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EXTREMADURA

Vara quiere declarar Extremadura zona libre de desahucios y exigirá al Gobierno planes de infraestructuras y empleo

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Guillermo Fernández Vara, en la tradicional pegada de carteles en la sede local del PSOE en Mérida / PSOE

Guillermo Fernández Vara, en la tradicional pegada de carteles en la sede local del PSOE en Mérida / PSOE

El secretario general del PSOE, y candidato a la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha elegido la sede local de los socialistas en Mérida para la pegada de carteles con motivo del inicio de la campaña electoral.

Vara quiere un nuevo giro para la comunidad, y avanza que si se convierte en el próximo presidente de la Junta mantendrá contactos con las entidades financieras, especialmente las ayudadas con fondos públicos, para que no desahucien a las familias que no pueden pagar sus deudas. Además se compromete a luchar contra la "pobreza energética" al destinar 12 millones de euros a garantizar que las familias sin recursos puedan disponer de 6 kilovatios y 100 litros de agua al día.

El PSOE ha presentado un programa electoral "inconformista" en el que, entre otros muchos temas, se plantea exigir al Gobierno central planes de creación y mejora de las infraestructuras y de fomento del empleo, así como establecer para la región un régimen fiscal especial. El líder de los socialistas extremeños ha señalado que pedirá al Gobierno celebrar una reunión para exigirle que haya un plan específico de infraestructuras "a diez años vista" ya que hoy Extremadura "no funciona" en este área, así como otro de fomento del empleo ya que la tasa extremeña de paro es del 30%.

También propone el PSOE destinar 80 millones al pago de la renta básica al destinar el 0,5% del PIB y, en el área de administración pública, reducir el número de consejerías a cinco y avanzar en la conciliación de las vidas laboral y familiar de los funcionarios.

En "calidad democrática", sacar a concurso público la gestión de la Radio y de la Televisión de Extremadura, bajar al 1% de firmas de la población el requisito para presentar iniciativas legislativas populares, la publicidad de los contratos públicos y que el presidente regional ofrezca comparecencias abiertas al público para someterse a la fiscalización social.

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