La Biblioteca Nacional de España ya tiene su propia ley

El Congreso ha aprobado hoy la ley de la Biblioteca Nacional de España, que contará, al igual que el Museo del Prado y el Reina Sofía, con una normativa reguladora propia y que, ha destacado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, ha sido posible gracias al consenso.

Tras ser aprobado por el Consejo de Ministros en julio del pasado año, el pleno del Congreso ha dado esta tarde luz verde a esta ley, que devuelve a esta institución su rango de Dirección General y que le dota de instrumentos para hacer más ágil su gestión.

Durante el debate, algunos portavoces han destacado la necesidad de que se dote de más recursos personales a esta institución, como ha aconsejado el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha recordado en su intervención la importancia de dotar a una institución cultural “de cabecera” como la Biblioteca Nacional de España (BNE) de una ley “que le permita actuar en el siglo XXI”.

Una ley que ha sido posible, ha recalcado, “por el amplio consenso y acuerdo”, no solo en el Parlamento, sino también con las Comunidades Autónomas en la conferencia sectorial, o con las asociaciones profesionales de bibliotecarios.

La BNE es “la garantía de la preservación de nuestra identidad pero también de su catalogación adecuada”, ha indicado Wert, que ha resaltado que se trata de una institución que “no mira hacia dentro, sino hacia fuera” de tal forma que, a las funciones de preservar y catalogar, se une la de “mostrar”.

Por el grupo socialista, Federico Buyolo, ha expresado su apoyo a la ley a pesar de considerar que se ha perdido una buena oportunidad para hacer una norma ambiciosa, pues “se queda corta”.

El diputado socialista ha calificado de insuficiente el presupuesto destinado a la adquisición de fondos así como las deficiencias en la catalogación de documentos por falta de recursos humanos como, ha recordado, pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas sobre esta institución.

El portavoz socialista ha señalado que mientras en 2009, con el gobierno socialista, la BNE tuvo un presupuesto de 53 millones de euros, los del último año se han reducido en 24 millones de euros.

“Se necesita desfachatez para subir aquí y acusar al Gobierno de haber reducido el presupuesto de la BNE”, ha respondido al PSOE la diputada del grupo popular María Ascensión Figueres, que ha insistido en que la ley sí “está a la altura” de la institución.

Figueres ha señalado que sin renunciar a su carácter de institución pública, la ley dota a la BNE de instrumentos eficaces para la captación de recursos propios y para la participación de ciudadanos a través del micromecenazgo.

La diputada popular respondía así a las “serias reservas” expresadas por la diputada María Caridad García Álvarez, de Izquierda Plural, sobre la capacidad del Gobierno para cerrar cuestiones como la elaboración del Estatuto de la BNE y, especialmente, sobre “la externalización, la precariedad laboral y las vías de financiación al margen de lo público”.

Monserrat Comas, de CiU, ha recalcado que la BNE es una pieza fundamental y ha destacado el apoyo de su grupo para dotarle de una nueva regulación a pesar de considerar que el texto era mejorable.

Por su parte, el portavoz del UPyD, Carlos Martínez, ha justificado la abstención de su grupo en que consideran que la norma “no ha reforzado el liderazgo de una de las joyas de la Corona” como es la BNE.