eldiario.es

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

La Fiscalía pide dejar sin efecto que la policía informe si Netanyahu pisa España

- PUBLICIDAD -
La Fiscalía pide dejar sin efecto que la policía informe si Netanyahu pisa España

La Fiscalía pide dejar sin efecto que la policía informe si Netanyahu pisa España

La Fiscalía ha pedido al juez José de la Mata "dejar sin efecto" la orden que dio a las fuerzas de seguridad de que le informen si el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pisa suelo español, para reabrir en ese caso la causa contra él por el ataque a la Flotilla de la Libertad.

El ministerio fiscal hizo esta petición el pasado 13 de noviembre al estimar que la medida acordada por el juez de la Audiencia Nacional, que además de Netanyahu afecta a otros seis exministros israelíes, "solo puede conceptuarse como medida cautelar" contra los querellados, no tiene respaldo legal y es "de muy difícil ejecución" al no estar contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Sin embargo, en un auto fechado ayer De la Mata ha rechazado la petición de la Fiscalía y le ha recordado que en su día no recurrió la decisión en la que acordaba esta medida, es decir, el auto de archivo del ataque a la flotilla en 2010, en el que murieron nueve personas.

En ese auto, De la Mata sobreseía temporalmente la causa en aplicación de la reforma de la justicia universal, pero ordenaba su reapertura en el caso de que Netanyahu y los otros ministros vinieran a España, ya que entonces sí sería de aplicación la jurisdicción española.

El juez recuerda además a la Fiscalía que solicitó la confirmación de ese archivo cuando la asociación que impulsó esta causa, Cultura Paz y Solidaridad Haydee Santamaria, recurrió el sobreseimiento.

Por tanto, señala el magistrado, esa decisión, que fue avalada por la Sala de lo Penal, ha "devenido firme", razón por la que el recurso de reforma que ahora interpone el fiscal "resulta extemporáneo".

"El fiscal no solo consintió, sino que expresamente solicitó por dos veces su confirmación" y por ello no se puede pretender que se modifique una resolución que ya es firme, argumenta el juez.

Explica además que en su auto de archivo "no se han adoptado ni acordado medidas cautelares contra esas personas: lo que se ha hecho es dar cumplimiento exacto a la obligación imperativamente impuesta por el cuarto convenio de Ginebra", que regula la protección de personas civiles en tiempo de guerra.

"Par poder cumplir esta obligación internacional es evidente la necesidad de que, a tales efectos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado comuniquen a este juzgado central de instrucción, de inmediato, la posible presencia en territorio español de las personas mencionadas en la resolución", reitera el juez.

Los afectados son Netanhayu y los entonces ministros de Defensa, Ehud Barak; Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman; Asuntos Estratégicos, Moshe Yaalon; Interior, Eli Yishai; el ministro sin cartera Benny Begin, y el vicealmirante al mando de la operación, Eliezer 'Chiney' Maron.

El pasado 15 de octubre, el juez acordó expedir a la Policía Nacional y a la Guardia Civil este mandato contra estas siete personas, que fue duramente criticado ayer por Israel, al considerar que "se trata de un fenómeno de provocación política".

"Es un uso, un abuso cínico del sistema legal español", afirmó a Efe el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Emmanuel Nahsón.

Netanyahu y los seis exministros fueron imputados en la causa que abrió la Audiencia Nacional a raíz del ataque perpetrado por las fuerzas de seguridad israelíes el 31 de mayo de 2010 a la flotilla de barcos que se dirigía a Gaza en labores humanitarias. El ataque provocó la muerte de nueve personas de nacionalidad turca y heridas a otras 38.

Los activistas turcos murieron por disparos de soldados israelíes y fueron arrestados tres cooperantes españoles que viajaban a bordo de uno de los buques, el "Mavi Marmara", quienes presentaron una querella contra varios dirigentes israelíes.

La investigación fue abierta por el predecesor de De la Mata, Pablo Ruz, a partir de esa querella, que admitió estimando que los hechos podrían constituir delitos de detención ilegal, deportación, tortura y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha