Bonig defiende legalidad de sus contratos menores y dice que con Puig hay más

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha defendido la legalidad de los contratos menores efectuados en su etapa de consellera de Infraestructuras, y ha asegurado que desde que ha llegado el socialista Ximo Puig al Consell valenciano, se practica aún más este tipo de práctica contractual.

En un encuentro con periodistas en Alicante, Bonig ha recalcado que está “totalmente” tranquila y ha calificado de “absurdo e inmoral” que Puig “intente hacer un caso de esto”, al tiempo que ha apuntado que en la etapa de Alberto Fabra (PP) los contratos menores suponían el 80 por ciento de todos los que suscribía la Generalitat.

En este punto, ha continuado que en el primer año de Puig en el Consell valenciano se han firmado 6.741 contratos, de los que un total de 5.669 han sido “menores”, es decir el 84 por ciento, lo que supone “cuatro puntos más que con el PP”.

Bonig, que a sus compañeros de partido ha explicado que refleja su tranquilidad que esta noche ha dormido “de tirón”, ha indicado que el Tribunal de Cuentas simplemente ha pedido información porque “en algunos expedientes de contratos menores no se encuentra la factura del gasto”.

Ha añadido que de un total de 156 contratos menores, en 89 casos el importe se halla entre 17.000 y 18.000 euros, cifra esta última que es el máximo legal establecido para la modalidad de contrato menor, y ha recalcado que el Tribunal de Cuentas “no dice nada más”.

La exconsellera y actual líder del PPCV ha explicado que los contratos menores “no los firma el conseller ni antes ni ahora” sino que son rubricados por los subsecretarios y el interventor.

Bonig también ha expresado su perplejidad por que el president también dijera ayer en torno a este asunto que la iban a llamar a declarar.

Por su parte, el exvicepresidente del Consell en la época en que Bonig era titular de Infraestructuras y actual presidente del PP de Alicante, José Císcar, ha manifestado en la misma comparecencia que la solicitud del Tribunal de Cuentas es “habitual” y ha vaticinado que una vez que se remita toda la documentación este asunto “se archivará” porque “no hay absolutamente nada”.

Ha dicho que el Sindic de Cuentas ya dijo en su día que “no hay ningún tipo de responsabilidad contable” entre los ejercicios de 2011 y 1015, y también ha comentado que Puig conocía desde “hacía tiempo” esta petición del Tribunal de Cuentas en torno a la gestión de Bonig.

A este respecto, ha agregado que el president “ha tenido muchas sesiones de control para decirlo” sin llegar a hacerlo y ha subrayado que lo ha hecho “justo el día después de que el PP registrara en Les Corts las solicitudes de documentación de las cajas fijas de las consellerias”.

Para Císcar, al president “no le ha gustado que se pidieran las cajas fijas del gobierno”.

Ha dicho que, con esta medida, el PP pretende conocer los justificantes de pago en supermercados y otros gastos, como el alquiler de un autobús para el traslado desde el Palau de la Generalitat al ayuntamiento de Valencia durante la fiesta del 9 d'Octubre de 2015, “cuando hay diez minutos andando”.

“Fue la fiesta del 9 d'Octubre más cara de los últimos años” con contratos que, según ha añadido, se hicieron tanto desde Presidencia como desde Educación.

Ciscar ha adelantado que el PP pedirá a la Interventora General de la Generalitat que emita un informe “y diga si hay un perjuicio” y también ha advertido: “Y mucho cuidado con hacer un uso partidista de este tema porque tendrá consecuencias” ya que “el PP no se va a quedar de brazos cruzados”.