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El CES debería pagar directamente a sus consejeros para que tributen por IRPF

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El CES debería pagar directamente a sus consejeros para que tributen por IRPF

El CES debería pagar directamente a sus consejeros para que tributen por IRPF

El Tribunal de Cuentas advierte al Consejo Económico y Social (CES) que debería pagar directamente a sus consejeros y no a las organizaciones a las que pertenecen por su participación en esta entidad, con el objeto de que no eludan tributar en el IRPF.

Según el informe de fiscalización que hoy ha presentado el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, en el Congreso sobre las cuentas del CES de 2010 y 2015, la mayor parte de las compensaciones económicas por la participación de sus miembros en los órganos colegiados del Consejo se abona a sus organizaciones.

De esta forma, se elude el control de los límites que señala la ley sobre las indemnizaciones que deben recibir los consejeros del CES y se evita tributar por este concepto en el IRPF.

Las compensaciones a los consejeros deben quedar reflejadas en el IRPF, ya que están sujetas a retención, mientras que los importes satisfechos a las organizaciones presentes en el CES están exentos del Impuesto sobre Sociedades, "lo que supone un perjuicio para la Hacienda Pública", incide el informe.

El Tribunal de Cuentas afirma que desde la creación del CES se otorgan pagos anuales a las organizaciones con representación en el pleno y señala que no está justificada la aplicación de un régimen de compensaciones a estos grupos, además de las establecidas para los consejeros por sus asistencias a los órganos colegiados.

Por otra parte, recomienda reforzar el control de la asistencia de los consejeros, que es obligatoria, ya que en 2010 "se apreció un riesgo de fraude en la acreditación de las asistencias mediante hojas de firmas".

Incluso alude a compensaciones no dinerarias a las organizaciones como la utilización de tres plantas de la sede o la asignación de equipos informáticos, que deberían regularizarse, así como seguros de vida y de accidentes para los consejeros, cuya necesidad es cuestionada por el Tribunal de Cuentas.

La entidad fiscalizadora señala que en 2010 se realizaron desplazamientos en clase "business", tanto para consejeros como para personal del CES, que no contaron con la debida autorización y recomienda que se precise quién debe aprobar las cuentas del CES, que hasta ahora son ratificadas por su presidente, Marcos Peña.

Según el Tribunal de Cuentas, estas cuentas deberían ser aprobadas por el pleno del Consejo, "dada la especial naturaleza y heterogénea composición".

El informe de fiscalización presentado hoy también recomienda que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social promueva la inclusión de los órganos colegiados del CES en el real decreto que regula la concesión directa de subvenciones a organizaciones sindicales y empresariales y que se regularice la situación jurídica del edificio que se utiliza como sede del consejo.

También, que actualice las condiciones de rentabilidad de las cuentas bancarias, fijando una retribución adecuada al elevado saldo medio anual que presentan.

Álvarez de Miranda ha presentado otro informe que fiscaliza el inmovilizado material de la Administración general del Estado y que advierte de la falta de actualización de valoración de los bienes que figuran en la Central de Información de Bienes Inventariables (CIBI).

Según señala, de un total de 49.460 bienes registrados en la CIBI, un 14,28 % tenían en 2015 valores inferiores o iguales a un euro, y mientras su valor catastral podría ascender a 4.147 millones de euros, estaban contabilizados por 4.724 euros.

No obstante, el Tribunal de Cuentas no considera razonable hacer una nueva valoración de todos los bienes dado los grandes recursos que habría que utilizar para ello, aunque sí recomienda estudiar la utilización de los valores catastrales como valor razonable a efectos de contabilidad nacional para los inmuebles que figuran por 1 euro.

Además, realizar un plan para aflorar viviendas que pertenecerían al Estado y que no están inventariadas, como las viviendas de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, el Instituto para la Promoción de la Vivienda y las fincas expropiadas por la Dirección General de Carreteras.

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