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Un juez pide el desafuero de Cristina Fernández para detenerla por encubrir terroristas

El juez Claudio Bonadio, el más enfrentado con el kirchnerismo, solicita que se le quiten los fueros a pocos días de haber jurado como senadora

El juez ha ordenado prisión preventiva para miembros clave durante el gobierno de Fernández, como el exsecretario de Presidencia, Carlos Zannini, el excanciller Héctor Timerman y el sindicalista Luis D'Elía

Bonadio los acusa de urdir un plan para encubrir a los sospechosos del sangriento atentado a la AMIA, con más de 80 muertos 

Esta era la acusación del fiscal Nisman, que fue desestimada tras su muerte –cuyas causas aún se investigan, aunque la causa fue reabierta recientemente

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Un juez pide el desafuero de Fernández para detenerla por encubrir terroristas

Un juez pide el desafuero de Fernández para detenerla por encubrir terroristas

Un juez ha procesado hoy a la expresidenta de Argentina y actual senadora Cristina Fernández por presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a una mutua judía de Buenos Aires en 1994, y ha pedido al Senado que vote despojarla de su inmunidad como legisladora para que pueda ser detenida.

Según informó la agencia estatal de noticias Télam, el juez federal Claudio Bonadio tomó esta medida al considerar que la exmandataria puede entorpecer la causa, abierta por la denuncia por encubrimiento que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella y varios miembros de su Gobierno cuatro días antes de aparecer muerto en condiciones que todavía se investigan.

Bonadio dictó otros procesamientos, y varios de ellos con prisión preventiva, entre los que figuran el exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini y el sindicalista Luis D'Elía, que ya fueron arrestados, y otorgó la prisión domiciliaria al excanciller Héctor Timerman por su delicado estado de salud.

Zannini fue detenido esta madrugada en Río Gallegos, capital de la sureña provincia de Santa Cruz, y D'Elía en su domicilio de la localidad bonaerense de Laferrere.

Jorge "Yussuf" Khalil, referente de la comunidad islámica en Argentina, también fue arrestado.

Nisman aseguraba que un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado a la mutua AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune, buscaba realmente encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el excanciller Alí Akbar Velayatí, para favorecer el intercambio comercial bilateral.

Tras la muerte del fiscal, su denuncia fue desestimada, pero la causa fue reabierta a finales de 2016 y posteriormente unificada con otra por presunta traición a la patria, también con eje en el polémico acuerdo, y dirigida por Bonadio.

Es así que por este expediente, en los últimos meses, los imputados ya debieron acudir a declarar como investigados ante el juez.

"No tuvimos ningún otro propósito al suscribir el Memorándum de Entendimiento que lograr un avance mediante la toma de declaraciones a los imputados iraníes, única forma de que la investigación en curso saliera del punto muerto en que se encuentra", expresó Fernández en un escrito presentado ante Bonadio.

El memorándum de entendimiento firmado con Irán en 2013 fue aprobado por el Congreso argentino y nunca entró en vigor porque no fue ratificado por los legisladores iraníes. Las alertas rojas de Interpol para detener a los sospechosos iraníes tampoco dejaron nunca de estar vigentes.

La exmandataria, implicada en varias causas judiciales, la mayoría por corrupción, obtuvo un escaño de senadora en los comicios legislativos del 22 de octubre y juró su cargo el pasado 29 de noviembre, lo que le otorga fueros parlamentarios y la imposibilidad de ser detenida.

La Cámara Alta deberá decidir ahora si atiende la solicitud de Bonadio de despojar a Fernández de esos privilegios, para lo que será necesario el sí de dos tercios de los legisladores.

La viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) acusa desde hace tiempo al Gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, de usar el Poder Judicial para perseguir opositores y de querer un "Parlamento sumiso" donde los legisladores voten lo que los oficialistas quieren.

El atentado contra la AMIA, que la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií Hizbulá, fue el segundo ataque contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada de Israel, en un atentado también sin esclarecer.

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