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La aportación de España al Fondo Único de Resolución no afectará al déficit

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La aportación de España al Fondo Único de Resolución no afectará al déficit

La aportación de España al Fondo Único de Resolución no afectará al déficit

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha aclarado hoy que la aportación de España de algo más de 5.200 millones a la Junta Única de Resolución, órgano encargado de intervenir en el caso de que detectarse dificultades en una entidad bancaria europea, no tendrá impacto en el déficit público.

Durante su intervención en el Congreso de los Diputados para exponer el último Real Decreto ley de medidas financieras aprobado por el Gobierno, De Guindos ha explicado que esta aportación se hará a través de un préstamo del Tesoro, "con un impacto fiscalmente neutro" y para cumplir con los compromisos adquiridos por España.

Se trata exactamente de 5.291 millones de euros, montante que en realidad tendrá que desembolsar la banca española al Fondo Único de Resolución, puesto en marcha este año como colofón de la unión bancaria.

Esta contribución de las entidades nacionales forma parte de los 55.000 millones de euros con los que estará dotado en total el Fondo Único de Resolución y está en consonancia con el dinero que vienen desembolsando los bancos españoles.

Sin embargo, dado que esas aportaciones se hacen de forma progresiva y pasarán ocho años hasta que sean compartidas al cien por cien entre todos los países de la zona del euro, España ha decidido poner a disposición de la Junta Única de Resolución desde ya 5.291 millones de euros.

En el diseño de la Unión Bancaria, el BCE juega un papel clave porque supervisa las entidades, incluso las de menor tamaño, a través de los supervisores nacionales y se encarga de fijar unas reglas comunes para todos los bancos.

Si se detectan dificultades en una entidad, tanto el BCE como la Junta Única de Resolución, un órgano compuesto por cuatro independientes, podrán decidir intervenir. Bastará con que uno de los dos así lo considere oportuno.

Se iniciaría así el pistoletazo de salida para "resolver" una entidad y se abriría la puerta a recurrir al fondo único, con la aspiración de que el contribuyente ya no vuelva a pagar las crisis bancarias.

Por otro lado, De Guindos ha defendido la ampliación en dos años del plazo para privatizar Bankia y BMN, que se recoge igualmente en este decreto ley, con el objetivo de obtener el máximo retorno de las ayudas públicas.

El ministro de Economía ha recordado que ahora se dispondrá hasta finales de 2019 para vender Bankia y hasta marzo de 2020 para hacer lo propio con BMN, pero ello, ha insistido, no implica aplazar la desinversión, sino disponer de más tiempo para sacar la mayor rentabilidad.

El mercado tiende a minorar el valor de la participación cuanto más se aproxima la privatización, ha advertido De Guindos, quien también ha incidido en que el plazo fijado anteriormente se trataba de un compromiso "autoimpuesto" por el Gobierno de España.

El titular de Economía ha aprovechado también su exposición para justificar los cambios contables que afectan a la Sareb, más conocida como el banco malo, que a partir de ahora ya no tendrá que ajustar el valor de sus activos inmobiliarios y dotar las consiguientes provisiones contra su cuenta de resultados.

Bastará con que esas provisiones las cargue contra el propio patrimonio, gracias al real decreto que será sometido a votación hoy en el Congreso, que allana el camino para que Sareb cumpla con una circular contable del Banco de España que le obliga a actualizar el valor de cada uno de sus activos, lo que hasta ahora aumentaba sus pérdidas.

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