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Alaya permite ahora a la Junta recurrir si continúa con el caso de los cursos

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Alaya permite ahora a la Junta recurrir si continúa con el caso de los cursos

Alaya permite ahora a la Junta recurrir si continúa con el caso de los cursos

La juez Mercedes Alaya ha dictado una providencia en la que ahora permite a la Junta de Andalucía recurrir si la instructora es competente para investigar las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados con fondos públicos.

La providencia de la juez, con fecha del 14 de mayo y a la que ha tenido acceso Efe, se produce después de que el pasado 16 de abril la instructora no admitiera el recurso de apelación presentado por la Junta, que se quejó ante la Audiencia de Sevilla por esa decisión.

La base del recurso de la Junta, que se remonta al 27 de octubre pasado, es que en este caso se podría haber vulnerado el derecho a un juez natural porque Alaya lo investigó, sin que se enviara a reparto de los juzgados, por una denuncia presentada ante la Guardia Civil por Teodoro Montes, exresponsable de Formación de la Junta y testigo protegido tras declarar ante la magistrada.

Después de la queja de la Junta, la Audiencia le pidió a la juez un informe, y Alaya respondió con una providencia diciendo que los argumentos de los servicios jurídicos de la Administración andaluza eran ajustados a derecho y que admitiría la apelación siempre que se desistieran de la queja, han informado a Efe fuentes judiciales.

La Junta, ante esa decisión de Alaya, se desistió de la queja para evitar dilaciones, tras lo cual la juez ha dictado la última providencia en la que admite el recurso de apelación, han apuntado las fuentes.

En la causa de los cursos de formación, Alaya ha imputado a dos exconsejeros andaluces, Antonio Fernández y Ángel Ojeda, así como a otros 16 políticos de toda la comunidad, a los que detuvo y luego puso en libertad con cargos.

De esos 16 políticos, nueve eran ex delegados provinciales de Empleo de Andalucía, cuatro ex directores generales y tres responsables de dos centros formativos públicos, uno de Mijas (Málaga) y otro de Almonte (Huelva).

Las defensas de los exconsejeros también presentaron recursos para que Alaya no siguiera con esta causa, mientras que la Fiscalía consideró que la juez actuó correctamente al investigar la denuncia de Teodoro Montes.

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