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Japón lanza medidas para fortalecer su sector primario ante el acuerdo con la UE
El Gobierno japonés presentó hoy una serie de medidas para fortalecer su sector agrícola y ganadero, con el fin de que pueda competir a nivel internacional cuando se implemente el acuerdo de libre comercio entre Japón y la Unión Europea (UE).
La Administración liderada por el conservador Shinzo Abe asignará unos 300.000 millones de yenes (2.270 millones de euros/2.689 millones de dólares) del presupuesto suplementario para el año fiscal 2017 para las industrias del queso, el cerdo y la madera, informaron hoy fuentes del Gobierno.
Estas medidas buscan preparar a las granjas del país para la fuerte competencia internacional cuando se implemente el tratado de libre comercio con la UE, que se alcanzó el pasado julio.
La noticia también llega después de que los diez países que participan en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) acordaran este mes implementar un pacto económico en la costa del Pacífico, incluso después de que Estados Unidos anunciara su retirada.
“El TPP y el acuerdo de asociación económica entre Japón y la UE son las cartas de triunfo para la estrategia de crecimiento de Japón”, afirmó hoy Abe en unas declaraciones recogidas por la agencia japonesa Kyodo.
Las medidas, que incluyen mayores subsidios para el ganado, buscan reducir los costes de producción de la leche y otros productos lácteos, y mejorar la eficiencia de otras industrias, como la maderera.
Una vez entre en vigor, el tratado Japón-UE liberalizará el 91 % de las importaciones desde la Unión Europea hacia Japón y hasta el 99 % cuando se aplique en su totalidad.
El objetivo es que el texto definitivo esté listo antes de fin de año, de forma que pueda empezar su ratificación y entrar en vigor a principios de 2019.
Por su parte, el TPP es un ambicioso tratado de libre comercio que pretendía abarcar el 40 % del PIB global y fue firmado originalmente en febrero de 2016 por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Estados Unidos.
El acuerdo, que fue negociado durante más de seis años, debía ser ratificado en un plazo de dos por al menos seis países miembros cuyo PIB combinado representara el 85 % del total, por lo que tras la salida de EEUU -que por sí solo aglutina el 60 % del PIB de los 12 estados firmantes-, éste quedó invalidado en su formato actual.
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