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Robin Hood antitético

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Resulta escandaloso ver cómo el Gobierno de la Generalitat no tiene reparos en actuar en beneficio de intereses privados y además vanagloriarse de ello, para después rizar el rizo del cinismo y querer convencernos de que encima lo hace por nuestro bien. Uno de los campos en los que así está actuando es el de la educación.

Ya sabíamos que la niña bonita de los populares era la Concertada, la que sacan a pasear con tirabuzones y lacitos de seda, mientras con gesto de perdonavidas y expresión de asco mal disimulada, le lanzan una limosnilla desde lejos a esa otra niña que mendiga en el suelo a la que llaman Pública, no vaya a ser que si se acerca demasiado le pegue los piojos. Lo que no sabíamos –y eso que creíamos rebosada nuestra capacidad de asombro- es que además iban a tener la desvergüenza de robarle a la mendiguilla las monedas para comprarle a la señorita un pastel de nata y hacer que se lo coma en su atónita cara.

Dos días después de que la Fiscalía haya denunciado cuatro delitos que podrían haberse competido en la Conselleria y en centros concertados,que se resumen en utilizar fondos públicos para desviarlos de forma ilegal a estas organizaciones privadas, los populares han tenido los reaños de aprobar una normativa que blinda los conciertos educativos ante el posible fracaso electoral del PP y los amplía de cuatro a seis años.

Se ve que aún no se quedaron satisfechos con dar el visto bueno a esta actuación con el voto en contra de toda la oposición y con mucha prisa, solo tres meses antes de unas elecciones en las que se pronostica un cambio, acrecentando la sombra de la sospecha de tener interés en beneficiar como sea a estas empresas y al modelo que representan. Para más inri y recochineo, organizan una jornada de respaldo a la escuela concertada este sábado en Alicante, en el que la consellera y coordinadora general del PP, Isabel Bonig, tiene la caradura de revestir la operación apelando al miedo a la destrucción de puestos de trabajo de docentes y al fin de la libertad de elección que las hordas de rojos causarán cuando sus caballos pisoteen en frenética carrera los colegios concertados sin dejar una brizna de aula en pie.

Así, sin rubor, Bonig saca a pasear su jeta de cemento armado para hablar de una presunta futura destrucción de empleo docente cuando el Gobierno al que pertenece ha dinamitado 7.000 puestos de maestros y profesores de la pública desde que inició los recortes, contando la bajada de contratos y la amortización de plazas.  Cuando se cierran aulas públicas de infantil en zonas donde se abren otras concertadas. Cuando se aumentan los ratios y se disminuye el personal y los medios. Cuando se recorta en atención a los niños con necesidades educativas específicas. Cuando se eliminan las ayudas a libros y se reducen drásticamente las de comedor. Cuando prácticamente no existe oferta educativa pública de 0 a 3 años y la alternativa de muchas madres que no pueden pagar 200 ó 300 euros en guarderías con sus sueldos míseros es no poder trabajar.

¿Qué se va a esperar en materia educativa de una organización política que pretende reducir un año más los ya enflaquecidos títulos universitarios para que haya estudiantes de primera –los que se pueden pagar dos años de Máster- y una mayoría de estudiantes de segunda o de tercera? ¿Qué pedirle a quien ha logrado la proeza de sacar de los estudios superiores a los más desfavorecidos a base de recortar en becas? Es más de lo mismo, es la vuelta al pasado, a que estudie con calidad el que pueda pagarlo, es darle la vuelta a un logro único en nuestra historia, el acceso universal a una enseñanza de calidad que se había alcanzado en las últimas décadas.

Cuando todo esto pasa, podría ser que la Conselleria hubiese metido la mano en el bolsillo de esa familia cuyo hijo va sin libros a clase porque no se los puede pagar para dárselo a profesores de la concertada que no trabajan (inventándose una figura jurídicamente inexistente de “liberado patronal”) y a cursos de formación docente que jamás se publicaron ni concedieron en ninguna subvención oficial. Una forma de dar una ayudita de más de 700.000 euros anuales a estas pobres empresas. Malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental lo llama la Fiscalía de la Audiencia Provincial. Yo lo llamo bandolerismo de Robin Hood antitético, que roba a su pueblo para favorecer a sus élites amigas. Presuntamente.

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