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Izquierda Plural y UPyD enmendarán a la totalidad la Ley de Transparencia por su falta de concreción sobre la Corona

Los grupos parlamentarios de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) han confirmado este jueves la presentación de sendas enmiendas de totalidad a la Ley de Transparencia por varios aspectos, entre ellos, la falta de concreción del Gobierno sobre lo que supondrá la inclusión de la Casa del Rey o su negativa a considerar el acceso a la información un derecho fundamental.

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Izquierda Plural y UPyD enmendarán a la totalidad la Ley de Transparencia por su falta de concreción sobre la Corona

Así lo han asegurado ambas formaciones tras la reunión que ha tenido lugar en el Congreso con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y los ponentes de la norma que llegó al Congreso hace ocho meses. También el PNV tiene intención de pedir la devolución del proyecto al Gobierno, al igual que CiU, que dará el paso, si el Ejecutivo mantiene las medidas sobre 'buen gobierno' que considera invade competencias locales y autonómicas.

"Ha sido una reunión decepcionante a la que el Gobierno ha acudido prácticamente con las manos vacías y con la única intención de atar un calendario. Aún quedan por resolver importantes interrogantes", ha censurado Nuet, quien pronostica que al final el texto que saldrá del Parlamento será "muy parecido" al proyecto que envió el Gobierno" y ya avisa de que "va a desilusionar" a los ciudadanos.

Nuet asume que la inclusión de la Casa del Rey en la norma es "un paso delante", pero "ni muchísimo menos el que piden los ciudadanos". En este punto, ha apuntado que la ley hablará de la Casa del Rey, "que es un concepto administrativo", pero no de la Corona como "entidad jurídica y política".

"Por tanto, no vamos a hablar del Rey", ha resumido, reprochando al Gobierno que no haya concretado si se podrá tener acceso al presupuesto "completo" de la Jefatura del Estado, y reclamando que se dé publicidad a "la agenda, el patrimonio y los negocios" de los miembros de la Familia Real. También ha criticado que este tema se haya resuelto con un "acuerdo secreto" entre el Gobierno y la Corona del que se ha excluido a los legisladores.

AGENCIA DEPENDIENTE DEL GOBIERNO

Nuet también ha criticado que Ayllón no haya ofrecido propuestas concretas sobre el porcentaje de ingresos públicos que ha de tener una entidad para estar sometida a la futura norma. En función de ese criterio se determinará la inclusión o no, por ejemplo, de la Iglesia.

Asimismo, ha acusado al Ejecutivo de negarse a crear un verdadero "organismo independiente" para velar por el cumplimiento de la norma, dado que la Agencia de la Transparencia dependerá del Ministerio de Hacienda, e IU, como otros grupos, quiere que pase a depender del Congreso y que incluya en su seno un "consejo social" del que formen parte periodistas y organizaciones sociales.

Según ha explicado Nuet, "lo único que está dispuesto a dialogar" el Ejecutivo es el mandato de la persona que presidirá este órgano, que el proyecto original fija en cuatro años.

NO SERÁ UN DERECHO FUNDAMENTAL

El representante de la Izquierda Plural también se ha quejado de que el Gobierno que no esté dispuesto a cambiar el silencio negativo que prevé el proyecto por un silencio positivo y de que se niegue a concebir el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental.

En este último punto también ha insistido UPyD, quien demanda que se dé carácter orgánico a la ley porque considera el acceso a la información un "derecho básico". Sin embargo, el Gobierno ha alegado que es "imposible jurídicamente" legislar como derecho fundamental uno que no forma parte del título I de la Constitución. No obstante, UPyD asegura que el Gobierno sí se ha mostrado dispuesto a tramitar como ley orgánica algunos de los artículos de la futura norma.

La formación magenta también ha decidido mantener la enmienda a la totalidad para garantizar, según ha dicho, que se pueda hacer un debate "en profundidad" del proyecto, y dejar clara su oposición a los planes del Ejecutivo, al que acusan de haber hecho "más una norma administrativa que de transparencia".

Además, el partido que lidera Rosa Díez pide la devolución de la propuesta del Gobierno porque, aunque sí prevé incluir en el texto a la Casa del Rey, a los partidos políticos y a los sindicatos, no se ha explicado el grado en que estos agentes se someterán a la misma.

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