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El Gobierno de Asturias exigirá a Rajoy que rectifique su política de "eutanasia activa" contra la minería

El Gobierno del Principado no cejará en su empeño de exigir al Gobierno central que rectifique su política de "eutanasia activa" contra la minería del carbón precipitando el cierre de las explotaciones a 2015, tres años antes de lo acordado en el ámbito europeo.

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El Gobierno de Asturias exigirá a Rajoy que rectifique su política de "eutanasia activa" contra la minería

En esta línea, el presidente asturiano, el socialista Javier Fernández, se reunirá el próximo 11 de febrero con el ministro de Industria, José Manuel Soria, para reclamar el cumplimiento de los compromisos del Gobierno de España con un sector importante para la economía asturiana.

"El Gobierno central quiere poner fecha y hora al funeral de la minería", ha dicho en rueda de prensa el consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Martínez, tras la reunión del Consejo de Gobierno, incidiendo en que el Ejecutivo autonómico trabajará siempre en la defensa de los trabajadores, las familias y las comarcas mineras.

Además, ha recordado que con la desaparición de las ayudas a la producción del carbón en 2015 se perderá en Asturias una actividad económica con unos 3.000 empleos directos y 9.000 indirectos que tiene una notable repercusión en el PIB regional, lo que dificultará a Asturias la salida de la crisis.

"La continuidad del carbón es más esencial que nunca", ha dicho, recordando que la mayoría de las minas, excepto las de cielo abierto, necesitan las ayudas públicas garantizadas hasta 2018 por la UE.

En la misma línea, Martínez ha recordado que los acuerdos europeos marcaban la reducción progresiva de las ayudas al sector en un 25% en 2013, un 40% en 2014, un 60% a finales de 2006 y un 75% en 2017, dejando incluso otro 25% para 2018. "El Gobierno de España adelanta tres años el margen que concedía la Unión Europea", señala.

Por ello, desde el Principado consideran que el Gobierno de Mariano Rajoy debe dar explicaciones sobre una decisión gravemente perjudicial para los intereses de Asturias. "Asturias no quedará parada", afirma, advirtiendo de que tendrá también consecuencias para el sector energético.

IMPUESTO A LA BANCA

En otro orden de cosas, Martínez también ha hecho referencia al anuncio del Ejecutivo de Mariano Rajoy de recurrir ante el Tribunal Constitucional el impuesto asturiano a los depósitos bancarios, asegurando que aun no tienen comunicación oficial al respecto.

No obstante, ha reiterado que los servicios jurídicos del Principado están trabajando para, llegado el caso, acudir ante la justicia con la mejor de las estrategias para avalar un impuesto que desde la Administración asturiana consideran perfectamente legal y constitucional.

REPRESENTACIÓN PERMANENTE

Además, el portavoz del Gobierno asturiano ha confirmado que el Principado ha sido la cuarta o quinta comunidad que ha aceptado integrar sus oficinas en Bruselas en los locales de la Representación Permanente de España (REPER) ante las instituciones europeas por las que pagará al Gobierno por el uso de sus instalaciones un coste estimado de 7.000 euros por persona y año.

El Principado de Asturias, que ha puesto en venta su sede en Bruselas, contará con dos personas asumiendo un coste de unos 14.000 euros al año. "Es una idea oportuna", señala Guillermo Martínez al reconocer que supone una reducción de costes en la actual situación de crisis y garantiza la presencia de las comunidades y su defensa de los intereses regionales ante las instituciones europeas.

Respecto a las informaciones sobre que el Gobierno central quiere controlar la acción de las autonomías en el extranjero, el portavoz del Ejecutivo asturiano, que prepara un viaje institucional y comercial a América Latina, dice desconocer esa intención.

No obstante, ha remarcado que las comunidades autónomas "también son Estado", por lo que estas actuaciones en el exterior deben llevarse a cabo desde la lealtad institucional y la colaboración, al tiempo que ha señalado que algunas autonomías, como Asturias, cuentan con una importante población emigrante que tienen la obligación de atender.

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