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La SGAE reclamará los perjuicios económicos a los responsables de la trama delictiva

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La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) "celebra" que, tras "más de seis años" del inicio de la instrucción del caso SGAE, la denominada Operación SAGA, "esté próxima" la apertura del juicio y recuerda que reclamará los perjuicios económicos a los responsables como "parte perjudicada".

Según un comunicado de la SGAE, la entidad de gestión ha reaccionado así tras conocer el auto del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que procesa a once personas en la pieza principal del caso SGAE, entre ellas el expresidente de la entidad Eduardo "Teddy" Bautista y al exdirector de la SDAE, filial digital de la SGAE, José Luis Rodríguez Neri.

Para la entidad de gestión, "desde el inicio de la instrucción" se "ha volcado" en colaborar con la administración de Justicia y ha ofrecido la información y documentación disponible para "tratar de agilizar un proceso que se ha dilatado durante tanto tiempo".

El auto detalla que la SGAE pagó a SDAE al menos 57.154.984,40 euros, según datos de la Agencia Tributaría, aunque según la contabilidad fueron 71.700.561,36 euros.

Unos perjuicios económicos a los que hay que sumar los más de 31 millones de euros que Microgénesis S.A. recibió de los fondos de SDAE, según el auto. Además, las pruebas periciales practicadas en relación con el coste de los desarrollos informáticos han evaluado que éstos supusieron para la SGAE un perjuicio económico que superó los 21.5 millones de euros.

En el auto de paso a procedimiento abreviado, paso similar al procesamiento en el sumario, el magistrado propone juzgar además a varios familiares de Neri -su pareja, su hija, su hermana y su cuñada- e imputa a los procesados por delitos de pertenencia a asociación ilícita u organización criminal, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida.

Según el juez, los procesados pusieron en marcha "una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de SGAE" a la organización comandada por Rodríguez Neri mediante la asignación arbitraria a la empresa Microgénesis S.A. de decenas de millones de euros, supuestamente para el desarrollo de soluciones tecnológicas, causando "perjuicios y pérdidas constantes" para la sociedad de autores.

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