Asociaciones jueces advierten a funcionarios catalanes que deben cumplir ley

Las cuatro asociaciones profesionales de jueces y magistrados, que representan a la totalidad de la carrera, han firmado un documento en el que advierten a los funcionarios catalanes de su obligación de cumplir la Constitución en relación con la convocatoria independentista del 1 de octubre.

La nota califica de “totalitaria” la conducta de las autoridades catalanas independentistas y señala que, por su desprecio a la Constitución, no deben ser obedecidas.

El comunicado viene firmado por las asociaciones judiciales: Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente.

“Los ciudadanos y ciudadanas no están obligados a cumplir” las leyes anuladas o suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional, “ni las normas dictadas en su desarrollo”, dice el documento.

“Por su parte, los funcionarios públicos tienen la obligación de actuar conforme a la Constitución y a la legalidad constitucional, cumpliendo las resoluciones judiciales y prestando la colaboración requerida para su ejecución”, recuerda también.

“Unos y otros encontrarán amparo y respuesta en los juzgados y tribunales ante cualquier actuación encaminada a aplicar o imponer disposiciones suspendidas o declaradas nulas”, señala así mismo.

“Una autoridad que conscientemente se rebela contra la norma constitucional que la legitima pierde el carácter de autoridad y no tiene que ser obedecida. La desobediencia que desprecia las normas jurídicas que protegen la disidencia no es un acto heroico sino totalitario”, expone la nota también.

Los jueces harán cumplir la ley, asegura el comunicado, que expone cómo “los ciudadanos y los poderes públicos, todos sin excepción, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico que la misma ampara”.

“Solo el respeto a la Constitución y a los principios y valores que propugna garantiza la convivencia democrática. Fuera de la Constitución y de los cauces que prevé no hay legalidad ni Estado de Derecho”, consideran los magistrados.