El pasado martes, 22 de diciembre, el Gobierno Vasco aprobaba los decretos curriculares que, a partir de ahora, organizarán los itinerarios formativos del alumnado vasco en las etapas infantil y obligatoria, dentro de la estrategia Heziberri 2020, auténtica joya de la corona del Departamento de Educación en esta legislatura. Las imágenes de la rueda de prensa, habitual al término de la sesión de gobierno, enseñaban una consejera de Educación sonriente, aunque cauta; complacida, pero, probablemente, con un poso de intranquilidad.
Una aprobación, en cualquier caso, “sui generis”: llega cuatro largos meses después de iniciado el curso escolar 2015-2016 y lo hace parcialmente, tan solo para el alumnado de la etapa obligatoria, quedando fuera de ordenación el de las enseñanzas postobligatorias de Bachillerato y de Formación Profesional. Una prueba más de la provisionalidad que mueve a este equipo departamental y que traslada a todos y cada uno de los rincones educativos del país. Aún con este raquitismo, Lakua y los equipos directivos de todos los centros escolares vascos habrán respirado tranquilos, ante la seguridad jurídica que la aprobación de los decretos supone.
Y no es para menos. Tras un largo y enigmático proceso de borradores, informes y contrainformes, la máxima responsable del Departamento de Educación del Gobierno Vasco veía aprobados por sus compañeros y compañeras de partido y gobierno las líneas de actuación en materia educativa por las que deberán pasar las nuevas generaciones de estudiantes vascos/as. Un proceso que, pese a no explicitarlo la Sra. Uriarte, ha contado con la oposición de la mayoría de las y los representantes educativos que la Escuela Pública Vasca tiene en la actualidad, (léase organizaciones sindicales, familias y sindicatos estudiantiles, aunque éstos últimos de forma más ambigua), que han rechazado hasta el momento todos los documentos de Heziberri a los que han tenido acceso.. Veamos cuáles han sido las principales razones argüidas para esta negativa:
Especialmente preocupante es la ausencia de mención explícita a la Escuela Pública como elemento realmente vertebrador del sistema educativo vasco, superador de tensiones partidistas y garantía de formación equitativa, plural y de ciudadanía democrática. Y no es una ausencia casual, sino el peaje obligatorio de pago que las organizaciones patronales del ámbito privado (Kristau Eskola e Ikastolen Elkartea, principalmente) habrán solicitado previo apoyo al proyecto de Heziberri 2020.
El decreto de Enseñanza Obligatoria (6-16 años) da por válido el mantenimiento de las 12 competencias educativas, posición ya criticada en anteriores ocasiones por considerarla alejada del modelo europeo –al que se dice seguir-, confusa para profesorado y alumnado y escasamente reconocedora de experiencias realizadas en el propio sistema educativo vasco.
Sobre la supuesta autonomía que la administración educativa concederá a los centros, persisten dudas razonables sobre la diferente vara de medir a centros públicos y concertados ¿Por qué se circunscribe tan sólo a los públicos? ¿no tiene nada que ajustar el Departamento con los centros concertados -precisamente en virtud de la concertación- siendo sostenidos con presupuestos públicos mayoritariamente? Por otro lado, ¿hasta dónde se mantendrá la autonomía de los centros en la gestión de personal?
Además, se introduce una variante muy peligrosa desde el punto de vista del mantenimiento de las plantillas en los centros (y, por tanto, de los puestos de trabajo docentes) en el articulado (Ratio de alumnado y profesorado), al permitir el decreto la superación del número máximo de 25 alumnos/as por aula que existe actualmente, si las necesidades de la Administración lo requieren. En este mismo artículo el alumnado repetidor de un grupo deja de contabilizar sobre ese máximo, cuando, en realidad, suponen un trabajo más exigente para el profesorado su presencia en el aula. De este modo, se priva de la negociación colectiva entre administración y la representación sindical un elemento básico de su cometido.
Me queda la duda de si el decreto aprobado el pasado 22 de diciembre -y aún pendiente de publicación en el BOPV- mantiene un artículo (“El equipo docente”) que plantea un deseo imposible para la Administración: pretender conseguir una presencia equilibrada de hombres y mujeres en la docencia. Cualquier iniciativa del Departamento de Educación en este sentido modificará los actuales procesos de selección de personal y sería contraria a derecho.
La consejera Uriarte siempre ha hablado del proyecto Heziberri en oposición a la LOMCE, como si se tratase de la resistencia de la pequeña aldea gala frente al poderío romano retratado por Goscinny y Uderzo. En un análisis somero veremos que la principal novedad que aporta este decreto en realidad es evitar la mayoría de las menciones a la ley de Wert, pero sin que desaparezcan alguno de los puntos varias veces criticados, como, por ejemplo, el mantenimiento de la división artificial de la E. Primaria en dos ciclos de tres años, casualmente (¿) coincidentes con los momentos de realización de pruebas externas (3º y 6º) que propone la ley del Estado, o en el asunto de las famosas reválidas, donde el decreto cuida la redacción para no insistir en el seguimiento que se hará de la ley estatal.
Además, la opción que se apunta para superar la doble estructura del 4ESO es tan endeble (incorporación de asignaturas de ambas titulaciones -aplicadas y académicas-) que no resiste ni el ajuste horario que se plantea como referencial. No citar en el decreto la prueba de 4º de ESO no significa que ésta no se realizará, ya que se trata de una competencia del Ministerio de Educación y Deportes de España y aparece taxativamente incorporada en la propia LOMCE.
En fin, que a falta del análisis definitivo del decreto cuando vea la luz pública, nada hace conferir esperanzas de que el ámbito de la enseñanza pública en Euskadi pueda verse reconfortado con la aprobación realizada en el último Consejo de Gobierno de Vitoria. Habrá que seguir esperando que la margarita de Heziberri siga deshojándose…
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