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Hacienda asegura que el PP no dio contratos a 15 empresarios por donativos

El fiscal Romeral rechaza la imputación de Cascos, Acebes y los empresarios que solicitó IU en el 'caso Bárcenas'

Dice que no hay delito contable del PP porque no es una empresa con presencia "permanente" en el mercado

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La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la ampliación de la querella presentada por IU en el ‘caso Bárcenas’ contra Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos y quince empresarios, entre ellos el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro. El fiscal Antonio Romeral se apoya en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, en el que se asegura que no hay vinculación “entre las anotaciones de ingresos por donaciones que se reflejan en los ‘papeles de Bárcenas’ y las adjudicaciones de contratos públicos” a los referidos empresarios.

Romeral decidió encargar un informe sobre la solicitud de la querella de IU a los funcionarios de la IGAE que tiene adscritos la Fiscalía Anticorrupción, informaron fuentes jurídicas. Estos, el pasado 28 de octubre, concluyeron que los hechos descritos por la acusación popular no permiten establecer relación entre entregas de dinero al partido y los contratos que luego obtuvieron de Administraciones gobernadas por la formación de Mariano Rajoy.

En su escrito, el fiscal exime también al PP de cualquier responsabilidad en un delito contable. Su argumento es que para que una persona jurídica pueda ser acusada de tal delito debe participar “de modo permanente en el mercado”, lo que no ocurre con los partidos políticos.

Romeral asegura que los pagos supuestamente realizados a Álvarez Cascos entre 1990 y 2004 “carecen de relevancia jurídico-penal” aun cuando pudieran ser acreditados y se demostrara que no fueron declarados a Hacienda. Alega el fiscal que esas cantidades no alcanzan el mínimo del ilícito penal. Respecto a la presunta tarea de recaudación efectuada por Cascos, el fiscal aduce que las cantidades denunciadas nunca superaron, de ser ciertos los hechos, los 10 millones de pesetas. Esto, junto a la procedencia de las entregas -empresas adjudicatarias- incumpliría la entonces vigente Ley de Financiacion de Partidos Polìticos, pero no pasaría de constituir una mera infracción administrativa.

Sobre la posibilidad de que Cascos interviniera en adjudicaciones a cambio de dinero, el fiscal dice que si se cruzan dichas adjudicaciones con las entregas al político, se observa “falta de fiabilidad y rigor del criterio utilizado” por la acusación popular.

17 casos, una sola fórmula

Ahí acaba el análisis más o menos pormenorizado del Ministerio Público acerca de los hechos descritos en la querella. A partir de Cascos, para el resto de los 17 querellados, Romeral recupera el textual de la querella de IU y añade al final: "Al igual que con el anterior querellado , los hechos contenidos en el relato fáctico de la ampliación de la querella no son susceptibles de ser subsumido en ningún precepto penal".

Entre los quince empresarios y directivos querellados figura Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal. De él, Izquierda Unida afirma que es directivo de una constructora perteneciente al grupo ONCE, apoderado de Constructora Continental, Consejero de Renta Corporation Real State, Consejero de Bami Newco y consejero ejecutivo de Metrovacesa. Según los 'papeles de Bárcenas, López del Hierro realizó dos pagosal PP de 15 y 4 millones de pesetas, en julio de 1997 y noviembre de 1998.

Además, figuraba en la lista de querellados Ángel Piñeiro, gerente del Partido Popular de Galicia al que se le habría entregado un total de 224.740.000 de pesetas (1,3 millones de euros) entre 1990 y 1996.

Esta no es la primera ocasión en que el fiscal Antonio Romeral apunta a la ausencia de delitos en el 'caso Bárcenas'. Al negarse a la declaración de Mariano Rajoy como testigo, el fiscal puso de manifiesto "ausencia de unos delictivos indiciariamente acreditados que sustenten la continuación de la instrucción". La investigación de la presunta financiación irregular del PP genera, dijo entonces, un "interés político y social" que provoca unas "diligencias de conveniencia"  con un "interés extraprocesal".

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