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El Gobierno pide al TC notificar la suspensión a medios públicos catalanes

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El Gobierno ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que alguna de las suspensiones de decisiones adoptadas por el Parlamento de Cataluña sean notificadas a más de mil personas, entre ellas los alcaldes, los altos cargos de la Generalitat y los medios públicos catalanes.

Fuentes del Gobierno han explicado que se pide esa notificación a un millar de personas en el recurso presentado ante el TC contra las normas complementarias que acompañan el decreto de convocatoria de un referéndum para el 1 de octubre.

Se trata de uno de los cuatro decretos aprobados hoy por el Consejo de Ministros contra las decisiones adoptadas ayer por el Gobierno y el Parlamento catalanes.

Los otros tres son contra la ley del referéndum, el propio decreto de convocatoria y la resolución de la Cámara catalana por la que se ha designado a cinco miembros de la Sindicatura Electoral.

Cada uno de los cuatro recursos lleva petición de suspensión y notificación a los principales implicados.

En el caso del relativo a las normas complementarias se solicita que, además de a los 947 alcaldes de Cataluña, se dé cuenta a los altos cargos del Govern que pueden estar vinculados a la convocatoria, entre ellos los responsables de la gestión económica y de la consejería de Interior.

Pero pide también al TC que, si decide la suspensión, se la notifique igualmente a la Corporación catalana de medios, que agrupa a TV3 y la radio pública catalana.

Se trata de una solicitud consecuencia de que el decreto de normas lleva incluidas cuestiones relativas a la publicidad institucional y la campaña electoral.

El Gobierno subraya igualmente que puede pedir notificación concreta de las decisiones del TC a autoridades y funcionarios públicos, pero que todo el mundo está concernido desde que el acuerdo de suspensión se publica en los diarios oficiales ya que, desde entonces, no se pude alegar desconocimiento.

Por ejemplo, las empresas privadas no pueden colaborar con los promotores del referéndum.

En ese contexto, las fuentes citadas recuerdan la vigilancia existente sobre una imprenta ubicada en un polígono industrial de Constantí (Tarragona) ante la sospecha de que podría estar imprimiendo material para el referéndum que los independentistas pretenden celebrar el 1 de octubre.

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