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Kutxabank trata de 'desactivar' la histórica sentencia contra el IRPH

Afectados por el IRPH durante una protesta frente a los juzgados de San Sebastián.

Eduardo Azumendi

Kutxabank no se da por vencida en la aplicación del ïndice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). La Audiencia Provincial de Álava se ha convertido en la primera de España en declarar nulo el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH),  aplicado por Kutxabank a un cliente. Pero ahora, Kutxabank ha decidido dar la batalla y seguir litigando: recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. Kutxabank desoye de esta manera al propio Parlamento vasco, que en febrero   declaró que el tipo de interés IRPH es “opaco, influenciable por las entidades bancarias, no representativo de la realidad del mercado, claramente perjudicial para los consumidores y, por lo tanto, abusivo”. La Cámara de Vitoria instó a las entidades bancarias a “reintegrar a las personas consumidoras todos los intereses cobrados en referencia a dicho índice” y “a  devolver las viviendas desahuciadas” en aplicación del IRPH.

La sentencia de la Audiencia de Álava que ahora recurre Kutxabank es histórica, ya que hasta el momento solo los juzgados de primera instancia habían declarado nulo el IRPH. Anteriormente, la Audiencia Provincial de Gipuzkoa había resuelto más de 40 casos, incluidas las primera sentencias de nulidad de IRPH conseguidas en todo el país, correspondientes a miembros de la plataforma IRPH Stop Gipuzkoa. Y en todos los casos la Audiencia revocó las sentencias de nulidad y validó el IRPH.

En el caso de la sentencia de la Audiencia de Álava, los magistrados anularon por abusivo el IRPH Entidades al que estaba referida la hipoteca del demandante y también el IRPH Cajas previsto como sustitutivo. Además, la sentencia anula varias cláusulas abusivas adicionales, como por ejemplo los intereses de demora de más del 15%. Tras esta condena, Kutxabank debía devolver con retroactividad la totalidad de los intereses cobrados, una cifra que en este caso supera los 75.000 euros. Algo que ahora queda en suspenso a la espera de conocer lo que resuelve el Tribunal Supremo.

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