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¿Quién acompañará a los torturadores libios a La Haya: Juncker, Tusk o Mogherini?

La externalización de fronteras es el eje central de la política migratoria de la UE y consiste, básicamente, en pagar a otros países para que hagan el trabajo sucio

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Recuperan 8 cuerpos y hay decenas de desaparecidos en un naufragio frente Libia

Migrantes subsaharianos en Libia EFE

Un reportaje de la CNN destapó a mediados del mes de noviembre lo que era un secreto a voces: que las personas migrantes en Libia son esclavizadas, violadas y torturadas. Pero la semana pasada, en el pleno del Parlamento Europeo, muchos diputados parecían haberse enterado de la terrible situación que se está viviendo allí sólo por las imágenes de la cadena estadounidense.

Hace casi ya un año, la embajada alemana en Níger envió un informe a su Ministerio de Exteriores alertando de que las personas migrantes y refugiadas encerradas en los centros libios vivían peor que en los campos de concentración nazis. Mucho antes, durante el verano de 2016, ONG como Médicos sin Fronteras o Amnistía Internacional ya habían empezado a denunciar esta situación por los testimonios de las personas rescatadas en el Mediterráneo.  

La izquierda europea llevamos denunciando desde hace mucho tiempo estas prácticas y el Consejo Europeo, la Comisión Europea, los eurodiputados y las eurodiputadas, no pueden alegar que hasta ahora desconocían lo que sucedía en ese país.

Como ya pasara con Aylan, han sido unas imágenes -en este caso de televisión-, lo que les ha forzado a tener que posicionarse ante la alarma generada en la opinión pública. Hay que decir que, desafortunadamente, lo que no saben muchos ciudadanos y ciudadanas es que, en el fondo, es la Unión Europea la que, a través de  múltiples acuerdos en diferentes ámbitos con Libia, está financiando esta violencia. Y todo tiene que ver con la opacidad de las políticas migratorias de la UE y su objetivo final: la externalización de nuestra frontera Sur para que no pueda llegar nadie a Europa.

La externalización de fronteras es el eje central de la política migratoria de la UE y consiste, básicamente, en pagar a otros países para que hagan el trabajo sucio. En el caso concreto de Libia, Bruselas y los Estados miembros están poniendo dinero público para que sean los libios los que reduzcan al máximo la llegada de personas migrantes y refugiadas a nuestras costas, a cualquier precio. 

El de Libia, no es el primer acuerdo de este tipo. De hecho, el primero lo conocemos bien en casa porque lo firmaron Marruecos y el Estado español en la década de los noventa. Luego han ido viniendo decenas más. El más conocido, y que quizá haya servido de modelo para el formato libio, es el acuerdo de la vergüenza con Turquía, que entró en vigor en marzo 2016 y cuyo fin último es entregar el control de las fronteras europeas a Ankara a cambio de seis mil millones de euros.

En cualquier caso, el más sofisticado es el de Libia, porque no se trata de un sólo acuerdo, sino de varios, algunos de ellos disfrazados de cooperación, para hacer así más difícil su control, seguimiento y denuncia. Son además acuerdos opacos, muchas veces ni siquiera formales y, por supuesto, ni se publican ni se votan en los parlamentos.

La guerra y la intervención de la OTAN en Libia hizo de este un estado fallido, en cuya desestabilización actual juegan además un papel importante las propias políticas migratorias europeas. Las personas migrantes son detenidas y encerradas sistemáticamente en centros cuyas condiciones, como hemos dicho al principio, han sido comparadas a las de los campos de concentración. En estos centros, las personas están en situación de malnutrición, sufren toda clase de  torturas físicas y sexuales y, a menudo, son extorsionadas, teniendo que entregar todas sus posesiones o trabajar en condiciones de esclavitud durante meses para poder salir.

Esos campos, así como la supuesta guardia costera que los Estados miembros están financiando y entrenando –la Guardia Civil española también está dándoles formación-, están controlados por milicias que tuvieron un papel activo en la guerra y que ahora han reorientado su actividad hacia estas cuestiones. De esta forma, la UE lo que hace es alimentar una estructura en la que grupos armados sin una conexión clara y directa con autoridades gubernamentales de ningún tipo ostentan el control real sobre el país. Según un informe de Human Rights Watch, hay más de siete milicias que se autodenominan guardacostas. Ninguna de ellas tiene una cadena de mando directa con el Gobierno de Fayez Al-Serraj, que, de los tres gobiernos autoproclamados en Libia, es el único reconocido por la UE.

Hace unos meses, el comisario de Interior de la UE, Dimitris Avramopoulos, nos aseguró en la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara que los guardacostas están siendo formados en derechos humanos. La realidad nos dice que esos cursos no deben ser muy intensivos. Los mercenarios reconvertidos en guardacostas no tienen reparos en hundir barcos llenos de migrantes, usar la violencia y perseguir e incluso disparar a las ONG de salvamento y rescate.

El adiestramiento y la financiación van acompañadas de armamento. En una reciente visita a la Eurocámara, un representante de las autoridades libias demandó material antidisturbios para estas milicias, pese a que la utilidad de esos equipos para rescatar personas en el mar sea, cuanto menos, dudosa.

Y sí, la Unión Europea está financiando también los centros donde se produce la violencia, pero las organizaciones internacionales no tienen acceso a ellos y debido a la situación del país son cada vez menos las que aguantan sobre el terreno.

Lo peor, sin duda, es que hayan hecho como si no supieran nada cuando la noticia saltó a la luz y que la solución al problema, en palabras de la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini,  durante el pleno de la semana pasada en Estrasburgo, sean los denominados ‘retornos voluntarios’, es decir, que acepten ser deportados a sus casas.

Lo que no dijo Mogherini, pero podría haberlo hecho, puesto que no es la primera vez que se escucha ese mensaje por boca de alguno de sus compañeros en las instituciones, es que lo que importa es que cuando lleguen a sus países cuenten lo terrible que es el camino hacia el Norte y no vengan más. Porque para la UE, el horror de los centros de detención en Libia es una buena lección. Es, igual que las muertes en el Mediterráneo, un elemento disuasorio para que dejen de intentar llegar a Europa.

Como no podía ser de otra manera, la UE también pagará esos vuelos de vuelta a casa gracias al arduo trabajo que está haciendo la Oficina Internacional de las Migraciones para cumplir con los objetivos de deportaciones que les marca Bruselas. Quizá Mogherini se crea que estas personas han arriesgado su vida durante años de travesía por el desierto para ser devueltos en vuelos chárter, En casa, por mucho que nos quieran decir, les espera de nuevo a la explotación, la violencia, el hambre y la escasez de la que huyeron en primer lugar.

En este caso ya no es posible hablar de complicidad de la UE, ni de que no actúan o miran hacia otro lado. En este caso, la tortura y esclavismo promovido y financiado por Bruselas. Por eso, en ese mismo pleno,  preguntábamos quién acompañaría a los torturadores y esclavistas libios cuando se sienten en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional, donde deben terminar dando cuentas de los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo.

¿Será el presidente del Consejo, Donald Tusk; será el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; o será la propia señora Mogherini?

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