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Un estudio de la patronal subraya la gravedad de la infrafinanciación valenciana

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas Cristóbal Montoro, en el centro, en el traspaso de poderes.

Voro Maroto

Incluso Fedea, el think tank financiado por la banca y las grandes empresas, ha publicado un trabajo que reconoce la gravedad del problema valenciano: el actual sistema de financiación autonómica -el dinero que las comunidades autónomas reciben del estado para sufragar su actividad- hace inviable la Generalitat.

En un estudio de Ignacio Zubiri, catedrático de la Universidad del País Vasco y experto en federalismo fiscal, se desmonta punto por punto el funcionamiento y los resultados del actual sistema, muy perjudicial para varias comunidades.

Según sus números, la Comunidad Valenciana es la que menos recursos recibe por habitante: 1941 euros al año. La que más, Cantabria (2811). “¿Cuál es la razón para que Cantabria tenga un 32% más de recursos que la media y un 45% más que Valencia?”, se pregunta Zubiri.

Él mismo responde. Las “diferencias de recursos per cápita que” se generan “en muchos casos carecen de justificación evidente”. El sistema “da lugar a diferencias

arbitrarias entre comunidades similares“. Y la gran perdedora, o una de ellas, es la Comunidad Valenciana.

Ésta aparece en todos los capítulos analizados como una de las maltratadas. En ocasiones, con autonomías ricas como Baleares, Cataluña o Madrid. En otros, con pobres -renta per cápita por debajo de la media estatal- como Andalucía o Murcia. En términos de PIB, “Andalucía, Murcia,Valencia y Baleares parecen peor tratadas que el resto”.

Zubiri pide un cambio radical del sistema, que, dice, “sufre de falta de transparencia y objetivos bien definidos”, se ha utilizado políticamente y tiene “unos resultados distributivos díficilmente justificables”. El discurso del catedrático es bastante parecido al de Ximo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana.

Éste, con el apoyo de todas las fuerzas vivas valencianas, lleva tiempo reivindicando una mejor financiación. La falta de gobierno, la dificultad de la tarea y su escasa importancia en el discurso estatal (el déficit, el empleo, la precariedad o las pensiones dominan el debate) auguran, sin embargo, que el nuevo sistema no será realidad de forma inminente. El problema valenciano está enquistado.

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