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Abogacía del Estado se salta la ley y usa parados 'voluntarios' en contra de la doctrina del Supremo

Hasta tres organismos adscritos al Ministerio de Justicia emplean a 132 personas como colaboradores sociales para efectuar labores de ordenanzas y auxiliares administrativos

El Alto Tribunal prohibió en marzo que las administraciones utilicen esta figura para cubrir tareas estructurales

CCOO considera que el Ministerio incumple "de forma flagrante" la doctrina jurídica

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Rafael Catalá, Soraya Sáenz de Santamaría y Alberto Ruiz-Gallardón, en la toma de posesión del primero como ministro de Justicia.

Rafael Catalá, Soraya Sáenz de Santamaría y Alberto Ruiz-Gallardón, en la toma de posesión del primero como ministro de Justicia.

La Abogacía General del Estado, adscrita al Ministerio de Justicia, tiene actualmente en nómina a al menos 102 personas como "parados voluntarios", esto es, bajo la llamada fórmula de la colaboración social, para ejecutar tareas propias de ordenanzas y auxiliares administrativos. Paradójicamente, con esta práctica el órgano encargado de la defensa jurídica del Estado incumple la ley al vulnerar una sentencia que el Tribunal Supremo dictó en marzo y que prohibió a las administraciones emplear a colaboradores sociales para cubrir tareas estructurales.

No es el único organismo del Ministerio de Justicia que incurre en esta práctica: durante 2014, los servicios centrales del Ministerio contaron con 22 'parados voluntarios' y el Centro de Estudios Jurídicos de Justicia, con ocho. En total, al menos 132 personas han realizado labores de colaboración social este año en departamentos del Ministerio que desde septiembre dirige Rafael Catalá y desempeñando tareas administrativas y de ordenanzas. Así se lo comunicó la ex directora general de Función Pública y ahora secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez Cortes, a los sindicatos en abril de este año.

En marzo, el Supremo dictó una sentencia en la que cambiaba su doctrina respecto a la colaboración social: determinaba que las administraciones no pueden usar esta fórmula para cubrir tareas habituales y permanentes, sino que deben justificar que se trata de trabajos temporales acotados en el tiempo. De no ser así, estas personas pueden ser consideradas trabajadores ordinarios y sus ceses, por tanto, pasarían a ser despidos improcedentes, tal y como ha sucedido ya en varias sentencias. Comisiones Obreras considera que el caso de los colaboradores sociales de los organismos del Ministerio de Justicia incumple de forma flagrante la norma y apoyará las denuncias de todas las personas que así lo decidan.

"Llevamos mucho tiempo denunciando esta situación. Ahora entendemos, además, que se está incumpliendo la sentencia del Supremo. Las labores que desempeñan estas personas son estructurales, constantes. Llevan documentación, hacen gestiones de banco, tareas burocráticas y administrativas, papeleo...", señalan desde la sección sindical de CCOO en el Ministerio de Justicia. Explican, además, que en abril mantuvieron una reunión con representantes de estos organismos en la que estos se comprometieron a analizar la situación, pero no han recibido respuesta.

El uso de la colaboración social en Justicia viene de lejos. En un acta de reunión entre el Ministerio y las secciones sindicales que tuvo lugar en 2008, el segundo punto del orden del día eran precisamente los colaboradores sociales. Entonces los sindicatos reclamaron que las plazas cubiertas mediante esa figura se convocaran como oferta pública de empleo y denunciaron que estos 'parados voluntarios' cubrían puestos estructurales. Aunque la Subsecretaría de Justicia se comprometió a no autorizar ni renovar a ningún colaborador social desde marzo de ese año, su palabra no se cumplió: según la documentación a la que ha accedido eldiario.es, en 2010 hubo 144 colaboradores sociales y 138 dos años después, en 2012.

El Ministerio prescindirá de 30 personas

Esta semana, entre 30 y 40 personas que llevan a cabo estos trabajos de colaboración social en organismos de Justicia han recibido una carta remitida por el Ministerio en la que les comunican que desde el 31 de diciembre dejan de contar con su labor.

Es el caso de Cecilia (nombre ficticio), de 59 años, que fue llamada como 'parada voluntaria' a comienzos de 2013 para realizar labores de auxiliar administrativa en uno de los departamentos que la Abogacía tiene en cada Ministerio. "He sido una auxiliar administrativa más, he hecho informes, dictados con dictáfono... Tengo testigos que pueden probarlo y estoy dispuesta a denunciar", dice. En su departamento, asegura, otra persona lleva seis años como colaboradora social desempeñando el mismo trabajo y, de momento, no ha recibido notificación de lo contrario. A cambio de su trabajo, la Abogacía complementa el subsidio que cobran (el de mayores de 55 años) hasta llegar a la base reguladora de la categoría laboral que les corresponde según las funciones que desempeñan. No cotizan, eso sí, como trabajadoras ordinarias.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO tiene previsto reunirse con estas personas para valorar posibles denuncias por despido improcedente: con la nueva doctrina del Supremo en la mano reclamarían que su colaboración social era, en realidad, un puesto de trabajo ordinario y que su cese, por tanto, es en realidad un despido improcedente. "Es un incumplimiento claro de la sentencia del Supremo y nos vamos a poner a disposición de todos los afectados que quieran denunciar".

También en 2015

Los Presupuestos Generales para 2015 reflejan que tanto la Abogacía del Estado como el Centro de Estudios Jurídicos continuarán empleando colaboradores el año próximo. Las cifras en las que se desglosa el presupuesto que la Abogacía destinará a personal muestran que el coste laboral de 74 personas de la categoría profesional 4 (que corresponde a auxiliares administrativos) será un 23,36% menos de lo que lo correspondería: de 11.097,03 euros anuales frente a los 14.478,80 que 'cuesta' un trabajador de esta categoría. Lo mismo sucede con las ocho personas que trabajarán en el Centro de Estudios Jurídicos: su coste será de 12.051,25 euros al año, cuando la media es de 15.506,12 euros, es decir, el Estado se ahorrará un 22,3% de media.

Ese 'ahorro' es el que demuestra que esas 82 personas serán parados que prestarán labores de colaboración social: cuestan menos porque la Administración solo completa el subsidio que esos trabajadores ya cobran y no les paga, por tanto, el sueldo completo y las cotizaciones pertinentes. Según la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, esa es la única explicación de este menor coste, ya que Justicia no cuenta con ningún programa para contratrar trabajadores eventuales y que, por tanto, cobraran menos sueldo.

Eldiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia, que, de momento, no ha dado su versión al respecto.

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