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El PP abre la puerta a un Canal 9 privado y en castellano

Las condiciones impuestas a la iniciativa popular para reabrir RTVV dificultan su reapertura y cambian radicalmente el modelo original y el defendido por 90.000 personas

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Alberto Fabra.

El PP, ejecutor del cierre de Canal 9, quiere una nueva Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) abierta a la gestión privada y a los contenidos en castellano. Así lo indican las enmiendas presentadas por ese partido a la  iniciativa legislativa popular (ILP) avalada por 90.000 ciudadanos, a debate en las Corts Valencianes.

La ILP, presentada por Antonio Montiel, ahora  candidato a secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, ha sido íntegramente avalada por todos los partidos de la oposición: PSPV, Compromís y Esquerra Unida. Ninguno presentará alegaciones al texto, que pide la reapertura de Canal 9.

El PP, por el contrario, quiere adaptar esa iniciativa ciudadana. Parte de sus 19 enmiendas recogen las condiciones bajo las que el presidente de la Generalitat, en un sorprendente giro, abrió la puerta a recuperar la televisión pública: que no endeude más a una administración que roza la bancarrota y sufre un déficit crónico, que no se detraigan recursos de sanidad y educación para el medio de comunicación y que su coste no sea sufragado por los ciudadanos vía nuevos impuestos.

Además, defiende que la nueva RTVV sea de servicio público pero bajo “cualquier modalidad de gestión”. Es decir, abre la puerta a la privatización. Y aunque los contenidos deben ser preferentemente en “idioma valenciano”, apuesta porque también se use el castellano, lo que ha sido habitual desde la apertura de la televisión en 1989. La ILP y las fuerzas de izquierda siempre han apostado por una televisión pública y en valenciano.

Una ILP desfigurada

 La discusión de la ILP continuará en el parlamento valenciano durante los próximos días. De salir adelante las enmiendas del PP, la ILP quedaría claramente desfigurada, tocada de muerte. De hecho, otra de las correcciones del partido de Fabra supedita la reapertura de RTVV a la resolución de todos los  embrollos jurídico-económicos que impiden su liquidación, lo que podría tardar años.

Se confirma que la derecha no quiere una nueva RTVV, por lo que la ILP puede nacer muerta a causa de las correcciones impuestas por el PP. En caso de que las elecciones autonómicas de mayo conformen una mayoría de izquierdas en el parlamento valenciano a partir de mayo, se podría proceder a su derogación. Una nueva ley, a negociar entre los partidos partidarios de rescatar la televisión, fijaría las condiciones para la creación del nuevo Canal 9.

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