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Pasaje Seguro acusa al Gobierno de "descargar" la responsabilidad en la Fiscalía en el 'caso Samuel'

La organización denuncia que el ICASS "está aplicando la ley de la forma menos favorable para los menores" y solicita una revisión del protocolo

También advierte que "al menos otros tres menores" podrían estar en la misma situación

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Eva Díaz Tezanos, junto al equipo directivo del ICASS.

Eva Díaz Tezanos, junto al equipo directivo del ICASS. | NACHO ROMERO

Pasaje Seguro ha lamentado que el Gobierno de Cantabria insista en "descargar" en la Fiscalía y "negar su responsabilidad" en el caso de 'Samuel', el menor migrante expulsado.

El colectivo se pronuncia así en un comunicado difundido este martes, después de que ayer Podemos interpelara a la vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, Eva Díaz Tezanos, sobre este asunto en el Pleno del Parlamento, donde negó que el bipartito PRC-PSOE sea "inhumano" o "insolidario", ni que los menores supongan "cargas" para esta administración.

Según detalló la líder de los socialistas, el ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales) no tiene competencias para expulsar a ninguna persona del territorio nacional, ya que este ámbito de actuación es del Ministerio del Interior, en tanto que la Fiscalía del Menor es la que determina la edad de un extranjero no acompañado.

Así, Díaz Tezanos alegó que este organismo se encarga de aplicar y cumplir la ley y protocolos establecidos, y que en este caso concreto se solicitó una revisión del decreto sobre la edad de 'Samuel', pero la Fiscalía de Menores exigió la aplicación del decreto del fiscal anterior.

Para Pasaje Seguro, esta respuesta supone "convertir en mera burocracia el tratamientos de los menores migrantes". Y avisa, además, de que "al menos otros tres menores" estarían en esta situación en Cantabria en este momento.

Para Pasaje Seguro, los funcionarios del ICASS "están aplicando la ley de la forma menos favorable para los menores", por lo que solicita una revisión de las pautas de actuación y el establecimiento de un protocolo que "ponga por delante el interés superior del menor".

"Cómo se aplique la ley puede suponer una diferencia sustancial que afecta a las vidas de estos niños", señala esta agrupación, que apunta además que las pruebas de determinación de la edad se podrían estar "practicando indiscriminadamente".

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