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España es uno de los diez países que más datos piden a Twitter sobre sus usuarios

España, con más de 152 solicitudes, es el octavo país que más peticiones de información remite a Twitter. Según esta clasificación, encabezada por Estados Unidos desde su origen, el 57 % de las solicitudes de las autoridades españolas han sido respondidas. Presuntos atentados contra el derecho al honor e investigaciones policiales en curso son los motivos más habituales de consulta. 

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España es uno de los países del mundo en los que más se controla lo que se tuitea

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En tiempos en los que un tuit puede ser motivo de  una sustancial multa o incluso de una condena de cárcel, lo que se comparte a través de la red social del pájaro azul (antaño conocida como la de los 140 caracteres, denominación recientemente pasada de moda) es susceptible de ser investigado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y España es buena muestra de ello.

Según el último informe de transparencia de Twitter, España es uno de los países que más solicitudes de información remiten a la red social. En concreto, nuestro país aparece en octavo lugar de esta clasificación tras haber realizado 152 peticiones en la primera mitad del presente año.  Twitter asegura haber dado respuesta en el 57 % de los casos. Según confirman desde Twitter a HojaDeRouter.com, se traduce en 300 cuentas cuyos datos completos, incluida la dirección IP, han sido entregados a las autoridades españolas.

Según fuentes de la sede europea de Twitter, la compañía facilita información relacionada con usuarios concretos en casos de investigaciones criminales. Además, señalan que la cantidad de información dada a las autoridades depende del carácter de la solicitud. Así, puede variar en función del órgano que emita la petición o del carácter del caso que la Policía esté investigando. 

“Hay un deber de colaboración en este aspecto y, en caso contrario, podrían asumir responsabilidades por determinadas infracciones”, recuerda el abogado Sergio Carrasco, quien aclara que, no obstante, para la mayoría de peticiones a Twitter (o a cualquiera de las redes sociales) se pide una orden judicial. “Se tiene en cuenta no solo el deber de colaboración, sino que también está el derecho a la privacidad de los usuarios: determinada información no la dan”, explica el jurista.

Desde Twitter confirman que  a menudo rechazan solicitudes. Sucede cuando la compañía no puede asegurar que el motivo de la solicitud de información sea una investigación criminal en curso y no otro. 

“Cuando es posible, Twitter intenta restringir las solicitudes de información o las rechaza debido a circunstancias como la naturaleza del supuesto crimen, la falta de una firma en la petición o un procedimiento legal incorrecto”, explican desde la compañía. De hecho, la red social se vanagloria de no haber cumplido con el 42 % de las solicitudes gubernamentales recibidas en los 6 primeros meses del año (o haberlo hecho parcialmente), respecto al 39 % del mismo período del pasado año.

En el caso de las solicitudes realizadas por las autoridades españolas, un 43 % han sido rechazadas, el mismo porcentaje que en la primera mitad de 2016. Sin embargo, se trata del mínimo histórico de negativas desde que se tienen datos (a partir de 2012). 

España, siempre a la cabeza

Lo más curioso de la relación de las autoridades españolas con Twitter es que, desde que la red social comenzara a publicar información sobre las solicitudes de cuentas realizadas por Gobiernos, el nuestro siempre ha estado entre los países que más peticiones realizan. La evolución, no obstante, ha sido llamativa.

En la primera mitad de 2012, España tan solo realizó 8 solicitudes. Además, Twitter tuvo a bien considerar que ninguna de ellas debía ser respondida, algo que también sucedió en la primera mitad de 2013, cuando España pidió datos en hasta 13 ocasiones.

Fue en 2015 cuando España, manteniéndose en los diez primeros puestos de la lista, superó el centenar de solicitudes: pasó de las 43 realizadas en 2014 a las 110. Casualidad o no, en 2015 se publicó el primer tuit que ha supuesto una condena a un tuitero. En marzo de aquel año tuvo lugar la tragedia del vuelo de Germanwings que se estrelló en los Alpes; dos años más tarde, el Juzgado de Instrucción 8 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona)  condenaba a ocho meses de cárcel sustituibles por un curso de derechos humanos a un usuario que, tras la catástrofe, escribió un comentario de mal gusto en la red social. 

“Las peticiones suelen estar relacionadas con el Código Penal de toda la vida”, aclara Carrasco. “A través de Twitter, lo que más se ve son presuntas amenazas, insultos… Todo lo que sean atentados contra el derecho al honor”, comenta.

En cualquier caso, España no ha llegado a superar el quinto lugar de la clasificación y, a pesar de su constante crecimiento, aún está lejos del que siempre ha sido el primer país de la lista: Estados Unidos, que en 2017  lleva ya más de 2.100 peticiones de información con una tasa de respuesta del 77 %. No obstante, en proporción, los casos estadounidenses son muchos menos. Mientras en el país de las barras y estrellas la cifra de usuarios activos al mes ronda los 70 millones, en España apenas se sobrepasan los 7 millones.

Desde Twitter insisten en tranquilizar a los usuarios, ya que, aseguran, la privacidad forma parte de su filosofía. De hecho, la red social hace un hueco en sus términos y condiciones a esas excepciones en las que la ley y la seguridad se antepondrían a la intimidad de sus usuarios: “Podemos conservar o revelar su información si consideramos que es razonablemente necesario para cumplir con una ley, normativa, proceso legal o requerimiento gubernamental; para proteger la seguridad de cualquier persona; para solucionar problemas de fraude, de seguridad o técnicos; o para proteger nuestros derechos o los de nuestros usuarios a la propiedad”, puede leerse en el documento legal.

Así, entre denuncias por atentados contra el derecho al honor e investigaciones policiales, España tiene el dudoso honor de ser uno de los países que más información sobre sus ciudadanos pide a Twitter. 

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La imagen es propiedad de Esther Vargas

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