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La Generalitat aumenta las cuantías y rebaja los requisitos para acceder a las ayudas contra la pobreza

El proyecto de ley de la Renta Valenciana de Inclusión sube de 385 a 532 euros la ayuda mensual para las personas pobres o en riesgo de exclusión

Se eliminan restricciones por edad y años de residencia y se acaba con la caducidad de las ayudas, que ahora no se pueden percibir más de tres años

La ley, que prevé dar un papel capital a los servicios sociales municipales para simplificar la burocracia, será tramitada con carácter de urgencia por las Corts Valencianes

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Xavier Uceda, el delegado del Consell para el Modelo Social Valenciana, y la consellera de Bienestar Social, Mónica Oltra, en rueda de prensa.

Xavier Uceda, el delegado del Consell para el Modelo Social Valenciano, y la consellera de Bienestar Social, Mónica Oltra, en rueda de prensa. GVA

La Generalitat cambiará radicalmente las ayudas económicas a las valencianos con pocos recursos con la ley de la Renta Valenciana de Inclusión. Todos las personas que residan desde hace al menos un año en la Comunidad Valenciana, que sean mayores de edad y que tengan ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI) tendrán derecho a cobrar una ayuda de la administración valenciana.

La ley, que será tramitada de urgencia en el parlamento valenciano, será aprobada, según la previsión de la Conselleria de Políticas Inclusivas, el primer trimestre de 2017. Prevé pagos de dos tipos. El primero, para completar los ingresos de trabajadores que a pesar de tener empleo están en riesgo de exclusión. La llamada renta complementaria del trabajo compensará los ingresos inferiores al 80% del SMI.

La consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, justifica esta ayuda ante un fenómeno mundial: el de los "working poor", gente con empleo de bajas remuneraciones que a pesar de estar en el mercado laboral no escapa de la pobreza. El segundo tipo de ayudas -renta de inclusión social- se destinará a gente sin salarios y, de nuevo, sin apenas ingresos.

En la mayoría de los casos, será de 532 euros al mes. El perceptor de las ayudas acudirá al trabajador social de su municipio y se compromete a seguir sus pautas -itinerario, en la jerga- para intentar integrarse en el mercado laboral o solucionar cualquier potencial problema (social, de salud...) que tuviera.

La renta de inclusión social también se pagará a aquellos que opten por no seguir los itinerarios marcados por los expertos, aunque la ayuda será menor, exactamente de la mitad: 266 euros. Oltra apunta que es para personas con problemas enquistados -de alcoholismo, por ejemplo- y reinserción casi imposible en el mercado laboral. 

El papel central de los servicios sociales municipales

Con la aprobación de la nueva ley, todos los potenciales perceptores de la renta valenciana de inclusión deberán acudir a los servicios sociales de su municipio. Los especialistas del ayuntamiento elaborarán su informe y delegarán la burocracia en la Generalitat, que será la encargada de aprobar la eventual ayuda y pagarla.

Bienestar Social prevé tramitar las solicitudes en tres meses. Además, el borrador de la ley contempla la concesión automática de la ayuda si la administración no responde en tres meses, el conocido como silencio administrativo.  Oltra, sin embargo, confía en la agilidad del nuevo sistema.

Se eliminan trámites -no habrá que renovar la ayuda casa seis meses, como sucede ahora-, se centraliza la burocracia en las direcciones territoriales de la conselleria y se refuerzan los servicios sociales municipales, en los que se invertirán 52 millones de euros -un 62% más que en 2016- el año próximo.

Una pequeña revolución contra la la ley del PP

Bienestar Social cree que la nueva ley le dará la vuelta al actual sistema, creado por un gobierno del PP en la Generalitat. Según Oltra, la Renta Garantizada de Ciudadanía -aún en vigor- "ni es renta, ni es garantizada ni es de ciudadanía". Por "restrictiva" -requería 24 meses de empadronamiento en la Comunidad Valenciana, ahora serán 12-, "insuficiente" (385 euros al mes por 532 que propone el borrador de la nueva ley) y limitada (tiene un tope de tres años, mientras que luego será indefinida).

Según la conselleria, la Generalitat gobernada por el PP tenía 20.000 expedientes pendientes de tramitar en julio de 2015, cuando el actual Consell -formado por el PSPV-PSOE y Compromís- tomo posesión. 16 meses más tarde, en noviembre de 2016, se han desbloqueado 12.000 expedientes y hay 44.0000 beneficiarios del sistema.

Oltra aspira a aumentar ese número rápidamente con la nueva ley y más recursos. En 2017 se invertirán, siempre según los datos de la conselleria, los mencionados 52 millones en reforzar los servicios sociales municipales -la puerta de acceso al sistema- y 41 millones (3% más) en el subsidio. En principio -aunque se podrían destinar más recursos en caso de necesidad,- 93 millones, un 0,5% del  presupuesto para la Generalitat de 2017.

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