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Cinismo Hídrico

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A falta de una declaración oficial del Gobierno de López Miras, el nuevo apóstol de la agricultura insostenible, sobre el espinoso asunto de la denuncia del fiscal Díaz Manzanera, hay que resaltar también que quedan unas cuantas incógnitas derivadas del texto del director del ministerio público en la región y de algunas reacciones registradas hasta el momento.

¿Por qué los 37 denunciados, entre políticos, funcionarios y empresas no figuran con nombres y apellidos? Los diligentes informadores murcianos tardaron muy pocas horas en desvelar quiénes había tras las siglas de políticos y funcionarios aludidos. De ahí resultó la constatación de que el principal responsable político, y ya veremos si penal, de las políticas que causan el desastre del Mar Menor no aparece ni siquiera aludido. ¿Dónde está? En Bruselas, tan ricamente, ejerciendo de vicepresidente del Parlamento europeo. Mientras, Antonio Cerdá, el ejecutor directo de esas directrices ––cuyo último responsable es, fue y será Ramón Luis Valcárcel–– aparece como principal denunciado.

Otra cuestión previa. ¿Cómo puede ser que el que fuera mano derecha de Cerdá en temas de agua y actual responsable de la CHS, Miguel Ángel Ródenas, ni aparezca en la denuncia, como tampoco están otros presidentes del organismo de cuenca que no sean los socialistas Fuentes Zorita y Charo Quesada? ¿Acaso el director general de Agua en tiempos del consejero Cerdá quedaba al margen de las políticas que éste ejecutaba?

No inspira ninguna pena ni lástima por la denuncia el que fue consejero más longevo de nuestro  particular refugiado en Bélgica, pero hay que apreciar que el extitular de Agricultura Antonio Cerdá sigue sirviendo de parapeto exculpatorio para su dilecto jefe. Lo fue en el asunto Novo Carthago y lo es ahora en lo de la contaminación del Mar Menor. En ambos escándalos no se puede ver otra cosa que la larga sombra del petulante Valcárcel supervisándolo todo.

Además de al famoso Cerdá, los intrépidos periodistas han identificado a todos y cada uno de los trece responsables de la Consejería y de la CHS señalados con iniciales por el fiscal jefe… pero han sido incapaces de identificar ninguna empresa agrícola de las 24 también citadas solo con siglas en la denuncia. No es muy difícil constatar, chequeando esas siglas con la información disponible, que esas siglas coinciden con las de algunos de los socios del conglomerado ProExport, principal plataforma agroindustrial exportadora de productos agrícolas murcianos.

Así, las siglas número 3 de la denuncia coinciden con las de Agrícola La Almazarica S.L.; las número 13, con las de Agricultura y Exportación S.L.; las 14, con las de Agrícola Palma Sol S.L.; las 16, con las de Inagrup S.L.; las 17, con las de Ciky Oro S.L.; las 19, con las de GS España Holding S.L. Por poner solo unos supuestos ejemplos. Estas siglas coinciden con las de miembros asociados a ProExport.

Al figurar solo las siglas de los denunciados en el escrito del fiscal siempre cabrá la duda de si son realmente o no son los identificados, funcionarios y empresas, bajo esas siglas. A cualquier robaperas o robagallinas le sacan en los papeles sus nombres, apellidos y fecha de nacimiento a las primeras de cambio. Pero Díaz Manzanera ha preferido ser tan inexplicablemente sigiloso en este aspecto que siembra unas incógnitas que, si lo que se pretende es aclarar de una vez por todas el turbísimo asunto, deberían ser despejadas.

En la línea de falta de claridad llevada al paroxismo cínica y premeditadamente, cabe situar algunas de las reacciones que ha provocado la actuación de la fiscalía. La palma en este terreno se la lleva, de momento, el titular regional de la cosa, es decir, de Agricultura y Agua, Francisco Jódar, cuya posición inicial lo sitúa más bien como personaje de “Agua, azucarillos y aguardiente”.

Si es imposible, como dice, que haya 20.000 hectáreas de regadíos ilegales, cómo es posible que pueda haber unas 2.000 desaladoras ilegales en el mismo entorno geográfico del Campo de Cartagena. O cómo es posible que se siga mirando para otro lado cuando se hacen nuevas roturaciones para transformar en regadíos terrenos fuera de ordenación. O cómo ha sido posible que el Mar Menor haya llegado a la situación en la que está al cabo de más de veinte años de denuncias, quejas, diatribas sobre su deterioro ambiental y urbanístico. ¿O nadie se acuerda ya del aviso que fue la proliferación invasiva de medusas en los años noventa del siglo pasado?

El último caso, según denuncia de Ecologistas en Acción este mismo mes de diciembre, se ha dado en la roturación de 15 hectáreas de terrenos forestales y de secano en la zona de Altaona y Escalona, en violación flagrante del artículo 33.2 de la normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015-2021. ¿Qué han hecho los medios y las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente al respecto?

Aquí no sirve la excusa, frente a la denuncia de la Fiscalía, de que los regadíos ilegales fueron regularizados con el plan de 2015. Aquello fue una especie de amnistía general indiscriminada y a bulto. Esto es de ahora mismo, de 2017. Y en cualquier caso, es muy discutible esa regularización referida pues nunca se hizo una auditoría previa al plan para determinar cuántas hectáreas y dónde eran susceptibles de ser regularizadas por la nueva norma.

La deducción es, pues, que ––igual que hicieron sus predecesores–– tanto Jódar como su colega de Medio Ambiente, Javier Celdrán, prefieren, junto a los dirigentes agrícolas que se rasgan las vestiduras por la denuncia del fiscal jefe, seguir mirando para otro lado: que cada cual en la agroindustria ––los “aguatenientes”–– haga de su capa un sayo, creando y manteniendo fortunas escandalosas, para luego negar la evidencia. Que no es otra que el Mar Menor disputa de pleno derecho y desde hace tiempo su nombre al Mar Muerto.

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