JP Morgan destaca el bajo volumen de inversores extranjeros que compraron acciones

Un representante legal de JP Morgan, uno de los bancos colocadores de las acciones de Bankia en su salida a bolsa, ha destacado hoy el escaso porcentaje de inversores extranjeros profesionales que las adquirieron, algo poco habitual pero que ha achacado a la volatilidad del mercado.

Hoy ha declarado como testigo ante el instructor del “caso Bankia” en la Audiencia Nacional el representante legal del principal banco de colocación de los títulos de la entidad, que ha explicado que un 60 % del volumen de los títulos se asignó al tramo de inversores particulares y un 40 % a los profesionales, han explicado fuentes jurídicas presentes en la declaración.

A la pregunta de si esos porcentajes eran los habituales, el testigo, que no los recordaba precisamente, ha respondido que el número de inversores extranjeros dentro de ese último tramo, que fue de un 18 %, era considerablemente más bajo de lo normal.

No obstante, lo ha justificado en la volatilidad del mercado.

UPyD pidió su declaración en cuanto a entidad implicada en la OPS de Bankia, en la que actuó de entidad directora de la oferta y como agente de estabilización de la acción.

Su representante legal ha subrayado que, aunque el banco no disponía de sistemas de control para ello, se cumplieron ampliamente los requisitos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en cuanto al número de inversores cualificados, que debían superar los 100.

JP Morgan tampoco controlaba el origen de las entidades que acudieron al libro de órdenes antes del debut bursátil de Bankia, aunque sí ha recordado que muchas de ellas eran participadas de la propia entidad.

Además, ha recalcado que el hecho de que el folleto informativo recogiera un precio por acción de entre 4,41 euros y 5,05 euros y fuera finalmente de 3,75 es perfectamente normal aunque no sea la práctica habitual.

Hoy han declarado también dos socios de Ernst & Young, Francisco Fuentes y Roberto Díez, autores del informe de la investigación de la compañía o “due diligence”, que analiza la situación financiera, legal, fiscal y laboral del grupo del 11 de junio de 2012.

Los dos han explicado que la “due diligence” se les requirió a partir de la conversión de preferentes en acciones y la consiguiente nacionalización de Bankia, que solicitó en mayo de 2012 ayudas públicas por valor de 19.000 millones, tras haber reformulado sus cuentas, y en ella hacían una simple valoración del grupo.

Una vez la presentaron, mantuvieron una reunión con representantes del FROB y BFA, que en ningún momento les plantearon dudas sobre su informe ni solicitaron nada más.