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Indignación en la Guardia Civil y la Audiencia Nacional por revelar Interior una operación contra ETA

Los agentes dicen que la destrucción de información por los detenidos causa un "tremendo daño" a sus investigaciones sobre la banda

La Fiscalía quiere iniciar una investigación por un delito de revelación de secretos

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Fernández Díaz afirma que es un paso más en la batalla para la "definitiva disolución" de ETA

Operación contra ETA este miércoles en Euskadi y Navarra (EFE)

El error cometido este  miércoles por el Ministerio del Interior, al adelantar unas detenciones de presuntos miembros de ETA que aún no se habían producido, promete abrir un cisma entre los distintos actores de la lucha antiterrorista. Fuentes de la Guardia Civil implicadas en la operación hablan de “gravísimo error” que causa un “tremendo daño” en su labor de investigación. Otras fuentes jurídicas destacan el fuerte malestar que siente el juez que dirigela operación, Eloy Velasco, quien al igual que el fiscal, Miguel Ángel Carballo, fue informado inmediatamente por los agentes de lo ocurrido.

El Servicio de Información de la Guardia Civil trabajaba desde principios de octubre en la información que había incautado durante la operación contra ‘Herrira’, la organización de apoyo a los presos de ETA. Finalmente, el día escogido para “reventar” la operación fue este miércoles, con motivo de la reunión que iban a mantener seis de los detenidos en un despacho de abogados de Bilbao. El operativo estaba dispuesto para las 15:30, pero a las 15:06 el Ministerio del Interior lanzaba una nota de prensa a los medios de comunicación informando de las detenciones. No fue así cómo llegó hasta los objetivos de la operación que esta estaba en marcha, sino a través de la cuenta de Twitter del Ministerio del Interior, señalan las fuentes consultadas. A esa hora, los agentes que iban a participar en el dispositivo ni siquiera habían salido del cuartel de La Salve, en la capital vizcaína.

El error de Interior no evitó que finalmente fueran detenidos los ocho objetivos previstos. Sin embargo, la escena que encontraron los agentes en el despacho de abogados les hizo temer lo peor: los investigados estaban destruyendo documentación supuestamente sobre lo que el Ministerio considera la última estructura activa de ETA en el interior, la Koordinadora Taldea (KT), con la que la organización controlaría al colectivo de presos. Las fuentes consultadas se preguntan por qué el departamento de Comunicación del Ministerio del Interior disponía de información precisa sobre los planes de la Guardia Civil y la Audiencia Nacional con tanta antelación.

El choque entre el Ministerio del Interior y los agentes antiterroristas, por un lado, y entre el departamento de Jorge Fernández Díaz y la Audiencia Nacional, por otro, no es nuevo. En el pasado, fue el propio ministro en persona quien insinuó en los medios de comunicación detenciones que aún no se habían producido. Es el caso del presunto miembro de ETA Juan María Mujika Dorronsoro. Horas antes de su arresto en Francia, el ministro dijo en Onda Cero que ese día podía haber “buenas noticias” en la lucha antiterrorista. Cuando fue preguntado por esta cuestión, Fernández Díaz insinuó que lo había hecho por indicación de las Fuerzas de Seguridad para facilitar la detención. En otra ocasión, el ministro adelantó detenciones de miembros de ETA en países europeos distintos de Francia.

Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional consultadas por esta redacción no descartan solicitar al juez Velasco que deduzca testimonio por un delito de revelación de secretos, en relación con los hechos ocurridos hoy. En el pasado, una de las intervenciones públicas del ministro le llevó incluso a ser investigado por el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. El juez terminó archivando la causa no sin señalar que el ministro había ofrecido en una rueda de prensa cinco datos reservados sobre la investigación del paradero del empresario Publio Cordón, fallecido durante su secuestro por los GRAPO. Gómez Bermúdez concluyó que el ministro no tenía en el momento de la rueda de prensa “conciencia del nivel de reserva por mandato judicial”.

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