La barrera del 3%, mínimo común denominador en la reforma de la Ley electoral valenciana
Desde 1982 los partidos que concurren a las elecciones autonómicas arrastran el requisito de obtener al menos un 5% de los votos para poder tener representación parlamentaria.
Esta barrera se ha cobrado en algunas convocatorias la presencia de grupos por una reducida diferencia de votos. Por poner dos ejemplos: En las elecciones de 2003, el Bloc Nacionalista Valencià -hoy integrado en la coalición Compromís- liderado por Pere Mayor se quedó sin diputados pese a obtener 114.000 votos, un 4,77% del total. Con 40.000 votos más, la Esquerra Unida -Entesa- de Joan Ribó obtuvo 6 escaños en las Corts. En las últimas elecciones, en 2015, Acord Ciutadà -Esquerra Unida y Esquerra Republicana- con Ignacio Blanco a la cabeza, con un 4'33% (106.000 votos) se quedó fuera del Parlamento. Podemos, siguiente partido por encima, obtuvo 13 escaños con el 11'5% de los votos (cerca de 280.000).
Para evitar que formaciones con más de 100.000 votos -aproximadamente el 3% del electorado- se queden en la calle, los partidos han propuesto rebajar a este porcentaje el listón. La comisión que aborda esta reforma se convocó en enero de 2016, aunque desde principios de legislatura, tras el verano de 2015 los diputados habían insistido en la cuestión. Otros asuntos parlamentarios como la comisión de RTVV y el espacio audioviusal valenciano quisieron que esta comisión quedara parada hasta que volviera noviembre del mismo año. En esta cita, los diputados plantearon un plan de trabajo enfocado a la bajada de la barrera, siendo conscientes de la lentitud de los trámites y de la disparidad de propuestas. Entonces por las Corts desfilaron decenas de expertos en sistemas electorales, como Pablo Simón, Óscar Barberá o Jordi Muñoz y, comenzados los planteamientos, se evidenciaron los desacuerdos entre las posiciones que pueden ser afines. Todos los comparecientes en comisión parlamentaria han defendido una postura común: la barrera electoral valenciana es demasiado alta.
El tiempo es un factor a tener en cuenta en esta ecuación: a un año de las elecciones autonómicas y dado que se necesitan dos tercios de los diputados a favor, no cabe esperar una modificación integral de la norma; más bien, se prevé un acuerdo de mínimos para bajar el listón al 3%, donde coinciden Ciudadanos, PSPV, Podemos y Compromís. Aún así, harían falta los votos de los diputados no adscritos si el PP no apoya esta rebaja, como parece según su propuesta, que pasa por reducir al 0% la barrera electoral en base a una circunscripción comarcal para un tercio de los diputados y dejar los otros dos tercios con barrera al 3%, siempre que sea resultado en la suma de las tres provincias.
La barrera electoral valenciana es de las más altas de España, en línea con la gallega. Galicia subió el listón al 5% en 1992, tras una iniciativa promovida por Manuel Fraga, entonces presidente de la Xunta, que pretendía luchar contra la “atomización ideológica”. Veinticinco años después, el PP valenciano adapta este concepto a su propuesta de reforma “para evitar que la Comunitat se contagie de esa fiebre radical de base populista, tanto de ultra izquierda como de ultraderecha”, reflejan en el documento.
Entre los puntos en los que convergen las formaciones está la búsqueda de fórmulas con mayor proporcionalidad y el diseño de un sistema de listas desbloqueadas que además no vayan en perjuicio de la paridad. Asimismo, se aboga por un mecanismo que corrija la sobrerrepresentación de la provincia de Castellón y aumente los diputados por Valencia. Castellón, con un 11% de la población accede a más de un 25% de los escaños, mientras que Valencia, con el 51%, al 40% de escaños, como señala Podemos en su propuesta.
Compromís y Podemos plantean una serie de incompatibilidades para ejercer la labor de diputado, que incluyen ser concejal o alcalde. Una cuestión controvertida, que afectaría a varios parlamentarios esta legislatura y podría ir en detrimento del municipalismo, aunque se promociona como una forma de regeneración democrática y contra la acumulación de cargos. La ley permite que un alcalde o concejal sea también diputado en el Congreso. En esta legislatura hay diez diputados de PP y PSOE que lo son; en la pasada, el 10% de los parlamentarios también tenían responsabilidades en una corporación provincial.
