del país, es decir, actuar como europeos, a nivel internacional y global, ante la situación de los refugiados, así como ante la crisis económica.

La globalización de la economía mundial ha conducido a una desindustrialización de los países del Atlántico norte, como señaló Sven Beckert en su libro King Cotton. Es precisamente en la industrial textil y del algodón donde el movimiento obrero ha dado las mayores luchas por mejores condiciones de trabajo. Pero, a su vez esto incrementó el costo de los salarios y los progresos parecen volverse en contra de los trabajadores. Los trabajadores y trabajadoras de la industria textil en Asia siguen haciendo frente a numerosas injusticias y deficiencias en el trabajo; y no solamente en el ámbito de la seguridad. De hecho, en el colapso del edificio Rana Plaza en abril del 2013 en Dhaka (Bangladesh) o el incendio de las empresas Ali en septiembre del 2012 en Karachi (Pakistán), cientos de trabajadores pagaron con su vida la ropa que luego comercializan las empresas europeas.

Sobre este tema conversaron en distintos foros en Berlín dos protagonistas provenientes de Paquistán y Bangladesh. El primero de ellos es Mahmudul Hasan Sumon, perteneciente a un grupo de antropológos activistas en Bangladesh, quien describió cómo él y sus compañeros, tras el incendio de una industria, demostraron que el Estado no se había hecho cargo del problema como debía y no había cumplido con sus obligaciones. De hecho, tuvieron que realizar ellos mismos una lista de todos los trabajadores y trabajadoras que fallecieron sepultadas bajo las ruinas del edificio.

El segundo es Ali Karamat, sindicalista de Karachi, quien contó cómo el Estado se “esfumó”, lo que se debe en gran parte a los Programas de Ajuste Estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI) creados en los años ochenta. Entonces, y con el objetivo de que Pakistán cumpliera con sus créditos, el FMI apoyó la adopción de fuertes medidas de austeridad y desregulación del mercado; entre ellas, el brutal corte de las medidas de salud y seguridad laboral. Por lo que austeridad y desregulación fueron parte de las causas de los fatales eventos vividos recientemente. No se trata de catástrofes naturales. Son catástrofes debidas a causas humanas, por lo que ambos activistas apelan a que el Estado vuelva a tomar un rol protagónico en sus países. Ciertamente no en la forma de los regímenes militares autoritarios del pasado, pero sí como Estados democráticos.

Es interesante ver cómo Sumon y Karamat perciben el papel desempeñado por las organizaciones no gubernamentales (ONG) del mundo occidental en sus países. Ambos, muy afablemente, no critican de forma abierta nuestro compromiso ni el de sus connacionales, pero se oponen a que el mundo se ONGice. Recalcan que asumir responsabilidades jurídicas y crear condiciones adecuadas de seguridad laboral son labores que corresponden principalmente al Estado. Asimismo, consideran esencial contar con uniones sindicales fuertes, para prevenir catástrofres como estas en el futuro y dejar de crear medidas ad hoc, sino tener como objetivo medidas de seguridad laboral efectivas a largo plazo.

El estado del debate actual se aprecia en la demanda civil presentada contra la empresa textil discount KiK por cuatro afectados por el incendio de la fábrica de empresas Ali ante el tribunal federal (Landgericht) de Dortmund (esta demanda cuenta, entre otras organizaciones, con el apoyo del ECCHR). Esta semana KiK contestó a la demanda negando cualquier obligación de compensar a las víctimas y señalando que su “cógido de conducta” no genera obligaciones jurídicas, sino tan sólo deberes éticos; deberes con los cuales KiK dice -inconsecuentemente- estar comprometido. Así, los discounters de Bönen de forma inconsciente están dando una vez más la razón a la sociedad civil alemana, a los sindicatos y a las víctimas en Bangladesh y Paquistán, quienes exigen compromiso real del Estado y normas jurídicas efectivas y vinculantes.