El Tribunal de Cuentas de Bilbao aplaude el bajo endeudamiento de Bizkaia en 2014
El presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, José Luis Bilbao, podrá defender próximamente en las Juntas Generales de Bizkaia que en 2014 la Diputación, dirigida por el propio Bilbao, y sus entes públicos mejoraron en su situación económica merced a unos mayores ingresos y un menor endeudamiento. Se da la circunstancia de que hace un año, cuando el presidente del órgano auditor era José Ignacio Martínez Churiaque, el gran titular de su comparecencia en el Parlamento vizcaíno fue precisamente el crecimiento desmesurado de la deuda, sobre todo en el período 2009-2011.
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha hecho público hoy su primer informe de auditoría sobre Bizkaia desde que el exdiputado general hasta hace pocos meses, el nacionalista José Luis Bilbao, saltara a esa institución a propuesta del Parlamento, aunque él no puede ser el ponente. Como es habitual, el informe concluye que se cumplió de modo “razonable” con la legalidad en el ejercicio analizado, en este caso 2014, aunque pone algunos ‘peros’, algo también dentro de lo ordinario.
Cita como ejemplo el abono en ese año de 6,8 millones en concepto de devolución a los funcionarios forales de la paga extraordinaria de Navidad retirada en toda España en 2012 por decisión del Gobierno de Mariano Rajoy. El Tribunal de Cuentas afea a Bizkaia que “incumpliera” el real decreto estatal, aunque reconoce que en 2015 y 2016 sí se han habilitado fórmulas en los presupuestos generales para proceder a su reintegro. Con relación a los funcionarios, igualmente, se pide que se revisen los abonos de IRPF correspondientes a determinadas prejubilaciones, que no tendrían que estar exentas.
El dictamen incorpora también otra “salvedad”, aunque sin efectos en el balance económico general de la provincia. Alude a un mal reflejo contable de la “onerosa” operación del vertedero de Artigas, cedido al ayuntamiento de Bilbao. “El saldo de inmovilizado y de las periodificaciones a largo plazo de la Diputación deben aumentar en 25,1 y 44,4 millones de euros, respectivamente, y el saldo de beneficios por operaciones de inmovilizado debe disminuir en 19,3 millones de euros”, señalan los auditores.
En cuanto a la sociedad Azpiegiturak, el Tribunal duda de que sus activos estén tasados en 117 millones, la cifra que pone la institución foral, debido a la “crisis del mercado inmobiliario”. Y añade que “existe una incertidumbre sobre la valoración de unos inmuebles incluidos en inversiones inmobiliarias de la citada sociedad por 15 millones de euros, puesto que la empresa que alquilaba el inmueble no ejerce actividad alguna, estando en concurso de acreedores”.
