Ex escoltas de Azkuna declaran que fueron apartados de forma ilegal
Policías municipales que han sido escoltas de los concejales del Ayuntamiento de Bilbao han declarado ante un juzgado de lo contencioso administrativo que fueron apartados de manera ilegal de sus puestos. En la vista celebrada ayer, han denunciado el perjuicio económico de la medida (unos 900 euros al mes), mientras que el Consistorio ha defendido sus decisiones y solo ha reconocido que hubo errores en el procedimiento.
La demanda fue presentada el pasado año al considerar ilegal el nuevo servicio que se implantó en exclusiva para el alcalde Iñaki Azkuna, que es desempeñado por seis agentes. La entonces denominada Unidad de Seguridad de Autoridades estuvo compuesta por hasta 30 policías municipales de Bilbao que procedían de comisarías y cuya función era la protección a los concejales cuando persistía el terrorismo. Con la declaración de ETA del abandono definitivo de las armas, en noviembre de 2011 este servicio bajó a 16 escoltas y en diciembre de 2012 se suprimió y se creó un servicio específico de seguridad solo para el alcalde Iñaki Azkuna, llamado Unidad de Seguridad de Alcaldía. En él quedaron adscritos seis policías.
Los denunciantes, seis de los 10 agentes que se quedaron sin ese puesto y han vuelto al trabajo en comisarías, argumentan que el servicio de protección no ha desparecido sino que ha cambiado de nombre y resaltan que, al haber accedido a esos puestos por selección, tenían que haber optado a mantenerse en la nueva unidad. Argumentan el perjuicio económico: su salario bruto se reduce en casi 900 euros al mes. De hecho, aseguran que los puestos en las comisarías que ocupaban antes de ser escoltas fueron suprimidos como “lo demuestra el hecho de que han tenido que ser creados nuevamente” por un acuerdo municipal del 19 de diciembre de 2012.
En la vista celebrada ayer, la defensa del consistorio de Bilbao ha esgrimido una sentencia judicial que avala su decisión y, ante los planteamientos de los demandantes de que lo que se dirime es la adscripción directa a comisarías, ha reconocido que hubo un error de procedimiento pero sin cuestionar la decisión. La defensa municipal ha insistido en que llegaron a los puestos de escoltas de manera provisional y que esas plazas no se convocaron por razones de urgencia. Se ha negado al abono de los 900 euros de diferencia de salario. El juicio ha quedado visto para sentencia.
