Los Eurodiputados, “perplejos” ante el “fraude” de las preferentes en Galicia
“Nuestro estado de perplejidad va creciendo; es inaceptable y no debemos hablar en términos delicados del comportamiento de estos bancos, que fue fraudulento, valiéndose del abuso de la confianza de los clientes”. Quien así habla no es ningún estafado, sino Victor Bostinaru, europarlamentario rumano del grupo socialista, después de escuchar los relatos de los afectados gallegos por las preferentes que denunciaron este miércoles ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara su situación.
“De ser la situación como se cuenta, el comportamiento de los bancos españoles fue de todo menos correcto”, continuó el parlamentario. “¿Se firmaron contratos de preferentes con el dedo, con una cruz o a personas con Alzheimer?”, se llegó a preguntar, sorprendido por los ejemplos -muchos de ellos documentados- que los afectados gallegos llevaron a la Eurocámara. “No hay que ser jurista para entender que estas operaciones se hicieron en base a abusos y engaños”, añadió, tras cuestionarse las “pesquisas e investigaciones” del Gobierno español y después de calificar de “delictivas” las actividades de las entidades financieras españolas.
No fue Bostinaru el único que mostró su perplejidad ante los casos de afectados por las preferentes. Margrete Auken, eurodiputada danesa de la Alianza Libre Europea, los calificó de “escándalos de magnitud impresionante”. “Lo que he escuchado hoy es mucho peor de lo que estoy acostumbrada a escuchar, y estoy acostumbrada a oír cosas muy malas”, aseguró tras incidir también en las dificultades de los ahorradores españoles para reclamar ante la Justicia por la subida de las tasas. “Visto lo visto, el sistema judicial en España no es justo y es delictivo; estoy alucinada con lo que ocurre en ese Estado, donde es imposible que los ciudadanos recurran al sistema judicial de manera normal”.
Los eurodiputados no españoles fueron muy críticos con el proceder del Gobierno y de las entidades financieras en el caso de las preferentes, que consideraron un “fraude” y un “abuso” de los bancos, pero también con la actitud de sus colegas españoles del PP y del PSOE, que durante el debate se dedicaron a reprocharse mutuamente. “No usen esto para hacer política de partidos porque se trata de defender los intereses de los ciudadanos y eso no ayuda nada a los ahorradores”, aseguró un eurodiputado alemán, que recordó que en su país “se rescató la banca para rescatar a los ahorradores”, pero habida cuenta “que los bancos no son razonables cuando la cuestión es ganar dinero”.
“Si existe fraude, hay que meter a los culpables en la cárcel, aunque esto no restituya los ahorros de los afectados”, llegó a decir, tras apoyar claramente que se mantenga abierta la petición y reclamar, como en el caso del resto de europarlamentarios no españoles, que la comisión “se implique más” en la solución del problema.
El caso es que antes todos los representantes del PP en esta Comisión de Peticiones habían defendido la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy en el problema de las preferentes, del que culparon el Ejecutivo de Zapatero. “España ya está dando soluciones”, dijeron, tras defender el arbitraje como la vía más factible para recuperar el dinero. El eurodiputado gallego Millán Mon llegó a asegurar que el Estado tenía “las manos atadas” a la hora de buscar una salida porque dependía de lo que le ordenara la Comisión Europea.
A pesar de todo, hubo excepciones. El parlamentario español Miguel Ángel Martínez, del grupo socialista, definió el caso de las preferentes como “una estafa no puntual, sino generalizada y científicamente llevada hacia adelante contra la gente más vulnerable” y pidió también más implicación a la Comisión Europea para que articule “una solución que permita la devolución de todos los ahorros”.
Porque antes Fábregas Fernández, en representación de la Comisión, había echado balones fuera al centrar en el Estado español la responsabilidad de dar solución a la estafa. “Es responsabilidad de los tribunales nacionales y autoridades abordar compensaciones por posibles malas praxis bancarias”, dijo, obviando la legislación europea sobre productos financieros.
Ana Miranda, eurodiputada del BNG, le respondió acusando a la Comisión de “dejadez”. “No se trata de obtener información, sino de dar soluciones a estos ciudadanos que han sufrido un robo y una estafa facilitada también por la dejadez del Gobierno español, que se lava las manos ante el problema”, insistió. Además, censuró también la actitud de los eurodiputados del PP que intervinieron en el debate por “remitir vergonzosamente al laudo y a la Justicia”. “¿Para qué? ¿Para que paguen más tasas judiciales? ¿Acaso no saben de sobra que el arbitraje no es arbitrario, sino que los afectados son llamados por el banco? Curiosamente, antes de las elecciones llamaron a muchas personas y muchas de ellas vinculadas al PP”, espetó.
Así, Miranda pidió que que la Comisión de Peticiones mantenga las denuncias abiertas hasta dar una solución y reclama al Parlamento Europeo “una respuesta política clara” a favor de los miles de afectados por las estafa de las preferentes.
Antes, José Manuel Estévez, en representación de la plataforma de afectados por las preferentes de Vigo y Val Miñor, y Xesús Domínguez, por la de Compostela, habían relatado ante los eurodiputados la “estafa masiva” sufrida por unos 80.000 gallegos atrapados en el “fraude” provocado por las antiguas cajas. “Unas 25.000 personas se están enterando aún ahora de que están afectados”, explicaron los portavoces de la Coordinadora de Plataformas de Afectados de Galicia, tras acusar al Gobierno gallego y español de “complicidad” y después de contar los casos más sangrantes: “personas con Alzheimer, firmas falsas, niños pequeños”. “Todos abusando de la confianza que los ciudadanos teníamos en las sucursales de toda la vida”.
“Ayúdennos a recuperar estos ahorros; que de aquí salga una voz clara y firme que le diga al Gobierno español que cometió un atropello y que está robando a los ciudadanos para salvar a la banca estafadora”, remató Domínguez.
Ya para finalizar, el presidente de la Comisión de Peticiones, Willy Meyer, apostó por “trabajar” para conseguir “la devolución integral de los ahorros” y para “hacer una diferencia” en la memoria de la UE que afecta a España entre “los que son inversores y los pequeños ahorradores”. Además, se acordó remitir toda la información proporcionada por los afectados y europarlamentarios a la Comisión de Asuntos Económicos con el objetivo de “buscar una solución”, así como enviar una carta al Gobierno español “para ver como trabajar desde allí para arreglar el problema”. “Por supuesto, esta comisión de peticiones se mantiene abierta”, sentenció.
