Las asociaciones de vecinos consideran que el acuerdo para la nueva Operación Chamartín “roza la ilegalidad”
Para las asociaciones de vecinos y Ecologistas en Acción, el acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Fomento y Distrito Castellana Norte (DCN) para la Operación Chamartín, ahora Madrid Nuevo Norte, “roza la ilegalidad”. Se basan en la ley del Suelo de la Comunidad de Madrid que prohíbe los acuerdos sobre urbanismo.
El artículo 245 de dicha ley establece que “son nulos de pleno derecho los convenios urbanísticos de planeamiento, así como cualquier convenio o acuerdo, cualquiera que sea su denominación, que tenga por objeto definir los criterios de ordenación del futuro planeamiento urbanístico mediante estipulaciones que establezcan la obligación de hacer efectivos antes de la aprobación definitiva, los deberes legales de cesión y, en su caso, los convenidos entre las partes que establezcan obligaciones o prestaciones adicionales más gravosas que las que procedan legalmente en perjuicio de los propietarios afectados”.
A criterio de la federación regional de asociaciones de vecinos de Madrid (FRAMV) y Ecologistas en Acción, el convenio firmado el pasado mes de julio entre Manuela Carmena, Fomento y DCN incumple este artículo de la ley y no descartan “cuando se apruebe” llevarlo a los tribunales. “En este momento no hay todavía un acuerdo administrativo que se pueda recurrir, pero cuando se apruebe se estudiará si hay base legal para ello”, asegura a eldiario.es Vicente Pérez Quintana, portavoz de la FRAMV y la coordinadora del Norte. El Ayuntamiento de Madrid no ha querido responder a estas aseveraciones.
Primera reunión con los colectivos sociales
De cumplirse los plazos previstos en julio, el proyecto iniciará su tramitación administrativa a principios del último trimestre de 2017 y su aprobación inicial se producirá en enero de 2018. El visto bueno definitivo se daría a finales de 2018. Pero antes de que acabe 2017, se está desarrollando un proceso específico de participación con las asociaciones ciudadanas articulado por el Ayuntamiento de Madrid.
El pasado viernes tuvo lugar la primera reunión, a la que acudieron las asociaciones vecinales, ecologistas, DCN (formada por BBVA y la constructora San José), el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento. A la salida del encuentro, la FRAVM emitió un comunicado muy crítico con el proyecto y acusó al Ayuntamiento de Madrid de haberse “plegado completamente a los interese del BBVA”.
“Estamos bastante decepcionados”, se queja Pérez Quintana. “El Ayuntamiento se ha hecho una enmienda a la totalidad a su propia protesta, incumpliendo también su programa electoral”. Además, lamentan que estas negociaciones con los colectivos sociales parten del acuerdo ya cerrado con Fomento.
“Nos están utilizando para legitimar un acuerdo ya pactado y cerrado”, lamenta Ángeles Nieto de Ecologistas en Acción“. ”Nos preguntan para decidir qué calles van a ser peatonales, dónde van a estar los rascacielos, pero el plan importante, los números gruesos, están ya pactados y no se pueden tocar“.
“Se incrementan los problemas de la zona”
'Madrid Nuevo Norte', antes 'Madrid Puerta Norte', antes 'Operación Chamartín', puede poner fin a 24 años de avatares en torno al desarrollo urbanístico de la zona septentrional de la capital. Pero, tanto para la FRAVM como para Ecologistas en acción, el convenio firmado no es “sostenible” y no resuelve los problemas que presenta actualmente la zona, sino que “los agrava”.
Manuela Carmena ha enterrado los planes de edificar 16.000 viviendas de su predecesora, Ana Botella, pero también se ha quedado lejos de lo que prometió al hacerse con el expediente. Finalmente las viviendas que se construirán serán 11.000, más del doble de la apuesta inicial de Ahora Madrid cuando planteó que fueran 4.600. También los metros cuadrados del suelo edificable se alejan de este planteamiento inicial del consistorio.
En cuanto a la edificabilidad total del espacio, excluyendo el ámbito de la estación de Chamartín, será de 2.680.000 m, un 20,5% menos con respecto al plan anterior, cuando el proyecto anterior del Ayuntamiento quería reducirlo en un 50%. De éstos, se destinarán 1.100.000 m para edificabilidad residencial y el resto al uso terciario, es decir, a oficinas.
“El enorme número de viviendas y unidades de terciario auguran la congestión de la zona, es decir, atascos, problemas graves de movilidad, así como un incremento de la contaminación atmosférica y acústica”, consideran desde la FRAMV. A estos problemas hay que añadirles, consideran, los que ya sufre la zona que tiene “deficiencias importantes en cuanto a infraestructuras como son centros deportivos, escuelas o centros sanitarios que este plan no contempla solucionar”. Critican también que “el proyecto compute como zona verde la losa de hormigón que servirá para cubrir las vías de tren”.
También críticas internas
Pero estas críticas no vienen solo de los colectivos sociales, también las hay internas. Anticapitalistas, Izquierda Unida y Ganemos se han posicionado también en contra del acuerdo evidenciando los delicados equilibrios que ha de mantener la coalición de Ahora Madrid.
Algunos miembros del Gobierno consideran que la alcaldesa solo atiende a las presiones cuando provienen del exterior. Ponen de ejemplo lo ocurrido con la marcha atrás en la peatonalización de setenta metros de calle en Galileo. Lo que para Carmena es una prueba de buena gestión porque demuestra que Ahora Madrid no representa un peligro, volverá a abrir ampollas y a escenificar las diferencias dentro del Gobierno.
